CATALUÑA. El gobierno destina 6,6 millones de euros a mejorar los medios de juzgados catalanes.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy conceder una partida global de 6,6 millones de euros a la Administración de Justicia de Cataluña para mejorar los medios materiales y económicos de dieciséis juzgados catalanes, de los que cuatro son de violencia sobre la mujer.

El real decreto aprobado hoy a propuesta de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, establece una partida de 1,1 millones de euros en concepto de traspaso de medios para la financiación de gastos de funcionamiento.

A esta cantidad se une el pago por una sola vez de 5,4 millones de euros para inversiones y 32.411 euros para gastos corrientes, según la referencia del Consejo de Ministros.

Los dieciséis juzgados beneficiados por las ayudas entraron en funcionamiento en junio, septiembre y diciembre del año pasado.

La ampliación de medios afecta a un juzgado de vigilancia penitenciaria de Barcelona; ocho de primera instancia (L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Tarragona, Cerdanyola del Vallés, Martorell, Igualada y Figueres); dos de lo penal (Barcelona y Manresa); uno mercantil (Barcelona) y cuatro de violencia sobre la mujer (Gavá, Terrassa, Lleida y Reus).

El real decreto aprobado hoy ratifica el acuerdo adoptado por la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Cataluña el pasado 12 de febrero.

Fuente:www.adn.es

MADRID. El Turno de Oficio se concentra el martes ante la puerta del Sol

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del Turno de Oficio de la Comunidad de Madrid se concentrarán el próximo martes en la Puerta del Sol en contra de la privatización de la asistencia jurídica gratuita ante las sospechas del colectivo de la intención del Gobierno regional de querer despojarles de este servicio.

La manifestación forma parte del plan de movilizaciones marcado por las asociaciones ALA, APAEM y ALTODO, que representan a 4.500 letrados que cubren este servicio público, para que la Comunidad atienda a sus demandas. Las protestas se iniciaron por el impago de la deuda contraída por el Ejecutivo autonómico con los abogados al no retribuirles los honorarios de 2008.

El pasado 16 de febrero, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se comprometió durante una reunión que mantuvo con el decano Antonio Hernández-Gil a pagar "en breve" la cuantía de 24 millones de euros que debe al colectivo y a establecer los mecanismos necesarios para que cobren regularmente en 2009.

Las asociaciones se mostraron escépticas con las promesas lanzadas por el consejero horas antes de que iniciaran un encierro en la sede del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Durante el encierro, acordaron seguir adelante con las protestas hasta que se materialicen los compromisos de la Comunidad. Además, pactaron convocar una concentración el 3 de marzo.

Para ALA, es "imprescindible" continuar con las movilizaciones y "seguir denunciando" ante la opinión publica y los ciudadanos de la comunidad de madrid "las maniobras del Gobierno autonómico tendentes a dejar sin efecto el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita, el ejercicio del derecho de defensa y el de percibir una retribución puntual".

PRIVATIZACIÓN

Al malestar por el impago que sumó el enfado de los abogados con motivo de sus sospechas de la intención de privatizar el servicio. Según el colectivo, el primer paso para privatizar el servicio ha sido entregar a manos privadas el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM.

La adjudicación de este servicio está suspendido de manera cautelar hasta que se estudien las alegaciones presentadas por el ICAM. Además, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos

Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.

Fuente: www.europapress.es

MADRID. Desconvocada la huelga de Justicia

A. DEL CAZ / AGENCIAS | MADRID 25/02/2009.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y los delegados sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia han firmado este mediodía un preacuerdo que, de ser aprobado, pondría punto y final a la huelga que mantienen los funcionarios desde el pasado 16 de febrero.

La asamblea celebrada esta tarde en el Instituto de Secundaria «Virgen de la Paloma», en la que los trabajadores han expresado su criterio mediante votación, se ha decidido ratificar el principio de acuerdo al que se ha llegado con la Comunidad.

El respaldo de la propuesta significa la desconvocatoria de la huelga y la vuelta al trabajo de los funcionarios, que ahora tendrán que recuperar las dos semanas de retraso que acumulan.

Mañana jueves, Francisco Granados llevará el preacuerdo a la Asamblea y el jueves 5 de marzo será aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM). A. M., funcionaria de un juzgado de primera instancia, explica que «la garantía que pedimos es que se apruebe en el Consejo y se cumpla, que no ocurra lo mismo que pasó con el acuerdo firmado el 11 de diciembre de 2007».

Aumento de sueldo y de plantillaGranados se ha sentado esta mañana en la Mesa Sectorial con los representantes sindicales de CCOO y UGT, STAJ y CSI-CSIF para acercar posiciones. El preacuerdo consensuado consiste en incrementar el complemento específico a 90 euros en 2009 y a 140 euros en 2010, a lo que habría que sumar los 130 euros que perciben desde el pasado año. El resto, hasta alcanzar los 450 euros prometidos en 2007, se cobraría en 2011.

El convenio contempla reforzar en 2009 la plantilla del Registro Civil de la calle Pradillo en 24 nuevas plazas y en 2010 se crearían otras 70 nuevas plazas. Además, se consolidan en puestos de trabajo fijos el empleo de 181 personas con contratos de refuerzo. El calendario de aumento de plantilla se extenderá en 2010 y 2011 para mejorar los juzgados más colapsados, como los Juzgados de lo Penal de la capital. De hecho, la Comunidad ofrece un fondo de reserva de 260.

Fuente: www.abc.es

MADRID. Se suspende cautelarmente la privatización del servicio de justicia gratuita a mayores.

Publicado el 25-02-2009 , por M. Serraller. Madrid

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (CAM) ha suspendido cautelarmente el concurso de la gestión del Servicio de Orientación Jurídica para Mayores (SOJ) a instancias del recurso que había presentado el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), según se recoge en la orden 195/09, de 18 de febrero.

Este texto podría suponer el primer paso para la posible recuperación del SOJ por parte del ICAM, aunque la única empresa que se había presentado al concurso, Legálitas, aseguró ayer que va a recurrir.

Sin embargo, las asociaciones de abogados del turno de oficio no valoran este paso de forma tan positiva como lo hace el ICAM. Estas plataformas –Altodo (Asociación por un Turno de Oficio Digno), ALA (Asociación Libre de Abogados) y Apaem (Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid)– mantienen la protesta que han convocado para el próximo 3 de marzo ante la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia de la CAM.

Explican que la Comunidad sigue sin pagarles la partida de 2008 que les adeuda. También exigen que se incremente la partida de 2009 en consecuencia, que se adecuen los baremos e intereses, además de que se suspenda el acuerdo de la CAM sobre Extranjería, que, a su juicio, atenta contra la tutela judicial efectiva del inmigrante.

Fuente: www.expansion.com

GIJÓN. La agrupación del ICA Gijón "El patio de mi colegio " se reúne hoy con objeto de establecer nuevas medidas.

La agrupación El Patio de mi Colegio se reúne hoy para hablar del turno de oficio. El encuentro tendrá lugar a la una en la biblioteca de la sede colegial.

R. G. 25/02/2009

La agrupación de abogados que lucha por la «dignificación» del turno de oficio dentro del grupo denominado El Patio de mi Colegio celebrará hoy una reunión, que tendrá lugar a partir de la una de la tarde en la biblioteca de la sede colegial. El objetivo de los letrados pasa por el establecimiento de nuevas medidas, que se propondrán a la junta de gobierno de la institución, para atajar los problemas a los que se enfrentan los profesionales que prestan sus servicios dentro de la asistencia gratuita a los justiciables.

Los abogados gijoneses llevan en lucha desde el mes de mayo del pasado 2008. Meses durante los que han pedido a la Consejería de Justicia del Gobierno regional una subida de tarifas, la inclusión de los letrados dentro de la Seguridad Social y la disminución de la burocracia.

Fuente: www.lne.es; http://elpatiodemicolegio.blogspot.com

ANDALUCIA. Las peticiones del Turno de Oficio se disparan en Marbella.

23.02.09 -M. J. CRUZADO| MARBELLA

En los dos últimos años han aumentado un 53 por ciento, sobre todo en materia de extranjería, violencia doméstica y desahucio.La mayor conflictividad y el menor poder adquisitivo, entre las causas.

El aumento de la litigiosidad derivada de la crisis, el incremento de los expedientes de expulsión a extranjeros y el menor poder adquisitivos de los ciudadanos han provocado que la petición de abogados de oficio se dispare en Marbella. Según las cifras aportadas por la Delegación del Colegio de Abogados de Málaga este incremento ha sido del 35,25 por ciento en el último año y del 53,6 en los últimos dos. En total se han recibido 3.759 peticiones y sólo un 7,3 por ciento se han denegado o archivado por no cumplir con los requisitos económicos que se exigen para solicitar abogado de oficio. La crisis económica no sólo se traduce en cierre de empresas y desempleo. Para algunos sectores como la abogacía significa un claro aumento del trabajo, aunque para ello muchos bufetes de Marbella especializados en asesorar a inversores inmobiliarios hayan tenido que reciclarse y trabajar ahora en desahucios, reclamaciones de cantidad, impago de préstamos hipotecarios y rescisión de contratos con las promotoras en la compra de viviendas.

Se mantiene la tendencia de que la mayoría de las solicitudes son letrados que asisten a personas detenidas o que están presas tras prestar declaración en el juzgado, un 64,9 por ciento. Son destacados los aumentos que han sufrido determinadas materias. La atención a las víctimas en diligencias penales en violencia doméstica ha sufrido el mayor incremento (72,1 por ciento más) motivado, en parte, por el aumento de los casos de malos tratos, pero sobre todo, por la existencia de un juzgado especializado en esta materia que en enero cumplió un año de vida. Otro de los asuntos que mayor subida experimentaron en 2008 son las reclamaciones por despidos, pensiones y temas laborales, un 200 por ciento, si bien el número de solicitudes en sí, unas 15, no es especialmente significativo. Este aumento responde a la mayor conflictividad que ha originado la crisis. En la vía civil, donde se tramitan los asuntos por desahucio de viviendas y reclamaciones de cantidad también se refleja la situación económica con un aumento del 44 por ciento respecto a 2007.

El resto de parámetros también han sufrido un incremento espectacular que se traduce en más trabajo para los letrados marbellíes adscritos al turno de oficio (135 de los 820 colegiados en total). Así, también han aumentado las solicitudes en materia penal, en causas graves en las que se pide más de seis años de prisión para el detenido, en menores imputados y hasta en la vía contencioso-administrativa.

Mención aparte merece el turno de extranjería que empezó a funcionar en marzo de 2007. De 353 solicitudes en menos de un año se ha pasado a 493, la mayoría alegaciones al expediente de expulsión. «Aquí puede haberse producido una especie de efecto llamada por la creación del turno específico», apunta el presidente de la Delegación marbellí, Rafael Lima. También ha influido el aumento de los expedientes de expulsión.

En esto también hay picaresca, como explica Lima. «Hay solicitantes que saben que no cumplen los requisitos legales para solicitar un abogado de oficio y sin embargo lo piden. Además de ahorrarse el gasto de un letrado, podría ser condenado en la vía civil a pagar las costas del proceso -las minutas del abogado de la parte contraria-; si se han acogido a la justicia gratuita, está exento, al menos en los dos años siguientes si su situación económica no varía». Para solicitar abogado de oficio no debe pasar el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o IPREM, 12.405,60 euros anuales.

El turno de extranjería es uno de los que ha experimentado un mayor incremento, con un 39,6 % más de solicitudes en el último año. /JOSELE-LANZA

TURNO DE OFICIO. 2008

Expedientes

Total tramitados: 3.759.

Aprobados: 3.404.

Denegados: 114, un 3% del total.

Archivados: 164, un 4,3% del total.

Por resolver: 77.

Según la procedencia

Detenido o preso: 1.942.

Oficina del Servicio de Orientación Jurídica: 547.

Asistencia en Extranjería: 500.

Violencia doméstica: 486.

Solicitudes por auto motivado del juzgado: 130.

Turno de menores: 79.

Según la materia

Familia: 273, un 53,37% más que el año pasado.

Civil: 108 (un 44% más).

Penal: 2.159 (30,1% más).

Causas graves (asuntos en los que la petición de pena es mayor a seis años de cárcel): 6 (un 500% más).

Extranjería: 493 (un 39,6% más).

Violencia doméstica: 482 (72,1%).

Menores: 82 (32,2%).

Social : 15 (200%).

Contencioso-administrativo: 2 (100%).

Fuente:www.diariosur.es

MADRID. El S.O.J. a mayores de 65 años no se privatiza

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las protestas de los abogados del Turno de Oficio han logrado que el Servicio de Orientación Jurídica para Mayores permanezca en manos del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) después de que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales haya suspendido la adjudicación por concurso público, informó hoy el Colegio en un comunicado.

Gracias a un recurso presentado por el Colegio, este servicio volverá a regirse por el Convenio de Colaboración que existía con los abogados de Madrid. Se trata de una de las demandas del colectivo a las que se comprometió el consejero Francisco Granados en la reunión que mantuvo la pasada semana con el decano Antonio Hernández-Gil para calmar la tensión con el Turno de Oficio.

El colectivo emprendió hace unas semanas un calendario de movilizaciones para defender el modelo actual que sustenta la asistencia jurídica gratuita y reclamar el pago de la deuda de 24 millones de euros contraída por la Comunidad por no sufragar los honorarios de 2008. Además del aspecto económico, las protestas se producían a sazón de las sospechas sobre el supuesto interés del Ejecutivo regional en privatizar el servicio.

El colectivo esgrimía que el primer paso de la privatización era la convocatoria de concurso público para adjudicar el Servicio de Orientación Jurídica para Mayores. El beneficiario sería un prestigioso despacho de abogados, los mismos a quienes ahora la Comunidad ha dado la facultad de prestar cursos a los inmigrantes para asesorarles sobre las leyes españolas.

Por tanto, este servicio continuará ejerciéndose por el ICAM, según se recoge en la orden 195/09, de fecha de 18 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Esta orden acepta el recurso interpuesto por el Colegio contra la prestación por concurso de dicho servicio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

En el recurso se solicitaba la suspensión de la resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de 18 de diciembre de 2008, que publicaba la convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de Servicios Orientación Jurídica para Personas Mayores.

Como reconoce la orden publicada, el recurso de reposición interpuesto por el ICAM no atañe ya al procedimiento de contratación seguido por la Consejería de Familia y AA.SS., sino "al propio instrumento legal elegido, el contrato de servicios".

La disposición de esta orden confirma que la prestación de este servicio de Orientación Jurídica para Personas Mayores se mantendrá como hasta el momento y se regirá por el Convenio de Colaboración del Colegio de Abogados de Madrid.

Fuente: www.europapress.es

ALICANTE. El Consell reduce los fondos .

El Consell reduce un 20% los fondos para abogados de oficio en plena crisis.

Los colegios profesionales expresan a la consellera de Justicia su preocupación La Generalitat recuerda que el presupuesto ha ido creciendo desde el 2003.

MANRIQUE C. SÁNCHEZ| ALICANTE

En pleno azote de la crisis económica, que ha dejado en el paro y la ruina a cientos de miles de familias, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha decidido recortar casi un 20% los fondos que destina a la asistencia jurídica gratuita, un derecho fundamental reconocido en el artículo 119 de la Constitución para todas aquellas personas que acrediten «insuficiencia de recursos para litigar».

Según las cifras facilitadas a este diario por la propia secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, el presupuesto destinado a pagar este año a los abogados de oficio asciende a 16.569.000 euros y a 1.870.710 el de los procuradores. En el 2008 la consignación fue de 20.569.000 y 1.870.710 euros, respectivamente.

No obstante, se da la circunstancia de que en el último ejercicio el Consell ya tuvo que recurrir a créditos extraordinarios para cubrir los casi 22 millones que finalmente facturaron los letrados. Es decir, si el Gobierno valenciano se quedó corto con aquella provisión de fondos, todo apunta a que el «desfase» será aún mayor en el 2009, en opinión del decano de los letrados alicantinos, Mariano Caballero.

Esta misma semana la junta directiva del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) se reunió con la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, para expresarle su «preocupación» ante los recortes presupuestarios y los retrasos en los pagos.

«Ajustar las cifras»

Según Caballero, la consellera les tranquilizó, les dijo que no habría problemas y que debía «ajustar» las cifras. Los decanos confían en que la Generalitat hará frente al coste total que genere para sus arcas el Turno de Oficio este año «porque nunca ha dejado de pagar», pero consideran que estos desbarajustes generan «inseguridad» entre los profesionales.

«No es serio que cada año se tenga que estar recurriendo a créditos extraordinarios» para sufragar el servicio, señala Caballero. «Las cosas deben estar claras desde el principio», añade.

Montagud prefiere referirse al «incremento exponencial» que han registrado estas partidas presupuestarias desde el año 2003, cuando sólo se dedicaron 7.831.970 euros a los letrados y 1.259.980 euros a los procuradores. Claro, que en ese lustro la población de la provincia se ha disparado, sobre todo con la llegada de inmigrantes que están sufriendo actualmente con más crudeza que los españoles las consecuencias de la recesión.

No obstante, la secretaria autonómica asegura que un programa informático permitirá en breve a los servicios de orientación jurídica (SOJ) de los colegios profesionales establecer «más filtros dentro de la ley» en relación a los usuarios que piden un abogado de oficio.

¿Y no resulta contradictorio que la Conselleria recorte el presupuesto de este servicio fundamental precisamente en medio de una coyuntura económica que está multiplicando las solicitudes? Montagud responde que la Conselleria no tiene constancia de ese incremento porque «de momento no se ha trasladado a la Comisión de Asistencia Jurídica».

En cambio, el ex conseller Fernando de Rosa cifraba ya el 17 de agosto del pasado año, en una comparecencia pública, en un 50,2% el aumento de expedientes durante el primer semestre del 2008 respecto al mismo periodo del 2007.

Sólo el Icali, que abarca tanto la demarcación judicial de la capital como las de Villajoyosa-Benidorm, Dénia, Elda, Novelda, Villena e Ibi, tramitó durante el año pasado cerca de un 8% más de casos que el anterior. En concreto, fueron atendidas 1.972 solicitudes más, por lo que los asuntos gestionados pasaron de 25.121 a 27.093.

Una abogada de oficio atiende a un cliente en los Juzgados de Alicante. / UBALDO ARACIL

Fuente: www.laverdad.es

Montagud conversa con el presidente de la Audiencia. / A.D.

OPINION. La Justicia de todos.

ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL Decano del Colegio de Abogados de Madrid.

Domingo, 22-02-09.

En la República de Platón, las ideas no están sólo en nuestra mente; forman parte del mundo de sombras que vislumbramos desde el fondo de la caverna: la belleza, la bondad, el círculo. Pocas ideas platónicas tienen los contornos difusos de la justicia y salen con su frecuencia de la boca de todos. Lo demostraría la estadística de las conversaciones sorprendidas en mitad de la calle: ¿cuánto hablamos de la virtud o del pentágono? Sin embargo, la justicia no ha merecido nunca tanto gasto como palabras gastadas. De otro modo, Don Quijote no habría tenido que liberar a aquellos hombres ensartados camino de galeras por el polvo de La Mancha, encontrando en cada uno razón suficiente para corregir a «la justicia» con valores más humanos: que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, el olvido para el reo de hoy que ya no es el mismo condenado de ayer. Cinco siglos después, seguimos galeotes presos de una justicia menor, sin nadie que escuche nuestras historias de ineficiencias, dilaciones o errores, por terribles que sean, con el poder de remediarlas. ¿Qué hacer hoy con esta justicia vilipendiada, que, por no tener, no tiene ni abogado que la defienda? Tal vez, por aproximarnos al «justo» medio, deberíamos recordar la independencia, la calidad y el esfuerzo, en conjunto, de nuestros jueces, el imposible ritmo de crecimiento de los litigios en los últimos años, o un proceso como el reciente del 11 M, resuelto ejemplarmente con unos abogados -en su mayoría de oficio- que han sabido servir a la justicia, en el buen sentido de la palabra.

La primera denuncia es la falta de medios. En tiempos de tan alta espiritualidad, eso significa dinero: más presupuesto para más y más pagados jueces, menor número de interinos de ocasión, nuevas tecnologías para esa «oficina judicial» que se nos presenta como solución a casi todos los problemas organizativos. Y es cierto; no porque estemos posados, como por casualidad, en un mal momento de la economía o porque tengamos gobernantes tan distraídos que no hayan reparado en las montañas de papel que desbordan las mesas de los juzgados, sino porque la prioridad de la justicia viene pospuesta de siglos, lastrada por una burocracia espesa, con la mala suerte de los problemas que sólo parecen tener solución a un plazo más largo que el de las próximas elecciones y porque un sistema judicial fuerte ha sido siempre un límite para quienes manejan los recursos públicos. Entiéndase en términos históricos. Ahora, ante otras bocas que alimentar, corremos el riesgo de que la justicia baje puestos en la escala de urgencias sociales: la inmigración, el desempleo, la inseguridad. Sin embargo, es en estos momentos cuando necesitamos más que nunca de ella, y de su ingrediente primario, la seguridad jurídica, para mantener cohesionada la sociedad y su esperanza en el progreso; para equidistribuir el infortunio y poder competir en una sociedad global.

Pero pensemos antes, por un momento, en soluciones cualitativas, empezando por la administración ordenada, en minúscula, de la Administración de Justicia. Resulta complicado extraer mayor rendimiento de recursos limitados allí donde los actores son, básicamente, funcionarios cualificados en otro tipo de competencias ligadas al conocimiento técnico en su especialidad: los jueces, igual que los abogados o los profesores universitarios no somos, en términos generales, gestores que hayamos accedido a nuestro estatuto profesional por la destreza en el manejo de recursos humanos, en la organización de equipos y en la programación de objetivos para el mejor aprovechamiento de los medios disponibles. Se podría decir algo parecido de muchos responsables políticos y, en el caso de la justicia, de los órganos de gobierno de los tribunales y del propio Consejo General del Poder Judicial donde, además, la «forma» de elección de sus vocales ha reducido arbitrariamente su procedencia y casi excluido a la abogacía, pieza básica del engranaje de la justicia. Pero el cambio no es imposible. Tenemos cerca ejemplos notables de modernización como el de la Administración Tributaria, seguramente más rentable en el corto plazo. Habrá que combinar la formación de nuestros funcionarios judiciales en tareas organizativas con la provisión de herramientas técnicas indispensables y -por encima de tentaciones corporativas- una mayor autocrítica y sensibilidad hacia la trascendencia social del ejercicio diario de sus funciones.

Además, la buena gestión no es fácil cuando dentro de las mismas cuatro paredes concurren competencias públicas diversas que rompen las relaciones jerárquicas entre funcionarios y generan improvisación y desorden: el Ministerio de Justicia sobre la dotación humana y material de los órganos judiciales en Comunidades sin competencias en justicia, y, siempre, sobre fiscales y Secretarios Judiciales; las Consejerías de Justicia de las Comunidades con competencias transferidas; el Consejo General del Poder Judicial, en materia de propuestas, nombramientos y responsabilidad disciplinaria; la Sala 3ª del Tribunal Supremo decidiendo recursos contra los actos del Consejo y definiendo lo jurisdiccional como espacio de poder exento de control. Añádase a la mezcla el difícil equilibrio, Administración por Administración, entre las competencias presupuestarias y las funcionales. Nadie tiene por sí solo la clave y no siempre las interacciones han sido las adecuadas para el buen orden del conjunto. Sin modificar un esquema orgánico con implicaciones constitucionales, los poderes públicos, los partidos y la sociedad tienen que reforzar la voluntad de entendimiento y la responsabilidad institucional para una armonización competencial de facto, ajena a prejuicios y alineamientos políticos predeterminados.

En fin, el empeño de todos los que operamos en el sistema de la justicia. La contraposición entre el Estado que monopoliza la acción de gobierno y la sociedad civil que la sufre se difumina mediante la idea motriz de la responsabilidad de todos; de una responsabilidad social aplicada a toda clase de corporaciones, funcionarios, profesionales, cada uno cuidando de mejorar su parcela y también algo de lo que queda fuera de ella. La responsabilidad como extensión voluntaria de la obligación. Hacer antes que pedir. En el Colegio de Abogados de Madrid acabamos de inaugurar un Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, que nace para impulsar y encauzar la acción de los abogados en favor de la sociedad, con el punto de mira en el derecho de defensa; y un Observatorio de la Justicia que, en conexión directa con los órganos judiciales, tratará de trasladar disfunciones y proponer soluciones en beneficio del justiciable. Pero de poco servirá la mejor disposición si otros operadores jurídicos no cuentan con quienes, parte necesaria del sistema, encarnamos el punto de vista del ciudadano; y si en esas y otras funciones sociales de nuestro Colegio, como la gestión del Turno de Oficio (750 designaciones diarias de abogados en Madrid) o los servicios de orientación jurídica (más de 160.000 asistencias al año), las administraciones públicas nos dan la espalda, le niegan a los abogados su remuneración o miran hacia otro lado buscando formas más complacientes o baratas de organizar la asistencia jurídica gratuita, despreciando nuestra capacidad para actuar de forma comprometida, libre e independiente.

En situaciones de crisis hay que poner en valor el esfuerzo combinado de los agentes sociales y su capacidad transformadora. Conocemos el riesgo de las grandes palabras; pero los abogados vivimos profesionalmente en el conflicto y en la lucha por su superación. Tenemos las habilidades para ayudar al diseño de leyes más justas y liderar el cambio político y social, como en la transición pusieron de manifiesto muy notables abogados o el espíritu cívico ante los compañeros de Atocha asesinados. Estoy seguro de que los abogados sabremos implicarnos más; dar ejemplo de cooperación, de denuncia y contradicción leal -también de autocrítica- para la resolución de los problemas de la justicia; y de que entre todos, acercaremos este valor, esencial para el Estado de derecho, al lugar que la Constitución y la sociedad demandan.

Fuente: www.abc.es

Madrid. Caos ante una supuesta paralización del Turno de Oficio.

Si el Turno de Oficio para, 50 detenidos al día quedarían libres

Las asociaciones están recogiendo firmas para renunciar a las guardias.

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, reconoce las reivindicaciones...

D. Carrasco

Huelga de jueces y magistrados, de funcionarios de Justicia de la Comunidad de Madrid y encierro de los abogados del Turno de Oficio en el colegio madrileño y de Alcalá de Henares, que amenazan con renunciar a las guardias si no se arregla pronto su precaria situación de medios y de pagos. La situación de la Justicia madrileña no puede ser más catastrófica. La consecuencia, cientos de procedimientos parados, suspensiones de juicios, retrasos para pagar indemnizaciones, paralización de inscripciones en el Registro Civil...

Los abogados de la justicia gratuita llevan años reivindicando las mismas cosas: la actualización de baremos y que se les pague sin retrasos. La respuesta del Colegio de Abogados y de la Consejería de Madrid siempre ha sido el silencio. Ahora, el Turno de Oficio quiere ir en serio y las asociaciones han marcado una hoja de ruta de movilizaciones.

La más preocupante es la renuncia voluntaria a realizar las guardias que tienen asignadas. “Este hecho, muy grave, puede provocar que decenas de detenidos al día puedan ser puestos en libertad por falta de asistencia letrada”, comenta un magistrado de instrucción. Además, “no se podrían celebrar juicios rápidos, llevar a cabo declaraciones policiales o judiciales, asistencia a extranjeros, pues no se podrían incoar expedientes de expulsión a inmigrantes sin papeles, etcétera”, subraya un abogado. Diariamente se hacen 750 designaciones de oficio para actuaciones en los juzgados de Plaza de Castilla, en la jurisdicción social y contenciosa, en los pueblos de la Comunidad y la Audiencia Nacional.

De momento, “las asociaciones están recogiendo firmas individuales para renunciar a las guardias. Llevamos casi 300”, asegura un miembro de Altodo. “La campaña la realizamos a través del e-mail y con formularios que tenemos en la web”.

Fuentes cercanas al Colegio de Madrid han señalado que “el decano está realizando un gran esfuerzo. Está esperando que el consejero Granados plasme por escrito las promesas verbales que hizo a los abogados del Turno de Oficio”. Es decir, “la actualización de los baremos, librar una partida de presupuestos para pagar las deudas de 2009 y su compromiso de no privatizar esta función”. En cualquier caso, el Colegio de Abogados de Madrid velará y garantizará por que no se lesionen el derecho fundamental a la asistencia letrada del detenido, según reza la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde la judicatura madrileña se alerta del peligro que supondría que esta medida se llevara a efecto por los abogados de oficio.

Fuente:www.gaceta.es

GIJÓN. Los Abogados de Oficio proponen una huelga de celo

Los abogados proponen una huelga de celo en protesta por el turno de oficio

20.02.09 -O. SUÁREZ| GIJÓN

El Colegio de Abogados de Gijón propone la puesta en marcha de una huelga de celo en señal de protesta por la situación del turno de oficio y la falta de negociación por parte de la Consejería de Justicia del Principado. La medida de presión se votará en la asamblea general ordinaria que se celebrará el 6 de marzo, a las 13 horas, en los juzgados de Prendes Pando.

La huelga de celo acarreará «un cumplimiento riguroso de todos los pasos y procedimientos que marca la ley en materia judicial». De esta forma, se obligaría a que todas las declaraciones y comparecencias que se realicen en los juzgados de instrucción se lleven a cabo en presencia física del juez y el secretario judicial.

Además, se presentará una solicitud escrita por los abogados del turno de oficio de testimonios completos de todas las causas en que intervengan, tanto civiles como penales, «expresando que su destino es la acreditación ante la Consejería de Justicia de la labor profesional que realiza», explica el Colegio de Abogados en un comunicado.

Entre los puntos que se debatirán en la asamblea ordinaria está la proposición al Consejo General de la Abogacía Española de la creación de un comité que agrupe los colegios de abogados de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia para adoptar iniciativas conjuntas en la lucha por obtener mejoras del turno de oficio.

Además, proponen a los partidos políticos con mayor representación en el Parlamento asturiano que debatan en el mismo la situación de los abogados de la región y busquen soluciones a la situación.

Reunión paralela

Paralelamente a la asamblea del Colegio de Abogados de Gijón, un grupo de letrados, bajo el nombre de 'El patio de mi colegio', ha convocado una reunión informativa para el 25 de febrero. La agrupación critica el comportamiento del actual decano colegial, Sergio Herrero, al que acusan de «desnaturalizar cualquier propuesta que no provenga de sí mismo».

De esta forma, pretenden que «la voz de los abogados se oiga sin distorsión y se consiga un respaldo plural y democrático a las reivindicaciones frente a la irracionalidad de la administración, demostrando que la voluntad de los abogados es firme en la defensa de peticiones, no sólo justas sino las únicas viables».

Fuente: www.elcomerciodigital.com

JURISPRUDENCIA. El Tribunal Supremo reitera la doctrina de la defensa como elemento estructural sin el cual no hay proceso con todas las garantias.

El Supremo ordena a la Audiencia repetir un juicio por homicidio al carecer el condenado de una defensa efectiva.

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Provincial de Madrid repetir un juicio que se celebró el pasado 16 de julio contra un marroquí acusado de homicidio, robo con violencia y lesiones al entender que se vulneró el derecho de defensa del acusado debido a que su abogado, del Turno de Oficio, no pudo preparar la vista oral por su imposibilidad de trasladarse al centro penitenciario donde su cliente permanecía en prisión preventiva.

La Audiencia madrileña condenó a Mohamed Saoudi a 22 años y medio de prisión por asesinar en 2007 a un hombre para robarle y herir a otros dos por el mismo motivo. Se le consideró autor responsable de un delito de homicidio, dos de robo con violencia y uso de arma.

Ahora, el Supremo deja sin efecto la resolución y el proceso que dio lugar a que se dictase el fallo. Esgrime que "la defensa es un elemento estructural sin el cual no existe un proceso con todas las garantías". "Nadie puede ser condenado sin tener una defensa efectiva", concluye.

El abogado defensor, José Luis Castro Guillén, recurrió en casación la sentencia al entender que el tribunal vulneró el derecho de defensa de su patrocinado por "no haber tenido la defensa técnica posibilidad de entrevistarse con el acusado para preparar suficientemente el juicio oral con anterioridad del mismo". El acusado se encontraba preso en una cárcel fuera de la Comunidad de Madrid y la Audiencia desestimó su solicitud para que fuera trasladado a la jurisdicción de la Audiencia para poder mantener un encuentro.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el Alto Tribunal estima su impugnación en base al artículo 14.3.b. del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, que establece que "toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: (...) a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y comunicarse con un defensor de su elección".

TRASLADO A MADRID

Para preparar la vista oral, el abogado solicitó a la Audiencia que dispusiera lo necesario para poder entrevistarse con su defendido, dado que en "su posición de abogado de oficio no disponía de medios para su traslado" y que no estaba obligado a hacerlo "a su costa". La Sala rechazó la solicitud y alegó que "los traslados entre centros penitenciarios son competencia de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias".

El Supremo recrimina ahora a la Audiencia que esa decisión "no se ajusta a derecho", puesto que "es deber procesal del tribunal garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos procesales previstos en el artículo 24 de la Constitución".

Reprocha que "el tribunal a quo" no tomara "las medidas necesarias para garantizar que el acusado haya podido ejercer su derecho de defensa. "En suma, el recurrente no tuvo defensa en el proceso en el que fue condenado", apostilla.

Fuente: www.europapress.es

MADRID. Las asociaciones convocan una concentración.

Las asociaciones convocan concentración el 3 de marzo frente a la consejería

EFE Madrid | 17/02/2009

Las asociaciones ALA, APAEM y ALTODO han convocado una concentración para el próximo día 3 frente a la consejería de Presidencia, Justicia e Interior para reivindicar el pago de los atrasos acumulados por los abogados del turno de oficio en 2008 y contra la privatización de este servicio.
Según ha informado a Efe el portavoz de ALTODO, Isidro Moreno, los abogados del turno de oficio decidieron ayer, en una asamblea celebrada durante el encierro que protagonizaron anoche en el Colegio de Abogados de Madrid, continuar con las movilizaciones y convocar la citada concentración para el día 3 a las 13.00 horas frente a la consejería, ubicada en la Plaza Marqués de Pontejos.
El motivo es que "se ha producido algún avance" en las negociaciones, "pero no lo suficiente como para poner fin a las movilizaciones", según ha detallado Moreno.
Los abogados esperan "que se pase de las palabras a los hechos y se pongan por escrito" las "buenas palabras" del consejero de Justicia, Francisco Granados, y del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, de manera que los trabajadores puedan reclamar si no se cumple lo prometido.
Granados se comprometió ayer, tras reunirse con Hernández-Gil, a pagar lo que debe a los abogados del turno de oficio "en breve" y a establecer los mecanismos necesarios para que cobren regularmente este año, y aseguró que el Gobierno regional no tiene intención de privatizar este servicio.
El portavoz de ALTODO ha destacado que "Granados dijo que no se va a privatizar el Servicio de Orientación Jurídica de Mayores", que continuará así en manos del Colegio de Abogados.
El turno de oficio cuenta con dos áreas: el turno de oficio propiamente dicho, dedicado a la asistencia jurídica, y los servicios de orientación jurídica, destinados a orientar a las personas que lo soliciten, y aclararles si pueden optar a asistencia jurídica gratuita.
La Comunidad de Madrid elaboró un Decreto por el que uno de estos servicios, el de orientación a mayores, se sacaba a concurso y se adjudicaba a una empresa privada, lo que para ALTODO "sería una experimento que, si sale bien y no tiene oposición, se trasladaría al resto de los servicios de orientación, y luego al propio turno de oficio".
El portavoz de esta asociación ha recordado que las tres asociaciones que comenzaron a movilizarse ayer están recogiendo firmas para la renuncia colectiva a las guardias, algo que se llevará a cabo "si hay firmas suficientes para que sea operativo".
Las asociaciones esperan reunir 1.000 firmas, una cifra a partir de la cual "no se podrían cubrir las guardias con los abogados que no secunden la iniciativa".

CORUÑA. Los Letrados se mantienen en su acción de protesta.

Los letrados mantienen la restricción en el turno de oficio. El Colegio de Abogados reunido ayer en asamblea computó 43 votos a favor y 119 en contra de paralizar la acción de protesta.


ANA RODRÍGUEZ A CORUÑA. 19/02/2009.

Los abogados del turno de oficio en los juzgados de A Coruña prosiguen la batalla. Y con una balanza claramente desequilibrada: 119 cartulinas naranjas para el sí y sólo 43 azules para el no. Los letrados que atienden a los que carecen de medios para pagar su defensa continuarán con la restricción de sus servicios, que comenzaron el 1 de febrero. La nueva propuesta de la Xunta sigue siendo, para ellos, insuficiente, tal y como manifestaron y votaron en la asamblea general celebrada ayer en la sede del Colegio de Abogados. Reproches para la consellería de José Luis Méndez Romeu y para la junta directiva del organismo colegial, que, aunque considera "frustrante" la oferta del Gobierno autónomo, aboga por aceptar y suspender de forma temporal las restricciones. Lamentaron los representantes de los letrados que se les haya acusado de "connivencia" con el poder político. "Hemos llegado hasta donde hemos podido llegar", sostuvieron desde la mesa presidencial ante los casi dos centenares de abogados allí congregados. Propusieron "el alzamiento con un condicional" de la restricción de forma temporal. ¿Dicho condicional? Que la Xunta acepte una comisión de seguimiento que vele por el acuerdo y nuevas mejoras para poder así aplazar hasta fin de año posibles nuevas acciones. Algunos de sus argumentos, la crisis (murmullos, muchos murmullos del auditorio), las inminentes elecciones y los posibles cambios en el Gobierno. Alegaron que en ninguna otra parte de España se había conseguido lo que en la provincia y que, en comunidades en las que se había decidido mantener la batalla, se había llegado a situaciones poco favorables para los letrados del turno de oficio. En Gijón, explicaron, las autoridades habían prescindido de sus servicios y contratado directamente a una veintena de abogados. "Ya ha habido quejas ante el Valedor do Pobo, denuncias contra el Colegio", alertaron desde la junta. Según el organismo colegial, su trabajo ha recibido "más zancadillas" que apoyos, ya que los otros colegios y el Consello Galego de Avogacía no comprenden la negociación directa e individual entre la entidad y el conselleiro Méndez Romeu. Por lo bajini, algunos de los asistentes comentaban que la junta intentaba, con tales argumentos, "coaccionar" el voto. "Si decimos que sí seríamos el único colectivo que después de una huelga habría perdido dinero", reprobó en el turno de palabra una de las participantes en la reunión. Una amplia mayoría de letrados optó por el no: las restricciones continuarán porque la Xunta no ha atendido a las solicitudes consensuadas. Así ha sucedido con una de las principales peticiones de los abogados del turno de oficio en torno al pago de las guardias. La Xunta mantiene los 180 euros por cada día de guardia, cuando lo que piden los abogados es que se les tenga en cuenta el número de servicios. Aunque con una cantidad que consideran ínfima para la carga de trabajo -420 euros por cada semana de guardia-, los partidos judiciales se han visto al fin insertos dentro de un acuerdo del que antes la Consellería de Xustiza les excluía por completo. Otro de los problemas que continúa en la vida de los letrados del turno de oficio es el cobro. Son ellos los que tienen que justificar si verdaderamente el defendido tiene o no posibilidades de pagar el servicio. Una "misión imposible", dicen, aunque, a partir de ahora, la Xunta vaya a tener acceso a los datos económicos de los clientes con supuesta insolvencia. Como telón de fondo del debate, la reforma de la asistencia gratuita, que quieren abordar con Gobierno autónomo y central.

Fuente: www.laopinioncoruña.es

CASTELLÓN. Malestar de los Letrados por el retraso en los pago y la posible privatización del servicio.

Malestar entre los letrados del turno de oficio por el retraso en los pagos y la posible privatización. El presupuesto se reduce de 20 a 16 millones para la Comunitat pese a subir las peticiones.

PUERTA CERRADA. El decano impidió la entrada de cámaras a la reunión. vicent gamir L. E., Castelló.

La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Castelló logró reunir ayer a una parte importante de los letrados del turno de oficio para informarles sobre la situación del servicio, así como las perspectivas de futuro dado el temor de algunos juristas a que se privatice. Frente a esos comentarios, el decano, Manuel Badenes, fue tajante al pedirles que "no hagan caso de bulos". Fue una reunión multitudinaria, como en pocas ocasiones sucede en Castelló, puesto que el salón de actos se llenó, e, incluso, otros abogados siguieron el desarrollo desde otra dependencia. Pese a ello no fue posible obtener una imagen dado que el decano de los letrados impidió la entrada del redactor gráfico de Levante de Castelló, y lo hizo argumentando que se trataba de una reunión interna con los abogados del turno de oficio. Entre los letrados y, especialmente, entre los más jóvenes, hay " mucho malestar" por el retraso en cobrar un servicio que consideran que está mal pagado y que se enfrenta a un futuro incierto. Por eso están dispuestos a ejercer alguna medida de presión. Incluso, alguno de los presentes llegó a plantear una hipotética huelga, "aunque el decano no quiere ni oír hablar de huelga", apuntó un abogado.Ese servicio, según reconoció Badenes, siempre se ha cobrado con retraso, hasta el punto que ahora los letrados han recibido el 35% que les faltaba del tercer trimestre de 2008. Además, para 2009 el presupuesto se ha reducido de los 20 millones asignados a la Comunitat a 16- a la provincia le corresponde entre un 9 y un 10%-, mientras crecen las peticiones de ciudadanos solicitando abogados de oficio. El decano, que explicó las gestiones que se están haciendo el colegio, trasladó la preocupación de la junta a la reducción del presupuesto así como el retraso en el cobro, aunque dejó muy claro que los letrados cobrarán los servicios pese a que las cantidades son las mismas desde 2005. Intentó tranquilizar los ánimos asegurando que no se va a privatizar el servicio. Cabe recordar que el turno de oficio siempre ha sido motivo de quejas de los abogados, que hace ya 15 años plantearon la posibilidad de una huelga.

Fuente: http://www.levante-emv.com/

CORDOBA. LA JUSTICIA SE DEFIENDE

La Justicia se defiende

Cualquier jornada en los tribunales transcurre entre cerros de expedientes que se acumulan sobre escritorios, estanterías y sillas · Una visita sirve para entender los motivos que han impulsado la huelga

Ángel Robles / córdoba | Actualizado 15.02.2009 - 12:41

A la Justicia no le salen las cuentas: citaciones cada cinco minutos, juicios cada 15, miles de expedientes apilados en los armarios, cientos de sentencias en ejecución... Las jornadas de trabajo se consumen en los juzgados entre pilas de legajos y pasillos abarrotados de ciudadanos. Los documentos devoran estanterías y escritorios, sillas y archivadores. No es raro toparse con funcionarios que transportan decenas de expedientes multicolores en carros de supermercado: de una oficina a otra, de una mesa a otra. Hay papeles con una vida breve y otros que, por el contrario, encallan en los escritorios con citaciones interminables, recursos agotadores, informes forenses clave y pruebas periciales irrenunciables. Todo se plasma en papel, y cada puede llenar unos cuantos folios o varios tomos.

“Nos hemos convertido en meros despachadores de papeles, no en investigadores”, resume el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Armando García Carrasco. El miércoles, por primera vez en la historia reciente de España, los magistrados pararán su trabajo durante 24 horas para exigir a las administraciones una apuesta decidida por modernizar esta administración. La huelga se ha gestado en los últimos meses de despacho en despacho, en el correo interno, en las juntas de trabajo convocadas para analizar una situación que va a más. Los jueces, por fin, se defienden:“Este año llegaremos a las 10.000 diligencias. Cada día resolvemos una media de cuatro recursos. Algunos son simples, pero otros tienen gran complejidad procesal, con varios tomos. Y a veces, claro está, te arriesgas”, reconoce el magistrado, por cuyas manos pasan todo tipo de delitos, desde homicidios hasta complejas estafas o falsificaciones de documentos.

Cada día, a las 09:30, comienza el desfile de declaraciones en el despacho de García Carrasco. La agenda es apretada y se confecciona con precisión matemática: un testimonio cada cinco minutos. El vaivén de ciudadanos, letrados, procuradores y fiscales se repite, a la misma vez, en los otros seis juzgados de instrucción de la capital. “No tienes tiempo suficiente para estudiar los asuntos y hay que solucionar cuestiones complejas en pocos minutos. Se trata de decidir sobre la libertad de las personas en el acto. Y hay que hacerlo ya porque, de lo contrario, el trabajo se acumula. Lo que quieren es productividad. Y, en el caso de que haya un error, encima te exigen responsabilidad”, lamenta García Carrasco. La jornada finaliza, teóricamente, a las 15:00. En teoría, claro, porque “muchos asuntos” terminan en casa.

A la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8, Cristina Mir, no le gusta hablar de números, “sino de personas”. Pero al entrar en su despacho es inevitable desviar la mirada hacia los tomos que se apilan sobre su mesa de trabajo. Entonces surge, inevitablemente, la retahíla de datos: es 10 de febrero y junto a su ordenador estudia el asunto 249. Los números, en su caso, esconden desahucios de familias, denuncias de empresas golpeadas por la crisis económica, complejas querellas, minuciosas, de despachos de arquitectos. “Todo el mundo espera una respuesta de calidad después de cinco meses de espera –reflexiona–. Pero cuando llega el momento de la vista oral me veo obligada a decir abrevie, letrado, por favor. Y es su tiempo, el tiempo que tiene el ciudadano para exponer su situación”.

El jueves pasado, la magistrada afrontó dos audiencias previas, cinco juicios verbales y dos ordinarios. La maratón de leyes comenzó a las 10:00: accidentes de tráfico, problemas de constructoras, pleitos de comunidades de vecinos, embargos preventivos... “Ojalá pudiera conciliar la vida laboral con la familiar. Pero casi todos los días me quito de trabajar a las 21:00”, confiesa Mir, que entró en la carrera judicial en el 91.

“Es imposible desconectar, porque los ciudadanos no pueden esperar para conocer una sentencia. La inmediatez es fundamental”, defiende.
“El sentido del deber está por encima de todo”, insiste la titular del Juzgado de lo Penal número 1, Ascensión Miranda. A tan sólo unos pasos del despacho de Mir, los casos –ya instruidos– esperan su turno para sentarse en el banquillo. Pueden pasar meses, incluso años, lustros, una década entera para que procesados y víctimas sean llamados a la sala de vistas. Y eso a pesar de que cada juzgado penal dedica dos jornadas enteras, a veces más, a la celebración de juicios. “Voy a ir a la huelga pero con tristeza, porque es la única manera de decir que estamos hartos de trabajar por encima de nuestras posibilidades”, reflexiona la magistrada ante una columna de expedientes pendientes de resolución. De las paredes de su despacho cuelgan recortes de prensa, novedades legislativas y directrices que hay que acatar y que, en los últimos años, han convertido los penales en bombas a punto de estallar. “Estamos en las trincheras. A los jueces ahora nos tildan de subversivos, pero no existe ninguna ley que prohíba que hagamos huelga. No somos ninguna panda de locos. Somos como un funcionario más, y en base a eso estamos supeditados a las administraciones y podemos ejercer medidas de presión”, reflexiona.

Cuando Miranda ingresó en la carrera judicial tenía que rociar raticida en latas de conserva para impedir que los roedores dañaran los legajos. De eso han pasado 25 años: “España ha avanzado. Y los ciudadanos, por este motivo, reclaman más. Pero los jueces de base, en órganos unipersonales, estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Somos un servicio público que no se presta en condiciones de calidad”, asevera.

En su caso, el trabajo también se traslada a casa después de ocho horas en la oficina:“Difícilmente se desconecta. Sobre todo, si tienes casos que te preocupan. Un día de la semana pasada salí a las cinco menos veinte del juzgado. Estaba caput. Y por la noche me desperté soñando con el caso”, confiesa la magistrada. “A veces pides permisos por asuntos propios y, en realidad, los aprovechas para poner al día las sentencias. Y la mayoría de los sábados por la mañana tienes que venir. No hay otra forma de organizarte”, dice.

La semana laboral del titular del Juzgado de lo Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, también tiene seis días: “Hay que aprovechar el sábado”. A diario, a las 09:00 llega al despacho, donde permanece hasta las 15:30. “Y, por la tarde, mínimo de tres horas en casa, porque por la mañana hay que celebrar juicios, atender dudas, recibir...”, dice. “Es imposible desconectar. La vocación es grandísima, y a veces crea ansiedad. Cuando estoy celebrando un juicio no me acuerdo absolutamente de nada, tengo la sensación de que no pasa el tiempo. Pero cuando vuelvo a la realidad cotidiana y compruebo las horas que han pasado, siento impotencia y pido disculpas. En parte me siento mal, pero hay que hacerlo por el bien del ciudadano”, confiesa.

Fuente:www.eldiadecordoba.es

GIJÓN. Reivindicación de la asistencia sanitaria para los Abogados.

JESÚS VILLA VICEDECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN. Sabido es que los abogados de Gijón estamos en situación de conflicto desde el mes de mayo del pasado año 2008, pero lo que quizá no se sepa adecuadamente son las razones del mismo. Se oye que esto puede causar perjuicios en los usuarios de la Justicia, fundamentalmente en los beneficiarios del derecho a la Justicia Gratuita, pero escasamente de cuáles son los motivos para la indignación de los letrados, ni la respuesta que la Administración ha dado a los mismos.

Una de nuestras reivindicaciones, recientemente negada por el director general de Justicia del Principado, es que los abogados tengamos derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que la casi totalidad de españoles y extranjeros residentes en nuestro país. Puede parecer sorprendente, pero lo cierto es que en España, a día de hoy, existen escasamente 200.000 personas que no tienen ese derecho, de los cuales unos 65.000 son abogados en ejercicio, es decir, trabajadores en defensa de derechos e intereses ajenos ante los tribunales de justicia. O, en términos estadísticos, que quizás asuste más aún, una de cada tres personas que integran el colectivo del 0,5% de españoles sin derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país es abogado. Abogados que no se podrán poner enfermos y ser debidamente asistidos por el sistema público de salud, salvo afiliación voluntaria a la Seguridad Social o que lo paguen de su bolsillo. Llega a darse la paradoja de que, si su cliente resulta condenado a trabajos en beneficio de la comunidad, tendrá derecho a esa asistencia por el mero hecho de estar cumpliendo dicha condena, independientemente de que tenga o no cubierta tal contingencia por otra cualquier causa. Su abogado no.

¿Qué explicación, o justificación, puede existir para semejante discriminación, no sólo con el anterior ejemplo, que es un mero botón de muestra, sino con la inmensa mayoría de la sociedad española? Lo cierto es que, a día de hoy, y pese a lo que se nos quiere hacer seguir creyendo desde la Consejería de Justicia, ninguna.

Es verdad que los 65.000 abogados en toda España antes referidos no cotizan al sistema de previsión social nacional. Pero no lo es menos que ello no responde a una voluntad suya rebelde a la integración, sino simplemente a que, hasta el año 1996, los abogados y procuradores estaban expresamente excluidos, por ley, de la posibilidad de pertenecer a la Seguridad Social, siendo obligatorio que sus cotizaciones para la jubilación lo fuesen a sus respectivas mutualidades. Solo tras esa fecha, y en virtud de una sentencia judicial, se nos permitió optar entre seguir en la mutualidad o cambiar a la Seguridad Social, a través de su régimen especial de trabajadores autónomos, bien que perdiendo todo lo que ya llevásemos cotizado a nuestro sistema.

Y esta supuesta vida al margen de la Seguridad Social es la que se utiliza por parte de la Administración para negarnos un derecho universal y gratuito del que, como decía, gozan prácticamente todos los españoles y muchos extranjeros que viven en nuestro país. Se nos dice que, puesto que no cotizamos al INSS ni somos asalariados de la Administración, no tenemos derecho a beneficiarnos de sus prestaciones, por lo que nuestra protección de la salud debemos gestionarla privadamente.

Artero argumento este que, utilizado demagógicamente, ha calado en la opinión pública, que lo sigue dando por bueno, pues parece de una lógica aplastante: quien no contribuye, no tiene derecho a beneficiarse.

Ahora bien, si se nos permite detenernos mínimamente en él, veremos con facilidad que, además de artero y demagógico, es rotundamente falso, puesto que, en primer lugar, no es cierto que los abogados estemos al margen de la Seguridad Social, ya que, como todos los españoles y extranjeros asentados en España que trabajan, estamos obligados a proveer nuestra futura jubilación. Lo único que sucede es que, por una excepción legal, sobre la que nadie nos preguntó nunca nada, nuestras aportaciones no podían ir a la caja común, sino a una especial. Ni somos ni fuimos los únicos, ni se nos puede tachar por ello de insolidarios o de estar fuera del sistema. Además, y fundamentalmente, por cuanto hace ya mucho tiempo que ese discurso carece de argumentario legal que lo sustente pues, como veremos a continuación, el derecho a la salud y a la asistencia médica, recogido ya en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el art. 43 de nuestra Constitución, se asienta sobre dos pilares básicos, la universalidad y la gratuidad, tal cual se recoge en las leyes que lo desarrollan:

La Ley General de Sanidad de 1986, cuyo art. 12 dispone que «Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio español...».

La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que en su art. 2 recoge, como principios generales que la han de informar, entre otros, los siguientes: «1. La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias. 2. El aseguramiento universal y público por parte del Estado, y 5. La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica». Y su art. 3 dice que «Son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria los siguientes: 1. Todos los españoles...».

Y aquí está, sin duda, el quid de la cuestión. Resulta que, legalmente, hace ya tiempo que en nuestro país se ha deshecho el binomio «Seguridad Social = Asistencia Sanitaria», tratándose hoy en día de dos instituciones que corren claramente separadas.

¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que la sanidad pública, a la que todos los españoles han de tener derecho (por ser universal), no se financia de la caja común de la Seguridad Social, sino «de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica» -art. 10 de la antes citada ley 16/2003- (por ser gratuita). Es decir, con los impuestos de todos los españoles, entre ellos esos 65.000 abogados que están excluidos de ese derecho. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el céntimo sanitario por litro de gasolina? Pues también lo pagamos los abogados asturianos. Y si todavía hay alguien que pueda albergar incertidumbre al respecto, debería bastar con citar el art. 86, 2 de la Ley General de la Seguridad Social y el 39 de la Ley 1/1992 del Servicio de Salud del Principado. ¿Aún no se lo creen? Pues espero que esto les convenza ya definitivamente: «A medio plazo podría contemplarse perfectamente modificar los impuestos del tabaco, el alcohol y los hidrocarburos para incrementar los fondos que se destinan a la sanidad pública, ya que lo razonable para un sistema que se financia con impuestos es que esa financiación venga también de mayores impuestos, en el ejercicio de una mayor corresponsabilidad fiscal de las administraciones territoriales», según declaraciones realizadas en agosto de 2004 por doña Elena Salgado Méndez, a la sazón ministra de Sanidad.

¿Alguien nos puede decir ahora qué argumento existe para que los abogados no tengamos igual derecho que el resto de asturianos y extranjeros que en nuestra comunidad residen al uso y disfrute del sistema público de salud?

Usted tiene la palabra, señora consejera. Permítame recordarle, eso sí, aunque sé que ya lo sabe, que nuestra vecina Comunidad Autónoma de Galicia ya ha incorporado a los abogados que prestan el servicio del turno de oficio a su servicio de salud. ¿Están cometiendo una ilegalidad?

Fuente:www.lne.es

CÓRDOBA. El ICA Córdoba apoya la huelga de los jueces

CÓRDOBA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Córdoba informó hoy de que apoya las demandas de jueces y su decano, José Rebollo Puig, manifestó que la situación en los juzgados es "insostenible a la vista de la falta de medios humanos y materiales".

En un comunicado, señaló que estas carencias "afectan a quien acude a los tribunales y también a quienes en ellos trabajan". Dijo que "basta comparar los medios con que cuenta la administración de justicia con los de otras administraciones públicas para apreciar que aquellos son notablemente inferiores y manifiestamente insuficientes para prestar un servicio público de calidad que garantice la tutela judicial efectiva de los ciudadanos".

Según Rebollo, "la lamentable situación actual de la justicia es el resultado de muchos años de desidia y abandono por parte de los poderes públicos, y no podrá paliarse sino a través de una reforma en profundidad que implique la dotación de medios estructurales, personales y económicos suficientes para su éxito".

Desde hace muchos años la abogacía institucional ha venido denunciando los déficits y carencias de la administración de justicia y, en consecuencia, "el grave perjuicio que a diario sufre la ciudadanía por la deficiente prestación de este servicio público".

Por otro lado, para el decano de los abogados es claro que cualquier reforma que se adopte "no deberá realizarse exclusivamente con base en las propuestas que formulen los jueces, sino que deberán tenerse muy en cuenta la opinión de los abogados, como partícipes de la administración de justicia y sufridores directos de los graves problemas que le acucian".

Fuente:www.europapress.es

Gijón. Los Abogados crean un blog.

Los abogados crean un foro para protestar por el turno de oficio «El patio de mi colegio» sirve para poner en común ideas y protestas.

http://elpatiodemicolegio.blogspot.com/

R. G.

Los letrados gijoneses han dado un nuevo paso dentro de la protesta que mantienen contra la Administración regional por las condiciones que sufren los trabajadores del turno de oficio. Más de 50 de los pleiteantes gijoneses han puesto en marcha dos plataformas cibernéticas -un blog y un foro de reunión- que bajo el título «el patio de mi colegio» pretenden convertirse en un nexo de unión entre los profesionales. La idea es reunir ideas y propuestas gracias a las que conseguir la «dignificación» del turno de oficio.

El proyecto internauta tiene futuro. Los administradores ya han propuesto a través de la red la oficialización de «El patio de mi colegio». Pretenden que los abogados que giran en torno a esta plataforma virtual se puedan convertir con el tiempo en una agrupación incluida dentro del Colegio de Abogados de la ciudad.

Los abogados gijoneses llevan peleando con la Administración regional desde el mes de mayo del pasado 2008. Entre sus actividades ha habido manifestaciones, comunicados e incluso encierros nocturnos en la sede colegial. Unos actos que han evidenciado la tenacidad de estos profesionales ante unas propuestas que definen como «justas». De momento la Consejería de Justicia no ha dado respuestas ni se ha reunido con el decano del Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero.

Los letrados pretenden aumentar las tarifas que cobran por la asistencia a justificables que carecen de recursos económicos. Entre sus reivindicaciones también figura la necesidad de la incursión de los profesionales que trabajan para la Administración dentro del servicio de la Seguridad Social y la de disminuir el papeleo al que se ven abocados los profesionales que trabajan dentro del turno de oficio.

«El patio de mi colegio» lo conforman un grupo de abogados que se expresan a través de un blog y un foro. Los letrados pretenden oficializar la propuesta. En el blog los administradores ya han hablado de la posibilidad de crear, a raíz de la plataforma, una agrupación que se incluya dentro del Colegio de Abogados de la ciudad.

Fuenete:www.lne.es

MADRID. 6.000 funcionarios segundan los primeros paros de la Justicia.

Casi 6.000 funcionarios de Justicia de Madrid secundan los primeros paros.

Publicado el 17-02-2009 , por Expansión.com

La huelga iniciada este lunes por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña ha obligado a suspender este lunes más de 2.000 actuaciones judiciales en la región. Los sindicatos cifraron el seguimiento del paro en un 81,32%, mientras que la Consejería que dirige Francisco Granados lo rebajó a un 40,9%.

Un momento de la asamblea de empleados de Justicia de la Comunidad de Madrid ayer en el salón de actos de CC.OO. EFE

Motivados por la "inacción" del Gobierno regional para mejorar "el crítico estado" de los tribunales de Madrid, los empleados públicos alternarán 15 días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión. Aspiran a forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.

Un 85% de los juzgados contará durante estos días con servicios mínimos. En el caso de órganos unipersonales, cada juzgado dispondrá de un gestor, un tramitador y un auxiliar. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán los únicos que cuenten con la plantilla habitual de funcionarios.

Los funcionarios protestan por las políticas restrictivas del Gobierno regional en materia económica y de personal y el incumplimiento del convenio

La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.

"La situación es penosa. La Comunidad es la única responsable del mal estado de la Justicia madrileña", declaró ayer a Europa Press la portavoz de UGT, Ana García, a las puertas de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, donde los funcionarios realizaron una pitada por las plantas de la sede judicial. La sindicalista insistió en que sus demandas van más allá de lo económico: "incrementos de plantilla en los Juzgados, regularización de los contratos de refuerzo, revisión de las guardias de la periferia, el establecimiento de una bolsa de interinos en condiciones, etc".

Corte de la Gran Vía
En la jornada de paro del martes, cientos de funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid obligaron a cortar la calle Gran Vía, a la altura del número 18. Los sindicatos han cifrado en un 80% el seguimiento del paro en este segundo día de huelga, mientras que la Consejería de Presidencia y Justicia lo rebajó a un 38,66%.

La manifestación convocada l martes ha recibido el respaldo mayoritario de los empleados públicos, que coreaban repetidamente: "Ea, ea, ea, la Justicia se cabrea". "Sí al acuerdo, no al colapso judicial. Señor Granados, quien no cumple lo firmado, a la Justicia ha estafado", rezaba una de las pancartas reivindicativas alzadas por los huelguistas. Un amplio dispositivo policial acordonaba el perímetro de la marcha.

Granados cree que los funcionarios deben tomar conciencia de la situación gravísima de crisis económica y del descenso de la recaudación

Los sindicatos acusaron a Granados de engañar a los trabajadores y a la opinión pública por sus "anuncios falsos" de convocar la mesa de negociación. "No vamos a consentir que Granados y el Gobierno regional mienta", aseguró la representante de CC.OO, Felicidad López, quien recordó que el acuerdo incumplido contemplaba mejoras fundamentales para mejorar la administración de Justicia.

Los sindicatos reprocharon al Gobierno regional que sea la única Administración que se escude en la crisis económica para desmarcarse de los acuerdos económicos alcanzados en 2007. "La Comunidad de Madrid es la única autonomía que se agarra en la crisis para sustentar el incumplimiento de los acuerdos sobre la Administración de Justicia", denunció el portavoz de CC.OO., Fernando Buendía.

La huelga irá acompañada de concentraciones diarias, a las 8.30 horas, a las puertas de las principales sedes judiciales de Madrid, como los Juzgados de Plaza de Castilla, la Audiencia Provincial de Madrid y el Registro Civil de la calle Pradillo, entre otras. Además, los sindicatos celebrarán hoy una Asamblea en la sede de CC.OO. para informar a los empleados públicos de las movilizaciones que se realizarán cada día.

Promesas incumplidas
Entretanto, Granados se comprometió a que los funcionarios recuperen "en el futuro" la pérdida económica que sufran este año con motivo de la rebaja de la oferta salarial, ajustada a la crisis económica, que realiza su departamento respecto a los acuerdos firmados en diciembre de 2007. Granados anunció que se reunirá durante esta semana con los sindicatos para desbloquear las movilizaciones.

"El Gobierno regional ha hecho una oferta un poco inferior con la acordada. La oferta es razonable. Los funcionarios deben tomar conciencia de la situación gravísima de crisis económica que atraviesa España y del descenso de la recaudación que se ha producido", recalcó Granados, quien garantizó que "la pérdida que se produzca este año de lo inicialmente pactado se recuperará en el futuro".

Aludía a la rebaja de la oferta salarial que se ha acordado en las negociaciones que se mantienen respecto a lo contemplado en el convenio que se fraguó el 11 de diciembre de 2007 entre el ex consejero Alfredo Prada y los sindicatos. El incumplimiento de los acuerdos ha llevado a los funcionarios a secundar una nueva huelga de carácter indefinido, en la que se alternarán 15 días de paro y una semana de trabajo. La huelga se cumplimenta con piquetes en las sedes judiciales y concentraciones a lo largo de la semana frente a la sede de la Consejería, el Gobierno regional y el PP nacional.

Así, Granados emplazó al colectivo a que "renuncien a una parte de la subida del complemento" pactada con Prada en 2007 para reconducir la situación. "En este momento no podemos asumir esa carga económica", aseveró el consejero en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), momentos antes de reunirse con el decano de los abogados, Antonio Hernández-Gil, para afrontar el otro frente abierto por las protestas de los abogados del turno de Oficio.

Fuente. www.expansión.com

MADRID. El Turno de Oficio mantendrá sus movilizaciones.

El Turno de Oficio de Madrid mantendrá sus movilizaciones hasta que se materialice la propuesta de Granados. Los abogados decidirán esta noche durante un encierro si se suman a la huelga de jueces del 18 de febrero.

Redacción / EP

El Turno de Oficio mantendrá sus movilizaciones hasta que el Ejecutivo autonómico materialice la propuesta planteada hoy por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil. Los abogados se mostraron escépticos ante "el curioso" y "repentino" cambio de postura de Granados horas antes del encierro que mantendrá esta noche el colectivo como pistoletazo de salida a sus protestas.

Cerca de 1.000 letrados se amotinarán durante doce horas en la sede del ICAM para escenificar su hartazgo ante las precarias condiciones que soportan para desarrollar este servicio público. Durante el encierro se celebrará una Asamblea Permanente para organizar las movilizaciones que se celebrarán en los próximos días. Se baraja la posibilidad de que se sumen a la huelga de jueces convocada para el 18 de febrero con el fin de trasladar la idea de que en la Justicia están implicados todos los operadores jurídicos.

Escoltados por dos pancartas que rezaban: "Por un Turno de Oficio al Servicio de la Ciudadanía" y "Por el modelo actual de la Justicia Gratuita", los portavoces de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), de la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM) y de la Asociación Libre de Abogados (ALA) rechazaron, en rueda de prensa, la oferta de Granados que definieron como "una declaración programática de intenciones" plagada de "vaguedades".

"Hasta que la propuesta no se concrete en hechos y se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), las movilizaciones se mantendrán", aseveró el presidente de ALTODO, Santiago Luengo, quien desveló que las conversaciones mantenidas entre el decano y el consejero le suscitan "ciertos recelos" debido a "la falta de sensibilidad" mostrada hasta ahora por parte del Gobierno regional.

PROMESAS DEL CONSEJERO
En la reunión, Granados se comprometió a abonar "en breve" los retrasos de las cantidades devengadas el pasado año por sus servicios, que ascienden a una deuda de más de 24 millones. Y adelantó que su Consejería establecerá "los mecanismos presupuestados necesarios" para que en 2009 las cantidades se paguen con regularidad, con miras a que la situación no vuelva a repetirse.

Además, el consejero y el decano negaron que el Gobierno regional quiera privatizar el servicio de justicia gratuita, puesto que debe prestarlo por Ley el Colegio de Abogados. En cambio, los abogados siguen pensando que "las maniobras" realizadas en los últimos meses por el Gobierno regional fundan sus sospechas. "Existe una voluntad política de restringir el derecho de defensa", recriminó María Jesús Díaz Veisa, portavoz de ALA.

El principal punto de discordia entre los abogados y la Comunidad se refiere al acuerdo de extranjería de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado el pasado 28 de noviembre. El convenio, que entró hoy en vigor, establece como obligación que los extranjeros acrediten con documentos su situación económica para acceder la servicio de justicia gratuita.

Por un lado, Granados cree que el derecho a la tutela judicial efectiva no debe hacer distinciones entre españoles y extranjeros, mientras que los abogados de Oficio opinan que no se puede comparar "la situación jurídica de un sin papeles con la de un español". "A los extranjeros se les va a freír a una burocracia absurda que no podrán rellenar", aseveró Luengo. "El ciudadano extranjero quedará indefenso y los abogados nos quedaremos sin cobrar", añadió

Según una nota difundida hoy por el Colegio, el ICAM y la Comunidad "abordarán conjuntamente el estudio del acceso a la Justicia de los ciudadanos extranjeros, sin merma de su derecho de defensa en el contexto de reforma de la Ley de Extranjería y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

DEUDA DE LA COMUNIDAD
El encierro que llevarán a cabo los abogados forma parte del plan de movilizaciones pactado por las tres asociaciones que representan al colectivo para forzar a las Administraciones a implantar medidas urgentes que mejoren sus condiciones de trabajo, especialmente en el ámbito retributivo. La principal medida de presión acordara es la renuncia de las guardias penales a partir de marzo.

Las movilizaciones se producen como protesta al impago de la Comunidad de sus honorarios, una deuda que asciende a los 24 millones de euros. La Comunidad de Madrid aprobó hace dos semanas un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del colectivo de 2009. Por tanto, la deuda se pagará a cargo de los presupuestos previstos para este año, lo que provocará que la situación de impago se vuelve a repetir.

Ésta es la principal queja que sustenta la convocatoria de renuncia de las guardias penales a partir del próximo marzo. Las asociaciones han preparado un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones y encierros.

Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.

Fuente:www.diariosigloxxi.com

MADRID. El Turno de Oficio convoca una manifestación el 3 de marzo en defensa del modelo de Justicia Gratuita.

El Turno de Oficio convoca una manifestación el 3 de marzo en defensa del modelo actual de la Justicia Gratuita.

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones que representan al Turno de Oficio convocaron hoy una manifestación para el próximo 3 de marzo en la sede de la Presidencia, Justicia e Interior en defensa del modelo actual de la asistencia jurídica gratuita ante "las maniobras" de la Comunidad de Madrid de privatizar el servicio a favor de prestigiosos despachos profesionales.

Los abogados se encerraron anoche en la sede del Colegio de Abogados de Madrid tras el intento fallido del decano Antonio Hernández-Gil y del consejero Francisco Granados de desconvocarlo. El encierro estaba encaminado a organizar las movilizaciones que emprenderán los próximos días.

Las propuestas fueron conducidas por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), de la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM) y de la Asociación Libre de Abogados (ALA).

En un comunicado, las asociaciones se opusieron a la privación "de facto" del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que afecta especialmente a los colectivos más desprotegidos de nuestra sociedad.

Asimismo, exigieron el abono íntegro de las remuneraciones adeudadas, con sus correspondientes intereses, y la actualización de los baremos desde el año 2003.

El colectivo seguirá adelante con las propuestas hasta que no se dejen sin efecto los acuerdos y resoluciones adoptados por la Comunidad que privan a los extranjeros del derecho a la asistencia jurídica gratuita y derivan al sector privado la prestación del Servicio de Orientación jurídica a personas mayores.

Fuente: www.europapress.es

MADRID. Los Abogados del Turno de Oficio se encierran.

Madrid, 16 feb (EFE).- Los abogados de turno de oficio se han encerrado esta tarde en el Colegio de Abogados de Madrid para reivindicar el pago de los atrasos por el trabajo realizado en 2008, que asciende a 27 millones de euros.

Los portavoces de las asociaciones de abogados, ALA, María Jesús Díaz; APAEM, Raquel González, y ALTODO, Santiago Luengo, han informado en rueda de prensa de que acogen con "escepticismo" los acuerdos alcanzados hoy entre el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil.

Granados afirmó en la reunión de esta mañana que la Comunidad de Madrid tiene "la sana intención" de pagar lo que debe y no va a privatizar el servicio de atención jurídica gratuita.

Las tres asociaciones coinciden en que es "mucha casualidad" que precisamente la reunión haya tenido lugar hoy, cuando estaba convocado el encierro, y en que no darán marcha atrás en sus medidas de presión hasta que "la declaración de intenciones" no se materialice en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Luengo ha subrayado que todavía no han visto "ni un céntimo", a pesar de que la Comunidad de Madrid aseguró el pasado 29 de enero que había librado 29 millones de euros para pagar lo que debe a los abogados del turno de oficio.

Según ha indicado el portavoz de ALTODO, lo que la Comunidad de Madrid ha ideado es pagar lo que debe de 2008 con lo presupuestado en 2009, lo que implica que una vez pagada la deuda sólo quedarían 400.000 euros para un servicio que necesita aproximadamente 40 millones de euros.

Luengo también se ha quejado de que el mismo día 29 de enero, la Comunidad de Madrid prometió que iba a devolver "íntegramente" todo el dinero, pero ahora les ha comunicado que de momento sólo va a pagar lo correspondiente a los trabajos del segundo y tercer trimestre de 2008.

En relación con la actualización de los baremos con el IPC, que llevaban congelados desde 2003, Luengo ha felicitado al decano por haber conseguido esa "histórica reivindicación" esta mañana en su reunión con Granados y, según ha dicho, espera que a partir de ahora esa actualización se haga automáticamente para que "los abogados no vuelvan a perder poder adquisitivo".

María Jesús Díaz ha destacado que el encierro no se debe a simples reivindicaciones salariales, sino que responde a un problema de fondo que es "la estrategia perfectamente diseñada y calculada" de la Comunidad de Madrid de "privatizar un servicio público más", como es la asistencia jurídica gratuita.

Respecto al acuerdo de extranjería firmado entre la Comunidad de Madrid y la Comisión de Justicia Jurídica Gratuíta, que priva a asistencia jurídica gratuita a los extranjeros que residen ilegalmente en España, la portavoz de APAEM ha renunciado a la posibilidad a abordar el tema, como han acordado Granados y Hernández-Gil, y ha pedido su "anulación".

En este sentido, González ha recordado que el Colegio de Abogados en su día impugnó el acuerdo de extranjería, por lo que no entiende "a qué tipo de acuerdo va a llegar con la Comunidad de Madrid, si ya está postulándose al recurrir".

Fuente:www.ecodiario.eleconomista.es

.