MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Bajo la consigna '¡Espe, escucha, el Turno de Oficio lucha!", los letrados demandaron al Ejecutivo autonómico que materialice las promesas realizadas por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, entre las que figura el compromiso de abonar la cuantía de 24 millones de euros que debe al colectivo y a establecer los mecanismos necesarios para que cobren regularmente en 2009.
La concentración se enmarca en el calendario de movilizaciones marcado por la Asociación Profesional de Abogados de Extranjeros de Madrid (APAEM), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) y la Asociación Libre (ALA). El impago de los honorarios de 2008 motivó las protestas del colectivo.
Para la plataforma es "imprescindible" denunciar ante la opinión publica "las maniobras del Gobierno autonómico tendentes a dejar sin efecto el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita, el ejercicio del derecho de defensa y el de percibir una retribución puntual".
Un portavoz de ALTODO, Manuel Valero, señaló a Europa Press que seguirán con las movilizaciones hasta que "los compromisos sean concretos". "Todavía no hemos firmado nada. Y no se ha pagado la primera parte del dinero que se adeuda", insistió. Valero comentó que en los próximos días la plataforma volverá a reunirse para perfilar nuevas protestas.
Las asociaciones habían previsto que sus asociados renunciaran a partir de marzo a las guardias penales. Sin embargo, sólo 600 letrados han presentado su renuncia, pese a que era necesario que fueran al menos 1.500. Por el momento, esta iniciativa se quedará apartada hasta que se reúnan más apoyos.
PRIVATIZACIÓN
Al malestar por el impago se sumó el enfado de los abogados con motivo de sus sospechas sobre una posible privatización del servicio. Según el colectivo, el primer paso para privatizar el servicio ha sido entregar a manos privadas el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM.
La adjudicación de este servicio está suspendido de manera cautelar hasta que se estudien las alegaciones presentadas por el ICAM. Además, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos
Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.
Fuente: www.ecodiario.eleconomista.es
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