MADRID. El Colegio de Abogados de Madrid se reune con las asociaciones del Turno de Oficio.

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, se reunió hoy con representantes de las tres asociaciones de abogados del Turno de oficio para trasladarles que respalda las reivindicaciones planteadas para mejorar sus condiciones profesionales, informó hoy el ICAM.

Hernández-Gil trasladó a los letrados que las vías de comunicación establecida desde el Colegio con las administraciones públicas están encaminadas en la búsqueda de soluciones que garanticen el servicio público esencial para la Justicia.

De este modo, el Colegio volverá en los próximos días a reunirse con los representantes de la Comunidad de Madrid. El ICAM exige mayor implicación de la Administración para mejorar las condiciones en las que el Turno de Oficio desarrolla su labor.

La reunión del decano con las asociaciones se produjo con ánimo de calmar el malestar entre el colectivo por la decisión del Colegio de desmarcarse de las movilizaciones que se están preparando como protesta al impago de la Comunidad de sus honorarios, una deuda que asciende a los 24 millones de euros.

Los abogados recriminan al decano, que lleva un año en su cargo, haber impugnado el acuerdo que se aprobó el 11 de diciembre de 2007 en Asamblea General para respaldar la suspensión del servicio si la Comunidad no pagaba la deuda. El decano adelantó entonces que la Junta de Gobierno no acataría esa medida. Esta postura creo malestar entre el colectivo, lo que motivó que entre las propuestas pactadas prosperase una moción de cesura contra el decano --se necesitan 4.300 firmas-- por "engañar" a los abogados.

DEUDA A CARGO DE LO PRESUPUESTADO

La Comunidad de Madrid aprobó hace dos semanas un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del colectivo de 2009. Por tanto, la deuda se pagará a cargo de los presupuestos previstos para este año, lo que provocará que la situación de impago se vuelve a repetir.

Ésta es la principal queja que sustenta la convocatoria de renuncia de las guardias penales a partir del próximo marzo. Las asociaciones han preparado un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones y encierros.

Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.

Fuente: www.europapress.es

MADRID. Los abogados del Turno de Oficio de Alcalá a punto de tirar la toalla.

Escrito por Xavier Colás 10/02/2009

Hay un detenido sin recursos, sucede cada día en Alcalá. Un abogado de oficio se hace cargo de su caso. ¿Gratis? Los paga el Estado, la Comunidad en este caso. Pero el pago lleva pendiente desde el año pasado. En Alcalá hay 450 abogados inscritos, y una parte de ellos está dispuesta a dejar de arrimar el hombro como medida de presión. El problema entonces no será sólo para el justiciable. Los que no abandonen el barco tendrán mucho más trabajo, algunos detenidos podrían salir en libertad y determinados ámbitos de nuestro engranaje judicial podrían colapsarse. La culpa la tienen 24 millones de euros. Es la cantidad que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior debe a los abogados del Turno de Oficio de todo Madrid desde el segundo trimestre de 2008, que a finales de enero celebraron una asamblea. Resultado: si no consiguen acuerdos con el departamento de Francisco Granados en un mes y cobran su deuda, renunciarán a todas sus guardias –penales, extranjería y asistencia a detenidos– en marzo y abril. La cuenta atrás ya ha empezado, aunque la partida presupuestaria aprobada antes de que acabase el mes por el Consejo de Gobierno aplacó los ánimos. De momento no se ha ingresado ni un euro y el Colegio de Abogados de Alcalá ya negocia un crédito para poder pagar a sus profesionales. Para José Luis Doñoro, decano de los abogados de la demarcación de Alcalá, se trata de un problema de subsistencia pero sobre todo de “dignidad profesional”. De los cuatro trimestres de 2008, les deben el segundo casi entero y los otros dos completos. “Puede llegar un momento en el que los abogados inscritos voluntariamente en el turno de oficio se nieguen a prestar ese servicio”, avisa Doñoro, que pone por delante el sentido de la responsabilidad de sus asociados. La deuda suma dos millones de euros, “pero la demanda de este servicio se ha duplicado en cuatro años sin que cambie el presupuesto”, se queja. Eso les hace temer que aunque les paguen, volverán a estar sin dinero en cuestión de meses. Pagan poco y muy tarde “De momento nadie ha abandonado el barco, pero hay mucha gente pensando en hacerlo”, dice un letrado. Trabajar en el turno de oficio es una manera fácil de ganar dinero, pero no es ningún chollo. Los precios que se pagan están por debajo de la mitad de lo que se paga en el mercado. El servicio, que es necesario para preservar las garantías procesales, incluye guardias y asesorías jurídicas. La CAM ha dicho que pagará. Pero no ha dicho cuándo.

Fuente: www.diariodealcala.es

ÓRDAGO A LOS JUECES.

El CGPJ decide que los jueces no tienen derecho a la huelga.

Publicado el 10-02-09 , por C. García-León / Agencias

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó anoche por unanimidad una resolución en la que afirma que la huelga convocada para el próximo 18 de febrero "no tiene cobertura legal", por lo que los magistrados "tendrán que estar en sus puestos de trabajo el día fijado para el paro".

Pleno extraordinario del CGPJ. (EFE)

Tras casi tres horas de reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señaló que el órgano de gobierno de los jueces ha decidido "no tener por anunciada la convocatoria de huelga" y "no fijar servicios mínimos" al entender que los escritos presentados por los convocantes de la huelga no tienen "ni competencia ni base legal".

Los vocales han tenido que analizar el artículo 28 de la Constitución, que reconoce el derecho a la huelga de "todos los trabajadores" sin limitar su ejercicio a los jueces, como si ocurre en el caso, por ejemplo, del derecho a sindicarse.

El máximo órgano de gobierno de los jueces decidió "no tener por anunciadas" las convocatorias de huelgas que han sido remitidas a este órgano por parte de distintos órganos judiciales de toda España así como de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y de Foro Judicial Independiente.

"Rechazamos el ejercicio de huelga de los jueces porque no hay base normativa para su ejercicio", señaló Bravo, quien dijo que, por lo tanto, "los jueces y magistrados tienen que estar el día 18 en sus puestos de trabajo".

Aquellos jueces que desoigan al Consejo y decidan finalmente acudir a la huelga el próximo 18 de febrero se enfretarán a posibles expedientes disciplinarios. "Valoraremos cada caso concreto y actuaremos conforme a las normas", dijo la portavoz

Por último, preguntada sobre si la decisión del Consejo ha estado motivada por algún tipo de indicación por parte del Ministerio de Justicia, Bravo quiso dejar claro que los vocales no necesitan "sugerencias" de nadie para tomar sus decisiones.

Contra el acuerdo adoptado anoche, después de tres horas de debate, cabe interponer recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El recurso se tendrá que resolver antes del miércoles 18 de este mes.

Las asociaciones mantienen el paro
Tras conocerse la noticia del CGPJ ha habido reacciones de las asociaciones convocantes de la huelga. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) mantienen "en principio" la convocatoria de huelga para el próximo día 18 pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado ayer que los jueces puedan ejercer este derecho.

Así lo han anunciado los portavoces de estas dos asociaciones, Marcelino Sexmero, de la AJFV, y Conrado Gallardo, del FJI. Sexmero ha dicho que la postura "intermedia" del CGPJ era "la esperada", sin cuestionar el derecho de los jueces al derecho a la huelga y sin fijar los servicios mínimos. Para este portavoz, lo que ha hecho el Consejo es "pasar la pelota" a las asociaciones, ya que ahora son ellas las que tienen que decidir si recurren esa decisión al Tribunal Supremo y llegado el caso, al Constitucional.

Por su parte, el portavoz del FJI, Conrado Gallardo, ha calificado de "solemne estupidez" el argumento empleado por el CGPJ, que ha rechazado el ejercicio del derecho de huelga de los jueces por la ausencia de "cobertura legal", y ha considerado que, de ser así, tampoco los funcionarios podrían hacerla, ya que no está previsto por la ley.

Fuente: www.expansión.com

OPINIÓN. POR SER DE JUSTICIA.

10.02.09 -JOSE MARÍA ROSALES DE ANGULO DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS.

SABIDO es por las gentes del Foro, hoy llamados operadores jurídicos, que los abogados solemos terminar nuestros escritos judiciales con esta frase: por ser de Justicia.

En estos momentos, vistas las circunstancias concurrentes, «por ser de Justicia» hay que ubicarlo en primer lugar para solicitar, de una vez por todas, la profunda y esencial reforma de la Administración de Justicia.

Por ser de Justicia, hay que exigir a los poderes públicos que desarrollen y cumplimenten ese gran 'Pacto por la Justicia' y a los partidos políticos, de todos los colores democráticos, que obvien disputas banales al ser la Justicia tema de Estado, sentando en esa gran mesa del acuerdo a todos cuantos sectores intervienen en el mundo de la Justicia, debiendo ser todos ellos abiertos, generosos y proclives a buscar el consenso, a sentar las bases comunes, nunca a orquestar reinos de taifas, de protestas y reclamaciones, particulares e insolidarios.

Evidentemente hay al menos dos frentes en el espacio geopolítico en esta materia: la Administración Central, con sus competencias generales en materia de Justicia, y la Administración Autonómica, con sus competencias asimismo en su día traspasadas y asumidas. No olvidemos que aquí concurren simultáneamente ambas administraciones y, además, existen otros implicados: Jueces, Fiscales, Secretarios, Funcionarios (Oficiales, Auxiliares y Agentes), Forenses, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Peritos, así como otras profesiones jurídicas, Notarios, Registradores, Abogados del Estado, Letrados de la Administración Autonómica, y no obviaría a los restantes Funcionarios Públicos ni, por supuesto, a los teóricos y docentes del Derecho.

Por ser de Justicia hacen falta más órganos judiciales, con la dotación del personal correspondiente, y, por ser de Justicia, es imprescindible otorgar mayores medios materiales, tecnológicos, informáticos y telemáticos, a la Administración de Justicia. Por supuesto, en los espacios adecuados, intentando esa beneficiosa concentración de los órganos judiciales.

Para paliar problemas ahora y procurar evitarlos en el futuro, hay que pensar en cambios legislativos, especialmente en temas procedimentales, en potenciar el arbitraje, la mediación y la conciliación como métodos a utilizar, en el seno del sistema y como fórmulas alternativas, en usar los llamados tercer y cuarto turnos para el acceso a cargos judiciales, al menos como apoyo o ayuda a los titulares hasta una normalización deseada, con juristas de prestigio que coadyuven en los procesos; y todo ello, entre otros extremos en los que, en general, hay coincidencias en la mayoría de los sectores y profesionales afectados, y, por supuesto, contando con todos.

Por ser de Justicia, hay que reiterar que la Justicia no son sólo los jueces. Y que solos no van, ni vamos, a ninguna parte. Pienso que toda persona, en cuanto trabajador, tiene derecho a la huelga, incluidos funcionarios, incluidos jueces. El problema es cómo. Cómo se desarrolla ese derecho. Asimismo considero que esta propuesta de huelga de un sector de la judicatura no es muy procedente ahora. Se protesta, se pide, se exige, se plantea; luego, si se incumple, se actúa. En su caso y en sus casos. Y se suman voluntades. Aquí sigue estando la Abogacía.

Todos los profesionales del Derecho tenemos justas reivindicaciones. Unas, para la oportuna mejora del sistema; otras, específicas para el propio colectivo. Igualmente legítimas. Y todas hay que reclamarlas: por su orden, en su respectivo procedimiento. Por ejemplo, los abogados reclamamos ya las prestaciones médico-farmaceúticas de la Seguridad Social, que ahora y todavía no tenemos, ni siquiera los que trabajan los turnos de oficio y de asistencia al detenido y a la víctima, aún constituyendo un esencial servicio público, lo que constituye nuestra mayor exigencia en estos momentos a los poderes públicos y un enorme y prioritario reto en el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Por ser de Justicia tendremos que convenir que la Justicia somos todos. Los que intervenimos en ella y los que no. Y la Justicia, dicho sea con ironía y con total seriedad, también son los justiciables. O sea, la sociedad. Y a ella nos debemos. En un Estado Democrático de Derecho todos debemos estar a la altura de las circunstancias que nuestras obligaciones nos imponen, abiertos y solidarios, con la mayor dosis de humanismo posible, por ser de Justicia.

Fuente: www.ideal.es