MADRID. Los extranjeros se quedarán sin asistencia jurídica gratuíta a partir del 16 de febrero.

MADRID, 3 Feb. 2009 (EUROPA PRESS) -

Las tres asociaciones que representan a los abogados del turno de Oficio criticaron hoy que los extranjeros en proceso de expulsión se quedarán sin asistencia jurídica gratuita a partir del próximo 16 de febrero por los impagos de la Comunidad de Madrid que adeuda entre 28 y 30 millones de euros a los abogados de oficio en concepto de los honorarios devengados en 2008.

En rueda de prensa en la sede del Parlamento regional, la secretaria general de la asociación de profesionales de abogados de extranjería, Luz Elena Jara, afirmó que "a partir del 16 de febrero los extranjeros que entren a través de fronteras en procedimiento de expulsión carecerán de asistencia jurídica gratuita" y destacó que así, se les "niega el derecho fundamental" a la asistencia jurídica gratuita. "En vez de asistentes jurídicos seremos letrados presenciales", apostilló.

En esta misma línea, se expresó María Jesús Díez de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que se opuso a la privatización de este servicio ya que supone la "vulneración del derecho de defensa a los más desfavorecidos, que es lo que está haciendo la Comunidad". Otra de las reivindicaciones la hizo Almudena Monge de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) que dijo que lo que se pagó a este colectivo fue una "indemnización" y no un pago.

Tras reunirse con ellos, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, explicó que hay varios "problemas " en la región con este sector, ya que los abogados de oficio "no cobran". "El Gobierno de Esperanza Aguirre mantiene una deuda de más de 28 millones de euros con el Colegio de Abogados de Madrid", afirmó y añadió que "el impago corresponde al retraso en la retribución de los honorarios devengados en 2008, del que sólo se ha abonado el 29 por ciento del segundo trimestre". "Esta falta de recursos afecta a 4.500 abogados del turno de oficio en nuestra Comunidad", apostilló.

Gómez dijo que el Ejecutivo regional "ha dado ahora la orden de liberar las cantidades correspondientes a 2008, con lo que en 2009 este servicio queda sin cobertura económica para garantizar este derecho fundamental". Así, tras defender el carácter público de este servicio, Gómez destacó que el Grupo Parlamentario Socialista llevará a cabo iniciativas parlamentarias como una Proposición no de Ley o preguntas al Gobierno.

Fuente: www.europapress.es

GIJÓN. Conflicto entre la Administración y los Abogados

Justicia afirma que el Consejo de la Abogacía pidió parar las protestas. Los letrados dicen que sólo se les recordó la necesidad de respetar los derechos de los ciudadanos «y lo estamos cumpliendo»

03.02.09 -I. V.| GIJÓN

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias volvió a mostrar ayer su desacuerdo con las movilizaciones de los abogados de Gijón y recordó que la entrada en vigor, el 1 de enero de 2008, del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, supuso hace un año un incremento medio del 30% en las retribuciones abonadas por la prestación de servicios en el turno de oficio. «Por mucho que digan que son los peor pagados, en Asturias nos movemos en un baremo medio. No son los que más cobran, pero tampoco los que menos», señalaron desde la Consejería.

Las mismas fuentes apuntaron que en los últimos 13 años las tasas abonadas por el turno de oficio han aumentado un 75% y criticaron que desde Gijón se consideren insuficientes unas cantidades «con las que en Oviedo, donde son más abogados, sí están satisfechos». Justicia destacó además que desde que el Principado asumió las competencias «la transferencia de los pagos se realiza cada tres meses, menos tiempo del que que tardaba antes el Estado en pagar sus servicios».

Por otra parte, desde el Gobierno regional señalaron que, en respuesta a una carta remitida por el Principado a finales de 2008, la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía, órgano ejecutivo superior de los colegios de abogados, acordó por unanimidad «instar al Colegio de Abogados de Gijón para que reanude el funcionamiento ordinario del servicio de asistencia letrada al detenido y turno de oficio». Según la Consejería, esta decisión fue adoptada el pasado 22 de enero y comunicada al Principado con fecha de salida del 26 de enero. «Pide a la junta de Gobierno del colegio que garantice la continuidad del turno de oficio en cumplimiento de la Ley de Asistencia Gratuita».

Sergio Herrero, decano del Colegio de Abogados, señaló sin embargo que el Consejo General de la Abogacía «sólo nos ha recordado la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos, aspecto que estamos cumpliendo».

Fuente; www.lavozdeavilés.es

GIJÓN. Los Letrados muestran su inquietud por las condiciones del Turno de Ofiico.

Los letrados muestran su «inquietud» por las condiciones del turno de oficio Exigen al Principado que les decargue de «trabajo administrativo» y eleve los honorarios hastas el 70%

02.02.09 -P. ALVEAR| OVIEDO

Gran parte de los abogados del turno de oficio de Gijón tienen pensando encerrarse esta noche en la sede colegial en su lucha por dignificar este servicio. Mientras se endurecen sus posiciones ante la Consejería de Justicia, los abogados del turno de oficio de Oviedo, si bien más calmados, muestran su creciente «inquietud».

«Hemos logrado una actualización de los honorarios del 30%, pero exigimos una subida del 70%. La consejería debe cumplir con lo que se comprometió», explicó el presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes, Pablo Luque. Los letrados llevan años pidiendo subidas de las minutas, con escaso éxito. Siguen cobrando tan sólo unos 200 euros por llevar un procedimiento de divorcio, mientras que perciben ente 900 y 1.200 euros por dirigir un caso penal o familiar desde sus despachos.

A los bajos honorarios se une la gran cantidad de trabajo que acumulan los letrados del turno de oficio (en Oviedo son más de 700 los profesiones encargados del servicio). La Consejería de Justicia «se comprometió a descongestionarnos del trabajo administrativo para que nos centremos en lo nuestro, la defensa», detalla Luque. Pero nada hay del asunto.

El resultado es que cuando una persona solicita la justicia gratuita y contacta con el letrado de oficio, éste debe «hacer mucho papeleo» para comprobar si el cliente realmente carece de recursos económicos para costearse un abogado particular. De este procedimiento, cree Luque, debería encargarse el Principado, porque tiene acceso a datos privados y lo haría con mayor celeridad.

El quid del asunto está en que después es una comisión del Principado la que valora si el cliente en cuestión era merecedor de la justicia gratuita. De no ser así, a veces el perjudicado es el propio abogado, que le ha defendido y, finalmente, se queda sin cobrar.

Estas son algunas de las cuestiones que la Agrupación de Abogados Jóvenes de Oviedo pretende que la Consejería de Justicia mejore. «En lo que sí se está esforzando es en pagar puntualmente», extremo por el que los letrados se movilizaron el pasado 2007, con la entrega de más de 300 firmas en el registro del Principado.

Fuente: www.elcomerciodigital.com

ALICANTE. Se crea un Turno de Oficio especial de dependientes.

20 abogados atenderán a los dependientes en Alicante.

R. LL. - Alicante - 03/02/2009

El Colegio Oficial de Abogados de Alicante ha habilitado un turno de oficio específico dirigido a las personas dependientes en el trámite de las peticiones de ayudas en el marco de la ley de Dependencia. Este servicio jurídico, pionero en España, según aseguró el presidente del colegio, Mariano Caballero, está integrado inicialmente por 20 letrados. Los abogados atenderán a los afectados los miércoles y viernes, de 16.30 a 20.30 horas, en las dependencias del palacio de justicia de Benalúa. La iniciativa, que en principio costeará el colegio a la espera de que la Generalitat acuerde subvencionarla, surgió a petición de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, ante las dificultades que encontraban en el trámite previo de las peticiones de reconocimientos. "En Algunos aspectos los documentos y expedientes encierran elementos relacionados con el ámbito jurídico, de ahí que el asesoramiento cubra todo el proceso, incluso antes de la vía del contencioso-administrativo", explicó Caballero.

Fuente: www.elpais.com

CORUÑA. El Turno de Oficio se rebela.

Setecientos letrados dejaron ayer de prestar asistencia ·· El colegio coruñés dice que la Xunta les debe medio millón de euros y no puede dar el servicio ·· El paro coincide con la negociación de las nuevas retribuciones

NATALIA SEQUEIRO • SANTIAGO. 03/02/2009

Los ya saturados juzgados de Galicia se preparan para un mes caliente. A la anunciada huelga de jueces se suma ahora en A Coruña la protesta de los abogados del turno de oficio. Desde ayer han dejado de prestar la asistencia gratuita "a no ser que la cuestión no admita demora", afirma Roberto Rodríguez, portavoz del Colegio de Abogados de A Coruña. Los letrados aseguran que no están en huelga, sino que han suspendido el servicio simplemente porque no tienen fondos para mantenerlo. La Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Xustiza, aseguran, les debe medio millón de euros.

Aunque la Administración paga a los abogados unos honorarios por atender el servicio público, el colegio coruñés afirma que desde hace dos años todos los gastos de infraestructura -llamadas telefónicas, correo, transportes, equipos informáticos- salen de su propio bolsillo. "Hemos anticipado el dinero, y no podemos seguir adelantándolo", subraya Roberto Rodríguez. El paro, que tiene carácter indefinido, es secundado por los 700 letrados de oficio del partido judicial de A Coruña. El malestar de los abogados por el turno de oficio no es nuevo. El año pasado, los letrados de Ribeira se dieron de baja en la prestación del servicio en varias ocasiones por problemas de remuneración. "De media cobramos un 20 o un 25% de lo que sería el precio normal", indica Roberto Rodríguez, quien considera "desfasados" los importes que les abona la Xunta. Además de una mejora económica, el colegio profesional plantea otro tipo de reivindicaciones, como mejoras en los juzgados. "En algunos es imposible que no haya comunicación visual entre la víctima y el agresor", subraya Rodríguez.

El paro llega en medio de la negociación de los colegios de abogados del nuevo baremo de retribuciones. Presidencia indicó ayer que espera cerrarlo la próxima semana y que cuenta con el respaldo de todos los colegios menos el de A Coruña.

El decano de Santiago, Evaristo Nogueira, asegura que no secundarán el paro, ya que la propuesta de la Xunta es bastante "beneficiosa". Sin embargo, Nogueira muestra su "malestar" por los retrasos de la Xunta en el pago de los gastos de infraestructura.

RESPUESTA

Presidencia lo ve garantizado

El turno de oficio está garantizado pese a la huelga. Este es el mensaje que ayer lanzó la Consellería de Presidencia a través de un comunicado de prensa. "Aunque los miembros del Colegio de Abogados de A Coruña estén de huelga o en paro, este organismo tiene que establecer las formas de estructurar y cubrir los correspondientes turnos", indicó Presidencia.

Según la Xunta, los abogados deben cubrir tanto la asistencia al detenido como los casos de la jurisdicción penal. "El incumplimiento de estas medidas puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias", avisó la Consellería.

El departamento de José Luis Méndez Romeu indica que en 2009 destinará a la asistencia jurídica gratuita 8,5 millones de euros, lo que supone 250.000 euros más que en 2008. El total de lo destinado para 2009 supone un incremento de más de 25% respecto a 2005 (6,4 millones) .

Fuente:www.elcorreogallego.es

MADRID. El Colegio de Abogados de Madrid teme que se privatice el Turno de Oficio.

El Colegio de Abogados de Madrid y asociaciones alertan de que la salida a concurso del asesoramiento a mayores puede ampliarse a la de la justicia gratuita de los extranjeros y no descartan que abra la puerta al turno de oficio.

Las asociaciones de letrados de Madrid están convencidas de que la Comunidad de Madrid (CAM) va a privatizar el turno de oficio. El l Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) lo teme. Ya lo ha hecho con el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores (SOJ). Alertan de que se prepara el de Extranjería y, en último término, de todo el turno. Además, la CAM les adeuda dinero de justicia gratuita, y el hecho de que la partida de 2009 se vaya a quedar muy reducida porque se ha destinado a pagar lo que se debía de 2008 no presagia un futuro claro para el turno de oficio.

En cuanto a Extranjería, aseguran que se intenta debilitar el derecho del inmigrante a la asistencia y se imposibilita que el abogado de oficio lo ofrezca, con las trabas que impone el artículo 22 bis del Anteproyecto de Ley de Extranjería.

Las asociaciones han acordado hacer huelga el 1 de marzo, impugnar el acuerdo de extranjería y el la privatización del servicio de mayores. Mª Jesús Díaz Veiga, portavoz de ALA (Asociación Libre de Abogados), se queja de la “inactividad del ICAM”.

Santiago Luengo, director de Altodo (Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno), exige que les paguen intereses y que actualicen los baremos de 2003. “El presupuesto es el mismo y las designaciones aumentan un 6%”, recuerda. Luz Elena Jara, secretaria de Apaem (Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid), cree que la CAM empieza por Mayores y Extranjería e irá privatizando otros sectores.

“Estamos en absoluto desacuerdo con la privatización del SOJ que ha emprendido la CAM. Si no rectifica, impugnaremos el concurso público”, asegura Antonio Hernández-Gil, decano del ICAM. “Alegan que lo exige la nueva Ley de Contratos del Sector Público, lo que no es cierto. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dice que le corresponde al colegio darlo, que es parte de la asistencia jurídica gratuita”, añade.

Antonio Hernández-Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Además, apunta, el ICAM tiene “varios acuerdos similares con la CAM que sí se han firmado”. Así, reconoce, “podrían esgrimir el mismo argumento para privatizar otros servicios de justicia gratuita”. Hernández-Gil explica que el ICAM “no tiene constancia absoluta de que la CAM vaya a privatizar el turno de oficio”, pero sí reconoce que “están confluyendo varias actuaciones de la CAM muy preocupantes”.

Por ejemplo, el convenio suscrito entre la CAM y la fundación Cremades & Calvo-Sotelo para formar a inmigrantes en el sistema jurídico español en el que participarían grandes bufetes. “No pueden dar asistencia jurídica gratuita, espero que se limiten a informar”, responde.

Para Hernández-Gil, “lo más grave es la situación económica: la CAM ha autorizado pagar lo que tiene pendiente de 2008: el 72% del segundo trimestre, el tercer y el cuarto, unos 24 millones.

En cuanto a la amenaza de las asociaciones de presentar una moción de censura contra Hernández-Gil, lamenta que “se politice el asunto cuando la opinión de las asociaciones y de la Junta es la misma”. Y aduce que no puede “llevar la relación con la CAM de forma asamblearia”.

Y sentencia: “Tenemos un sistema de Justicia gratuita estupendo al que afectarían la privatización o la funcionarialización. Serían desastrosas, la actuación del abogado es libre e independiente”.

Fuentes de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia de la CAM cuentan que los acuerdos que preocupan a los abogados “dependen de distintas consejerías” y que si quisieran “privatizar” no habrían “aprobado la partida”.

Acuerdo para inmigrantes en Barajas
La Comunidad de Madrid y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita acordaron el pasado 28 de noviembre que los extranjeros que soliciten asistencia jurídica gratuita en el aeropuerto de Barajas no reciban dicho asesoramiento hasta que presenten, en un plazo de 15 días, una serie de documentos que, en la práctica, les obligan a volver a su lugar de origen e impiden dicha asistencia en último término. Hernández-Gil cree que se infringe el principio de tutela judicial efectiva. Aunque reconoce que el Colegio estaba “presente cuando se firmó el acuerdo”. Santiago Luengo, de Altodo, cree que la Comunidad, “en vez de esperar al cambio legislativo, ha acordado dificultar la entrada de extranjeros con este acuerdo”, que van a recurrir. Y Luz Elena Jara, de Apaem, señala que “el artículo 22 bis del anteproyecto de ley de extranjería da a entender que el turno se privatizará, pero parece que la CAM se adelanta”.

Fuente:www.expansión.com

GIJÓN. Los Abogados estamos siendo ninguneados por la Administración.

"Los abogados estamos siendo ninguneados por la Administración, y por eso luchamos". «La diferencia entre lo que cobra un letrado de la asistencia gratuita en Asturias y uno en el País Vasco puede llegar hasta un 80 por ciento».

JESÚS VILLA GARCÍA Vicedecano del Colegio de Abogados y presidente de la Comisión del Turno de Oficio.

R. GARCÍA. 02/02/2009. Jesús Villa es el encargado de guiar a los litigantes por un turno de oficio digno. El Colegio de Abogados le ha elegido, desde su puesto de vicedecano, para situarse como cabeza de cartel del grupo de trabajo que analiza el estado del servicio de justicia gratuita en otras provincias. Los letrados pertenecientes a esta comisión también deben analizar las medidas reivindicativas que tomarán los próximos días. Su deseo es que los ciudadanos conozcan sus propuestas y reivindicaciones y se solidaricen con ellas.

-¿Cuáles son las reivindicaciones de los abogados que colaboran con la justicia gratuita?

-Los abogados gijoneses queremos, entre otras cosas, que no aumente tanto la burocracia del turno de oficio. Antes no había tanto papeleo como ahora. También pretendemos que se nos remunere adecuadamente y que los abogados que estén inscritos puedan conseguir un concierto en el que se incluya la sanidad pública. Un servicio al que tienen derecho todos los españoles y que los abogados que trabajan para la Administración también deberían disfrutar.

-¿Cómo van las negociaciones?

-Exactamente igual que hace ocho meses, momento en el que comenzó el conflicto. No ha habido ningún tipo de acercamiento, ni intención, ni llamada por parte de la Consejería. Tan sólo hubo una reunión del nuevo director general de Justicia con el decano del Colegio de Abogados.

-Ahora se crea un grupo de trabajo...

-Ante la pasividad de la Administración hemos decidido, por una parte, darnos todos de baja del servicio del turno de oficio y, por otra, exponer nuestras justas reivindicaciones a través de varios frentes. Uno de ellos es la comisión y el otro está formado por una serie de actividades que intentan mostrar la situación ante la opinión pública con movilizaciones como el encierro de esta noche en la sala de togas.

-¿Cuál es el cometido de la comisión de trabajo?

-La comisión pretende cargarse de razón intentando demostrar tanto a la Consejería como a los ciudadanos de Asturias que nuestras reivindicaciones son justas y nuestra motivación no es sólo económica y no sólo social. Queremos que el turno funcione bien y sea un buen servicio.

-¿Cuáles son esas diferencias con los turnos de oficio de otras comunidades?

-Las diferencias salariales entre abogados del turno de oficio de Asturias y el País Vasco, por ejemplo, pueden llegar a situarse en un 80 por ciento. La Consejería ha vuelto a decir que aumentaría las tarifas en un 30 por ciento, pero si partes de una miseria y luego subes un poco la cantidad sigue siendo ridícula.

-¿Cuánto cobra un abogado del turno de oficio por un tema penal?

-Dependiendo del asunto un abogado que esté inscrito en el turno de oficio asturiano viene a cobrar, por algo de la vía penal, unos 180 euros, lo que en relación con los honorarios de mercado que hay en la comunidad sería un 70 por ciento menos. Es indudable que cualquier abogado que lleve un asunto de oficio utiliza el mismo tiempo y esfuerzo que si el asunto fuera privado y previo pago particular. Hay que intentar convencer a la ciudadanía de que no sólo pedimos dinero y que detrás de esta reivindicación hay un trabajo serio de muchos profesionales. Un trabajo que es constitucional como dicen los políticos y que, precisamente por eso, la valoración del trabajo no se corresponde con lo que hacemos.

-¿Cuál es la impresión que reciben de los ciudadanos?

-En un primer momento, notamos que había desconocimiento, que no sabían lo que estaba pasando. Una vez que conocieron la situación que vivíamos los abogados del turno, los ciudadanos mostraron en su mayor parte comprensión.

-¿Y cuál es vuestro sentimiento?

-Los abogados estamos siendo ninguneados por la Administración y debemos trabajar para que la situación mejore. Hay que dignificar el turno de oficio y para eso estamos luchando.

«Las negociaciones van igual que hace ocho meses, no ha habido ningún tipo de acercamiento»

«Un abogado de oficio cobra un 70 por ciento menos que si llevara el mismo caso por la vía privada»

«Los ciudadanos nos han mostrado su comprensión tras conocer la situación que vivíamos»

Jesús Villa García

Este letrado que lleva ejerciendo desde 1989 ocupa el cargo de vicedecano del Colegio de Abogados de Gijón. Desde la pasada semana es, además, el encargado de dirigir los esfuerzos de una comisión de trabajo que la institución colegial ha puesto en marcha para «cargar de razón» a los letrados que luchan por «dignificar» el turno de oficio, es decir, la asistencia de los letrados a las personas sin recursos económicos. Villa ha ocupado otros cargos como la secretaría de la Agrupación de Jóvenes Abogados y de la confederación estatal que los une, además de ser director de la Escuela de Práctica Jurídica.

Fuente: www.lne.es

CORUÑA. La Xunta amenaza a los Abogados del Turno de Oficio.

La Xunta amenaza con sancionar al turno de oficio por suspender consultas. El juzgado de guardia de la ciudad solicitó entre el domingo y el lunes asistencia jurídica gratuita para seis imputados y el colegio sólo atendió a dos porque eran casos "urgentes".

ANIA SUÁREZ | A CORUÑA. 03/02/2009. La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza amenaza con sancionar a los abogados del turno de oficio que no presten asistencia jurídica a los detenidos. Los letrados suspendieron sus servicios desde el domingo porque, aseguran, es "imposible prestarlos". Los profesionales dejaron de atender a los demandantes que carecen de medios para pagar su defensa porque exigen a la Xunta que les abone una cuota por cada servicio y no 180 euros por día de guardia, tal y como propuso la consellería. "Los abogados están obligados a cubrir tanto la asistencia al detenido como los casos de la jurisdicción penal. En el caso de no existir letrados para estas materias, los colegios deben imponer su intervención obligatoria", advierte la Xunta en un comunicado, en el que recalca que el incumplimiento de estas medidas puede dar lugar a "responsabilidades disciplinarias".

"Aunque los miembros del Colegio de Abogados de A Coruña estén en huelga o en paro, este organismo tiene que establecer las formas de estructurar y cubrir los correspondientes turnos", asegura la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Los letrados de la ciudad reclaman "más medios" para poder prestar asistencia jurídica e insisten en que mantendrán la suspensión de los turnos hasta que lleguen a un acuerdo con el Gobierno autonómico.

Desde el domingo, los profesionales de oficio sólo atienden los casos que consideran "urgentes", es decir, aquellos en los que el detenido puede entrar en prisión. El primer día de la suspensión del servicio, el colegio de abogados recibió cuatro peticiones y sólo atendió una, ya que entendió que el otro asunto no era urgente. El juzgado de guardia solicitó ayer dos letrados, uno para atender un asunto relacionado con violencia doméstica y otro, para defender a un acusado de cometer un robo en el interior de un vehículo. Este último recibió asistencia jurídica porque podía entrar en prisión.

La mayoría de los imputados a los que los abogados no prestaron asistencia estaban arrestados por conducir después de haber consumido alcohol, lo que provocó que se retrasasen los juicios rápidos. El colegio de abogados subraya que el turno de oficio "no está en huelga", ya que presta los servicios que considera urgentes.

La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza se reunió el 27 de enero con representantes del Consello Galego de Avogacía y con los decanos de los siete colegios de abogados de Galicia. En el encuentro, según la Xunta, se firmó un acuerdo que cuenta "con el respaldo de todos los colegios excepto el de A Coruña, que lo llevará a su próxima asamblea para ratificarlo". El acuerdo, según la consellería, trata "sobre distintas mejoras en el reglamento del turno de oficio, como el pago de los días de guardia en las ciudades y el pago por disponibilidad de guardia en los partidos judiciales".

Fuente: www.laopinióncoruña.es

GIJÓN. Noche de Togas. 30 Abogados se encierran para pedir mejoras en el Turno de Oficio.

Treinta abogados se encierran para pedir mejoras en el turno de oficio Piden su inclusión en la Seguridad Social, más retribuciones y menos «trabas burocráticas».

I. VILLAR| GIJÓN. 03/02/2009. Una noche entre togas. Una treintena de letrados iniciaron anoche, a las 21.30 horas, un particular turno de guardia, encerrándose en la sede del Colegio de Abogados de Gijón, en la sede judicial de la calle del Decano Prendes Pando, como protesta por las condiciones en las que prestan servicio en el turno de oficio. El encierro se prolongó toda la noche y, si no se consigue ningún avance en la pugna que mantienen colegio y Administración, podría repetirse el 2 de marzo.

La jornada de protesta de los abogados, una más en la serie de actos que vienen desarrollando desde noviembre para reivindicar mejoras en el turno de oficio, comenzó a las nueve de la mañana con una concentración a las puertas de los juzgados de Poniente, donde se repartieron a los ciudadanos folletos en los que se informaba de su situación: «¿Sabía usted que en un procedimiento matrimonial percibimos 150 euros por un trabajo de más de 100 horas? ¿Sabía que si en el desempeño de estas funciones nos rompemos una pierna tenemos que pagar hasta la escayola?».

Graciela Lagunilla, presidenta de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Gijón, explicaba cómo precisamente los letrados que empiezan su carrera profesional están especialmente vinculados al turno de oficio, «porque cuando eres poco conocido es el que te proporciona clientes». Sin embargo señalaba que este servicio «no es la panacea», ya que «hoy por hoy nadie puede vivir de los ingresos del turno de oficio».

Un coste mínimo.

Según recordó Sergio Herrero, decano del Colegio de Abogados de Gijón, las principales reivindicaciones de los letrados gijoneses son tres. En primer lugar, piden una mayor retribución por los diferentes trabajos que se prestan dentro de la justicia gratuita ya que, según recogían algunos de los panfletos repartidos ayer, por un mismo servicio un abogado de oficio cobra un 70% que uno particular. Reclaman además la inclusión de los abogados del turno de oficio en el régimen de prestaciones sanitarias de la Seguridad Social, «del que se benefician el 99,6% de las personas que viven o se encuentran en España, pero no nosotros», explicó Herrero. En este sentido Graciela Lagunilla consideró que para la Administración el coste de asumir el derecho a la asistencia sanitaria de estos letrados «sería mínimo», ya que la gran mayoría de los profesionales recibe esta asistencia a través del régimen de autónomos.

Los abogados gijoneses exigen también «la supresión de las trabas burocráticas» que se encuentran a la hora de intentar cobrar sus servicios. «Antes para que la Administración te pagara bastaba con acreditar que se había realizado el servicio. Ahora en muchas ocasiones el propio abogado tiene que encargarse de justificar que su cliente efectivamente cumple las condiciones para ser beneficiario de la justicia gratuita», se lamentaba Herrero. El decano de los letrados gijoneses aseguró que se han dado casos de abogados que, tras prestar un servicio, no han podido cobrarlo porque no se pudo demostrar que su cliente era insolvente.

Después de que en noviembre de 2008 se dejaran de designar abogados de oficio y de que en diciembre del año pasado quedara paralizado durante un mes el servicio de guardias, los abogados buscan ahora hacerse oír con encierros y concentraciones.

Fuente: www.lavozdeavilés.es

GRANADA. Debate sobre la Justicia en general y la asistencia jurídica gratuíta en particular.

Ciclo 'La Administración de Justicia, ¿reformas o cambio de modelo?'.
Abogados y procuradores piden tener voz en la crisis judicial.

Entre sus propuestas destacan un nuevo pacto por la Justicia, órganos judiciales que no estén en manos de jueces, o protagonismo del fiscal en la instrucción penal.

ÁLVARO CALLEJA. Abogados y procuradores coincidieron en reclamar un papel activo en el debate abierto en la Administración de Justicia para mejorar su funcionamiento. Ambos colectivos, con un papel esencial en la maquinaria judicial, se sienten desplazados del diálogo que asociaciones de magistrados y Gobierno han mantenido para buscar soluciones al colapso judicial. La primera de las sesiones del ciclo de debates ‘La Administración de Justicia, ¿reformas o cambio de modelo?’, que inició el pasado jueves el Club La Opinión bajo la coordinación del catedrático emérito de la Universidad de Granada, Nicolás López Calera, sirvió para que representantes de los abogados y procuradores hicieran su particular diagnóstico de la situación de la justicia aportando propuestas que, sin desmerecer a las reivindicaciones de jueces y sindicatos, pretenden que se tengan en cuenta.

La subdirectora de La Opinión, Amina Nasser, se encargó de dar la bienvenida a los invitados y al público asistente –en su mayor parte del ámbito de la abogacía y de la Universidad–, mientras que Nicolás López Calera expuso brevemente los objetivos de unos debates que buscan “favorecer la creación de opinión pública” sobre la “grave crisis” del sistema judicial. El diagnóstico y las posibles soluciones corrieron a cargo de cuatro expertos en la abogacía.

José Mª Rosales
Eldecano del Colegio de Abogados de Granada y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José María Rosales de Angulo, responsabilizó a los distintos gobiernos democráticos del estado actual de la Justicia, a la que definió como “el pariente pobre o la cenicienta”, puesto que, a su juicio, “no da votos” y, por tanto, “no es rentable políticamente”.

Los distintos gobiernos han venido aplicando, según Rosales de Angulo, una “política de parcheo legislativo” a remolque de los acontecimientos sociales que se han ido produciendo. Más allá de la responsabilidad política, el máximo representante de los letrados mostró su convencimiento de que el problema de la justicia es “de todos” y, por consiguiente, “no puede quedarse nadie fuera”. Entre sus sugerencias para mejorar la situación de la justicia destacó la posibilidad de establecer un Pacto de Estado por la Justicia o un Libro Blanco en el que quede al margen la “discusión partidista” de los políticos y en el que se reflejen las sugerencias de todos los actores que participan en el funcionamiento del sistema judicial.

Encarnación García
Otro de los aspectos que se abordaron durante el debate fue el problema que a diario tienen que afrontar los abogados para prestar la asistencia jurídica gratuita, en concreto lo que son los turnos de oficio y la asistencia al detenido. La letrada y representante de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Granada, Encarnación García Camacho, dio la voz de alarma por el enorme volumen de trabajo que a lo largo de 2008 ha prestado dicho servicio, que se ha visto agravado por la crisis económica; y, sobre todo, por el deficiente reglamento aprobado por la Junta de Andalucía que entró en vigor el pasado año y que no ha servido para descongestionar la carga de trabajo. García Camacho se mostró muy crítica con la Administración por no haber desarrollado el reglamento de una norma que, como recordó, ha sido recurrido, por contener algunas deficiencias que entorpecen la prestación de un servicio de asistencia jurídica gratuita. La letrada hizo suyas las recetas expuestas por Rosales de Angulo para mejorar la justicia y coincidió también en la necesidad de contribuir, como un colectivo más de la justicia, en la resolución de los problemas. “Los jueces no deben ser solo los que abanderen las reivindicaciones en solitario sino que deben contar con los abogados”, sugirió. También hizo una reclamación salarial para mejorar las retribuciones de los abogados que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, cuya subida lleva congelada desde 2005, según aseveró.

Juan Carlos Guilarte
El abogado Juan Carlos Guilarte López-Mañas, conocedor del complicada situación que atraviesan los juzgados de lo contencioso administrativo, repartió culpas entre los tres poderes del Estado pero se mostró partidario de un gran pacto para salir de la delicada situación. Al legislativo le reprochó que, en ocasiones, dicte normas que se guían por el “oportunismo político” para “sumar votos”, o promulgue leyes por razones de convulsión social pero sin dotación económica ni medios. A su juicio, la redacción de las leyes es “mediocre y farragosa” por obedecer a criterios políticos y por estar elaboradas por legisladores que no saben de la materia, por lo que propuso que las normas las hagan profesionales. En cuanto al poder ejecutivo, Guilarte es partidario de que las administraciones doten de presupuesto suficiente para cubrir todas las necesidades, “sin marear la perdiz”. Hizo un llamamiento a los ciudadanos para que no acudan a la justicia para resolver temas banales, al tiempo que censuró a la Administración por no reconocer derechos a los ciudadanos hasta que lo hace en sentencia firme un juez.

Sobre la situación del poder judicial, el abogado se mostró partidario, al igual que sus compañeros, de “unificar esfuerzos” entre todos los “operadores” de la justicia. Como propuesta significativa lanzó la posibilidad de que se reforme el funcionamiento del ministerio fiscal para que sea éste el que instruya los procedimientos penales, con apoyo de las fuerzas de seguridad, en lugar del juez, como viene siendo hasta la fecha. Coincidió con Rosales de Angulo en muchas de las propuestas pero apostó por agilizar la oficina judicial, abrir las oficinas judiciales por la tarde, y crear nuevos órganos judiciales integrados por abogados, profesores o titulados –no necesariamente jueces– para dirimir faltas o pequeñas reclamaciones de cuantía. Aprovechó también para ser reivindicativo recordando que los abogados no tienen cobertura sanitaria y las letradas no tienen derecho a la baja maternal.

José G. García Lirola
El decano del Colegio de Procuradores, José Gabriel García Lirola, comparó los efectos de la actual crisis de la justicia con los de un “tsunami”. En su exposición, fue muy crítico con la “burocracia” administrativa y con los “caprichos e interpretaciones” a los que deben de enfrentarse en algunos juzgados. Pero lo que realmente censuró, fue el hecho de que muchos funcionarios no cumplan con su calendario y horario de trabajo. En este sentido, propuso introducir cambios en los turnos de vacaciones, además de reclamar a la Administración mayor control y seguimiento en los horarios de trabajo de los funcionarios, una competencia que hoy asume al secretario judicial. También hizo suya la reivindicación para disponer de seguridad social y asistencia médica y farmacéutica. La delegada de Justicia en Granada, Begoña Álvarez, que estuvo presente entre el público y que encajó con entereza las críticas que se formularon contra la administración, intervino para sugerir a la organización de las jornadas que cuente también con la voz de la administración en los debates, al tiempo que recordó que su Delegación ha escuchado a todos los colectivos en su compromiso por mejorar el servicio público.

Fuente:www.laopinióndegranada.es