MADRID. 6.000 funcionarios segundan los primeros paros de la Justicia.

Casi 6.000 funcionarios de Justicia de Madrid secundan los primeros paros.

Publicado el 17-02-2009 , por Expansión.com

La huelga iniciada este lunes por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña ha obligado a suspender este lunes más de 2.000 actuaciones judiciales en la región. Los sindicatos cifraron el seguimiento del paro en un 81,32%, mientras que la Consejería que dirige Francisco Granados lo rebajó a un 40,9%.

Un momento de la asamblea de empleados de Justicia de la Comunidad de Madrid ayer en el salón de actos de CC.OO. EFE

Motivados por la "inacción" del Gobierno regional para mejorar "el crítico estado" de los tribunales de Madrid, los empleados públicos alternarán 15 días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión. Aspiran a forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.

Un 85% de los juzgados contará durante estos días con servicios mínimos. En el caso de órganos unipersonales, cada juzgado dispondrá de un gestor, un tramitador y un auxiliar. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán los únicos que cuenten con la plantilla habitual de funcionarios.

Los funcionarios protestan por las políticas restrictivas del Gobierno regional en materia económica y de personal y el incumplimiento del convenio

La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.

"La situación es penosa. La Comunidad es la única responsable del mal estado de la Justicia madrileña", declaró ayer a Europa Press la portavoz de UGT, Ana García, a las puertas de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, donde los funcionarios realizaron una pitada por las plantas de la sede judicial. La sindicalista insistió en que sus demandas van más allá de lo económico: "incrementos de plantilla en los Juzgados, regularización de los contratos de refuerzo, revisión de las guardias de la periferia, el establecimiento de una bolsa de interinos en condiciones, etc".

Corte de la Gran Vía
En la jornada de paro del martes, cientos de funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid obligaron a cortar la calle Gran Vía, a la altura del número 18. Los sindicatos han cifrado en un 80% el seguimiento del paro en este segundo día de huelga, mientras que la Consejería de Presidencia y Justicia lo rebajó a un 38,66%.

La manifestación convocada l martes ha recibido el respaldo mayoritario de los empleados públicos, que coreaban repetidamente: "Ea, ea, ea, la Justicia se cabrea". "Sí al acuerdo, no al colapso judicial. Señor Granados, quien no cumple lo firmado, a la Justicia ha estafado", rezaba una de las pancartas reivindicativas alzadas por los huelguistas. Un amplio dispositivo policial acordonaba el perímetro de la marcha.

Granados cree que los funcionarios deben tomar conciencia de la situación gravísima de crisis económica y del descenso de la recaudación

Los sindicatos acusaron a Granados de engañar a los trabajadores y a la opinión pública por sus "anuncios falsos" de convocar la mesa de negociación. "No vamos a consentir que Granados y el Gobierno regional mienta", aseguró la representante de CC.OO, Felicidad López, quien recordó que el acuerdo incumplido contemplaba mejoras fundamentales para mejorar la administración de Justicia.

Los sindicatos reprocharon al Gobierno regional que sea la única Administración que se escude en la crisis económica para desmarcarse de los acuerdos económicos alcanzados en 2007. "La Comunidad de Madrid es la única autonomía que se agarra en la crisis para sustentar el incumplimiento de los acuerdos sobre la Administración de Justicia", denunció el portavoz de CC.OO., Fernando Buendía.

La huelga irá acompañada de concentraciones diarias, a las 8.30 horas, a las puertas de las principales sedes judiciales de Madrid, como los Juzgados de Plaza de Castilla, la Audiencia Provincial de Madrid y el Registro Civil de la calle Pradillo, entre otras. Además, los sindicatos celebrarán hoy una Asamblea en la sede de CC.OO. para informar a los empleados públicos de las movilizaciones que se realizarán cada día.

Promesas incumplidas
Entretanto, Granados se comprometió a que los funcionarios recuperen "en el futuro" la pérdida económica que sufran este año con motivo de la rebaja de la oferta salarial, ajustada a la crisis económica, que realiza su departamento respecto a los acuerdos firmados en diciembre de 2007. Granados anunció que se reunirá durante esta semana con los sindicatos para desbloquear las movilizaciones.

"El Gobierno regional ha hecho una oferta un poco inferior con la acordada. La oferta es razonable. Los funcionarios deben tomar conciencia de la situación gravísima de crisis económica que atraviesa España y del descenso de la recaudación que se ha producido", recalcó Granados, quien garantizó que "la pérdida que se produzca este año de lo inicialmente pactado se recuperará en el futuro".

Aludía a la rebaja de la oferta salarial que se ha acordado en las negociaciones que se mantienen respecto a lo contemplado en el convenio que se fraguó el 11 de diciembre de 2007 entre el ex consejero Alfredo Prada y los sindicatos. El incumplimiento de los acuerdos ha llevado a los funcionarios a secundar una nueva huelga de carácter indefinido, en la que se alternarán 15 días de paro y una semana de trabajo. La huelga se cumplimenta con piquetes en las sedes judiciales y concentraciones a lo largo de la semana frente a la sede de la Consejería, el Gobierno regional y el PP nacional.

Así, Granados emplazó al colectivo a que "renuncien a una parte de la subida del complemento" pactada con Prada en 2007 para reconducir la situación. "En este momento no podemos asumir esa carga económica", aseveró el consejero en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), momentos antes de reunirse con el decano de los abogados, Antonio Hernández-Gil, para afrontar el otro frente abierto por las protestas de los abogados del turno de Oficio.

Fuente. www.expansión.com

MADRID. El Turno de Oficio mantendrá sus movilizaciones.

El Turno de Oficio de Madrid mantendrá sus movilizaciones hasta que se materialice la propuesta de Granados. Los abogados decidirán esta noche durante un encierro si se suman a la huelga de jueces del 18 de febrero.

Redacción / EP

El Turno de Oficio mantendrá sus movilizaciones hasta que el Ejecutivo autonómico materialice la propuesta planteada hoy por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil. Los abogados se mostraron escépticos ante "el curioso" y "repentino" cambio de postura de Granados horas antes del encierro que mantendrá esta noche el colectivo como pistoletazo de salida a sus protestas.

Cerca de 1.000 letrados se amotinarán durante doce horas en la sede del ICAM para escenificar su hartazgo ante las precarias condiciones que soportan para desarrollar este servicio público. Durante el encierro se celebrará una Asamblea Permanente para organizar las movilizaciones que se celebrarán en los próximos días. Se baraja la posibilidad de que se sumen a la huelga de jueces convocada para el 18 de febrero con el fin de trasladar la idea de que en la Justicia están implicados todos los operadores jurídicos.

Escoltados por dos pancartas que rezaban: "Por un Turno de Oficio al Servicio de la Ciudadanía" y "Por el modelo actual de la Justicia Gratuita", los portavoces de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), de la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM) y de la Asociación Libre de Abogados (ALA) rechazaron, en rueda de prensa, la oferta de Granados que definieron como "una declaración programática de intenciones" plagada de "vaguedades".

"Hasta que la propuesta no se concrete en hechos y se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), las movilizaciones se mantendrán", aseveró el presidente de ALTODO, Santiago Luengo, quien desveló que las conversaciones mantenidas entre el decano y el consejero le suscitan "ciertos recelos" debido a "la falta de sensibilidad" mostrada hasta ahora por parte del Gobierno regional.

PROMESAS DEL CONSEJERO
En la reunión, Granados se comprometió a abonar "en breve" los retrasos de las cantidades devengadas el pasado año por sus servicios, que ascienden a una deuda de más de 24 millones. Y adelantó que su Consejería establecerá "los mecanismos presupuestados necesarios" para que en 2009 las cantidades se paguen con regularidad, con miras a que la situación no vuelva a repetirse.

Además, el consejero y el decano negaron que el Gobierno regional quiera privatizar el servicio de justicia gratuita, puesto que debe prestarlo por Ley el Colegio de Abogados. En cambio, los abogados siguen pensando que "las maniobras" realizadas en los últimos meses por el Gobierno regional fundan sus sospechas. "Existe una voluntad política de restringir el derecho de defensa", recriminó María Jesús Díaz Veisa, portavoz de ALA.

El principal punto de discordia entre los abogados y la Comunidad se refiere al acuerdo de extranjería de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado el pasado 28 de noviembre. El convenio, que entró hoy en vigor, establece como obligación que los extranjeros acrediten con documentos su situación económica para acceder la servicio de justicia gratuita.

Por un lado, Granados cree que el derecho a la tutela judicial efectiva no debe hacer distinciones entre españoles y extranjeros, mientras que los abogados de Oficio opinan que no se puede comparar "la situación jurídica de un sin papeles con la de un español". "A los extranjeros se les va a freír a una burocracia absurda que no podrán rellenar", aseveró Luengo. "El ciudadano extranjero quedará indefenso y los abogados nos quedaremos sin cobrar", añadió

Según una nota difundida hoy por el Colegio, el ICAM y la Comunidad "abordarán conjuntamente el estudio del acceso a la Justicia de los ciudadanos extranjeros, sin merma de su derecho de defensa en el contexto de reforma de la Ley de Extranjería y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

DEUDA DE LA COMUNIDAD
El encierro que llevarán a cabo los abogados forma parte del plan de movilizaciones pactado por las tres asociaciones que representan al colectivo para forzar a las Administraciones a implantar medidas urgentes que mejoren sus condiciones de trabajo, especialmente en el ámbito retributivo. La principal medida de presión acordara es la renuncia de las guardias penales a partir de marzo.

Las movilizaciones se producen como protesta al impago de la Comunidad de sus honorarios, una deuda que asciende a los 24 millones de euros. La Comunidad de Madrid aprobó hace dos semanas un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del colectivo de 2009. Por tanto, la deuda se pagará a cargo de los presupuestos previstos para este año, lo que provocará que la situación de impago se vuelve a repetir.

Ésta es la principal queja que sustenta la convocatoria de renuncia de las guardias penales a partir del próximo marzo. Las asociaciones han preparado un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones y encierros.

Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.

Fuente:www.diariosigloxxi.com

MADRID. El Turno de Oficio convoca una manifestación el 3 de marzo en defensa del modelo de Justicia Gratuita.

El Turno de Oficio convoca una manifestación el 3 de marzo en defensa del modelo actual de la Justicia Gratuita.

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones que representan al Turno de Oficio convocaron hoy una manifestación para el próximo 3 de marzo en la sede de la Presidencia, Justicia e Interior en defensa del modelo actual de la asistencia jurídica gratuita ante "las maniobras" de la Comunidad de Madrid de privatizar el servicio a favor de prestigiosos despachos profesionales.

Los abogados se encerraron anoche en la sede del Colegio de Abogados de Madrid tras el intento fallido del decano Antonio Hernández-Gil y del consejero Francisco Granados de desconvocarlo. El encierro estaba encaminado a organizar las movilizaciones que emprenderán los próximos días.

Las propuestas fueron conducidas por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), de la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM) y de la Asociación Libre de Abogados (ALA).

En un comunicado, las asociaciones se opusieron a la privación "de facto" del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que afecta especialmente a los colectivos más desprotegidos de nuestra sociedad.

Asimismo, exigieron el abono íntegro de las remuneraciones adeudadas, con sus correspondientes intereses, y la actualización de los baremos desde el año 2003.

El colectivo seguirá adelante con las propuestas hasta que no se dejen sin efecto los acuerdos y resoluciones adoptados por la Comunidad que privan a los extranjeros del derecho a la asistencia jurídica gratuita y derivan al sector privado la prestación del Servicio de Orientación jurídica a personas mayores.

Fuente: www.europapress.es

MADRID. Los Abogados del Turno de Oficio se encierran.

Madrid, 16 feb (EFE).- Los abogados de turno de oficio se han encerrado esta tarde en el Colegio de Abogados de Madrid para reivindicar el pago de los atrasos por el trabajo realizado en 2008, que asciende a 27 millones de euros.

Los portavoces de las asociaciones de abogados, ALA, María Jesús Díaz; APAEM, Raquel González, y ALTODO, Santiago Luengo, han informado en rueda de prensa de que acogen con "escepticismo" los acuerdos alcanzados hoy entre el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil.

Granados afirmó en la reunión de esta mañana que la Comunidad de Madrid tiene "la sana intención" de pagar lo que debe y no va a privatizar el servicio de atención jurídica gratuita.

Las tres asociaciones coinciden en que es "mucha casualidad" que precisamente la reunión haya tenido lugar hoy, cuando estaba convocado el encierro, y en que no darán marcha atrás en sus medidas de presión hasta que "la declaración de intenciones" no se materialice en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Luengo ha subrayado que todavía no han visto "ni un céntimo", a pesar de que la Comunidad de Madrid aseguró el pasado 29 de enero que había librado 29 millones de euros para pagar lo que debe a los abogados del turno de oficio.

Según ha indicado el portavoz de ALTODO, lo que la Comunidad de Madrid ha ideado es pagar lo que debe de 2008 con lo presupuestado en 2009, lo que implica que una vez pagada la deuda sólo quedarían 400.000 euros para un servicio que necesita aproximadamente 40 millones de euros.

Luengo también se ha quejado de que el mismo día 29 de enero, la Comunidad de Madrid prometió que iba a devolver "íntegramente" todo el dinero, pero ahora les ha comunicado que de momento sólo va a pagar lo correspondiente a los trabajos del segundo y tercer trimestre de 2008.

En relación con la actualización de los baremos con el IPC, que llevaban congelados desde 2003, Luengo ha felicitado al decano por haber conseguido esa "histórica reivindicación" esta mañana en su reunión con Granados y, según ha dicho, espera que a partir de ahora esa actualización se haga automáticamente para que "los abogados no vuelvan a perder poder adquisitivo".

María Jesús Díaz ha destacado que el encierro no se debe a simples reivindicaciones salariales, sino que responde a un problema de fondo que es "la estrategia perfectamente diseñada y calculada" de la Comunidad de Madrid de "privatizar un servicio público más", como es la asistencia jurídica gratuita.

Respecto al acuerdo de extranjería firmado entre la Comunidad de Madrid y la Comisión de Justicia Jurídica Gratuíta, que priva a asistencia jurídica gratuita a los extranjeros que residen ilegalmente en España, la portavoz de APAEM ha renunciado a la posibilidad a abordar el tema, como han acordado Granados y Hernández-Gil, y ha pedido su "anulación".

En este sentido, González ha recordado que el Colegio de Abogados en su día impugnó el acuerdo de extranjería, por lo que no entiende "a qué tipo de acuerdo va a llegar con la Comunidad de Madrid, si ya está postulándose al recurrir".

Fuente:www.ecodiario.eleconomista.es

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MADRID. Los Abogados de Oficio se encierran

B. JIMÉNEZ - Madrid - 17/02/2009.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se reunió ayer por la mañana con el decano del Colegio de Abogados, Antonio Hernández-Gil, y afirmó que pagará lo que se debe a los abogados del turno de oficio "en breve". Por la tarde, esos mismos abogados, escépticos y recelosos ante el "repentino" cambio de postura del consejero, decidieron mantener el encierro previsto para la noche. "Nos llama la atención que sea precisamente hoy, cuando estaba anunciado el encierro. Lo mantenemos porque son sólo declaraciones de intenciones", afirmó María Jesús Díaz, de la Asociación Libre de Abogados.

La cita para el encierro era a las ocho, en el Colegio de Abogados. Entonces, el decano explicó a los letrados que se preparaban a pasar la noche allí -unos 400, según María Jesús Díaz- lo hablado con Granados. Les comunicó una "mayor predisposición" del consejero en los temas de conflicto: los 24 millones de euros que se les adeudan, el acuerdo de extranjería de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado el pasado 28 de noviembre y lo que los abogados consideran "privatización" del servicio de orientación jurídica de mayores, que ha salido a concurso público.

La Comunidad aprobó hace dos semanas un presupuesto de 29 millones para pagar a los abogados en 2009. "Pero no hemos recibido ni un euro", se lamentó ayer Santiago Luengo, de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno. "Pero si nos lo pagan con un presupuesto extraordinario, enseguida estaremos otra vez sin dinero". Durante el encierro, que estaba previsto hasta las ocho de la mañana de hoy, los abogados celebraron una asamblea para comentar las propuestas de la Comunidad y decidir futuras protestas.

Fuente:www.elpais.com

MADRID. Suspendidas 1.200 actuaciones judiciales.

Los funcionarios de Justicia y abogados de oficio comienzan los paros

17 Febrero 09 - R. M.

Madrid- La huelga iniciada por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña obligó ayer a suspender más de 1.200 actuaciones judiciales en la región. La Consejería de Justicia cifró el seguimiento del paro en un 40.9 por ciento, mientras los sindicatos lo fijaron en un 81,32. Los empleados públicos alternaron desde ayer quince días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión, y que irá acompañada de concentraciones diarias. Por su parte, los abogados del turno de oficio se encerraron ayer por la tarde en el Colegio de Abogados de Madrid para reivindicar el pago de los atrasos por el trabajo realizado en 2008. Los trabajadores de la Justicia protestan por la mala situación de la administración en Madrid que achacan directamente a la gestión de la Comunidad de Madrid que, sin embargo, asumió las competencias en materia de justicia no hace demasiado tiempo, en julio de 2003. El titular de la Consejería de Justicia de Madrid, Francisco Granados, se comprometió ayer a que los funcionarios recuperen «en el futuro» la pérdida económica que sufran este año con motivo de la rebaja de la oferta salarial, ajustada a la crisis económica, que realiza su departamento respecto a los acuerdos firmados en diciembre de 2007. Granados adelantó que hoy tiene previsto reunirse con los sindicatos para desbloquear las movilizaciones. «El Gobierno regional ha hecho una oferta un poco inferior con la acordada. La oferta es razonable. «Los funcionarios deben tomar conciencia de la situación gravísima de crisis económica que atraviesa España y del descenso de la recaudación que se ha producido», recalcó Granados, quien garantizó que «la pérdida que se produzca este año de lo inicialmente pactado se recuperará en el futuro». Esta semana se presenta complicada para la Justicia ya que a los paros de los funcionarios y los abogados del turno de oficio hay que sumar la jornada de huelga que los jueces madrileños han fijado para mañana, en este caso contra el Ministerio de Justicia.

Fuente:www.larazon.es