JUSTICIA GRATUÍTA: DERECHO Y VOCACION.
Lunes, 19-01-09.
La Constitución Española consagra en el Capítulo II del Título I el derecho a recibir justicia como uno de los derechos fundamentales del ciudadano. El artículo 17 habla de la «garantía de la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales», y el artículo 24 recoge explícitamente el derecho «a la defensa y a la asistencia de letrado». Si aplicamos a estos derechos el principio de igualdad de los ciudadanos sin discriminación que recoge el artículo 10, queda legitimada constitucionalmente la asistencia jurídica gratuita, un servicio público prestado con grandes dosis de vocación por parte de los profesionales de la abogacía y que garantiza un derecho esencial de todo Estado democrático, sin el cual no sería posible el ejercicio del resto.
Lunes, 19-01-09.
Francisco Real Cuenca. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
La Constitución Española consagra en el Capítulo II del Título I el derecho a recibir justicia como uno de los derechos fundamentales del ciudadano. El artículo 17 habla de la «garantía de la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales», y el artículo 24 recoge explícitamente el derecho «a la defensa y a la asistencia de letrado». Si aplicamos a estos derechos el principio de igualdad de los ciudadanos sin discriminación que recoge el artículo 10, queda legitimada constitucionalmente la asistencia jurídica gratuita, un servicio público prestado con grandes dosis de vocación por parte de los profesionales de la abogacía y que garantiza un derecho esencial de todo Estado democrático, sin el cual no sería posible el ejercicio del resto.
Un servicio, por otra parte, nada exento de complicaciones, ya que los abogados del turno de oficio, aquellos que dedican su tiempo y su esfuerzo a convertir la justicia en un derecho para todos, deben enfrentarse a los escollos de la escasa - y a menudo tardía- remuneración de su trabajo, así como a la lentitud de los procedimientos por la falta de medios o por los límites de la normativa vigente, cuando no a la desidia de las administraciones competentes por agilizar los procedimientos en beneficio del justiciable.
A pesar de las dificultades y de los nuevos retos que nos plantea el progreso de una sociedad democrática como la nuestra, los abogados valencianos siempre hemos estado a la vanguardia en la prestación de este servicio ciudadano. Sensibles hacia la situación de los desfavorecidos, luchamos hace siglos por la creación del turno de oficio, con letrados que comenzaron a involucrarse en la defensa de colectivos vulnerables, porque entendieron que la justicia es un derecho de todos.
Hoy, algunos de los colectivos más indefensos son nuevos -mujeres maltratadas, inmigrantes, personas discapacitadas- pero nuestra respuesta es la misma: luchar por una defensa de calidad, racionalizando la asignación de los casos, formando al letrado en las materias específicas del turno de oficio y garantizando la mejor asistencia al defendido. Me siento orgulloso de estar al frente de un Colegio inquieto, comprometido e independiente, pionero en la creación de nuevas secciones en el turno de oficio y claramente activo en la mejora de este servicio. Prueba de ello es que fuimos el primer colegio de abogados de toda España en incorporar el turno de violencia doméstica, y actualmente estudiamos crear nuevas secciones adaptadas a nuevas demandas sociales. La crisis económica, un tema de actualidad ineludible en estos días, nos genera nuevos retos. Ciudadanos cuyos recursos disminuyen y se ven involucrados en pleitos judiciales acuden cada vez más al turno de oficio para defender sus intereses. En el último año, la media de casos por abogado rondó los 25 y hemos detectado un incremento de más del 40% en las designaciones de abogado en procesos civiles, cifra que nos hace reflexionar acerca del papel de la justicia gratuita en este escenario de crisis.
Por todo ello, comprometido como estoy con la idea de la justicia como servicio público, considero que el turno de oficio merece una atención más específica por parte de las administraciones central y autonómica. No más insolidaridad con aquellos cuya vocación por servir a los demás garantiza un derecho constitucional que de otro modo quedaría desprotegido. Mejorar la justicia gratuita es tarea de todos.
Fuente: ABC.es
Fuente: ABC.es