El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha pedido que se garantice el turno de oficio y ha exigido a las Comunidades Autónomas que cumplan sus obligaciones económicas, procedan al pago puntual y adopten medidas presupuestarias para la prestación de la asistencia jurídica gratuita.
En un comunicado distribuido hoy explica que ante la situación que se está produciendo en el seno de algunos Colegios de Abogados en relación al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, la Comisión Permanente del CGAE quiere hacer lo siguiente:
1º) El CGAE defiende el actual modelo de asistencia jurídica gratuita en cuanto encomienda al Consejo General de la Abogacía y a los Colegios de Abogados la organización y gestión de los servicios de asistencia letrada y defensa gratuitas, y considera que su intervención es necesaria para garantizar la libertad e independencia de la prestación profesional de los Abogados designados y, en definitiva, la plena realización del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
2º) La asistencia jurídica gratuita es una parte esencial del servicio público de la justicia y en sus muchos años de funcionamiento ha alcanzado, con el esfuerzo de miles de abogados, cotas muy altas de eficacia y calidad en la defensa de los ciudadanos más necesitados, que es necesario preservar, prestándole la debida atención y medios, por todos los poderes públicos y agentes con responsabilidades en el ámbito de la justicia.
3ª) El CGAE apoya la exigencia, por los Colegios de Abogados y Consejos Autonómicos de Colegios frente a las Administraciones Públicas, del pago justo y puntual de sus obligaciones económicas en relación con el Turno de Oficio y la diligente adopción de las correspondientes medidas presupuestarias.
4º) Es obligación de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados disponer los medios precisos para asegurar la prestación continuada de los servicios de asistencia letrada y defensa gratuitas sin que las reivindicaciones, muchas veces justas, de los abogados y los propios Colegios sobre las condiciones económicas y materiales del ejercicio de la asistencia y la defensa puedan prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos para los que se presta el servicio.
Fuente: www.expansión.com
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