lunes, 23 de febrero de 2009

Madrid. Caos ante una supuesta paralización del Turno de Oficio.

Si el Turno de Oficio para, 50 detenidos al día quedarían libres

Las asociaciones están recogiendo firmas para renunciar a las guardias.

Si el Turno de Oficio para, 50 detenidos al día quedarían libres
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, reconoce las reivindicaciones...

D. Carrasco

Huelga de jueces y magistrados, de funcionarios de Justicia de la Comunidad de Madrid y encierro de los abogados del Turno de Oficio en el colegio madrileño y de Alcalá de Henares, que amenazan con renunciar a las guardias si no se arregla pronto su precaria situación de medios y de pagos. La situación de la Justicia madrileña no puede ser más catastrófica. La consecuencia, cientos de procedimientos parados, suspensiones de juicios, retrasos para pagar indemnizaciones, paralización de inscripciones en el Registro Civil...

Los abogados de la justicia gratuita llevan años reivindicando las mismas cosas: la actualización de baremos y que se les pague sin retrasos. La respuesta del Colegio de Abogados y de la Consejería de Madrid siempre ha sido el silencio. Ahora, el Turno de Oficio quiere ir en serio y las asociaciones han marcado una hoja de ruta de movilizaciones.

La más preocupante es la renuncia voluntaria a realizar las guardias que tienen asignadas. “Este hecho, muy grave, puede provocar que decenas de detenidos al día puedan ser puestos en libertad por falta de asistencia letrada”, comenta un magistrado de instrucción. Además, “no se podrían celebrar juicios rápidos, llevar a cabo declaraciones policiales o judiciales, asistencia a extranjeros, pues no se podrían incoar expedientes de expulsión a inmigrantes sin papeles, etcétera”, subraya un abogado. Diariamente se hacen 750 designaciones de oficio para actuaciones en los juzgados de Plaza de Castilla, en la jurisdicción social y contenciosa, en los pueblos de la Comunidad y la Audiencia Nacional.

De momento, “las asociaciones están recogiendo firmas individuales para renunciar a las guardias. Llevamos casi 300”, asegura un miembro de Altodo. “La campaña la realizamos a través del e-mail y con formularios que tenemos en la web”.

Fuentes cercanas al Colegio de Madrid han señalado que “el decano está realizando un gran esfuerzo. Está esperando que el consejero Granados plasme por escrito las promesas verbales que hizo a los abogados del Turno de Oficio”. Es decir, “la actualización de los baremos, librar una partida de presupuestos para pagar las deudas de 2009 y su compromiso de no privatizar esta función”. En cualquier caso, el Colegio de Abogados de Madrid velará y garantizará por que no se lesionen el derecho fundamental a la asistencia letrada del detenido, según reza la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde la judicatura madrileña se alerta del peligro que supondría que esta medida se llevara a efecto por los abogados de oficio.

Fuente:www.gaceta.es

viernes, 20 de febrero de 2009

GIJÓN. Los Abogados de Oficio proponen una huelga de celo


20.02.09 -O. SUÁREZ| GIJÓN

El Colegio de Abogados de Gijón propone la puesta en marcha de una huelga de celo en señal de protesta por la situación del turno de oficio y la falta de negociación por parte de la Consejería de Justicia del Principado. La medida de presión se votará en la asamblea general ordinaria que se celebrará el 6 de marzo, a las 13 horas, en los juzgados de Prendes Pando.

La huelga de celo acarreará «un cumplimiento riguroso de todos los pasos y procedimientos que marca la ley en materia judicial». De esta forma, se obligaría a que todas las declaraciones y comparecencias que se realicen en los juzgados de instrucción se lleven a cabo en presencia física del juez y el secretario judicial.

Además, se presentará una solicitud escrita por los abogados del turno de oficio de testimonios completos de todas las causas en que intervengan, tanto civiles como penales, «expresando que su destino es la acreditación ante la Consejería de Justicia de la labor profesional que realiza», explica el Colegio de Abogados en un comunicado.

Entre los puntos que se debatirán en la asamblea ordinaria está la proposición al Consejo General de la Abogacía Española de la creación de un comité que agrupe los colegios de abogados de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia para adoptar iniciativas conjuntas en la lucha por obtener mejoras del turno de oficio.
Además, proponen a los partidos políticos con mayor representación en el Parlamento asturiano que debatan en el mismo la situación de los abogados de la región y busquen soluciones a la situación.

Reunión paralela

Paralelamente a la asamblea del Colegio de Abogados de Gijón, un grupo de letrados, bajo el nombre de 'El patio de mi colegio', ha convocado una reunión informativa para el 25 de febrero. La agrupación critica el comportamiento del actual decano colegial, Sergio Herrero, al que acusan de «desnaturalizar cualquier propuesta que no provenga de sí mismo».

De esta forma, pretenden que «la voz de los abogados se oiga sin distorsión y se consiga un respaldo plural y democrático a las reivindicaciones frente a la irracionalidad de la administración, demostrando que la voluntad de los abogados es firme en la defensa de peticiones, no sólo justas sino las únicas viables».

Fuente: www.elcomerciodigital.com

JURISPRUDENCIA. El Tribunal Supremo reitera la doctrina de la defensa como elemento estructural sin el cual no hay proceso con todas las garantias.

El Supremo ordena a la Audiencia repetir un juicio por homicidio al carecer el condenado de una defensa efectiva.

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Provincial de Madrid repetir un juicio que se celebró el pasado 16 de julio contra un marroquí acusado de homicidio, robo con violencia y lesiones al entender que se vulneró el derecho de defensa del acusado debido a que su abogado, del Turno de Oficio, no pudo preparar la vista oral por su imposibilidad de trasladarse al centro penitenciario donde su cliente permanecía en prisión preventiva.

La Audiencia madrileña condenó a Mohamed Saoudi a 22 años y medio de prisión por asesinar en 2007 a un hombre para robarle y herir a otros dos por el mismo motivo. Se le consideró autor responsable de un delito de homicidio, dos de robo con violencia y uso de arma.

Ahora, el Supremo deja sin efecto la resolución y el proceso que dio lugar a que se dictase el fallo. Esgrime que "la defensa es un elemento estructural sin el cual no existe un proceso con todas las garantías". "Nadie puede ser condenado sin tener una defensa efectiva", concluye.

El abogado defensor, José Luis Castro Guillén, recurrió en casación la sentencia al entender que el tribunal vulneró el derecho de defensa de su patrocinado por "no haber tenido la defensa técnica posibilidad de entrevistarse con el acusado para preparar suficientemente el juicio oral con anterioridad del mismo". El acusado se encontraba preso en una cárcel fuera de la Comunidad de Madrid y la Audiencia desestimó su solicitud para que fuera trasladado a la jurisdicción de la Audiencia para poder mantener un encuentro.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el Alto Tribunal estima su impugnación en base al artículo 14.3.b. del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, que establece que "toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: (...) a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y comunicarse con un defensor de su elección".

TRASLADO A MADRID

Para preparar la vista oral, el abogado solicitó a la Audiencia que dispusiera lo necesario para poder entrevistarse con su defendido, dado que en "su posición de abogado de oficio no disponía de medios para su traslado" y que no estaba obligado a hacerlo "a su costa". La Sala rechazó la solicitud y alegó que "los traslados entre centros penitenciarios son competencia de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias".

El Supremo recrimina ahora a la Audiencia que esa decisión "no se ajusta a derecho", puesto que "es deber procesal del tribunal garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos procesales previstos en el artículo 24 de la Constitución".

Reprocha que "el tribunal a quo" no tomara "las medidas necesarias para garantizar que el acusado haya podido ejercer su derecho de defensa. "En suma, el recurrente no tuvo defensa en el proceso en el que fue condenado", apostilla.

Fuente: www.europapress.es


jueves, 19 de febrero de 2009

MADRID. Las asociaciones convocan una concentración.

Las asociaciones convocan concentración el 3 de marzo frente a la consejería

EFE Madrid | 17/02/2009

Las asociaciones ALA, APAEM y ALTODO han convocado una concentración para el próximo día 3 frente a la consejería de Presidencia, Justicia e Interior para reivindicar el pago de los atrasos acumulados por los abogados del turno de oficio en 2008 y contra la privatización de este servicio.
Según ha informado a Efe el portavoz de ALTODO, Isidro Moreno, los abogados del turno de oficio decidieron ayer, en una asamblea celebrada durante el encierro que protagonizaron anoche en el Colegio de Abogados de Madrid, continuar con las movilizaciones y convocar la citada concentración para el día 3 a las 13.00 horas frente a la consejería, ubicada en la Plaza Marqués de Pontejos.
El motivo es que "se ha producido algún avance" en las negociaciones, "pero no lo suficiente como para poner fin a las movilizaciones", según ha detallado Moreno.
Los abogados esperan "que se pase de las palabras a los hechos y se pongan por escrito" las "buenas palabras" del consejero de Justicia, Francisco Granados, y del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, de manera que los trabajadores puedan reclamar si no se cumple lo prometido.
Granados se comprometió ayer, tras reunirse con Hernández-Gil, a pagar lo que debe a los abogados del turno de oficio "en breve" y a establecer los mecanismos necesarios para que cobren regularmente este año, y aseguró que el Gobierno regional no tiene intención de privatizar este servicio.
El portavoz de ALTODO ha destacado que "Granados dijo que no se va a privatizar el Servicio de Orientación Jurídica de Mayores", que continuará así en manos del Colegio de Abogados.
El turno de oficio cuenta con dos áreas: el turno de oficio propiamente dicho, dedicado a la asistencia jurídica, y los servicios de orientación jurídica, destinados a orientar a las personas que lo soliciten, y aclararles si pueden optar a asistencia jurídica gratuita.
La Comunidad de Madrid elaboró un Decreto por el que uno de estos servicios, el de orientación a mayores, se sacaba a concurso y se adjudicaba a una empresa privada, lo que para ALTODO "sería una experimento que, si sale bien y no tiene oposición, se trasladaría al resto de los servicios de orientación, y luego al propio turno de oficio".
El portavoz de esta asociación ha recordado que las tres asociaciones que comenzaron a movilizarse ayer están recogiendo firmas para la renuncia colectiva a las guardias, algo que se llevará a cabo "si hay firmas suficientes para que sea operativo".
Las asociaciones esperan reunir 1.000 firmas, una cifra a partir de la cual "no se podrían cubrir las guardias con los abogados que no secunden la iniciativa".

CORUÑA. Los Letrados se mantienen en su acción de protesta.


Los letrados mantienen la restricción en el turno de oficio. El Colegio de Abogados reunido ayer en asamblea computó 43 votos a favor y 119 en contra de paralizar la acción de protesta.


ANA RODRÍGUEZ A CORUÑA. 19/02/2009.
Los abogados del turno de oficio en los juzgados de A Coruña prosiguen la batalla. Y con una balanza claramente desequilibrada: 119 cartulinas naranjas para el sí y sólo 43 azules para el no. Los letrados que atienden a los que carecen de medios para pagar su defensa continuarán con la restricción de sus servicios, que comenzaron el 1 de febrero. La nueva propuesta de la Xunta sigue siendo, para ellos, insuficiente, tal y como manifestaron y votaron en la asamblea general celebrada ayer en la sede del Colegio de Abogados. Reproches para la consellería de José Luis Méndez Romeu y para la junta directiva del organismo colegial, que, aunque considera "frustrante" la oferta del Gobierno autónomo, aboga por aceptar y suspender de forma temporal las restricciones. Lamentaron los representantes de los letrados que se les haya acusado de "connivencia" con el poder político. "Hemos llegado hasta donde hemos podido llegar", sostuvieron desde la mesa presidencial ante los casi dos centenares de abogados allí congregados. Propusieron "el alzamiento con un condicional" de la restricción de forma temporal. ¿Dicho condicional? Que la Xunta acepte una comisión de seguimiento que vele por el acuerdo y nuevas mejoras para poder así aplazar hasta fin de año posibles nuevas acciones. Algunos de sus argumentos, la crisis (murmullos, muchos murmullos del auditorio), las inminentes elecciones y los posibles cambios en el Gobierno. Alegaron que en ninguna otra parte de España se había conseguido lo que en la provincia y que, en comunidades en las que se había decidido mantener la batalla, se había llegado a situaciones poco favorables para los letrados del turno de oficio. En Gijón, explicaron, las autoridades habían prescindido de sus servicios y contratado directamente a una veintena de abogados. "Ya ha habido quejas ante el Valedor do Pobo, denuncias contra el Colegio", alertaron desde la junta. Según el organismo colegial, su trabajo ha recibido "más zancadillas" que apoyos, ya que los otros colegios y el Consello Galego de Avogacía no comprenden la negociación directa e individual entre la entidad y el conselleiro Méndez Romeu. Por lo bajini, algunos de los asistentes comentaban que la junta intentaba, con tales argumentos, "coaccionar" el voto. "Si decimos que sí seríamos el único colectivo que después de una huelga habría perdido dinero", reprobó en el turno de palabra una de las participantes en la reunión. Una amplia mayoría de letrados optó por el no: las restricciones continuarán porque la Xunta no ha atendido a las solicitudes consensuadas. Así ha sucedido con una de las principales peticiones de los abogados del turno de oficio en torno al pago de las guardias. La Xunta mantiene los 180 euros por cada día de guardia, cuando lo que piden los abogados es que se les tenga en cuenta el número de servicios. Aunque con una cantidad que consideran ínfima para la carga de trabajo -420 euros por cada semana de guardia-, los partidos judiciales se han visto al fin insertos dentro de un acuerdo del que antes la Consellería de Xustiza les excluía por completo. Otro de los problemas que continúa en la vida de los letrados del turno de oficio es el cobro. Son ellos los que tienen que justificar si verdaderamente el defendido tiene o no posibilidades de pagar el servicio. Una "misión imposible", dicen, aunque, a partir de ahora, la Xunta vaya a tener acceso a los datos económicos de los clientes con supuesta insolvencia. Como telón de fondo del debate, la reforma de la asistencia gratuita, que quieren abordar con Gobierno autónomo y central.

CASTELLÓN. Malestar de los Letrados por el retraso en los pago y la posible privatización del servicio.

Malestar entre los letrados del turno de oficio por el retraso en los pagos y la posible privatización. El presupuesto se reduce de 20 a 16 millones para la Comunitat pese a subir las peticiones.

PUERTA CERRADA. El decano impidió la entrada de cámaras a la reunión. vicent gamir L. E., Castelló.
La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Castelló logró reunir ayer a una parte importante de los letrados del turno de oficio para informarles sobre la situación del servicio, así como las perspectivas de futuro dado el temor de algunos juristas a que se privatice. Frente a esos comentarios, el decano, Manuel Badenes, fue tajante al pedirles que "no hagan caso de bulos". Fue una reunión multitudinaria, como en pocas ocasiones sucede en Castelló, puesto que el salón de actos se llenó, e, incluso, otros abogados siguieron el desarrollo desde otra dependencia. Pese a ello no fue posible obtener una imagen dado que el decano de los letrados impidió la entrada del redactor gráfico de Levante de Castelló, y lo hizo argumentando que se trataba de una reunión interna con los abogados del turno de oficio. Entre los letrados y, especialmente, entre los más jóvenes, hay " mucho malestar" por el retraso en cobrar un servicio que consideran que está mal pagado y que se enfrenta a un futuro incierto. Por eso están dispuestos a ejercer alguna medida de presión. Incluso, alguno de los presentes llegó a plantear una hipotética huelga, "aunque el decano no quiere ni oír hablar de huelga", apuntó un abogado.Ese servicio, según reconoció Badenes, siempre se ha cobrado con retraso, hasta el punto que ahora los letrados han recibido el 35% que les faltaba del tercer trimestre de 2008. Además, para 2009 el presupuesto se ha reducido de los 20 millones asignados a la Comunitat a 16- a la provincia le corresponde entre un 9 y un 10%-, mientras crecen las peticiones de ciudadanos solicitando abogados de oficio. El decano, que explicó las gestiones que se están haciendo el colegio, trasladó la preocupación de la junta a la reducción del presupuesto así como el retraso en el cobro, aunque dejó muy claro que los letrados cobrarán los servicios pese a que las cantidades son las mismas desde 2005. Intentó tranquilizar los ánimos asegurando que no se va a privatizar el servicio. Cabe recordar que el turno de oficio siempre ha sido motivo de quejas de los abogados, que hace ya 15 años plantearon la posibilidad de una huelga.

miércoles, 18 de febrero de 2009

CORDOBA. LA JUSTICIA SE DEFIENDE

La Justicia se defiende

Cualquier jornada en los tribunales transcurre entre cerros de expedientes que se acumulan sobre escritorios, estanterías y sillas · Una visita sirve para entender los motivos que han impulsado la huelga

Ángel Robles / córdoba | Actualizado 15.02.2009 - 12:41
A la Justicia no le salen las cuentas: citaciones cada cinco minutos, juicios cada 15, miles de expedientes apilados en los armarios, cientos de sentencias en ejecución... Las jornadas de trabajo se consumen en los juzgados entre pilas de legajos y pasillos abarrotados de ciudadanos. Los documentos devoran estanterías y escritorios, sillas y archivadores. No es raro toparse con funcionarios que transportan decenas de expedientes multicolores en carros de supermercado: de una oficina a otra, de una mesa a otra. Hay papeles con una vida breve y otros que, por el contrario, encallan en los escritorios con citaciones interminables, recursos agotadores, informes forenses clave y pruebas periciales irrenunciables. Todo se plasma en papel, y cada puede llenar unos cuantos folios o varios tomos.

“Nos hemos convertido en meros despachadores de papeles, no en investigadores”, resume el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Armando García Carrasco. El miércoles, por primera vez en la historia reciente de España, los magistrados pararán su trabajo durante 24 horas para exigir a las administraciones una apuesta decidida por modernizar esta administración. La huelga se ha gestado en los últimos meses de despacho en despacho, en el correo interno, en las juntas de trabajo convocadas para analizar una situación que va a más. Los jueces, por fin, se defienden:“Este año llegaremos a las 10.000 diligencias. Cada día resolvemos una media de cuatro recursos. Algunos son simples, pero otros tienen gran complejidad procesal, con varios tomos. Y a veces, claro está, te arriesgas”, reconoce el magistrado, por cuyas manos pasan todo tipo de delitos, desde homicidios hasta complejas estafas o falsificaciones de documentos.

Cada día, a las 09:30, comienza el desfile de declaraciones en el despacho de García Carrasco. La agenda es apretada y se confecciona con precisión matemática: un testimonio cada cinco minutos. El vaivén de ciudadanos, letrados, procuradores y fiscales se repite, a la misma vez, en los otros seis juzgados de instrucción de la capital. “No tienes tiempo suficiente para estudiar los asuntos y hay que solucionar cuestiones complejas en pocos minutos. Se trata de decidir sobre la libertad de las personas en el acto. Y hay que hacerlo ya porque, de lo contrario, el trabajo se acumula. Lo que quieren es productividad. Y, en el caso de que haya un error, encima te exigen responsabilidad”, lamenta García Carrasco. La jornada finaliza, teóricamente, a las 15:00. En teoría, claro, porque “muchos asuntos” terminan en casa.

A la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8, Cristina Mir, no le gusta hablar de números, “sino de personas”. Pero al entrar en su despacho es inevitable desviar la mirada hacia los tomos que se apilan sobre su mesa de trabajo. Entonces surge, inevitablemente, la retahíla de datos: es 10 de febrero y junto a su ordenador estudia el asunto 249. Los números, en su caso, esconden desahucios de familias, denuncias de empresas golpeadas por la crisis económica, complejas querellas, minuciosas, de despachos de arquitectos. “Todo el mundo espera una respuesta de calidad después de cinco meses de espera –reflexiona–. Pero cuando llega el momento de la vista oral me veo obligada a decir abrevie, letrado, por favor. Y es su tiempo, el tiempo que tiene el ciudadano para exponer su situación”.

El jueves pasado, la magistrada afrontó dos audiencias previas, cinco juicios verbales y dos ordinarios. La maratón de leyes comenzó a las 10:00: accidentes de tráfico, problemas de constructoras, pleitos de comunidades de vecinos, embargos preventivos... “Ojalá pudiera conciliar la vida laboral con la familiar. Pero casi todos los días me quito de trabajar a las 21:00”, confiesa Mir, que entró en la carrera judicial en el 91.

“Es imposible desconectar, porque los ciudadanos no pueden esperar para conocer una sentencia. La inmediatez es fundamental”, defiende.
“El sentido del deber está por encima de todo”, insiste la titular del Juzgado de lo Penal número 1, Ascensión Miranda. A tan sólo unos pasos del despacho de Mir, los casos –ya instruidos– esperan su turno para sentarse en el banquillo. Pueden pasar meses, incluso años, lustros, una década entera para que procesados y víctimas sean llamados a la sala de vistas. Y eso a pesar de que cada juzgado penal dedica dos jornadas enteras, a veces más, a la celebración de juicios. “Voy a ir a la huelga pero con tristeza, porque es la única manera de decir que estamos hartos de trabajar por encima de nuestras posibilidades”, reflexiona la magistrada ante una columna de expedientes pendientes de resolución. De las paredes de su despacho cuelgan recortes de prensa, novedades legislativas y directrices que hay que acatar y que, en los últimos años, han convertido los penales en bombas a punto de estallar. “Estamos en las trincheras. A los jueces ahora nos tildan de subversivos, pero no existe ninguna ley que prohíba que hagamos huelga. No somos ninguna panda de locos. Somos como un funcionario más, y en base a eso estamos supeditados a las administraciones y podemos ejercer medidas de presión”, reflexiona.

Cuando Miranda ingresó en la carrera judicial tenía que rociar raticida en latas de conserva para impedir que los roedores dañaran los legajos. De eso han pasado 25 años: “España ha avanzado. Y los ciudadanos, por este motivo, reclaman más. Pero los jueces de base, en órganos unipersonales, estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Somos un servicio público que no se presta en condiciones de calidad”, asevera.

En su caso, el trabajo también se traslada a casa después de ocho horas en la oficina:“Difícilmente se desconecta. Sobre todo, si tienes casos que te preocupan. Un día de la semana pasada salí a las cinco menos veinte del juzgado. Estaba caput. Y por la noche me desperté soñando con el caso”, confiesa la magistrada. “A veces pides permisos por asuntos propios y, en realidad, los aprovechas para poner al día las sentencias. Y la mayoría de los sábados por la mañana tienes que venir. No hay otra forma de organizarte”, dice.

La semana laboral del titular del Juzgado de lo Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, también tiene seis días: “Hay que aprovechar el sábado”. A diario, a las 09:00 llega al despacho, donde permanece hasta las 15:30. “Y, por la tarde, mínimo de tres horas en casa, porque por la mañana hay que celebrar juicios, atender dudas, recibir...”, dice. “Es imposible desconectar. La vocación es grandísima, y a veces crea ansiedad. Cuando estoy celebrando un juicio no me acuerdo absolutamente de nada, tengo la sensación de que no pasa el tiempo. Pero cuando vuelvo a la realidad cotidiana y compruebo las horas que han pasado, siento impotencia y pido disculpas. En parte me siento mal, pero hay que hacerlo por el bien del ciudadano”, confiesa.

Fuente:www.eldiadecordoba.es