CORDOBA. El presidente de la A.P.C. y la junta sectorial de jueces discrepan en el número de Juzgados de nueva creación.

Baena plantea crear un juzgado de Primera Instancia mientras los jueces reclaman seis

Miércoles, 29-04-09.P. GARCÍA-BAQUERO.

CÓRDOBA. El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, afirmó ayer durante la presentación de la memoria del TSJA correspondiente a 2008, que la Justicia en la provincia no acumula retrasos, sólo fluctúa. Baena sólo reconoció, tal y como refleja el texto publicado el pasado lunes, que sería necesaria la creación de un nuevo Juzgado más de Primera Instancia y un segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Nada que ver con la percepción de la junta sectorial de jueces de Primera Instancia que acordó recientemente instar tanto al TSJA como al Consejo General del Poder Judicial la creación «urgente» de seis nuevos ju zgados de esta materia en la provincia ante la «sobrecarga» de trabajo. De hecho el pasado ejercicio soportaron el doble de la carga de trabajo establecida por el CGPJ. Los jueces de Primera Instancia alertaron entonces que si continuaba el aumento de asuntos, tal y como sucedió en los dos primeros meses de este año, al acabar 2009 se superará el 225 por ciento de la carga de trabajo.

La situación de colapso también salpica al resto de materias como el Juzgado de Menores, pero como adelantó Baena, ya se busca un emplazamiento para la creación de un segundo Juzgado para este año, aunque no será, dij o, antes de verano. Baena avanzó que también está previsto para este año la creación un Juzgado número 3 de Posadas.

Y sería conveniente, apreció el presidente de la Audiencia durante la presentación de la memoria del TSJA, «aunque aún no está decidida, la creación» de dos Juzgados más de lo Social, dada la incidencia de la crisis y uno más de Vigilancia Penitenciaria ya que se prevé uno cada 1.000 internos y en Córdoba hay 1.810.

Sin embargo, el presidente de la Audiencia mantiene que sería «ideal», aunque bajo criterios económicos y optimización presupuestaria, la creación sólo de un nuevo órgano de Primera Instancia, con el objetivo de que el actual Juzgado de lo Mercantil limite su actividad a asuntos jurídicos de esta índole. Sin embargo, aunque se cree un décimo juzgado, al liberal de asuntos civiles el de lo Mercantil, el resto de materia civil ha llegado a engrosar más aún al resto de juzgados. De ellos, dos exclusivos para familia.

«Juzgados aliviados»

De hecho, Baena reconoció que la creación el pasado año del Juzgado de Primera Instancia número 10 «no ha sido suficiente» para paliar esta carga. Sí lo han sido, puntualizó Baena, la puesta en marcha del Juzgado de lo Penal número 5, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, ambos han quedado con un volumen de asuntos por debajo de los módulos recomendados por el CGPJ.

Por otro lado, una de las apuestas de Baena ha sido incrementar con dos magistrados y secretarios más la plantilla de la Audiencia de modo que existan doce jueces que se pueden dividir en cuatro secciones con lo cual se especializarían dos en asuntos penales y otros dos en civiles. Aún así, la Audiencia Provincial registró en 2008 un volumen total de 2.341 asuntos penales y 1.195 civiles un trabajo similar a la de años anteriores resueltos en un 96%.

Fuente:www.abc.es

BALEARES. El Colegio de Abogados de Balerares abre un debate sobre la pena privativa de libertad.

El Colegio de Abogados aboga por alternativas "más eficaces" que la prisión para solventar los problemas de criminalidad.

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares recalcó hoy la necesidad de aplicar penas alternativas al ingreso en prisión para castigar los delitos relacionados con la criminalidad, al considerar que la privación de libertad "no solventa" los problemas de este tipo de delincuencia sino que su interposición "tiene límites" más allá de los cuales esta medida "deja de ser útil para ser más bien contraproducente".

Así lo manifestó hoy uno de los miembros de la Comisión, Antoni Vicens, en base al informe sobre la 'Orientación actual en materia de política criminal', presentado esta mañana, en el que este órgano del Colegio de Abogados denuncia el aumento "exacerbado" de las penas de cárcel "como única respuesta a los delitos que causan alarma social", sin reflexionar sobre la utilidad "real" de alternativas "más eficaces" en el control de las tasas de criminalidad, tanto en Baleares como en el conjunto del Estado.

Durante su intervención, Vicens, acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Francesc Riera, aludió a otras medidas que "pueden adecuarse mejor a la naturaleza de los delitos cometidos", como la retirada del carnet de conducir, del permiso de armas, los trabajos en beneficio de la sociedad -que "bien gestionados son tremendamente útiles"-, la pena de confinamiento o la mediación de conflictos.

A juicio del letrado, estas penas "tienen poder de expandirse sin miedo de que el Código Penal pierda su eficacia", al tiempo que hizo referencia a los distintos costes que conlleva la privación de libertad, como los económicos directos e indirectos, y los sociales. Tal y como manifestó, decretar una pena "no adecuada" al delito "provoca el peligro de que aumente la criminalidad", al aseverar que "las cárceles quedarán saturadas y las herramientas de rehabilitación de los internos perderán por ello eficacia".

"Es necesario acreditar que la prisión tiene limitaciones y pensar que solventa los problemas de criminalidad es ingenuo", por lo que consideró que esta pena "merece una reflexión mucho más profunda sin contaminaciones ideológicas", toda vez que debe ser reservada para aquellos casos en los que se constate un fracaso de la prevención especial o para los delitos considerados más graves.

"EROSIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES"

En su opinión, la sociedad civil, además, "parece indiferente ante la erosión de derechos individuales" y la opinión pública "se ha instalado el error de que el logro de la seguridad colectiva se encuentra en relación inversa con el respeto a los derechos fundamentales y sus garantías".

Otro de los puntos que criticó Vicens en su discurso es la "idea arraigada" de que el derecho penal de garantías es incompatible con la seguridad ciudadana y de que "no permite alcanzar niveles óptimos de seguridad", al contrario que en 1978, cuando "suponía un espacio de tranquilidad hacia la posible ingerencia sobre los derechos fundamentales de las personas".

En su informe, la Comisión insta asimismo a los poderes públicos a fomentar la investigación científica tanto sobre la delincuencia como sobre la criminalidad, a fin de contar con los modelos teóricos necesarios que permitan diseñar programas de intervención político criminal, sustentados sobre "bases racionales antes que sobre presupuestos ideológicos", y a establecer los medios e incentivos necesarios para implicar activamente a los privados de libertad en su propio proceso de reinserción social.

Fuente:www.europapress.es

CORDOBA. El presidente de la APC a favor de una reforma de los partidos judiciales

Baena plantea cambiar la normativa para crear un juzgado las 24 horas

El presidente de la Audiencia Provincial propone una "comarcalización" de los partidos judiciales para especializar a los jueces de los pueblos en algunos temas

A. Alba | Actualizado 29.04.2009 - 01:00

Eduardo Baena posa para los fotógrafos con una copia de la memoria anual del TSJA.

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, propuso ayer que la solución para que la ciudad cuente con un Juzgado de Guardia activo durante las 24 horas del día pasa por cambiar la normativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Baena informó de que Córdoba cuenta con siete Juzgados de Instrucción y que la normativa del CGPJ prevé la creación de unas guardias durante las 24 horas una vez que una ciudad cuente con ocho órganos de este tipo. Por eso, y teniendo en cuenta que no está previsto la creación de una Instrucción número 8, Baena planteó cambiar el reglamento del poder judicial para casos especiales como el de Córdoba: una ciudad de más de 325.000 habitantes en la que en determinadas horas no hay un Juzgado de Guardia disponible.

Eduardo Baena coincidió con los sindicatos en que este servicio es necesario en Córdoba, sobre todo para "beneficiar la coordinación" con la Policía Judicial, que también ha mostrado su malestar y problemática para desarrollar su trabajo con eficacia en los momentos en los que la ciudad carece de Juzgado de Guardia. Los sindicatos han convocado una protesta a las 10:00 de hoy en las puertas del Juzgado de Guardia de la Audiencia Provincial para exigir la creación de un órgano durante las 24 horas. La Junta de Personal de los Órganos de la Administración de Justicia asegura que el actual sistema de guardias no se adapta a la realidad actual cordobesa. Según los sindicatos, "la gran actividad judicial desborda a diario el Juzgado de Guardia, con jornadas laborales diarias de una media de 12 horas durante los ocho días de duración de las guardias, se incrementa mucho los fines de semana", ya que este órgano asume la competencia en materia de violencia contra la mujer.

El presidente de la Audiencia Provincial presentó ayer la memoria de actividad que el lunes hizo pública el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y reconoció que la situación es "alarmante" en los juzgados de Primera Instancia por culpa de la crisis económica y analizó la situación en las sedes de los pueblos, con especial saturación en Lucena y Posadas. Eduardo Baena planteó la necesidad de modificar el actual sistema de partidos judiciales y propuso una especie de "comarcalización" con la que algunos juzgados se encargarían y especializarían en temas como violencia contra la mujer o familia. El objetivo de esta propuesta es evitar saturaciones y resolver de una manera eficaz "esas materias comunes". Para el presidente de la Audiencia Provincial, esta nueva demarcación judicial debería llevarse a cabo "a corto plazo" y pensar en una reforma mucho más profunda de los partidos judiciales a largo plazo. Baena reconoció que esta modificación provocará "tensiones políticas" entre municipios.

Fuente:www.eldiadecordoba.es

CORDOBA. Se pide un Juzgado de Guardia 24 horas.

Más de un centenar de trabajadores de la Audiencia piden un juzgado de guardia 24 horas

29/04/2009 REDACCIÓN.

Más de un centenar de trabajadores de la administración de Justicia en Córdoba se han manifestado hoy para denunciar que el actual sistema de guardias está "obsoleto" y para pedir un juzgado de guardia que establezca un turno de 24 horas con el que ofrecer un mejor servicio y mejores garantías jurídicas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el vicepresidente de la Junta de Personal de Justicia, Vicente Bailina, quien ha explicado que esta concentración responde a la necesidad que tiene Córdoba de contar con un servicio ininterrumpido de guardia para conseguir un sistema público que beneficie a la población y a los trabajadores.

Por ello, ha pedido que se conceda un juzgado de guardia de 24 horas tanto para que las personas detenidas puedan ser puestos a disposición judicial con la debida celeridad como para que los trabajadores de los juzgados puedan disfrutar de una jornada laboral equilibrada.

En ese sentido, ha indicado que Córdoba necesita este servicio, que ya está instalado en Málaga, Sevilla y Granada, ya que una jornada de mañana y tarde es insuficiente para dar cobertura a la gran carga laboral que soportan los juzgados.

Según Bailina, la posibilidad de establecer un turno de guardia de 24 horas es competencia del Ministerio de Justicia, que debe tener en cuenta que tanto Policía Judicial, como jueces, procuradores y abogados coinciden en que esta cuestión ayudaría a conseguir un servicio más eficaz.

"El mayor de los problemas es que el horario de guardia establecido en Córdoba es inadaptable hasta para la propia policía", ya que, una vez acabadas las diligencias policiales, los detenidos pasan a disposición judicial, y esto afecta a los trabajadores que estén de guardia, que pueden ver sobrepasada la jornada laboral que le corresponde.

Por tanto, ha subrayado que la solución pasa por establecer un turno de guardia de 24 horas en el que cada día vaya rotando personal nuevo, y en el que los trabajadores que cubran la noche puedan descansar al día siguiente.

Fuente:www.diariocordoba.com.

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA O VOLUNTARIA. Los colegios profesionales en el punto de mira.

La 'ley paraguas' no protege de la tormenta a los Colegios Profesionales

Las medidas aprobadas por Economía que reforman el sector servicios abren el debate sobre la colegiación voluntaria

Beatriz Lorenzo.- La conocida como 'ley paraguas' hace honor a su nombre y trata de mantenerse desplegada en medio del temporal. Unión Profesional, la entidad que en España aglutina a más de 1.000 colegios profesionales y casi millón de profesionales liberales, ha arremetido contra el propósito del Ministerio de Economía de introducir la colegiación voluntaria, la voluntariedad de visados y la eliminación de baremos orientativos.

Son tres las leyes a través de las que se quieren reformar los colegios profesionales.

1. Transposición de la directiva de Servicios : Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley Paraguas). Actualmente en fase de proyecto de ley. El Consejo de Ministros del 27 de marzo remitía el texto al Congreso.

2. Ley Ómnibus Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas. Modifica toda la normativa que pueda ser incompatible con la Ley Paraguas.

3. Ley de Servicios Profesionales.

La 'ley paraguas' reconoce que los colegios profesionales son "autoridades competentes" y señala que son imprescindibles para poner en marcha algunas de las obligaciones derivadas de la directiva europea, como la ventanilla única (tramitaciones telemáticas), la cooperación administrativa o el servicio de atención a los ciudadanos.

Además, son los responsables para la elaboración de los códigos de conducta (deontología profesional), son garantía de legalidad para los consumidores y usuarios y son útiles para la resolución extrajudicial de conflictos, entre otros aspectos.

Las principales críticas a esta nueva regulación, no sólo de Unión Profesional, sino de diversos colegios profesionales por separado, vienen motivadas por la colegiación (introducir la voluntariedad); los baremos de honorarios orientativos (su eliminación); los visados (eliminar su obligatoriedad) y la publicidad (eliminar las limitaciones o sus requisitos).

Lo que sin duda ha causado más nerviosismo es la nueva redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales, que en su nueva versión establece que es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al colegio correspondiente. Si la nueva redacción del artículo anula el requisito de la obligatoriedad, podría llegarse, según las voces más alarmistas, a la supresión de los colegios profesionales más pequeños, sobreviviendo sólo los que cuentan ya hoy día con un ingente número de socios. En el caso de los colegios de abogados esto podría causar una merma en los servicios prestados en el turno de oficio o la firma electrónica.

En el lado contrario, los adalides de la reforma fundamentan que un colegio tendría que ser capaz de entusiasmar a los profesionales que representa y esto generaría el deseo, no sólo de la adscripción voluntaria, sino de participar directamente en su actividad, añadiendo que la colegiación voluntaria podría impulsar a estas vetustas instituciones a sacudirse la pereza y fomentar mediante actividades varias la participación e inscripción de los socios.

Sea como fuere, la reforma que se plantea es la más ambiciosa del sector desde 1974. Además de lo mencionado, el Ejecutivo prevé que la 'ley ómnibus' acabe con los baremos orientativos de precios que establecen los colegios profesionales un mecanismo que para sus detractores obstaculiza la competencia y para sus adalides mantiene vivos los prácticos “dictámenes de honorarios”, algo que afecta de lleno a los colegios de abogados que ya no contarían con su clásica herramienta pericial en las reclamaciones judiciales de honorarios. Otro objetivo es acabar con la obligatoriedad de los visados, que pasarán a ser voluntarios, salvo cuando las leyes dicten lo contrario. También se permite a los colegiados hacer publicidad directa de sus servicios.

LOS GUARDIANES DE LA ÉTICA PROFESIONAL

Hasta la fecha, los Colegios Profesionales se han erigido como una especie de pequeño gobierno para los profesionales, salvaguardando la deontología, la ética profesional, y con potestad para sancionar a los colegiados. Una postura algo arcaica, inamovible a lo largo del tiempo, que se ha topado recientemente con el rechazo de organismos como la Comisión Nacional de la Competencia, que recientemente hizo público un informe en el que recomendaba que los Colegios Profesionales fueran desapareciendo, pues estimaba que son una traba para el mercado y los profesionales.

Han sido varios los colegios profesionales que han empezado a movilizarse en contra de la nueva regulación. Ha sido el caso de varios colegios de ingenieros Ha sido el caso de los ingenieros, que desde el Instituto de la Ingeniería de España se han pronunciado en contra del visado voluntario.

Desde los colegios de abogados, las reflexiones han sido más comedidas y prudentes. Mientras desde algunos bufetes aseguran que “lo que hace la futura norma es incorporar a la Ley de Colegios Profesionales la ‘reserva de ley’ en materia de colegiación obligatoria.”, otros se muestran algo más críticos y recomiendan recoger, por razones de seguridad jurídica, la obligación de colegiación en disposiciones legales.

Fuente:www.www.capitalnews.es