Una semana después de que el Turno de Oficio aprobara renunciar a las guardias a partir de marzo, el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, acompañado de la Junta de Gobierno, rompió hoy su silencio para informar sobre la postura de la institución que representa, advirtiendo al colectivo de que impedirá "la quiebra" del servicio a tenor de la obligación del Colegio de garantizar la continuidad de la asistencia jurídica gratuita.
"La tutela judicial efectiva es un derecho que no admite compromisos ni transacciones", aseveró Hernández-Gil en la rueda de prensa que ofreció para defender el modelo actual del Turno de Oficio, que aglutina en la región a 4.500 letrados. El decano respaldó sus reivindicaciones, pero se mostró contrario a avalar las medidas de presión que preparan, entre ellas la renuncia a las guardias penales y de extranjería.
"El sistema judicial no puede funcionar sin abogados", recalcó, si bien añadió que "no se puede pretender que funcione bien cuando se acumulan retrasos económicos desde abril". No obstante, dejó claro que la Junta de Gobierno no apoyará la suspensión de las 750 designaciones del Turno de Oficio que realiza cada día y se mostró convencido de que el órgano de Gobierno sabrá "manejar la situación" si la renuncia prospera.
La principal queja del colectivo se debe al impago de casi la totalidad de los honorarios de 2008, salvo un 29% del segundo trimestre. La deuda del Ejecutivo autonómico asciende a 24 millones de euros, una cantidad que se pagará con los 30 millones de euros presupuestados para sufragar los gastos del Turno de Oficio de 2009. Esto hará que se agote el dinero para remunerar los honorarios de 2009, repitiéndose la misma situación.
Fuente:www.europapress.es
Los abogados recriminan al decano, que lleva un año en su cargo, haber impugnado el acuerdo que se aprobó el pasado 11 de diciembre en Asamblea General para respaldar la suspensión del servicio si la Comunidad no pagaba la deuda. El decano adelantó entonces que la Junta de Gobierno no acataría esa medida. Esta postura creo malestar entre el colectivo, lo que motivó que entre las propuestas pactadas prosperase una moción de cesura contra el decano --se necesitan 4.300 firmas-- por "engañar" a los abogados.
PRIVATIZACIÓN
Ante las sospechas de la connivencia del decano con el Gobierno regional para entregar a manos privadas el servicio, Hernández-Gil recordó que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita impide la privatización del Turno de Oficio. Según los letrados, el primer paso ha sido privatizar el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que está sujeto a un concurso público convocado por la Comunidad.
Hernández-Gil desvinculó al Colegio de esa privatización, responsabilizando al Gobierno de Esperanza Aguirre. "Es un gravísimo error porque supone extirpar del sistema este servicio", reseñó, al tiempo que informó de que hace unos días se recurrió ante los tribunales este acuerdo.
Esgrimió que la Consejería realizó "una interpretación errónea" de la Ley de Contratación del Servicio Público que establece que los convenios con los colegios requieren de un concurso público. Insistió en que "no se presta un servicio a la Comunidad, sino a los ciudadanos". "Este servicio compete al Colegio conforme a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita", aseveró. En contra, el Turno de Oficio cree que el Colegio respaldó la privatización de este servicio de orientación a mayores.
CONVENIO CON LOS DESPACHOS
El decano aclaró, igualmente, que el acuerdo firmado por el Ejecutivo de Aguirre con varios despachos profesionales, como Cremades & Calvo-Sotelo o Garrigues, para orientar a los extranjeros a través de cursos informativos no supondrá la prestación de asesoramiento jurídico. "Los despachos no van a prestar asesoramiento de ninguna manera. Somos respetuosos con las leyes y con nuestros compañeros", aseveró uno de los socios de Garrigues.
Además, el máximo responsable del ICAM expresó su preocupación por "el daño" que está provocando "la desatención" de los poderes públicos al modelo del Turno de Oficio. Según apuntó, su defensa implica exigir a la Administración que preste "la justa atención a las condiciones materiales del ejercicio de asistencia y defensa". Así, hizo una llamada de atención para que se tomen "medidas" que reconduzcan la actual situación.
Otra de las demandas de los abogados se refiere a la actualización de los baremos, una reivindicación que respalda el Colegio. Abogados y el ICAM exigen que se produzca la actualización de los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.
RECOGIDA DE FIRMAS
Las asociaciones que representan al colectivo celebrarán el próximo jueves una Asamblea en el ICAM para plantear de manera formal las propuestas que se aprobaron la pasada semana en la reunión celebrada en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza de Castilla.
A la renuncia de las guardias se suma un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones, encierros y una posible unión a la huelga convocada para el próximo 18 de febrero por los jueces de Madrid, en sintonía con la carrera judicial de otros territorios. La primera manifestación se prevé para finales de mes.
La principal medida de presión que barajan es renunciar a las guardias penales de detenidos y de extranjería a partir del próximo marzo. Esto supondría que los detenidos sin recursos económicos quedarían en libertad a las 72 horas al no recibir asistencia letrada. En el caso de extranjería, no se podrían abrir expedientes de expulsión y se bloquearía en el aeropuerto de Barajas el retorno de los inmigrantes a su país.
Las asociaciones aspiran también a reunir 4.300 firmas para presentar una moción de censura contra Hernández-Gil, quien ostenta este cargo desde diciembre de 2007, para adelantar elecciones. El colectivo cree que su gestión ha sido "un fiasco" debido a que su llegada al Decanato del ICAM generó muchas expectativas.
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