OVIEDO.GIJÓN. Los Abogados de Oficio piden estar presentes en el momento de interponer la denuncia.

El representante del Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta Areces, y el decano de Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero, destacaron hoy la necesidad de que los abogados del turno de oficio del servicio especial de atención a las mujeres víctimas de violencia de género estén presentes en el momento de interponer la denuncia.

Ambos letrados participaron hoy en la comisión de Presidencia, Justicia e Igualdad que acogió diversas comparecencias informativas acerca del Programa del Principado de Asturias de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Este Plan fue aprobado en Consejo de Gobierno en el mes de abril del pasado 2008. Los principales objetivos del mismo pasan por mejorar la respuesta frente a la violencia y conseguir un cambio en el modelo de relación social.

Ignacio Cuesta manifestó que entre las disfunciones detectadas por los abogados en el funcionamiento del servicio es precisamente la "tardía incorporación" del abogado de oficio que es llamado pocos minutos antes de que la mujer víctima de violencia de género interpone la denuncia, mientras que consideran "fundamental" que el abogado pueda asesorar a la mujer a la hora de interponer la denuncia.

En el caso de Gijón, Herrero manifestó que "poco a poco" parece que esta situación se va subsanando y cada vez son más los casos en los que el abogado de oficio se incorpora antes al proceso.

Otra de las deficiencias detectadas tiene que ver con la remuneración económica, ya que según indicó Herrero, los abogados de turno de oficio de este servicio cobran 85 euros frente a los 150 que cobra un letrado de turno de oficio de otra materia, lo cual a su juicio "no tiene ningún sentido".

No obstante Cuesta Areces manifestó que a día de hoy el servicio funciona "bastante bien" con los 277 abogados destinados a este servicio especial y los siete abogados de guardia en cada turno de oficio específico en materia de violencia de género que les permite efectuar el servicio con cierta eficacia.

"Seguimos con áreas geográficas distantes, pero entendemos que la reorganización ha permitido que el servicio funciona razonablemente bien", dijo y añadió que ahora mismo no es una "necesidad imperiosa contar con mayor número de abogados".

Tampoco consideró que la falta de intérpretes sea otro de los problemas del servicio, e indicó que aunque es cierto que a veces hay que esperar "el interprete suele llegar siempre", en cuanto al número de policías dedicados a esa tarea, indicó que "desconoce si son o no suficientes".

Por su parte, el fiscal especial de Violencia de Género del Principado de Asturias, Gabriel Bernal, reiteró su rechazo a la obligatoriedad de imponer una orden de alejamiento en todas las condenas por violencia familiar, tal y como exige la ley. Según explicó el fiscal hay ocasiones en las que esta medida no está plenamente justificada y aseguró que, en la práctica, acarrea múltiples problemas, como quebrantamientos de condena constantes.

Bernal recordó que la imposición de las órdenes de alejamiento en todas las condenas por maltrato es obligatoria desde la modificación del artículo 57 del Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003, por la que se eliminó el carácter facultativo de esta medida. Antes, su imposición se dejaba al arbitrio del juez.

"En la práctica diaria vemos casos en los que se hecha de menos el ámbito discrecional esta medida. Son casos concretos que ponen de manifiesto que no es desdeñable devolver el carácter facultativo de la pena", dijo Bernal, que añadió que no es mera opinión personal sino que está generalizada y la comparte también la propia fiscal de la sala de violencia contra la mujer. "No se cuestiona la pena, la necesidad de la pena es obvia, sino que lo que se cuestiona es el carácter imperativo", afirmó.

Preguntado por el grado de quebrantamiento de las penas de alejamiento, Bernal indicó que el alto número es "un problema diario al que se enfrentan los órganos judiciales de violencia de género". Dijo además que está constatado estadísticamente que un importante número de quebrantamiento en cierto sentido está consentido o tolerado por la víctima, lo que nos sitúa a los juristas en un problema. "La cuestión era complicada, pero quiera o no la víctima el incumplimiento de la pena de alejamiento es delito", dijo.

También comparecieron en la comisión la coordinadora de la Red Regional de Casas de Acogida del Principado, Ivana Magdalena Benavente, que destacó la importancia de las acciones de formación como una de las principales del programa y afirmó que el mayor conocimiento del programa hace que el funcionamiento del mismo sea cada vez más positivo.

Fuente:www.europapress.es