El secreto

MADRID. Los abogados de Madrid hacen un llamaniento sobre la situación de la Justicia.

Los procedimientos judiciales han aumentado, sobretodo en lo relativo a lo social debido a la crisis económica. Garantizan la asistencia jurídica gratuita a pesar del aumento de designaciones y al estancamiento de los recursos por parte de las administraciones

Belén Ibáñez de la C. - 31-03-09

Pocos recursos y los procedimientos judiciales en aumento. Sobretodo en lo concerniente a lo social, es decir, despidos, impagados y todo aquello que sobreviene a una situación de crisis económica. No hay datos sobre el incremento de asuntos que llevan los abogados en general pero si del turno de oficio, que ha aumentado en 2008 un 32% en materia social, un 37 en lo contencioso administrativo y un 16 por ciento en lo penal. El decano del colegio de abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil hace un llamamiento a todas las administraciones para que tengan en cuenta no solo la situación de la Justicia sino la figura del letrado.

El colegio de abogados garantiza la asistencia jurídica gratuita, a pesar de que los asuntos aumentan y los baremos que destina de la Comunidad y el Ministerio no hayan variado desde el año 2003. Cada día se designan 750 abogados de oficio que a veces tienen incluso que adelantar su dinero.

Ha descartado rotundamente que vaya a haber una privatización del turno de oficio porque hay una ley estatal que lo impide y se ha referido a la tensión con la que están viviendo los letrados los procedimientos relativos a los despidos.

Fuente: www.cope.es

OVIEDO.GIJÓN. Los Abogados de Oficio piden estar presentes en el momento de interponer la denuncia.

El representante del Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta Areces, y el decano de Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero, destacaron hoy la necesidad de que los abogados del turno de oficio del servicio especial de atención a las mujeres víctimas de violencia de género estén presentes en el momento de interponer la denuncia.

Ambos letrados participaron hoy en la comisión de Presidencia, Justicia e Igualdad que acogió diversas comparecencias informativas acerca del Programa del Principado de Asturias de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Este Plan fue aprobado en Consejo de Gobierno en el mes de abril del pasado 2008. Los principales objetivos del mismo pasan por mejorar la respuesta frente a la violencia y conseguir un cambio en el modelo de relación social.

Ignacio Cuesta manifestó que entre las disfunciones detectadas por los abogados en el funcionamiento del servicio es precisamente la "tardía incorporación" del abogado de oficio que es llamado pocos minutos antes de que la mujer víctima de violencia de género interpone la denuncia, mientras que consideran "fundamental" que el abogado pueda asesorar a la mujer a la hora de interponer la denuncia.

En el caso de Gijón, Herrero manifestó que "poco a poco" parece que esta situación se va subsanando y cada vez son más los casos en los que el abogado de oficio se incorpora antes al proceso.

Otra de las deficiencias detectadas tiene que ver con la remuneración económica, ya que según indicó Herrero, los abogados de turno de oficio de este servicio cobran 85 euros frente a los 150 que cobra un letrado de turno de oficio de otra materia, lo cual a su juicio "no tiene ningún sentido".

No obstante Cuesta Areces manifestó que a día de hoy el servicio funciona "bastante bien" con los 277 abogados destinados a este servicio especial y los siete abogados de guardia en cada turno de oficio específico en materia de violencia de género que les permite efectuar el servicio con cierta eficacia.

"Seguimos con áreas geográficas distantes, pero entendemos que la reorganización ha permitido que el servicio funciona razonablemente bien", dijo y añadió que ahora mismo no es una "necesidad imperiosa contar con mayor número de abogados".

Tampoco consideró que la falta de intérpretes sea otro de los problemas del servicio, e indicó que aunque es cierto que a veces hay que esperar "el interprete suele llegar siempre", en cuanto al número de policías dedicados a esa tarea, indicó que "desconoce si son o no suficientes".

Por su parte, el fiscal especial de Violencia de Género del Principado de Asturias, Gabriel Bernal, reiteró su rechazo a la obligatoriedad de imponer una orden de alejamiento en todas las condenas por violencia familiar, tal y como exige la ley. Según explicó el fiscal hay ocasiones en las que esta medida no está plenamente justificada y aseguró que, en la práctica, acarrea múltiples problemas, como quebrantamientos de condena constantes.

Bernal recordó que la imposición de las órdenes de alejamiento en todas las condenas por maltrato es obligatoria desde la modificación del artículo 57 del Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003, por la que se eliminó el carácter facultativo de esta medida. Antes, su imposición se dejaba al arbitrio del juez.

"En la práctica diaria vemos casos en los que se hecha de menos el ámbito discrecional esta medida. Son casos concretos que ponen de manifiesto que no es desdeñable devolver el carácter facultativo de la pena", dijo Bernal, que añadió que no es mera opinión personal sino que está generalizada y la comparte también la propia fiscal de la sala de violencia contra la mujer. "No se cuestiona la pena, la necesidad de la pena es obvia, sino que lo que se cuestiona es el carácter imperativo", afirmó.

Preguntado por el grado de quebrantamiento de las penas de alejamiento, Bernal indicó que el alto número es "un problema diario al que se enfrentan los órganos judiciales de violencia de género". Dijo además que está constatado estadísticamente que un importante número de quebrantamiento en cierto sentido está consentido o tolerado por la víctima, lo que nos sitúa a los juristas en un problema. "La cuestión era complicada, pero quiera o no la víctima el incumplimiento de la pena de alejamiento es delito", dijo.

También comparecieron en la comisión la coordinadora de la Red Regional de Casas de Acogida del Principado, Ivana Magdalena Benavente, que destacó la importancia de las acciones de formación como una de las principales del programa y afirmó que el mayor conocimiento del programa hace que el funcionamiento del mismo sea cada vez más positivo.

Fuente:www.europapress.es

REPORTAJE. Cuando los Abogados del mal hacen el bien.

Cuando los abogados del mal hacen el bien. Hasta el peor acusado merece un letrado - No todos aceptan defender a algunos criminales.

PERE RÍOS 29/03/2009.

De la misma manera que un médico no debe dejar de operar a un enfermo para salvarle la vida, un abogado no puede dejar de defender a un cliente acusado de un delito. Pero la relevancia pública que pueda tener un pleito, la gravedad y hasta monstruosidad del delito imputado o los cambios en la declaración del cliente provoca en ocasiones la renuncia del abogado. Frente al derecho constitucional de defensa se levanta el interés profesional de huir de un caso que puede perjudicar el interés y la imagen del letrado.

La complicación de Miguel Carcaño, el asesino confeso de la joven sevillana Marta del Castillo, por encontrar quien le defienda, pone sobre la mesa las dificultades deontológicas con las que han de convivir en ocasiones algunos abogados del diablo.

"A los letrados nos repugnan los crímenes y las violaciones como a cualquier ciudadano, pero nosotros no defendemos diablos, sino personas acusadas de hechos diabólicos, que es distinto. Y, en todo caso, ya se verá en el juicio si los cometieron o no". Así de claro se expresa José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla desde hace más de 14 años y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española. Esta semana Gallardo ha designado a una mujer del turno de oficio, para defender a Carcaño. Será la tercera defensa en menos de dos meses y en esta ocasión parece que será definitiva.

El primero, Antonio Jiménez era de libre designación y eso le permitió dejar el caso sin más. El código deontológico de la abogacía española prevé "cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente". Para que el abogado pueda renunciar han de "concurrir circunstancias que puedan afectar a su plena libertad o independencia de la defensa o en la obligación de secreto profesional". En este caso, parece que el motivo de la renuncia fue el cambio de declaración de Carcaño, que primero negó los hechos y después confesó el crimen.

La segunda defensora que renunció a la defensa del supuesto asesino de Marta fue Presentación Rosendo, y era del turno de oficio. La jurisdicción penal es la única en la que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permite la renuncia del abogado. "Para ello deberá concurrir un motivo personal y justo", dice la norma. Como esa expresión puede generar diversas interpretaciones, la ley también añade que quien deberá decidir si existe o no ese motivo será el decano del Colegio correspondiente. "Siempre he dicho que sí cuando me lo han pedido, porque hay que defender a ultranza la confianza con el cliente", dice Garrido. "Confianza recíproca". Esa es la expresión en la que debe fundarse la relación del abogado con el cliente, según el código deontológico.

La tercera y última abogada de Carcaño, también del turno de oficio es Paloma Pérez Sendino, quien confesó al decano que no tenía ningún reparo en asumir la defensa.

Las razones que llevan a un abogado de oficio a renunciar son muy diversos: la dificultad para afrontar el pleito, el posible perjuicio a la marcha del despacho al tratarse de una causa muy compleja o una enfermedad o depresión. Y también por motivos personales. En el caso de las abogadas se dan muchas renuncias cuando se trata de un acusado de violación, aunque los hombres también ponen objeciones.

El decano de Sevilla recuerda que antes de designar al tercer abogado de Carcaño, un compañero le pidió que no pensara en él porque tiene una hija de la misma edad que la joven asesinada y que, además, guarda cierto parecido con ella. Pero, también recibió llamadas de abogados anónimos ofreciéndose para llevar el caso por si se producía una nueva renuncia, al igual que llamadas de abogados mediáticos ofreciéndose para llevar el asunto pensando más en el rédito personal que pudieran obtener antes que en articular una buena defensa.

En 2007 había en España 118.775 abogados ejercientes, de los cuales 34.583 estaban apuntados en el turno de oficio. Somos uno de los países europeos donde hay una mayor densidad de abogados (2,63 por cada mil habitantes) y, curiosamente, uno de los que cuenta con menos proporción de jueces (0,1 por cada mil habitantes). En 2007 se tramitaron en España 629.405 expedientes de justicia gratuita y se atendieron a 583.089 personas, más otras 54.241 mujeres víctimas de violencia doméstica. Los casos de la jurisdicción penal fueron el 63% del total y todo eso costó a los diversos organismos públicos 200,3 millones de euros.

Con los abogados de pago ocurre en ocasiones que es el propio cliente el que pide el relevo al entender que no se le está defendiendo bien, pero otras veces es el letrado el que constata que así no se puede seguir porque se ha quebrado la confianza. Y el desencuentro no siempre se produce al cabo de unos días, sino a veces tras uno o dos años de estar defendiéndole. Las cifras sobre renuncias no constan en las memorias, pero lo que sí puede afirmarse es que en los 83 colegios de abogados que hay en España se reciben más quejas contra los abogados de libre designación que contra los de oficio.

"Un abogado de oficio o de pago nunca debería negarse a defender a nadie, y es igual que lo hayan designado o que cobre del cliente, por muy horrible que sea el delito imputado. Defender no es asumir los hechos, porque entonces el abogado se convierte en juez y esa no es su función", explica Mateu Seguí, con 38 años de ejercicio y que ha defendido a decenas de clientes difíciles. Entre ellos, José Cuevas, al que la justicia consideró autor de la colocación de una bomba en la sala de fiestas Scala de Barcelona en 1978, que mató a cuatro personas. O a unos anarquistas italianos que acabaron condenados por la muerte de dos mujeres de la Policía Municipal de Córdoba en 1996, durante un tiroteo iniciado a raíz de un atraco con el fin de costear la causa anarquista.

Ningún abogado consultado sostiene que al cliente se le deba preguntar si cometió o no el delito del que se le acusa, pero sí coinciden en que es bueno tener cuanta más información. "Si lo que llevas es una demanda de divorcio al abogado no le importa porqué se rompió el matrimonio y si alguno era infiel, sino que el cliente salga lo mejor parado, pero en otros casos es importante conocer todas las circunstancias para evitar problemas que perjudiquen la línea de defensa", afirma Fuster-Fabra, abogado con 22 años de ejercicio y profesor de la Universidad de Barcelona. "Y si el cliente no te lo cuenta y no le puedes defender, pues peor para él, porque el abogado no va a ir a la cárcel", zanja Fuster-Fabra.

"A veces ocultan parte de la verdad, otras dicen que no saben qué paso y alguno lo explica todo, pero eso es una decisión suya. El abogado ha de valorar si puede construir una línea de defensa sólida con lo que sabe y debe instruirse hasta donde quiera saber, explica el decano de Sevilla. "Hay que crear un clima de confianza y no preguntar lo que no se debe. El cliente tiene derecho a mentir y yo no conozco a ningunos padres que admitan que su hijo es culpable. El abogado defensor no puede preguntar si ha matado porque no es esa su función", añade Seguí.

Enfrentada casi siempre a las defensas se sitúa la fiscalía. Y no sólo en sentido físico, por la distribución de cada cual en la sala de vistas, sino por los intereses contrapuestos que defienden cada uno en la tramitación del proceso y en el juicio oral. "El fiscal se siente especialmente motivado cuando reúne pruebas para que el tribunal condene a un delincuente grave, porque la función del abogado, respetando siempre la buena fe procesal, es crear dudas a los jueces sobre la responsabilidad penal de su cliente", dice Emilio Sánchez Ulled, presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

A veces esas dudas acaban en absolución. "Eso es lo peor que nos puede pasar como fiscales si estábamos acusando. Nos queda una sensación de disgusto porque quiere decir que no hemos hecho bien nuestro trabajo y que debemos corregirlo, añade Sánchez Ulled. "A veces no es fácil ser fiscal, pero somos un estricto cumplidor de la legalidad que intenta proteger a las víctimas.

En el otro lado de la balanza, los abogados interpretan una absolución como un éxito profesional. Con todo, en alguna ocasión ha ocurrido que se les remueve el estómago al comprobar que, aunque el tribunal les diera la razón, su cliente les engañó. Uno de esos casos ocurrió hace más de 20 años en una ciudad andaluza, cuando fue asesinada una niña de cinco años en Semana Santa. El defensor hizo un buen trabajo y logró una sentencia absolutoria del acusado, un desarraigado que durmió en su casa a la salida de la prisión preventiva porque no tenía dónde ir. Cinco años después visitó al letrado para confesarle el crimen del que le habían absuelto y que le impedía dormir.

Sánchez Ulled ha perseguido desde la fiscalía anticorrupción varios delitos de cuello blanco y se ha enfrentado a la crema selecta de los abogados penalistas. Esos procesos han servido para comprobar que los ricos también se pelean con sus defensores. El caso más ilustrativo es el del financiero Javier de la Rosa, uno de los máximos exponentes de la cultura del pelotazo que imperó en España en los noventa y que le reportó varios procesos y condenas.

Una de las más sonadas actuaciones de lo que también se denominó ingeniería financiera fue la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo. De la Rosa tuvo cuatro abogados durante los 12 años que duró la investigación de la causa y acabó defendiéndose él mismo, ayudado por su hija. Alguno de aquellos letrados renunciaron voluntariamente y otros lo hicieron instigados por el cliente.

"Nunca me acuesto sin hablar con mi abogado", se vanagloriaba De la Rosa hace 15 años, en una época en la que Jordi Pujol llegó a definirle como un "empresario modelo". Años después, el financiero acabó, precisamente, en la cárcel Modelo. Su abogado de cabecera, Joan Piqué Vidal, de 75 años, y que había defendido al ex presidente de la Generalitat en el caso Banca Catalana, también acabó entre rejas en septiembre de 2006. Y allí sigue, cumpliendo una condena de siete años de cárcel a raíz del caso Estevill de sobornos a empresarios, probablemente el caso más grave de corrupción judicial que ha habido nunca en España. Y es que nunca como hasta entonces se habían conchabado un abogado y un juez -Luis Pascual Estevill, que llegó a ser vocal de CiU a propuesta del Consejo General del Poder Judicial- para exigir dinero a empresarios a cambio de no meterlos en prisión o de excarcelarlos.

Javier Melero fue uno de esos abogados que tuvo De la Rosa y tiene clara una cosa. "Hay gente a la que no defendería ni por todo el oro del mucho porque es para probar y no repetir más". Melero comparte las reflexiones de sus colegas acerca de que los abogados suelen renunciar a un cliente por las discrepancias con la estrategia de defensa, en el fondo y en las formas. "¡Y el dinero!", admite sin complejos, ya que en algunos casos los clientes más acomodados pagan tarde y mal.

Otras veces es simplemente la falta de empatía. El decano de los abogados de Sevilla recuerda que hace años fue a una prisión a visitar a un cliente que estaba acusado de homicidio. Al salir renunció al caso porque en aquella breve conversación no paró de insultar al difunto.

"Yo defiendo a policías y acuso a terroristas", afirma de manera taxativa Fuster-Fabra, quien admite abiertamente que "cada uno se marca los límites profesionales de acuerdo con sus principios". Con la misma sinceridad explica que "jamás defendería a un violador si no estuviera plenamente convencido de su inocencia". Y para lograr esa certeza, él insiste en que el abogado ha de conocer los detalles del caso.

Fuster Fabra es uno de esos abogados minoritarios en España -el 24% de los colegiados- que llevan más de 20 años ejerciendo. En ese tiempo ha defendido a clientes tan singulares como el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 30 años de cárcel por ordenar en 1984 los secuestros y asesinatos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Pero también ha ejercido la acusación popular en decenas de juicios por terrorismo en nombre de las víctimas. Su última intervención sonada fue en el caso del 11-M, donde representó a la asociación de víctimas que preside Pilar Manjón. Entre los casos actuales se cuentan varias querellas en representación de la policía contra el locutor de la Cope, Federico Jiménez Losantos.

Para él no existe ninguna incompatibilidad en defender en algunos casos y acusar en otros, más que la que determina el propio código deontológico, que prohíbe defender a alguien en un proceso en el que se puede actuar contra un anterior cliente. O bien, aceptar la defensa de intereses contrapuestos con otros que esté defendiendo en otro proceso. Y si se produce ese conflicto de interese, la norma les obliga a renunciar a ambos. A no ser que uno de los acusados les permita seguir llevando la defensa del otro.
La abogacía española en cifras

- Más de 150.000 letrados. Al acabar 2007,los 83 colegios de abogados que hay en España tenían registrados 118.775 letrados ejercientes y otros 38.006 no ejercientes.

- Experiencia. El 40% de los abogados tiene menos de 10 años de experiencia; el 36%, entre 10 y 20; y sólo el 24% supera los 20 años de ejercicio.

- Las mujeres, casi la mitad. Las mujeres representan ya el 47% de la población de abogados, pero en los últimos dos años han sido el 60% de las nuevas colegiadas, muy similara lo que ocurre en la carrera judicial.

- Una de las tasas más altas de Europa. La tasa de abogados por cada 1.000 habitantes es de 2,63, una de las más altas de Europa y sólo superada por Liechtenstein (3,55), Grecia (3,24), Italia (3,06) y Luxemburgo (2,75). En Francia, el porcentaje es de 0,73; en Portugal, de 1,19, y en Alemania, de 1,68.

- Madrid. La Comunidad de Madrid es la que tiene mayor densidad de abogados (5,14), casi el doble que la segunda, que es Cataluña (2,63). Extremadura (1,45) y Castilla y León (1,76) son las que menos.

- Justicia gratuita. Más de un millón de españoles pasaron el año 2007 por los servicios de justicia gratuita; 542.409 pasaron por los servicios de orientación jurídica para saber si tenían derecho o no a un abogado de oficio; 465.432 acabaron con asistencia en los juzgados y otros 583.089 fueron asistidos en comisaría. Las mujeres atendidas por violencia de género fueron 54.241.

- Turno de oficio. En España había en 2007 un total de 34.583 abogados inscritos en el turno de oficio, el 29% de los ejercientes. El promedio de lo que ingresan por expediente judicial es de 209 euros. La presencia en comisaría se paga a una media de 87 euros y los ingresos por este motivo al final de año son de 1.525 euros.

Fuente: www.elpais.com

BORRADOR LEY DE ACCESO

100 preguntas y un caso práctico harán la criba para ejercer de abogado

Publicado el 17-03-2009 , por José Mª López Agúndez

El Ministerio de Justicia y el de Ciencia e Innovación ya discuten con colegios, universidades y bufetes las exigencias de la formación para los futuros letrados, la duración del máster y la realización de prácticas.

Convertirse en abogado será más difícil a partir de la entrada en vigor de la Ley 34/2006 de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, prevista para el 1 de noviembre de 2011. El sector legal ya discute el primer borrador de reglamento para la Ley de Acceso –al que ha tenido acceso EXPANSIÓN–, en el que se desarrollan los requisitos de la formación y evaluación de los futuros abogados.

Para ser abogado habrá que aprobar un test eliminatorio de 100 preguntas y la resolución de un caso práctico en el que los aspirantes contarán con cinco horas. El mayor quebradero de cabeza para colegios, universidades y bufetes –que ya discuten con Justicia y Ciencia e Innovación el contenido de una norma que marcará los límites para el acceso a la profesión– es cómo elaborar el contenido y los requisitos de la formación, un máster obligatorio que incluirá un periodo de prácticas en un despacho y será determinante para pasar el examen. No sólo está por definir el contenido de las materias obligatorias del programa de formación –que deben decidirlo conjuntamente ambos ministerios– sino cómo se organizarán las prácticas y la posición de cómo queda cada agente: colegio, universidad y despacho.

Según el texto que ya debate el sector, “el máster deberá contemplar, como materias obligatorias, las que se establezcan en el plan de estudios aprobado por orden conjunta de los Ministerios de Ciencia e Innovación y Justicia”.
Según explican fuentes jurídicas consultadas, aquí surge ya una “discrepancia” entre los dos departamentos, ya que mientras Justicia quiere que los contenidos del grado en Derecho –actual licenciatura– se incluyan en el máster, Ciencia e Innovación entiende que las universidades deben tener libertad para definir el contenido del grado. Otras fuentes confirman que realmente se han producido “tensiones” en esta cuestión.

Hay más temas espinosos, como la relación de los colegios y las universidades para organizar las prácticas en los despachos de abogados. Según el borrador, la relación entre el colegio y la universidad tendrá que regirse a través de un convenio, pero ¿qué sucederá con los despachos?

El texto establece que “los colegios garantizarán que puedan ser realizadas todas las prácticas que demanden los alumnos de los cursos de formación”.
Otras fuentes consultadas apuntan que ésta es “una de las batallas del reglamento; a los despachos les preocupa porque se trata de alumnos que luego se integrarán en los bufetes y porque tendrán que ofrecer las prácticas y acreditar que da tales prácticas incorporadas al máster. ¿Y quién le dirá qué alumnos tiene que incorporar?”.

Intereses en conflicto
En otras palabras, “existen intereses en conflicto entre colegios y despachos. Los colegios tratarán de influir todo lo que puedan y los bufetes mantener toda la autonomía posible en la elección de las personas a las que les abren la puerta y darles las prácticas”.

Ésta es una de las cuestiones esenciales del convenio que celebren universidades y colegios, que deberá recoger cómo organizar las prácticas. Una prueba de ello es lo que prevé el artículo 16 del borrador: “El número de alumnos de los que puede ser tutor un abogado en las prácticas externas del curso de formación para abogados no podrá ser superior a dos. Los colegios de abogados podrán modificar este número máximo cuando sea necesario para cubrir todas las necesidades de prácticas que demanden las universidades con las que tengan convenio y las escuelas de práctica jurídica”.

Por otro lado, las universidades piden que el máster debe tener 90 créditos: 30 obligatorios, cuyo contenido estaría configurado por los ministerios competentes; 30 de prácticas externas y el resto establecido libremente por la universidad. Actualmente, el borrador prevé que el máster tenga 120. Las universidades también tienen su postura sobre la prueba de acceso: “Ha de consistir en una prueba objetiva, limitándose el test para las materias que no han sido impartidas en el Grado de Derecho”. También piden que en la prueba se tenga en cuenta “el Derecho propio de las autonomías”.

La carrera de abogado se complica, dentro de unos años se tardarán siete años, no cinco, como ahora.

Muchos flecos que atar
El sector legal vuelve a tener ante sí una encrucijada que muy probablemente condicionará el ejercicio de la abogacía en España a partir de 2011. A partir del 1 de noviembre de ese año, los alumnos que se gradúen en Derecho que deseen ejercer tendrán que hacer un máster, cuyo contenido está empezando a definirse ahora y que incluye unas prácticas, además de superar una prueba.
Este nuevo planteamiento es claramente “desincentivador” para hacer la carrera de Derecho.
Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN confirman las “tensiones” entre Justicia y Ciencia e Innovación a la hora de definir el Grado en Derecho. Pero a los bufetes les preocupan más cosas. Lo que piden es tener la posibilidad de “elegir” a los aspirantes futuros abogados porque los despachos son los que ofrecerán las prácticas y no quieren que los colegios impongan los alumnos procedentes de las universidades y de las escuelas de práctica jurídica.

Esta inquietud procede de que en la Ley de Acceso “se cierra en falso, porque hay dos interlocutores que pugnan por el acceso, las universidades y los colegios –que tienen relación con las escuelas de práctica jurídica–”.
El desarrollo de la ley a través del reglamento también tiene una preocupación para las universidades:“Al crearse un máster oficial les coloca en una posición complicada, ya que se tienen que aplicar precios públicos y esto limita las posibilidades de financiación”.

Fuente:www.expansión.com

GIJÓN. Las formas dividen a los abogados.

Las formas dividen a los abogados. Los que mantienen el turno de oficio aseguran que se niegan a dejar sin atención gratuita a los ciudadanos.

16.03.09 -MARCO MENÉNDEZ| GIJÓN


«Si se acuerda crear servicios mínimos, me apunto y los hago gratis», dice Pertierra

Llevan meses enfrentados, incluso con argucias poco éticas, como la colocación de carteles acusatorios en los juzgados, pero en el fondo todos persiguen lo mismo; la mejora del turno de oficio. Se trata de los abogados que se han declarado en huelga y no cubren los servicios de la justicia gratuita y aquellos que han decidido continuar con esa labor.

Las reivindicaciones fundamentales son tres: Una mejora en las retribuciones por los servicios, cobertura sanitaria cuando el letrado cubre la justicia gratuita y la eliminación de algunas labores administrativas que desde enero de 2008 se han asignado a lo letrados. «No conozco ningún abogado que no esté de acuerdo con las reivindicaciones, pero al final es un problema de formas. Me niego a una huelga salvaje», indica Xuan Pertierra, uno de los letrados que han decidido continuar con el turno de oficio.

De la misma opinión es Albina Flórez, otra letrada que sigue con la justicia gratuita porque «no se puede hacer un colapso en la Justicia. Esperar unas semanas por un proceso de divorcio no es importante, pero ¿por un delito en el que una persona puede acabar en Villabona? ¿o aquellos detenidos peligrosos que quedan en libertad porque no pueda prestar declaración con la asistencia de un letrado?


Pero es que hay otros abogados que están dispuestos a conseguir, al menos, la asistencia sanitaria. De esa opinión es Nadine Álvarez, quien recalca que «la gente le da mucho importancia a la petición sobre las retribuciones y no tanta a la atención sanitaria. Yo soy madre y, si me pasa algo asistiendo a un preso en Villabona, no tengo ninguna cobertura. ¿Qué pasa con mis hijos? Un compañero nuestro tuvo un accidente y tuvo que pagar 300 euros porque le escayolasen una pierna en Jove». La misma postura la mantiene Esther Moradeira, quien añade que «la sociedad tiene una imagen errónea de los abogados, que creen que tenemos una economía saneada, pero no es así; cobramos para vivir dignamente».

Graciela Lagunilla, que además es la presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Gijón, cree que cubrir la asistencia sanitaria «supondría un coste mínimo para el Principado, porque de mil abogados ejercientes, sólo 376 estamos en el turno de oficio».
Pero la falta de unión en esta movilización es lo que realmente enfrenta a las partes. Esther Moradeira asegura que «respetamos a quienes no hacen la huelga, pero sólo son un 3% de los abogados. Creo que sería necesario que hubiera un sacrificio común», a lo que Cristina Fernández apostilla que «es una insolidaridad evidente».

El acuerdo

En este punto no están de acuerdo Xuan Pertierra ni Albina Flórez, pues no consideran que hayan incumplido acuerdo alguno. El primero indica que «el acuerdo de la asamblea fue dar de baja del turno de oficio y que se diera de alta quien quisiera. Fue lo que hicimos, pues estaba en el acuerdo de la asamblea; lo que no estaba era paralizar el turno de oficio. Si se acuerda crear servicios mínimos, me apunto y los hago gratis, pero lo que yo no puedo hacer es dejar de atender a una mujer víctima de malos tratos llorando en el cuartel de la Guardia Civil. De las dos opciones que me dieron en la asamblea, yo elegí una». Además, Albina Flórez añade que «somos abogados y tenemos que hacer las reivindicaciones de acuerdo a la norma».

Hay otro punto de coincidencia entre las dos partes y es que los duros enfrentamientos protagonizados mediante pasquines o foros de internet únicamente son alentados por un grupo de ocho o diez personas. Flórez cree que esos letrados «quieren vivir del turno de oficio y de eso no se vive, sino de tu despacho. La justicia gratuita es para aprender y para ayudar a los ciudadanos».
En el otro bando también aseguran que «los foros son sitios de opinión libre, pero no representan al colectivo, sino que son una minoría quienes dan su opinión. La mayor parte de los abogados nos desmarcamos de ellas», dice Nadine Álvarez.

Contra la consejera

Y, aunque parezca mentira, aún hay otro punto de coincidencia entre ambas partes, que no es otro que sus críticas a la consejera de Justicia del Principado, María José Ramos. «Pasa de todas nuestras reivindicaciones», dice Cristina Fernández, a pesar de que «tiene las medidas para poder solucionarlo», según Cristina Lagunilla.

Xuan Pertierra fue aún mucho más duro, pues calificó a Ramos de «innoble, indigna e impresentable» por «no recibir al decano del Colegio de Abogados durante cinco meses. La consejera es una representante elegida y como tal tiene que trabajar para el administrado». Esta falta de diálogo con los letrados es interpretado como «una grosería» por Albina Flórez.

Vistos los puntos de coincidencia, es difícil de comprender un enfrentamiento tan enconado.

Fuente:www.elcomerciodigital.com

MADRID. El ICA Madrid critica la falta de formación de los jueces sustitutos.

El Colegio de Abogados de Madrid critica la falta de formación de los jueces sustitutos.Considera que “deben establecerse exigencias de formación continuada”.
I. Moreno. 15/03/09

El Colegio de Abogados de Madrid, con Antonio Hernández-Gil a la cabeza, ha hecho pública una declaración institucional en la que recoge las reivindicaciones de la abogacía madrileña y denuncia la actual situación de la Justicia de la Comunidad, criticando de soslayo la falta de formación de la judicatura.

El escrito, compuesto por doce apartados, dedica uno de ellos a la formación de acceso al servicio de la Administración de Justicia, que según demanda la Junta de Gobierno del Colegio, “debería generalizarse y comprender a jueces y fiscales sustitutos, no siempre con experiencia y preparación técnica suficientes”. Además, considera “esencial” apostar por el reciclaje de estos profesionales: “Deben establecerse exigencias de formación continuada y evaluación que aseguren la idoneidad de jueces y funcionarios para el desempeño de sus plazas, y mejoren la gestión de su mantenimiento y cambios de destino”.

Más reprimendas

Pero no sólo la judicatura es objetivo de las reprobaciones de la abogacía madrileña. Las instituciones públicas también reciben su particular reprimenda. El Colegio denuncia las carencias de la Justicia madrileña, reclamando que se escuche su voz en la toma de decisiones: “La falta de medios personales, materiales y organizativos es prácticamente general en todos lo órdenes y órganos jurisdiccionales implantados en nuestra Comunidad, agraviada comparativamente respecto a otras”. Tales carencias, según esta corporación, “además de dilaciones indebidas en los procesos, producen una justicia de calidad inferior a la exigible, con merma del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, por lo que hay que exigir de las Administraciones Públicas su remedio con medidas urgentes que tengan en cuenta la opinión de los abogados”.

Tras estas criticas, el documento vuelve a reivindicar el papel de la abogacía, afirmando que “para mejorar la ineficaz gestión del tiempo en los procedimientos, con injustificables retrasos en el inicio y curso de los actos señalados, o suspensiones imprevistas, es imprescindible disponer de mejores herramientas de organización, recabando la colaboración de los abogados”. Y, por ello, el Colegio de Abogados de Madrid ofrece protocolos de actuación para el buen orden de los señalamientos, el control de las citaciones y la puntualidad que incluyan pautas de buena praxis “exigibles también a los propios abogados”, matiza. En esta misma línea, la Junta de Gobierno afirma con contundencia que “una administración de Justicia imparcial y eficaz sólo es posible si se reconoce y respeta la dignidad del abogado y el ejercicio libre e independiente de su función por los órganos jurisdiccionales”.

Como último alegato, pide con tono conciliador la “leal cooperación institucional para abordar conjuntamente los problemas y proponer soluciones, que abarquen desde la mejor gestión de los recursos disponibles hasta profundas reformas orgánicas y legislativas”.

Fuente:www.gaceta.es

GIJÓN. Polémica en la Abogacía

Polémica en la abogacía de la ciudad

Por la dignidad de lo gratuito

Los abogados luchan contra la Administración pidiendo un aumento de las tarifas del turno de oficio y la adquisición de derechos sociales

Gijón

Román GARCÍA

Los abogados gijoneses se mueven entre la esperanza y el recelo, entre el afán de lucha y la poca confianza en la Administración pública. La consejera de Justicia del Principado de Asturias, María José Ramos, mantuvo la pasada semana su primera reunión con su representante, el decano del Colegio de Abogados Sergio Herrero. Casi un año después de que los letrados gijoneses alzaran la voz para protestar por la situación del turno de oficio «parece» que empiezan las negociaciones. Las reivindicaciones, inamovibles según la mayor parte de los letrados, están sobre la mesa: menos papeleo, más remuneración económica y reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria. LA NUEVA ESPAÑA consultó ayer a algunos colegiados de Gijón.

En el mes de mayo los abogados comenzaron una lucha que aún hoy no ha llevado a ninguna solución. Como medida de protesta se planteó, en un primer momento, la baja de todos los letrados del turno de oficio. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias pidió a los letrados que retirasen esa medida y entonces la solución pasó por la baja voluntaria: el que quiera que se ponga en huelga y el que no que siga ejerciendo en el turno de oficio cumpliendo las guardias correspondientes. La mayor parte de los abogados se dio de baja. Entre ellos, María Cristina Fernández, que defiende la medida que tomaron más de doscientos abogados: «El ciudadano no se quedó indefenso por la baja masiva de los abogados», su argumento parte de la base de que en el caso de que haya algún condenado con pena de cárcel pendiente se resuelve su caso y se le designa abogado de oficio al considerarlo un asunto «urgente».

Frente a ella, los abogados que no se dieron de baja, en su nombre Xuan Ramón Pertierra matiza: «No somos esquiroles porque la decisión tomada fue que se dejara libertad para darse de baja o no». Sus argumentos son contrarios a los de los huelguistas: «Estoy de acuerdo con que se necesitan mejoras, pero no se puede hacer una huelga salvaje, hay que tomar las cosas con seriedad y no dejar sin atender a mujeres que necesitan una asistencia a las tres de la mañana por malos tratos».

Sobre las necesidades no hay apenas discusión. Lo primero las tarifas, que difieren mucho si el cliente es privado o si por el contrario proviene del servicio del turno de oficio. Ricardo Valdeón cifra esa diferencia: «Entre ambos tipos de cobros puede haber una diferencia que depende del caso que estés llevando, pero que puede superar los 3.000 euros». En este sentido, «si lo que tienes que llevar es un divorcio con pensión compensatoria y de alimentos, si lo sumas pueden salir 3.500 euros de factura y cobras unos 200 euros si lo haces por el sistema del turno».

Los abogados también piden asistencia sanitaria gratuita. Para María de Vega Valle: «Si trabajamos para la Administración es lógico que nos cubra la Seguridad Social». En este sentido, la letrada gijonesa asegura que las contradicciones de los políticos son muchas: «Por una parte, nos dicen que los impuestos son siempre los mismos y que tenemos que cobrar un mínimo y, por otra parte, nos pagan muy poco cuando trabajamos para ellos».

La presidenta de la Agrupación de Abogados Jóvenes, Graciela Lagunilla Herrero, es de las que opta por seguir con la lucha, teniendo en cuenta que el rival acabará respondiendo. «Nos ofenden las pocas ganas que tiene la Consejería de negociar», asegura. Su compañero de profesión Alberto Rey es de los pesimistas: «No tengo mucha esperanza ante las negociaciones, pero hay que estar abiertos al diálogo porque es la única solución», asegura. El camino está siendo largo y difícil. Tras varios meses de lucha, los abogados han conseguido que se abra la negociación.

¿Qué "papelillas" se pagan en la asistencia al detenido?

Cuando hablas con algunos compañeros el día que han señalado juicios en los pueblos (sí, ese día que te citan a las 10:30 y llegas a tu casa a las 16:30), te das cuenta de que todavía dejamos pasar ocasiones en las que tenemos derecho a cobrar por nuestro trabajo, y por desconocimiento no lo hacemos. Me explico, cuántas "papelillas" me van a pagar por asistir a un detenido.

ASISTENCIAS EN SEDE POLICIAL. Normalmente, se pagan hasta 3 papelillas: 1) Declaración del detenido, 2) Declaración de denunciante y/o testificales (máximo 2). Es habitual que la Policía Nacional te permita estar presente en las declaraciones de denunciantes y testificales, pero no en la Policía Local y Guardia Civil. Tenemos derecho a estar presentes desde que nos llaman para hacer la asistencia. En la mayoría de los sitios no quieren que estemos los letrados para no retrasar el atestado y no estar presentes cuando interrogan a los testigos. De ahí que nos digan, "ya lo llamaré dentro de un rato para ver a qué hora se va a pasar Vd.".

ASISTENCIAS EN SEDE JUDICIAL. Sólo se paga una papelilla, la de nuestro cliente. Aquí ya no cabe presentar papelillas por denunciante y testificales, aunque estemos presentes y nos den entrada en las actuaciones.

Espero os haya servido esta información y no dejemos de aprovechar un derecho que nos corresponde.

Wifi en sedes del T.O.

El I.C.A.C. a través de su Junta de Gobierno, esta gestionando la implatación del sistema de conexión a internet WIFI, en las sedes colegiales de los partidos. Ello era una propuesta de nuestra candidatura, que vemos realizada. Gracias.

MADRID. Los Abogados del Turno de Oficio se concentran.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Bajo la consigna '¡Espe, escucha, el Turno de Oficio lucha!", los letrados demandaron al Ejecutivo autonómico que materialice las promesas realizadas por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, entre las que figura el compromiso de abonar la cuantía de 24 millones de euros que debe al colectivo y a establecer los mecanismos necesarios para que cobren regularmente en 2009.

La concentración se enmarca en el calendario de movilizaciones marcado por la Asociación Profesional de Abogados de Extranjeros de Madrid (APAEM), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) y la Asociación Libre (ALA). El impago de los honorarios de 2008 motivó las protestas del colectivo.

Para la plataforma es "imprescindible" denunciar ante la opinión publica "las maniobras del Gobierno autonómico tendentes a dejar sin efecto el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita, el ejercicio del derecho de defensa y el de percibir una retribución puntual".

Un portavoz de ALTODO, Manuel Valero, señaló a Europa Press que seguirán con las movilizaciones hasta que "los compromisos sean concretos". "Todavía no hemos firmado nada. Y no se ha pagado la primera parte del dinero que se adeuda", insistió. Valero comentó que en los próximos días la plataforma volverá a reunirse para perfilar nuevas protestas.

Las asociaciones habían previsto que sus asociados renunciaran a partir de marzo a las guardias penales. Sin embargo, sólo 600 letrados han presentado su renuncia, pese a que era necesario que fueran al menos 1.500. Por el momento, esta iniciativa se quedará apartada hasta que se reúnan más apoyos.

PRIVATIZACIÓN

Al malestar por el impago se sumó el enfado de los abogados con motivo de sus sospechas sobre una posible privatización del servicio. Según el colectivo, el primer paso para privatizar el servicio ha sido entregar a manos privadas el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM.

La adjudicación de este servicio está suspendido de manera cautelar hasta que se estudien las alegaciones presentadas por el ICAM. Además, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos

Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.

Fuente: www.ecodiario.eleconomista.es

MADRID. Manifestación de Abogados en Madrid.

"¡Espe, escucha, el turno de oficio lucha!"

03.03.09 | 15:56 h. Rebeca San Cristóbal Orea

Esta ha sido la principal consigna que ha movido a cientos de abogados a concentrase frente al edificio de la Comunidad de Madrid (en Sol) esta mañana. Aunque eran menos de los esperados, "muchos de nosotros no estábamos enterados porque no pertenecemos a las principales asociaciones. Y tampoco parece haber habido intención de que nos llegara esta información", nos comentaba una de las abogadas allí reunidas, Dolores López.

Esta manifestación se enmarca dentro de las protestas que pretenden llevar a cabo desde la Asociación Profesional de Abogados de Extranjeros de Madrid (APAEM), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) y la Asociación Libre (ALA). En total, representan a cerca de 4.500 profesionales.

Sus reivindicaciones comenzaron el pasado año, cuando la Comunidad de Madrid decidió abrir a concurso EL 'Servicio de Orientación Jurídica a Mayores' (SOC)'. "Ante esto, hemos presentado un recurso que ha derivado en una suspensión cautelar", declara la portavoz de APAEM, Elena García Cazorla. Ahora, el recurso se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia, por lo que "la resolución final va para largo", añade.

Ataque a los más indefensos

Tras conseguir este concurso, aunque paralizado y privatizar el servicio de traductores e intérpretes (a los que se paga menos de la mitad de lo que se hacía hasta el momento. Se ha pasado de pagar 50 euros la hora a 12), la capital ha decidido arremeter contra otro sector débil: los extranjeros sin papeles.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, apeló a la "igualdad de derechos entre españoles y extranjeros", pero "resulta ridículo exigirles documentos de la seguridad social, declaración de la renta" como al resto, ya que, precisamente estas personas se ven desprovistas de todo ello", nos argumenta la portavoz de APAEM.

Una deuda millonaria

A estas reivindicaciones hay que sumar la de la demanda del pago de sus honorarios, "cifra que ya asciende a los 24 millones de euros", nos matiza García.

Tras el encierro que protagonizaron estos abogados el pasado 17 de febrero en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Granados se comprometió a subsanar esta cantidad.

"Lo que han hecho es liberar dinero del fondo previsto para 2009 para pagarnos lo de 2008. Es decir, que esta situación se volverá a repetir al año que viene", aclara García.

¿Por qué buscan la privatización? "Sin duda alguna, la pretensión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es repartir estos oficios entre las empresas que ella quiera. Al tiempo que así, se ahorrará dinero".

Un ejemplo de esto lo encontramos en los abogados que forman parte de APAEM, los cuales tienen que pasar unos cursos para acceder a sus puestos profesionales. "La idea de Aguirre es contratar a recién licenciados y pagarles mucho menos".

Por el momento, no han tenido respuesta por parte de la Comunidad. De hecho, a lo largo de la mañana no han hecho sino que pedir que Granados y a Aguirre se asomaran al balcón para ver la manifestación... pero nadie se ha dejado ver.

Más allá, la policía ha sido cautelosa hasta el extremo no dejando que los manifestantes sobrepasaran una barrera invisible que les impedía cruzar la calle hasta estar justo debajo del reloj de la puerta del Sol.

Fuente: www.telecinco.es

MADRID. Los Abogados de concentran en la Puerta del Sol

Abogados se concentran en Sol al grito de "Paga el turno, no a los espías"

Madrid | 03/03/2009.

Abogados de Madrid se han concentrado esta mañana en la Puerta del Sol, frente a la conserjería de Presidencia, Justicia e Interior, para reivindicar, entre otras cosas, el pago de los atrasos acumulados por los abogados del turno de oficio en 2008, al grito de "Paga el turno, no a los espías".

Las asociaciones ALA, APAEM y ALTODO, que representan a unos 4.500 abogados, convocaron la concentración de esta mañana ante la "ausencia total de acuerdos" en las negociaciones con el consejero de Justicia, Francisco Granados, ha asegurado hoy a Efe Teodoro Mota, director de ALTODO.

Bajo el lema "Por un derecho de defensa digno. Contra la privatización del turno de oficio", los abogados han reclamado el pago de parte de los servicio que prestaron en 2008, que suponen una deuda de 16.025.210 euros.

Fuente: www.adn.es

Desde que los abogados de turno se encerraron en el Colegio de Abogados de Madrid el pasado 17 de febrero, "las reivindicaciones siguen siendo las mismas", ha apuntado Mota.

Y es que, aunque Granados se comprometió, en una reunión celebrada el 16 de febrero con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, a pagar en breve las cantidades atrasadas, el colectivo ha asegurado que "este acuerdo no se ha materializado", por lo que "continuarán las movilizaciones".

A las demandas por los pagos, que además exigen que sean actualizados conforme al IPC, se suman también las sospechas de la intención del Gobierno regional de privatizar el servicio de turno.

El turno de oficio cuenta con dos áreas: el turno de oficio propiamente dicho, dedicado a la asistencia jurídica, y los servicios de orientación jurídica, destinados a orientar a las personas que lo soliciten, y aclararles si pueden optar a asistencia jurídica gratuita.

La Comunidad de Madrid elaboró un Decreto por el que uno de estos servicios, el de orientación a mayores, se sacaba a concurso y se adjudicaba a una empresa privada, hecho que, según Mota, "apunta de manera muy clara a la privatización del servicio".

En cuanto al decano Hernández-Gil, el director de ALTODO ha señalado que "debería estar liderando esta protesta" y, al mismo tiempo, ha lamentado que el decano no haya logrado "arrancar" un acuerdo al consejero.

Por su parte, fuentes de la conserjería de Presidencia, Justicia e Interior han asegurado a Efe que ya se ha pagado una parte de lo que se les adeudaba a los abogados, y que la semana que viene cobrarán la segunda parte, correspondiente al último trimestre de 2008.

Además, han añadido que este último pago "se llevará a cabo dentro del plazo", ya que desde la Comunidad se paga "el trimestre vencido al trimestre siguiente".

Por otro lado, desde la conserjería han señalado que "no se va a privatizar ninguno de estos servicios", porque "en la justicia gratuita eso no se puede hacer".

VALENCIA. Tambores de huelga en la Abogacía Valenciana.

Lunes, 02-03-09

ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE

VALENCIA. Resuenan, a lo lejos, pero resuenan tambores de huelga en la abogacía valenciana. Al malestar de los abogados del turno de oficio por el retraso con el que la Conselleria de Justicia paga la asistencia que prestan a aquellos ciudadanos que no tienen recursos, se une el temor a una privatización de este servicio, proceso que ya han acometido otras comunidades autónomas.

Las situaciones no son idénticas, pero los abogados valencianos miran a la capital de España, a Alcalá de Henares, a La Coruña y a Gijón. Allí los letrados han pasado a la acción; han protagonizado encierros, han renunciado a hacer guardias.... Aquí, los letrados inscritos en el turno, 3.000 de los 9.000 colegiados, están menos organizados; pero la «revuelta» empieza a tomar cuerpo a través del correo electrónico, de foros jurídicos, de encuentros improvisados...Los secretarios y los jueces dieron el primer paso.Ahora les toca a ellos. Las quejas han sido tantas, que han forzado al decano, Francisco Real, a convocar una asamblea. Se celebró el pasado lunes. Fue tensa, muy tensa.

Más usuarios, menos dinero.

El hecho de que el dinero destinado por la Generalitat el pasado año haya resultado insuficiente -de ahí el retraso en el pago del último trimestre-y que el presupuesto para justicia gratuita para 2009 haya pasado de 20,5 millones a 16,5, no ha hecho sino aumentar la preocupación de un colectivo en un año en el que, además, se presume un incremento importante de la litigiosidad por la crisis. Hay más gente pobre, más gente con problemas y menos dinero para atenderlos.

La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, admite que las dificultades para hacer frente al pago del último trimestre de 2009 en el plazo comprometido pueden repetirse e insiste en la necesidad de «más control» sobre los servicios que prestan los letrados. «Todavía no sabemos cómo. Pero hay que hacer algo porque se ha disparado. Lo de la privatización ni nos lo hemos planteado». Así lo transmitió hace varias semanas al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Y es el mensaje que trasladó el decano a quienes asistieron a la asamblea del lunes.

Convenció a pocos. Por el contenido de su discurso: «Parecía un portavoz de la Conselleria y es nuestro decano, tiene que defender nuestros intereses», critica una letrada. Y por la forma de la convocatoria: «Puso la reunión a la una, a esa hora la gente está en los juzgados. Aun así había unas 300 personas. Pero a las dos y cuarto dio la reunión por terminada. Había muchas preguntas por hacer y muchas respuestas que dar», apunta una de las asistentes a esa asamblea.

«Sabía lo que iba a pasar; intuía lío. Si la convoca a las nueve estamos allí hasta las tres y salimos a tortas. La gente estaba muy cabreada», añade otro.

Dicen que el decano se limitó a dar las cifras de lo que se ha incrementado el presupuesto de la Generalitat en los últimos años, que dio cuenta de sus gestiones ante la Conselleria cuando ésta se ha retrasado casi mes y medio en pagar y que cuando escuchó la palabra huelga dijo: «Los jueces han ido y ¿qué han conseguido?. Nada». Los abogados se quejan de que nos les informe lo suficiente; de que no escuche sus propuestas...

El Colegio de Abogados cobra a trimestre vencido los honorarios devengados por el turno de oficio. Se factura un trimestre y la Conselleria paga el último mes del siguiente trimestre. En estos momentos, la Conselleria está al día de pago -tiene hasta finales de marzo para pagar saldar el último trimestre de 2008-. Pero ha pasado aprietos para hacer frente al pago del tercer trimestre. Abonó primero una parte y hasta mediados de febrero no aportó el resto.

El malestar es colectivo aunque hay posturas discrepantes. «El decano debe dejar de presumir del convenio que firmó con la Conselleria. ¿De qué vale si lo incumplen sistemáticamente? Es papel mojado», explica, indignado, un letrado.

«Si nos comparamos con otros proveedores de la administración que tardan años en cobrar, lo nuestro es una cosa minúscula», replica otro. «Es inadmisible, pero hay que tener un poco de memoria histórica. Cuando el que pagaba era el Ministerio tardábamos año y año y medio en cobrar», recuerda un tercero.

«Mientras sigan pagando así es soportable», razona uno de los asistentes a la «alborotada» asamblea. «La gente no tiene visión de futuro. No tiene sentido enfrentarse a la Conselleria. ¿Qué sentido tiene morder la mano que te da de comer? Lo que hay que hacer es prestar un buen servicio para que no lo privaticen».

Alicia Renovell es diputada del turno de oficio. «Cobramos mucho mejor que hace unos años», dice. Los usuarios de la justicia gratuita se han disparado con la crisis y el incremento de la población extranjera y un presupuesto a la baja avecina problemas de cobro admitidos por el Consell. «Estamos a verlas venir. Conforme vengan los problemas, los iremos solucionando. Es cierto que hay menos dinero pero no sabemos si la Conselleria puede pasar partidas de un lado a otro».

150 euros por una guardia.

Para un abogado, el turno de oficio puede suponer el 70% de los ingresos de su despacho. Cobrar con retraso puede estrangular esa pequeña pyme. «Tenemos una línea de crédito con un banco para que adelante el dinero a un interés muy bajito y estamos en negociaciones con otros», explica Renovell. Son pocos los letrados que recurren a esta bombona de oxígeno. En la Asamblea hubo abogados que reclamaron una revisión de los honorarios, los mismos desde 2005, y hubo también quien consideró que, con ser legítima la reclamación, no era oportuno plantearla en tiempos de crisis.

«No está bien pagado», se lamenta uno. «Tampoco está tan mal», discrepa otro. Perciben 150 euros por cada guardia; si realizan más de seis asistencias, cobran 300. Por cada juicio rápido que celebren durante la guardia suman 240 euros más y no es extraordinario que celebren uno o dos. «A veces trabajas mucho y no te sale rentable, pero hay gente que gana 3.000 euros al mes así».

Los referentes

Entre la situación de Valencia y la de Madrid media un abismo. El gobierno de Esperanza Aguirre adeuda 24 millones de euros por honorarios devengados en 2008. Tres trimestres. Cerca de 400 letrados se encerraron durante 12 horas en la sede del colegio para escenificar su malestar. Van a censurar a su decano y mantienen un calendario de protestas. Son 4.500. A partir de hoy no harán guardias ni en penal ni en extranjería. Los detenidos sin recursos económicos quedarán en libertad al no contar con asistencia letrada. No se podrán tampoco abrir expedientes de expulsión.

La Comunidad de Madrid ya ha privatizado algunos servicios: de manera reconocida, lo ha hecho con el servicio de orientación jurídica a mayores; de manera encubierta, con el de extranjería.

Los abogados del turno de oficio de Alcalá de Henares llevan sin cobrar desde marzo. Les deben tres millones de euros. También se encerraron.Los de La Coruña están en huelga desde el 2 de febrero. El Consejo General de la Abogacía, que criticó la huelga de jueces pese a que dijo comprender los motivos que la inspiraban, se ha visto obligado a intervenir. Dice que las reivindicacion «muchas veces justas (...) no pueden prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva». Al decano de Gijón le dio un tirón de orejas por permitir los carteles que tachaban de esquiroles a aquellos letrados que no secundaron las protestas. Allí, el ambiente también está revuelto.

Con estar molestos por los retrasos, en Valencia, lo que realmente preocupa es el «rumor» insistente de la privatización. No son pocos los que piensan que «a la Conselleria le saldría más rentable adjudicar el servicio a un bufete de prestigio, a despachos que contratarían luego a recién licenciados a los que pagarían 900 euros. Todos ganarían más dinero».

«El Colegio de Abogados se opondrá tajantemente», tranquiliza Renovell. Pero hay quien mira a Madrid y hecha mano del refranero: «Cuando las barbas de tu vecino veas pelar....»

El fantasma de la privatización del turno de oficio ha puesto en pie de guerra a los abogados de Valencia, que miran a Madrid _ Allí han pasado a la acción: encierros y paros; aquí la «revuelta» cobra fuerza

Fuente: www.abc.es

ABOGADOS EN ACCION. Stafford Smith. Un abogado en Guantánamo.

GUILLERMO ABRIL 01/03/2009

Fue el primero en llevar la prisión ilegal a los tribunales. Abrió el camino para defender a los detenidos. Con su ONG, Clive Stafford Smith ha luchado por liberar a casi un centenar. Ahora confía en Europa para echar el cierre.

Cuando en enero de 2002 empezaron a conocerse las primeras noticias sobre la prisión de Guantánamo (Cuba), a la que los militares estadounidenses estaban trasladando a supuestos terroristas de Al Qaeda y talibanes afganos capturados “en combate”, un abogado de sonrisa torcida decidió meter una cuña antes de que se cerrara la puerta de la guerra sucia contra el terror. “Demandemos al presidente Bush”, escribió Clive Stafford Smith en un correo electrónico a sus colegas defensores de los derechos civiles en Estados Unidos. La mayoría respondió con silencio. Otros no veían ningún problema con la prisión. Algo había cambiado, se excusaban: su país se encontraba en guerra desde el 11-S.

Stafford Smith, de 49 años, estadounidense de origen británico, no le retuvo ningún complejo patriótico. Después de dos décadas defendiendo a los innombrables en el corredor de la muerte de los Estados sureños, en febrero de 2002 demandó al entonces presidente, George Walker Bush; al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a dos mandos de la base naval de Guantánamo por retener “incomunicados y bajo custodia ilegal” a dos ciudadanos británicos. Dos años y medio más tarde, gracias a esta demanda, la Corte Suprema reconocía a los presos el derecho al procedimiento de hábeas corpus y abría una rendija para la entrada de abogados en la base.

La niebla acaricia las colinas del condado de Dorset, al sur de Inglaterra. La carretera serpentea entre prados y vacas. Unas casitas de ladrillo al fondo de un camino embarrado. Un hombre espigado se asoma a la puerta. Dentro, ofrece un té y pide unos minutos: “Estoy acabando una carta a la Casa Blanca. A ver cuál es la postura de Obama sobre la tortura cometida contra un cliente”. Stafford Smith teclea en el portátil. Su mujer, también abogada, juguetea en el salón con el bebé de ambos. John Le Carré y Ernesto Che Guevara sobre la estantería. Zumba la tetera. Punto. Correo terminado. Con la taza en la mano y sus pantalones de pana agujereados, el azote de Guantánamo sale a la calle y hace de guía hasta su oficina, una cabaña luminosa que debió de servir como almacén de aperos. Le ha puesto el apodo de El Pentágono. Como el original, dice, cuenta con cinco lados.

El inagotable Stafford Smith, distinguido como oficial del Imperio Británico, acaba de volver de Estrasburgo (Francia), donde ha pasado un par de días contando a los parlamentarios europeos “la verdad sobre los prisioneros de Guantánamo”. Con más de 20 viajes a la base americana a sus espaldas, en estancias de 10 días, ha representado a unos ochenta detenidos al frente de Reprieve, la organización británica sin ánimo de lucro que fundó hace nueve años; 50 de ellos ya han sido liberados. La mutación de la ONG, consagrada a la defensa de los condenados a muerte, fue inevitable cuando Guantánamo entró en escena. Su sede se encuentra en el corazón de Londres y cuenta con 14 abogados e investigadores dedicados a desvelar el oscuro sistema de inteligencia post-11-S. Las prisiones ilegales se encuentran entre sus prioridades. No sólo la cubana. Ahí están Bagram (Afganistán), Temara (Marruecos) o Diego García (territorio británico). El seguimiento de los vuelos de la CIA es otro de sus fuertes. Sus averiguaciones fueron entregadas en 2008 al fiscal de la Audiencia Nacional que investiga el caso en España, Vicente González Mota. Reprieve aportó la identidad de los agentes de la CIA que operaron los vuelos con escala en territorio español. Los agentes se identificaron con nombres falsos, sostiene Reprieve. “Esta información todavía ha de verificarse, pero ha sido incluida en el sumario”, resume el fiscal. “Y esto da cuenta de su relevancia”.

Volvamos a Guantánamo. Con la orden ejecutiva de Barack Obama de desmantelar en un año una prisión en la que han tenido lugar más suicidios (4) que juicios justos (3), el debate se ha trasladado. “No puedes cerrarla a menos que los prisioneros tengan un lugar al que ir”, dice Stafford Smith. Ahí entra en juego Europa y su viaje a Estrasburgo. De las cerca de 240 personas que siguen encerradas, 140 regresarán a sus países. Unas 40 quizá sean juzgadas en suelo estadounidense. Cerca de 60 no tienen un destino al que volver, perseguidos en sus países, o cuyos Estados se encuentran en guerra. La negociación en el Parlamento Europeo terminó con una declaración de buenas intenciones para ofrecer refugio a quien lo necesite. Pero el problema con la política, dice el abogado, es que una cosa son las palabras y otra la acción.

Noviembre de 2004. Stafford Smith logra su primer permiso para entrar en la base y entrevistarse con los prisioneros británicos Moazzam Begg y Richard Belmar. Bush ya había anunciado al mundo (julio de 2003): “De lo único que estoy seguro es de que éstos [los prisioneros] son personas malvadas”. El abogado imaginaba que se habrían cometido errores, fallos en la identificación, falta de pruebas. “Pero supuse que lo habrían hecho bien en casi todos los casos”. Primera sorpresa: “La mayoría no eran terroristas”. Las cifras han ido hablando por sí solas: de las 759 personas que han desfilado por la base, 525 han sido liberadas. Sus dos primeros clientes volaron a casa dos meses después de la visita del abogado.

El anecdotario de este hombre sobre los sinsentidos de la prisión es interminable. Para empezar, cuenta, se topó con el muro de la burocracia militar. Lo primero que necesita un abogado para defender a una persona es saber quién es la persona, pero nadie sabía quién se hallaba en Guantánamo. Los militares tampoco aportaban ninguna pista. “Cuando por fin dimos con algún nombre y comentamos a las autoridades americanas ‘Eh, estoy representando gratis a esta persona’, nos contestaron que sólo podíamos representarlo si teníamos su permiso expreso. ‘Pregúntenle si quieren que le defendamos’, respondíamos. Y los militares: ‘No. Eso no lo podemos hacer”. La clave fue dar con los familiares, que tienen derecho a solicitar apoyo jurídico para los detenidos. Esto puede resultar sencillo con ciudadanos británicos o australianos. En Yemen, adonde Stafford Smith viajó para localizar a varias familias, se vuelve una labor titánica.

Una vez dentro, la siguiente trampa burocrática: cualquier anotación que un abogado quisiera conservar después de entrevistarse con un detenido había de meterla en un sobre y dirigirla al Departamento de Defensa en Washington, donde se tachaba debidamente toda información comprometedora para la “seguridad nacional” de Estados Unidos. Cualquier referencia a las torturas sufridas por sus clientes, como el ahogamiento, los golpes, los cortes, la simulación de homicidios en celdas contiguas o la posición de strappado propia de la Inquisición española era eliminada porque formaba parte de los “métodos de investigación”. Material clasificado que los abogados no podían hacer público.

A Stafford Smith se le ocurrió así uno de sus golpes de efecto más sonados. En 2005 le remitió al primer ministro británico Tony Blair una carta desde Guantánamo describiendo las atrocidades que los militares americanos habían cometido contra su cliente Moazzam Begg. La misiva la componían una memoria de 40 páginas sobre los abusos, que quedó censurada en un 90%, y dos folios de carta aclaratoria con el encabezamiento: “Re: Torturas y abusos a ciudadanos británicos en Guantánamo”, y un último párrafo: “Todo lo que aparezca tachado en esta carta es información que sus aliados de Estados Unidos no creen que deba conocer”. Fueron las dos únicas frases que la censura de Washington no cubrió con una mancha negra.

Ante la ausencia de juicios justos y la poca información que superaba el filtro, la labor de los abogados ha sido investigar la vida de los prisioneros con las pocas pistas que tenían. Stafford Smith lo ilustra con la historia de otro de sus clientes, Mohamed el Gharani. Originario de Arabia Saudí, fue detenido en Pakistán y vendido a los militares estadounidenses en 2003. Tenía 14 años. Durante el interrogatorio, un intérprete de árabe que hablaba el dialecto yemení le preguntó que cómo conseguía “tomates” en Pakistán. “¿Tomates?”, se preguntó el muchacho. “No necesito tomates. Puedo conseguirlos en cualquier parte”. El problema fue que la palabra que entendía en su dialecto saudí como “tomates” o “ensalada”, zalat, significaba “dinero” en yemení. Los militares, explica su abogado, concluyeron que debía de tratarse de un financiador de Al Qaeda. Lo acusaron de formar parte de una célula londinense en 1998, convencidos de que El Gharani tenía unos 25 años. Lo primero que hizo Stafford Smith, después de entrevistarse con el chico, fue confirmar su edad. Consiguió su partida de nacimiento y probó que cuando se encontraba supuestamente en Londres, financiando a terroristas, ¡tenía 11 años! Su liberación ha sido anunciada en enero.

Aun así, dice el abogado, lo más grave no han sido las torturas ni las injusticias, sino el secretismo: “Yo sé un montón de cosas que están pasando, pero tú no las sabes. Ni nadie. Los americanos clasifican la información cuando los hechos les resultan embarazosos”.

El caso de Binyam Mohamed, cliente que continúa encerrado, es un ejemplo de esta arbitrariedad. El asunto saltaba a la prensa el mismo día de la entrevista con Stafford Smith (5 de febrero). Y por eso escribía un correo apresurado a la Casa Blanca. El residente británico Mohamed fue detenido en 2002 y sometido a torturas en prisiones secretas de Pakistán, Afganistán y Marruecos, según contó. “Los americanos no nos permitían el acceso a las evidencias de esas torturas”, dice su abogado. “Así que denunciamos al Gobierno británico para que nos diera la información”. La inteligencia británica había intervenido en el interrogatorio en Pakistán. Y en Marruecos le inquirieron sobre la base de datos facilitados por los británicos.

Se ganó el caso y Stafford Smith pudo leer 42 documentos clasificados. “La información es devastadora. Pero sólo unos pocos hemos tenido acceso”. A finales de 2008, varios medios de comunicación (la BBC, The Times y The New York Times, entre otros) se unieron a la demanda, para que la evidencia saliera a la luz. El 4 de febrero, los jueces anunciaron que el Gobierno británico no la haría pública, ya que había sido amenazado por la Administración estadounidense en estos términos: “La desclasificación (…) produciría un daño duradero a nuestros acuerdos (…) y a la seguridad del Reino Unido”.

La decisión del tribunal ha sido recurrida y, en cualquier caso, Stafford Smith se muestra orgulloso. “Hasta que no hubiera juicios justos, nada se haría público. Ahora los hay y, como suele decirse, el sol es el mejor desinfectante”. Oscurece fuera de El Pentágono. La taza de té vacía descansa junto al busto de Zeus que preside su escritorio. Son poco más de las cuatro, hora del paseo con su mujer y su hijo. La figura espigada se pierde por los caminos embarrados.

El día siguiente a la entrevista, la viñeta satírica de Times mostraba a Obama preguntándose: “¿Podemos publicar la información sobre la tortura al residente británico?”. Lo mismo le había pedido Stafford Smith, si mantenía la posición oscurantista de su predecesor. “Me gusta Obama. Voté por él”, había explicado el abogado. “Pero no podremos aprender de la historia hasta que no sepamos cuál es la historia”. El documento que remitió al presidente explicando la tortura sufrida por su cliente le fue devuelto por el censor de Washington con todas y cada una de las palabras tachadas.

Fuente:www.elpais.com