lunes, 11 de mayo de 2009

ENTREVISTA. Arturo Fernández. Presidente Conseillo Avogacía Galega

ENTREVISTA

Arturo Fernández Estévez: ‘Es perverso que la Xunta ponga dinero para los juzgados y no decida dónde deben ir’

Vicepresidente del Consello da Avogacía Galega

Monchi Sánchez - OURENSE - 10-05-2009

La reforma de una caduca ley de justicia gratuita, una mayor proyección social del abogado o la introducción de las nuevas tecnologías son algunas de las cuestiones que preocupan al nuevo vicepresidente del Consello da Avogacía Galega. El también decano de Ourense, Arturo González Estévez, habla de dignidad para el turno de oficio, una condición que pasa inexcusablemente por mayores remuneraciones para los letrados.

Arturo Fernández Estévez (49 años) parece encajar bien con la progresía. Igual que viste un traje sin corbata -’es más moderno’, bromea al comienzo de la entrevista-, defiende la justicia virtual. Si ya podemos rendir cuentas ente el fisco vía online por qué no presentar una demanda civil. El decano del Colegio de Abogados de Ourense acaba de asumir la vicepresidente del Consello de la Avogacía Galega, un cargo que ostentará durante dos años, y en el que espera ver avances más acordes con los tiempos.

¿Se siete más cómodo en la abogacía con uve o con be?

Me siento cómodo en las dos, pero soy castellano hablante. Soy de la vieja escuela y me siento más cómodo hablando castellano, me expreso mejor.

Como vicepresidente del Consello da Avogacía Galega ¿qué retos asume?

Por mi trayectoria lo que más me preocupa es el turno de oficio. Ahora es un momento importante porque entró un nuevo gobierno en la Xunta -hubo problemas con el anterior- y creo que el primer reto será reunirnos con el director xeral de Xustiza para hablar del turno. No sólo de remuneraciones sino de formación, libre designación..., del nuevo reglamento que aprobó el anterior gobierno justo antes de las elecciones. Pero como soy partidario de sumar creo que los siete colegios gallegos con una voz única en el consello podríamos conseguir muchos servicios nuevos para los abogados: seguros de responsabilidad civil u otras prestaciones.

¿Pero no se están pisando competencias entre los colegios profesionales y el Consello?

No debería. El Consello en sus estatutos prevé la idea de aunar, respetando las competencias de cada colegio, para dar una solución a problemas comunes y que el colegiado perciba que hay un consello que le da cosas. Por ejemplo, es importante a nivel de todos los colegios estar preparados para la reforma tecnológica que se nos viene encima y la tramitación online de demandas, por lo que el Consello podría asumir parte de ese desembolso. Ahora nos exigen en el turno de oficio que estemos actualizados en menores, violencia de género y extranjería. Pues bien, ese reciclaje podría asumirlo el Consello: un mismo formato para todos. No nos pisaríamos sino que no completaríamos. Los colegios podríamos hacer otras jornadas. Y también está el tema del uso del gallego, que al presidente le preocupa mucho. Se puede favorecer, promocionar el uso del gallego en escritos judiciales. Pero siempre desde la promoción no desde la imposición.

Usted habla de una justicia virtual. ¿No es ciencia ficción en una Administración que adolece de falta de jueces?

Sí. No podemos olvidar la reivindicación continua frente a la Administración para que dote a la Justicia de personal e infraes tructuras necesarias. En Ourense, por ejemplo, tenemos una necesidad agobiante de un edificio judicial, pero en Ferrol también... Pero con las reformas previstas para la oficina judicial, el concepto que hasta ahora teníamos de juzgado va a desaparecer. Ahora tenemos juez, secretario y funcionario y con la reforma se le sacaría una carga de trabajo grandísima al juez, que se dedicaría a dictar sentencias y resoluciones y todo lo demás recaería en manos del secretario. Esto significa que varios juzgados podrían estar atendidos en una secretaría y se podrían crear más puestos de magistrados. La idea es que si las reformas se llevan a cabo ya podrían tener cabida las tecnológicas. La tendencia es ir hacia el expediente virtual, que desaparezca el papel. Ahora te da la risa, pero se sabe que será bueno en el futuro. Habrá unos años de desbarajustes, pero es a donde hay que llegar.

¿Pero cómo?

Para ello hay que hacer las mismas inversiones que se hacen en otras administraciones y que se convierta en prioridad política. El nuevo ministro se está moviendo en este sentido, pero, claro, aún no tenemos resultados. Yo siempre lo digo: es muy difícil solucionar la administración de justicia porque confluyen tres poderes: Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas. Mandan tres y hay colisión de intereses. En Galicia, hay una paradoja perversa. Quien pone el dinero para la dotación de juzgados es la Xunta pero no tiene poder de decisión para establecer dónde se crean. Y si a esto le añades que los gobiernos autonómicos saben que aunque pongan todo de su parte malamente van a arreglar el problema, pues optan por solucionar otros. La justicia no da votos. Ahora bien, si los políticos se toman en serio un problema, aparece el dinero. Si hay voluntad, se arreglará.

¿La mejora del turno de oficio pasa por más dinero para ustedes?

Hay que hablar de un turno de oficio digno. Y si tu trabajas, quieres cobrar. Pedimos retribuciones que se acerquen a las de otras comunidades históricas. ¿Por qué en el País Vasco un abogado cobra por el turno muchísimo más?

Creo que hasta el doble.

En algunos casos. Hay conceptos en que estamos muy igualados, pero en otros muy por debajo. También nos gustaría un seguro de responsabilidad civil para abogados del turno de oficio... Hablo de dignidad. No puede ser que por asistir a una víctima de violencia, que puede llevarte dos días entre comisaría y juzgado, se cobre 120 euros. Nosotros estaríamos dispuestos a someternos a la libre designación por parte del ciudadano. Sin olvidar que estamos sometidos a distorsiones burocráticas en penal por las que el abogado no llega a cobrar asistencias de gente a la que le viene denegada la asistencia gratuita y que podría solucionarse si se aplicase el nuevo reglamento. La ley de asistencia de justicia gratuita es necesario reformarla y hacerla más coherente. Si en los procesos civiles, contenciosos se restringiera el acceso al abogado de oficio, ese dinero podríamos ponerlo en penal, que es donde la Constitución exige la presencia de un abogado.

¿La crisis beneficia o perjudica al abogado?

Hay más pleitos, pero no se gana más dinero. Hay muchos concursos de acreedores ahora mismo pero si no hay ‘cash’ el abogado tampoco cobra.

¿Llegan muchas quejas al colegio de clientes cabreados?

Somos unos 800 y tenemos unas 40 al año. Un proporción muy digna si tienes en cuenta que en esa cifra están incluidas peticiones de información. Las reclamaciones (siniestros) como tal no llegan a 10 y no son relacionados con el turno.

Fuente:www.laregion.es

ALICANTE. Los Tribunales reciben las primeras demandas relacionadas con la Ley de Dependencia.

Los tribunales reciben los primeros recursos por la Ley de Dependencia .El Consell rechaza pagar el nuevo turno de oficio para asesorar a perjudicados.Los abogados alicantinos han atendido ya a unos 200 beneficiarios de ayudas.

MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE

Sólo era una cuestión de tiempo. La Generalitat debe comenzar a responder desde ya en los tribunales de sus acciones y omisiones en la gestión de la Ley de Dependencia. El Colegio de Abogados de Alicante (Icali) ha tramitado recientemente dos recursos de lo Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Conselleria de Bienestar Social a reconocer el derecho a la prestación desde el momento de la solicitud, según la responsable del Turno de Oficio, Lydia García Olcina, y la letrada Paloma Cascales.

Éstas son las primeras demandas judiciales que se interponen desde la provincia contra el Gobierno valenciano por la aplicación de dicha ley. Son las primeras por varias razones, pero principalmente porque hasta ahora se habían producido escasas resoluciones. Y las dictadas han sido estimatorias, referidas en su mayor parte a personas que ya cuentan con plazas en residencias privadas o concertadas; ninguna o prácticamente ninguna sobre prestaciones a familiares de dependientes o al reconocimiento del nivel o grado de minusvalía de los beneficiarios.

El Icali cuenta con un turno de oficio especializado en el que una docena de letrados ha prestado asesoramiento legal gratuito a unas doscientas personas en los últimos tres meses sobre esta materia. Estos abogados, auténticos «voluntarios» según Cascales, que les coordina, se están topando con «casos horrorosos», como familias que tienen entre sus integrantes hasta tres personas dependientes y «no han cobrado nada desde hace un año y medio».
En más de un 80% de los casos, la Conselleria no ha resuelto el grado y el nivel de minusvalía que tienen los solicitantes ni les ha comunicado por consiguiente el PIA (Programa Individual de Actuación), la propuesta de servicios (teleasistencia, plaza en un centro de día, etc.) y prestaciones económicas que la Generalitat les ofrece.

Por si eso fuera poco, el Gobierno valenciano sólo reconoce las ayudas a partir de esa declaración del PIA, y no, como se recoge en la Ley de Dependencia, desde la primera solicitud.
Ese polémico criterio ha llevado a los abogados, una vez agotada la vía administrativa, a presentar los primeros contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Lógicamente, dada la juventud de la nueva legislación, no existe jurisprudencia en toda España sobre ella. La habrá probablemente dentro de dos años si antes el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre otra medida del Consell que ha levantado airadas críticas entre los afectados: considerar negativo el silencio administrativo en todas las solicitudes tramitadas a partir del 2008 que no hayan obtenido respuesta. El Defensor del Pueblo ha promovido el recurso de amparo contra esa decisión, incluida por la puerta trasera de la Ley de Presupuestos del pasado año.

La desesperación, mientras tanto, cunde en los beneficiarios de la ley que residen en la Comunidad Valenciana, la que menos la está aplicando junto con Madrid. Las plataformas ciudadanas constituidas para defender estos nuevos recursos sociales han celebrado recientemente concentraciones de protesta y homenaje a los 6.000 dependientes que, según sus cálculos, han fallecido mientras esperaban el reconocimiento de las ayudas.

Cascales opina que existe base jurídica para que sus familiares reclamen ahora esas prestaciones, «pero hay que lucharlo en los tribunales». Además, destaca la colaboración del Icali, su Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y sus delegaciones locales en este turno de oficio especializado, que la Conselleria de Justicia no quiere sufragar con el argumento de que los recursos de alzada no requieren abogado.

«Eso genera indefensión porque es gente lega en derecho y no se puede reclamar de ante un juez lo que no se ha reclamado antes a la Administración», lamenta García Olcina.
Fuente:www.laverdad.es

GALICIA. RIBEIRA. Los Letrados del Tuno de Oficio se dan de baja

Los letrados del turno de oficio de Ribeira se dan de baja en protesta por la pasividad de la Xunta. La delegada colegial dice que la Administración no tiene interés en que funcione.

Autor:A. Gerpe.Fecha de publicación:10/5 /2009

De los 28 letrados del turno de oficio en el partido judicial de Ribeira, 26 se han dado de baja de forma voluntaria y colectiva en protesta, según afirmó la delegada colegial de Ribeira, Fernanda Álvarez, por la pasividad de la Xunta para solucionar los problemas que desde hace tiempo afectan a la prestación de este servicio.

Los abogados barbanzanos han adoptado esta decisión después de que el Consello da Avogacía Galega declarase la nulidad de los acuerdos tomados por el órgano colegial coruñés sobre el mantenimiento de la huelga en el turno de oficio. El Consello da Avogacía Galega ordenó al colegio que reanudase la prestación del servicio porque se estaba vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, los profesionales del partido judicial ribeirense se mantienen firmes en su postura y se niegan a prestar servicio, motivo por el cual presentaron su baja. La delegada colegial en el área ribeirense afirmó que la decisión se toma «en línea coherente con lo sucedido hasta ahora». Además, dice que se trata de una medida con la que se pretende dar una llamada de atención a la Xunta, que es la responsable de garantizar el beneficio de justicia gratuita.

La letrada Fernanda Álvarez subraya: «Existe nulo interés por parte de la Administración en solucionar el problema, cuando es la responsable de que funcione adecuadamente. Nos cargan a nosotros con el peso del servicio y eso no es justo, ni es conforme a derecho».

Los primeros

Los abogados del partido judicial de Ribeira fueron los primeros de la provincia que, hace dos años, se dieron de baja colectiva en el turno de oficio porque no se les pagaban sus honorarios y, además, se les obligaba a investigar la situación patrimonial de los asistidos. Algunos de ellos ya no han vuelto a incorporarse nunca más.

La delegada colegial asegura que la actual situación es insostenible «y nos obligan a reanudar el servicio». Afirma que son las cuotas que pagan los letrados las que permiten mantener los gastos del colegio y califica de «inconcebible» que no se afronte el problema.

Según explicó, los letrados continúan sin cobrar los honorarios correspondientes al último cuatrimestre del pasado año.

Los profesionales se quejan porque con el anterior Gobierno de la Xunta no se adoptaron medidas tendentes a resolver los problemas que tienen los abogados del turno de oficio y porque el actual tampoco ha adoptado ninguna medida tendente a subsanar las deficiencias. Al parecer, los nuevos responsables de la Administración autonómica no han solicitado ningún encuentro con el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, que, por cierto, presentó un recurso contencioso contra el acuerdo del Consello da Avogacía.

Fuente:www.lavozdegalicia.es