A las cinco de la tarde de ayer estaban convocados, en la sede del Colegio de Abogados de Almería, aquellos juristas adscritos al turno de oficio.
El motivo de la reunión fue debatir sobre las medidas a adoptar en relación a las dos órdenes dictadas por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, por la que se recortan, de forma más que considerable, las retribuciones de estos abogados que ejercen una función pública.
Según ha podido saber IDEAL, los abogados se quejan de que los nuevos baremos, que establecen aparentemente una pequeña subida, en realidad reduce los derechos de cobro por el trabajo realizado.
La orden de la Junta de Andalucía aumenta los requisitos para poder cobrar las actuaciones de los juristas. Concretamente en las áreas de extranjería, asistencia al detenido, violencia de género y derecho penal, las posibilidades de cobro se llenan de trabas que en muchas ocasiones impedirán justificar las retribuciones.
Hasta la aprobación de estas órdenes, el abogado reclamado por la Administración para defender a aquel que no dispone de medios para la contratación de uno particular, no tenía que justificar los ingresos de su 'cliente' para poder cobrar él. De hecho, la propia Administración utilizaba su medios para garantizar la insuficiencia económica del justiciable.
Trabas burocráticas
Sin embargo, en la actualidad, el abogado deberá presentar en la Delegación de Justicia, en el plazo máximo de diez días, los siguientes datos de 'su' cliente: IRPF de 2007 y 2008; fotocopia de sus últimas seis nóminas y el contrato de trabajo o, si no trabaja, certificado que acredite que es desempleado; si cobra pensión, la cuantía de la misma; si es pensionista, certificado que lo acredite; certificado del Catastro; DNI, pasaporte o tarjeta de residencia; y si está casado, todos los anteriores documentos, también de su cónyuge. Si no aportan los propios letrados esta documentación en el plazo de diez días, no cobran.
Los abogados se quejan de que la gran mayoría de las personas a las que prestan sus servicios, como detenidos, emigrantes con orden de expulsión, etc. no facilitan esos documentos y menos en un plazo de diez días.
Por tanto, el más de un centenar de abogados asistentes a la asamblea han acordado, de forma unánime, darse de baja del turno de oficio con efectos a partir del 30 de junio de 2009.
Fuente: www.ideal
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