23.02.09 -M. J. CRUZADO| MARBELLA
Se mantiene la tendencia de que la mayoría de las solicitudes son letrados que asisten a personas detenidas o que están presas tras prestar declaración en el juzgado, un 64,9 por ciento. Son destacados los aumentos que han sufrido determinadas materias. La atención a las víctimas en diligencias penales en violencia doméstica ha sufrido el mayor incremento (72,1 por ciento más) motivado, en parte, por el aumento de los casos de malos tratos, pero sobre todo, por la existencia de un juzgado especializado en esta materia que en enero cumplió un año de vida. Otro de los asuntos que mayor subida experimentaron en 2008 son las reclamaciones por despidos, pensiones y temas laborales, un 200 por ciento, si bien el número de solicitudes en sí, unas 15, no es especialmente significativo. Este aumento responde a la mayor conflictividad que ha originado la crisis. En la vía civil, donde se tramitan los asuntos por desahucio de viviendas y reclamaciones de cantidad también se refleja la situación económica con un aumento del 44 por ciento respecto a 2007.
El resto de parámetros también han sufrido un incremento espectacular que se traduce en más trabajo para los letrados marbellíes adscritos al turno de oficio (135 de los 820 colegiados en total). Así, también han aumentado las solicitudes en materia penal, en causas graves en las que se pide más de seis años de prisión para el detenido, en menores imputados y hasta en la vía contencioso-administrativa.
Mención aparte merece el turno de extranjería que empezó a funcionar en marzo de 2007. De 353 solicitudes en menos de un año se ha pasado a 493, la mayoría alegaciones al expediente de expulsión. «Aquí puede haberse producido una especie de efecto llamada por la creación del turno específico», apunta el presidente de la Delegación marbellí, Rafael Lima. También ha influido el aumento de los expedientes de expulsión.
En esto también hay picaresca, como explica Lima. «Hay solicitantes que saben que no cumplen los requisitos legales para solicitar un abogado de oficio y sin embargo lo piden. Además de ahorrarse el gasto de un letrado, podría ser condenado en la vía civil a pagar las costas del proceso -las minutas del abogado de la parte contraria-; si se han acogido a la justicia gratuita, está exento, al menos en los dos años siguientes si su situación económica no varía». Para solicitar abogado de oficio no debe pasar el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o IPREM, 12.405,60 euros anuales.
Fuente:www.diariosur.es
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