La Justicia se defiende
Cualquier jornada en los tribunales transcurre entre cerros de expedientes que se acumulan sobre escritorios, estanterías y sillas · Una visita sirve para entender los motivos que han impulsado la huelga
Ángel Robles / córdoba | Actualizado 15.02.2009 - 12:41
A la Justicia no le salen las cuentas: citaciones cada cinco minutos, juicios cada 15, miles de expedientes apilados en los armarios, cientos de sentencias en ejecución... Las jornadas de trabajo se consumen en los juzgados entre pilas de legajos y pasillos abarrotados de ciudadanos. Los documentos devoran estanterías y escritorios, sillas y archivadores. No es raro toparse con funcionarios que transportan decenas de expedientes multicolores en carros de supermercado: de una oficina a otra, de una mesa a otra. Hay papeles con una vida breve y otros que, por el contrario, encallan en los escritorios con citaciones interminables, recursos agotadores, informes forenses clave y pruebas periciales irrenunciables. Todo se plasma en papel, y cada puede llenar unos cuantos folios o varios tomos.
“Nos hemos convertido en meros despachadores de papeles, no en investigadores”, resume el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Armando García Carrasco. El miércoles, por primera vez en la historia reciente de España, los magistrados pararán su trabajo durante 24 horas para exigir a las administraciones una apuesta decidida por modernizar esta administración. La huelga se ha gestado en los últimos meses de despacho en despacho, en el correo interno, en las juntas de trabajo convocadas para analizar una situación que va a más. Los jueces, por fin, se defienden:“Este año llegaremos a las 10.000 diligencias. Cada día resolvemos una media de cuatro recursos. Algunos son simples, pero otros tienen gran complejidad procesal, con varios tomos. Y a veces, claro está, te arriesgas”, reconoce el magistrado, por cuyas manos pasan todo tipo de delitos, desde homicidios hasta complejas estafas o falsificaciones de documentos.
Cada día, a las 09:30, comienza el desfile de declaraciones en el despacho de García Carrasco. La agenda es apretada y se confecciona con precisión matemática: un testimonio cada cinco minutos. El vaivén de ciudadanos, letrados, procuradores y fiscales se repite, a la misma vez, en los otros seis juzgados de instrucción de la capital. “No tienes tiempo suficiente para estudiar los asuntos y hay que solucionar cuestiones complejas en pocos minutos. Se trata de decidir sobre la libertad de las personas en el acto. Y hay que hacerlo ya porque, de lo contrario, el trabajo se acumula. Lo que quieren es productividad. Y, en el caso de que haya un error, encima te exigen responsabilidad”, lamenta García Carrasco. La jornada finaliza, teóricamente, a las 15:00. En teoría, claro, porque “muchos asuntos” terminan en casa.
A la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8, Cristina Mir, no le gusta hablar de números, “sino de personas”. Pero al entrar en su despacho es inevitable desviar la mirada hacia los tomos que se apilan sobre su mesa de trabajo. Entonces surge, inevitablemente, la retahíla de datos: es 10 de febrero y junto a su ordenador estudia el asunto 249. Los números, en su caso, esconden desahucios de familias, denuncias de empresas golpeadas por la crisis económica, complejas querellas, minuciosas, de despachos de arquitectos. “Todo el mundo espera una respuesta de calidad después de cinco meses de espera –reflexiona–. Pero cuando llega el momento de la vista oral me veo obligada a decir abrevie, letrado, por favor. Y es su tiempo, el tiempo que tiene el ciudadano para exponer su situación”.
El jueves pasado, la magistrada afrontó dos audiencias previas, cinco juicios verbales y dos ordinarios. La maratón de leyes comenzó a las 10:00: accidentes de tráfico, problemas de constructoras, pleitos de comunidades de vecinos, embargos preventivos... “Ojalá pudiera conciliar la vida laboral con la familiar. Pero casi todos los días me quito de trabajar a las 21:00”, confiesa Mir, que entró en la carrera judicial en el 91.
“Es imposible desconectar, porque los ciudadanos no pueden esperar para conocer una sentencia. La inmediatez es fundamental”, defiende.
“El sentido del deber está por encima de todo”, insiste la titular del Juzgado de lo Penal número 1, Ascensión Miranda. A tan sólo unos pasos del despacho de Mir, los casos –ya instruidos– esperan su turno para sentarse en el banquillo. Pueden pasar meses, incluso años, lustros, una década entera para que procesados y víctimas sean llamados a la sala de vistas. Y eso a pesar de que cada juzgado penal dedica dos jornadas enteras, a veces más, a la celebración de juicios. “Voy a ir a la huelga pero con tristeza, porque es la única manera de decir que estamos hartos de trabajar por encima de nuestras posibilidades”, reflexiona la magistrada ante una columna de expedientes pendientes de resolución. De las paredes de su despacho cuelgan recortes de prensa, novedades legislativas y directrices que hay que acatar y que, en los últimos años, han convertido los penales en bombas a punto de estallar. “Estamos en las trincheras. A los jueces ahora nos tildan de subversivos, pero no existe ninguna ley que prohíba que hagamos huelga. No somos ninguna panda de locos. Somos como un funcionario más, y en base a eso estamos supeditados a las administraciones y podemos ejercer medidas de presión”, reflexiona.
Cuando Miranda ingresó en la carrera judicial tenía que rociar raticida en latas de conserva para impedir que los roedores dañaran los legajos. De eso han pasado 25 años: “España ha avanzado. Y los ciudadanos, por este motivo, reclaman más. Pero los jueces de base, en órganos unipersonales, estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Somos un servicio público que no se presta en condiciones de calidad”, asevera.
En su caso, el trabajo también se traslada a casa después de ocho horas en la oficina:“Difícilmente se desconecta. Sobre todo, si tienes casos que te preocupan. Un día de la semana pasada salí a las cinco menos veinte del juzgado. Estaba caput. Y por la noche me desperté soñando con el caso”, confiesa la magistrada. “A veces pides permisos por asuntos propios y, en realidad, los aprovechas para poner al día las sentencias. Y la mayoría de los sábados por la mañana tienes que venir. No hay otra forma de organizarte”, dice.
La semana laboral del titular del Juzgado de lo Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, también tiene seis días: “Hay que aprovechar el sábado”. A diario, a las 09:00 llega al despacho, donde permanece hasta las 15:30. “Y, por la tarde, mínimo de tres horas en casa, porque por la mañana hay que celebrar juicios, atender dudas, recibir...”, dice. “Es imposible desconectar. La vocación es grandísima, y a veces crea ansiedad. Cuando estoy celebrando un juicio no me acuerdo absolutamente de nada, tengo la sensación de que no pasa el tiempo. Pero cuando vuelvo a la realidad cotidiana y compruebo las horas que han pasado, siento impotencia y pido disculpas. En parte me siento mal, pero hay que hacerlo por el bien del ciudadano”, confiesa.
Fuente:www.eldiadecordoba.es
“Nos hemos convertido en meros despachadores de papeles, no en investigadores”, resume el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Armando García Carrasco. El miércoles, por primera vez en la historia reciente de España, los magistrados pararán su trabajo durante 24 horas para exigir a las administraciones una apuesta decidida por modernizar esta administración. La huelga se ha gestado en los últimos meses de despacho en despacho, en el correo interno, en las juntas de trabajo convocadas para analizar una situación que va a más. Los jueces, por fin, se defienden:“Este año llegaremos a las 10.000 diligencias. Cada día resolvemos una media de cuatro recursos. Algunos son simples, pero otros tienen gran complejidad procesal, con varios tomos. Y a veces, claro está, te arriesgas”, reconoce el magistrado, por cuyas manos pasan todo tipo de delitos, desde homicidios hasta complejas estafas o falsificaciones de documentos.
Cada día, a las 09:30, comienza el desfile de declaraciones en el despacho de García Carrasco. La agenda es apretada y se confecciona con precisión matemática: un testimonio cada cinco minutos. El vaivén de ciudadanos, letrados, procuradores y fiscales se repite, a la misma vez, en los otros seis juzgados de instrucción de la capital. “No tienes tiempo suficiente para estudiar los asuntos y hay que solucionar cuestiones complejas en pocos minutos. Se trata de decidir sobre la libertad de las personas en el acto. Y hay que hacerlo ya porque, de lo contrario, el trabajo se acumula. Lo que quieren es productividad. Y, en el caso de que haya un error, encima te exigen responsabilidad”, lamenta García Carrasco. La jornada finaliza, teóricamente, a las 15:00. En teoría, claro, porque “muchos asuntos” terminan en casa.
A la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8, Cristina Mir, no le gusta hablar de números, “sino de personas”. Pero al entrar en su despacho es inevitable desviar la mirada hacia los tomos que se apilan sobre su mesa de trabajo. Entonces surge, inevitablemente, la retahíla de datos: es 10 de febrero y junto a su ordenador estudia el asunto 249. Los números, en su caso, esconden desahucios de familias, denuncias de empresas golpeadas por la crisis económica, complejas querellas, minuciosas, de despachos de arquitectos. “Todo el mundo espera una respuesta de calidad después de cinco meses de espera –reflexiona–. Pero cuando llega el momento de la vista oral me veo obligada a decir abrevie, letrado, por favor. Y es su tiempo, el tiempo que tiene el ciudadano para exponer su situación”.
El jueves pasado, la magistrada afrontó dos audiencias previas, cinco juicios verbales y dos ordinarios. La maratón de leyes comenzó a las 10:00: accidentes de tráfico, problemas de constructoras, pleitos de comunidades de vecinos, embargos preventivos... “Ojalá pudiera conciliar la vida laboral con la familiar. Pero casi todos los días me quito de trabajar a las 21:00”, confiesa Mir, que entró en la carrera judicial en el 91.
“Es imposible desconectar, porque los ciudadanos no pueden esperar para conocer una sentencia. La inmediatez es fundamental”, defiende.
“El sentido del deber está por encima de todo”, insiste la titular del Juzgado de lo Penal número 1, Ascensión Miranda. A tan sólo unos pasos del despacho de Mir, los casos –ya instruidos– esperan su turno para sentarse en el banquillo. Pueden pasar meses, incluso años, lustros, una década entera para que procesados y víctimas sean llamados a la sala de vistas. Y eso a pesar de que cada juzgado penal dedica dos jornadas enteras, a veces más, a la celebración de juicios. “Voy a ir a la huelga pero con tristeza, porque es la única manera de decir que estamos hartos de trabajar por encima de nuestras posibilidades”, reflexiona la magistrada ante una columna de expedientes pendientes de resolución. De las paredes de su despacho cuelgan recortes de prensa, novedades legislativas y directrices que hay que acatar y que, en los últimos años, han convertido los penales en bombas a punto de estallar. “Estamos en las trincheras. A los jueces ahora nos tildan de subversivos, pero no existe ninguna ley que prohíba que hagamos huelga. No somos ninguna panda de locos. Somos como un funcionario más, y en base a eso estamos supeditados a las administraciones y podemos ejercer medidas de presión”, reflexiona.
Cuando Miranda ingresó en la carrera judicial tenía que rociar raticida en latas de conserva para impedir que los roedores dañaran los legajos. De eso han pasado 25 años: “España ha avanzado. Y los ciudadanos, por este motivo, reclaman más. Pero los jueces de base, en órganos unipersonales, estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Somos un servicio público que no se presta en condiciones de calidad”, asevera.
En su caso, el trabajo también se traslada a casa después de ocho horas en la oficina:“Difícilmente se desconecta. Sobre todo, si tienes casos que te preocupan. Un día de la semana pasada salí a las cinco menos veinte del juzgado. Estaba caput. Y por la noche me desperté soñando con el caso”, confiesa la magistrada. “A veces pides permisos por asuntos propios y, en realidad, los aprovechas para poner al día las sentencias. Y la mayoría de los sábados por la mañana tienes que venir. No hay otra forma de organizarte”, dice.
La semana laboral del titular del Juzgado de lo Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, también tiene seis días: “Hay que aprovechar el sábado”. A diario, a las 09:00 llega al despacho, donde permanece hasta las 15:30. “Y, por la tarde, mínimo de tres horas en casa, porque por la mañana hay que celebrar juicios, atender dudas, recibir...”, dice. “Es imposible desconectar. La vocación es grandísima, y a veces crea ansiedad. Cuando estoy celebrando un juicio no me acuerdo absolutamente de nada, tengo la sensación de que no pasa el tiempo. Pero cuando vuelvo a la realidad cotidiana y compruebo las horas que han pasado, siento impotencia y pido disculpas. En parte me siento mal, pero hay que hacerlo por el bien del ciudadano”, confiesa.
Fuente:www.eldiadecordoba.es
