EL Colegio de Abogados de Barcelona denuncia que el Gobierno "desoye" al Constitucional
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| Foto: CEP |
Afirma que el anteproyecto "vulnera los derechos de los menores" y "criminaliza" al conjunto de los extranjeros
MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Abogados de Barcelona ha advertido de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería "desoye el mandato" del Tribunal Constitucional, que en una sentencia sobre la legislación en vigor reconoció el derecho de los inmigrantes en situación irregular a la educación no obligatoria.
En un informe recogido por Europa Press, la Comisión de Defensa de la institución denuncia que "cuando el cumplimiento de esta sentencia es uno de los motivos alegados por el Gobierno para llevar a cabo la reforma que propone", el Ejecutivo "obvia" el mandato y "requiere nuevamente la residencia para los mayores de 18 años en el acceso a la enseñanza no obligatoria".
El trabajo, elaborado con el fin de generar el "necesario debate" sobre la reforma, señala también un "retroceso" en la configuración del derecho a la vivienda, porque mientras la actual Ley de Extranjería garantiza el derecho de acceso al sistema de ayudas públicas de los residentes legales en igualdad de condiciones, el anteproyecto del Gobierno "sólo" lo reconoce para quienes llevan más de cinco años viviendo en España de forma legal y continuada.
Otra de las cuestiones que más preocupan a la abogacía barcelonesa es la modificación planteada en materia de postulación procesal. Con el redactado actual del texto, para recurrir una orden de expulsión el inmigrante deberá comparecer personalmente ante el juez, lo que según el informe, generará "una grave situación de indefensión" para los extranjeros que ya hayan sido expulsados o para quienes no tengan contacto con el abogado que los asistió en comisaría.
En cuanto a la limitación de la reagrupación familiar al ámbito nuclear (cónyuge e hijos menores o "incapaces"), el informe concluye que con esta restricción el legislador "no respeta, entre otros, los principios rectores de la política social y económica y jurídica de la familia recogidos en el Artículo 39 de la Constitución Española". Además, al fijar la incapacidad como requisito para reagrupar a hijos mayores de 18 años, impone el "obstáculo" de requerir una certificación de la misma en el país de origen.
MENORES NO ACOMPAÑADOS
Una de los aspectos del anteproyecto que más críticas suscitan en el informe es la gestión que propone de los menores inmigrantes que llegan a España de forma irregular sin compañía de un adulto. Para el Colegio de Abogados de Barcelona, el texto del Gobierno "vulnera el derecho del menor a que se observe primero su interés superior" al tener como "principal objetivo" la repatriación.
Además, en virtud del anteproyecto, "sólo se tendrá en cuenta el interés superior del menor a los efectos de la repatriación, por lo que la inconstitucionalidad es muy relevante" y "sólo se prevé el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos administrativos de devolución, retorno o expulsión, olvidando las repatriaciones (...) y vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva", señala el informe.
CRIMINALIZACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
El informe describe otros aspectos "preocupantes" derivados de "la criminalización constante de la condición de inmigrantes que inspira todo el texto normativo, en el que se parte de una presunción de culpabilidad respecto al ciudadano no nacional". Así, critica la ampliación del plazo de retención de extranjeros previa expulsión, y las tipificación de "conductas que desde el punto de vista de su propia y específica normativa no son sancionables".
En este sentido, denuncia que el Gobierno ampara "gran parte del régimen sancionador en conceptos sin definición legal que abren la puerta a actuaciones con un gran margen de discrecionalidad que pueden avalar actuaciones arbitrarias de difícil o imposible control".
-. Firma: IVE .-Fuente:www.europapress.es
