GRANADA. Los Letrados del Turno de Oficio de Granada tienen póliza de accidentes corporales desde el año 1990.

El Colegio de Abogados de Granada tiene concertada con la mutualidad de la Abogacía DESDE EL AÑO 1990 una Póliza que cubre el riesgo de accidentes corporales que puedan sufrir los letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, durante la prestación del SERVICIO DE ASISTENCIA AL DETENIDO O PRESO, organizado por esa Corporación.

Semanalmente prestan este servicio 13 letrados exclusivamente desde las 24 horas de cada día, hasta las 24 horas del día siguiente, distribuidos de la siguiente manera: 5 letrados en Granada, 2 letrados en Motril, 1 letrado en Orgiva, 1 letrado en Baza, 1 letrado en Loja, 1 letrado en Guadix, 1 letrado en Santa Fé y 1 letrado en Huéscar.

Las garantías de la MUTUALIDAD se limitan exclusivamente a cubrir los accidentes acaecidos a los Letrados durante el desempeño de la asistencia en el centro de detención y primera asistencia en el órgano judicial o fiscalía correspondiente, incluyendo el riesgo "initínere", es decir, queda cubierto también el riesgo de accidente desde que el asegurado se encamina a la prestación del servicio y también su regreso. A los efectos de este Seguro, se entende por accidente la lesión corporal que derive de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca incapacidad temporal o invalidez permanente o muerte.

El 1 de enero de 2009, se ha firmado un nuevo convenio que lo único que aumenta es la cobertura por muerte que pasa de 8.000.000 millones de las antiguas pesetas a 100.000 euros, el resto de prestaciones se mantiene así incapacidad permanente se queda en 100.000 euros, y la incapacidad temporal en 15 euros, con el límite de 90 días.

Fuente: Foro de Abogados indepedientes de Granada.

Esta noticia en principio no sería relevante sino es porque en muchos Colegios de Abogados de España los Letrados que desempeñan el Turno de Oficio no están cubiertos por esta contingencia. Es más son los propios Colegios de Abogados y en definitiva el Colegiado el que con sus cuotas abona este servicio. Tendría que ser la Administración Pública la que cubriera dicha contingencia.

HUESCA. Los procuradores también existen y tienen los mismos problemas que los Letrados.

Huesca - La Hoya

Quejas de procuradores de los tribunales de la zona oriental de la provincia contra su Colegio profesional en Huesca.

- Se refieren al no percibo de sus remuneraciones en el turno de oficio

FD \ Son numerosas las quejas que vienen escuchándose entre los procuradores de los juzgados de Barbastro y Monzón en relación a las retribuciones “que no perciben” por su intervención en los turno de oficio en los que son designados, es decir en aquellos casos que deben obligatoriamente representar a un ciudadano ante los tribunales, bien porque no ha designado abogado o procurador que los defienda o porque carece de recursos para hacerlo. Una de las procuradoras ha manifestado a este diario: “hasta hace dos años veníamos cobrando esos turnos, pero un buen día dejamos de hacerlo; quizá haya algún acuerdo colegial al respecto, pero aquí en la zona nadie sabe nada”. Lo único seguro, según declara otra procuradora, “es que el Ministerio de Justicia ha venido y viene abonando al colegio la retribución de estos turnos, pero a nosotros no llega el dinero”.

A juicio de los procuradores de estos partidos judiciales, lo denunciado se enmascara en la habirtual actitud oscurantista de su propio colegio, con sede en Huesca capital, ya que anteriormente cuando venían cobrando los turnos de oficio, lo que recibían en realidad era una cantidad netas global, pero que ningún caso discriminaba el monto o número de cada una de sus intervenciones profesionales, ni tampoco las identificada.

Recientemente, al traspasarse las competencias del pago de estos turnos a la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón, estas remuneraciones derivadas de los turnos de oficio se verán incrementadas en un 15% para esta anualidad, y en un 5% más para 2010 y una actualización del IPC, gracias a un acuerdo conseguido entre los colegios de abogados y procuradores y la citada consejería, según publica el Heraldo de Aragón de fecha 5 de mayo. La pregunta que se hacen en este caso los procuradores denunciantes, “ es si estos incrementos serán nuevamente “absorbidas” por su colegio profesional como ocurre con sus remuneraciones actuales, o si todo ello conllevará, de una vez por todas, que vuelva a percibir sus retribuciones en el turno de oficio, discriminándoles además esta vez sus aranceles caso por caso”.

Varios procuradores de los partidos señalados, estudian por otra parte el pedir al colegio las oportunas explicaciones por todos estos hechos, o interesar la convocatoria de una asamblea ante el colegio para aclarar las cosas. “ No puede ser que sigamos trabajando gratis y además soportando gastos, sin que se nos de una explicación”, reafirmó una de las procuradoras entrevistadas.

Fuente:www.franjadigital.com

ABOGACÍA. Cuidado Peligro de muerte.

• Abogados británicos denuncian impunidad en asesinatos de colegas colombianos
• EFE/Londres

Más de 400 abogados han sido asesinados en Colombia desde 1991, en unos crímenes que han quedado impunes, según denuncia la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales en un informe elaborado tras visitar el país sudamericano en 2008.

El informe, difundido hoy y realizado por la "Caravana Internacional de Juristas", documenta amenazas, asaltos, asesinatos y desapariciones de defensores de los derechos humanos y la omisión de las autoridades colombianas de investigar estos crímenes.

En agosto del año pasado, 42 abogados del Reino Unido y una treintena de juristas de otros países, participaron en una investigación en Colombia sobre la situación de los abogados en ese país, especialmente de los que trabajan en el área de derechos humanos.

Según explicó hoy la Sociedad de Abogados británica en un comunicado, el objetivo fue hacer las funciones de "escudo humano" a los abogados en riesgo, protestar contra las autoridades e investigar qué se puede hacer para apoyar y proteger a los abogados de derechos humanos en el futuro.

La delegación se reunió con abogados de derechos humanos y grupos de víctimas así como con jueces, policías y fiscales, empleados de la embajada del Reino Unido, y funcionarios públicos.

Sara Chandler, de la Sociedad de Abogados, destaca en el comunicado que "el coraje de los abogados colombianos ha dejado una profunda impresión en todos nosotros".

"Escuchamos terribles y detallados recuentos de testigos oculares del acoso y ataques sufridos. Durante nuestra visita, un abogado fue asesinado en una de las regiones que estábamos investigando", dice.

Chandler denuncia que "los abogados que conocimos durante nuestra visita continúan sufriendo acoso y recibiendo amenazas de muerte" y que las oficinas de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza (ACADEUM), donde se reunieron con sus colegas, ha sufrido robos y asaltos desde entonces.

Además, afirma, "dos abogados han tenido que exiliarse después de recibir amenazas de muerte en febrero y marzo de este año".

En el informe se señala que los sindicalistas "también han sido objeto de esta campaña de terror".

"Desde 1986, 2.700 sindicalistas han sido asesinados. Profesores, trabajadores de salud y empleados y trabajadores de la industria del aceite de palma son los que están en más alto riesgo", se indica.

Fuente:www.adn.es

ENTREVISTA. Presidente del Consello da Avogacía Galega.

Presidente del Consello da Avogacía Galega «El colapso judicial únicamente se alivia con más dinero»

entrevista | jesús varela fraga | Presidente del Consello da Avogacía Galega

Alberto Mahía. 5/5/2009

El decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Jesús Varela Fraga (Melide, 23 de diciembre de 1936), tiene la intención de estrenar su cargo como presidente del Consello da Avogacía Galega con una reunión con los actuales responsables de Xustiza, en la que les transmitirá lo mismo que han hecho sus antecesores desde tiempos inmemoriales: «El colapso judicial únicamente se alivia con más dinero». Sobre todo, para el turno de oficio, cuya situación queda descrita con el hecho de que los letrados gallegos aún están a la espera de cobrar las asistencias de los últimos ocho meses.

-¿Cómo describiría la situación de la Justicia?

-Como la describiría un colega de hace 50 o 25 años. Hay que recordar que la Justicia estuvo marginada desde siempre. Mientras las autoridades no dediquen más recursos económicos, la solución al colapso es imposible. Son necesarios más jueces, más juzgados, más medios, más funcionarios y unos abogados de oficio mejor pagados. No hay duda alguna de que el colapso judicial solo se alivia con más dinero. Me consta que las autoridades están sensibilizadas y harán un gran esfuerzo.

-¿Cuánto de grande ha de ser el esfuerzo que piden?

-Tal y como está la situación, el esfuerzo ha de ser enorme. Debemos tener en cuenta que en España existen 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media de la Unión Europea es de 20 y en Alemania es de 28. Con esa cifra y el elevado número de pleitos que existen, se concluye que un magistrado ha de dictar entre 8 y 10 sentencias al día, lo que es humanamente imposible.

-¿Por qué entonces el Consejo General de la Abogacía Española se desmarcó y no respaldó la reciente huelga de los jueces?

-En efecto. Reunidos, acordamos desmarcarnos. No obstante, a nivel personal, he de decirle que yo sí estoy absolutamente de acuerdo con sus demandas.

-En esta época de profunda crisis económica, ¿cómo les va a los abogados?

-Es una respuesta que solo se puede dar a nivel individual. No obstante, le diré que somos muchísimos. En Galicia existen alrededor de 5.700 letrados. También es cierto que hay trabajo para todos. Recuerdo que mis inicios eran bien distintos, no ya porque éramos pocos, sino porque también se producían muchas menos demandas o denuncias. Había dos juzgados de lo civil que recibían 120 pleitos al año. Hoy en día hay 12 salas que recibe cada una 1.200. Es impresionante el aumento de pleitos que ha habido en los últimos años, en un país con 350.000 disposiciones legales vigentes, una exageración. Lo peor del caso es que muchas de ellas son contradictorias. Lo que hay que solucionar es el turno de oficio.

-¿Tan mal pagados están los abogados gallegos en el turno de oficio?

-El legislador nos dice a quién debemos defender y nos dice el dinero que vamos a cobrar por ello, que en Galicia ronda los 200 o 300 euros, cuando un letrado del País Vasco cobra 600 euros. Además, los abogados gallegos todavía están a la espera de cobrar las asistencias correspondientes al último cuatrimestre del ejercicio pasado.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

ARAGÓN. Nuevo convenio de asistencia jurídica gratuíta en Aragón.

ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón ha firmado hoy un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores de Aragón para la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio en el periodo 2009-2011.

Entre los puntos más destacados del acuerdo figura aumentar un 15 por ciento la compensación económica por servicio que reciben estos profesionales. La subida tendrá efecto retroactivo con fecha 1 de enero de 2009, mientras que en 2010 se aplicará un aumento del cinco por ciento y una actualización del Índice de Precio al Consumo (IPC) y para 2011 se actualizará el IPC.

La compensación económica que reciben abogados y procuradores que participan en la asistencia jurídica gratuita no se actualizaba desde diciembre de 2005. El Gobierno de Aragón, que asumió las competencias en Justicia el 1 de enero de 2008, ha trabajado desde entonces para mejorar las condiciones de estos profesionales. El convenio recoge, además, el compromiso de los abogados y procuradores aragoneses para trabajar junto a la administración con el objetivo de mejorar el servicio al ciudadano.

El texto ha sido rubricado por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, el presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Aragón, José Ignacio Gutiérrez Arrudi y el presidente del Consejo del Colegio de Procuradores de los Tribunales, Luis Ignacio Ortega Alcubierre.

Silva ha destacado la colaboración entre los Colegios y el Gobierno de Aragón para firmar un convenio que permite actualizar una compensación "que llevaba desde 2005 sin ser revisada". La "proximidad" lograda con la asunción de competencias de Justicia por parte del Departamento ha sido clave para que este convenio haya salido adelante con el consenso de todas las partes.

Por último, el consejero ha comentado que la asistencia jurídica gratuita es uno de los servicios públicos "mejor valorados por los ciudadanos".

Además de las cuestiones económicas, el convenio recoge el compromiso de los Consejos de los Colegios de Abogados y Procuradores de Zaragoza, Huesca y Teruel para colaborar en la organización y funcionamiento de los medios al servicio de los distintos juzgados, secciones y salas de la Administración de Justicia en Aragón.

Para ello, los Consejos de los Colegios firmantes presentarán las iniciativas, medidas de corrección que consideren oportunas y, en su caso, las quejas y sugerencias que respecto de la atención a los profesionales y a los ciudadanos puedan formularse en el ámbito competencial de esta comunidad autónoma.

Asimismo, el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior se compromete a adoptar todas las medidas materiales que puedan facilitar el desarrollo de la actividad de abogados y procuradores, en especial, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y aplicativos informáticos de titularidad ministerial o de la propia Comunidad Autónoma, así como la optimización y compatibilización de las herramientas informáticas que estos Colegios puedan tener desarrolladas.

Para el seguimiento de este convenio ambas partes podrán crear una Comisión Mixta integrada por cuatro representantes de la comunidad autónoma designados por el Consejero competente en materia de Administración de Justicia, de una parte, y dos representantes de cada uno de los Consejos de Abogados y Procuradores firmantes.

Fuente:www.europapress.es

SISTEMAS JUDICIALES. Japón

Japón. Una Justicia con bastante poco trabajo.

Publicado el 31-10-2008 , por Diego Torres. Madrid

El país del sol naciente tiene una de las ratio más baja de casos por habitante entre las naciones desarrolladas. Unos pocos miles de abogados bastan para 130 millones de personas.

“Una reputación de mil años quizá dependa de la conducta de una hora”. Los proverbios japoneses, al igual que los de cualquier otro sitio, dicen mucho de la cultura donde han germinado. El de arriba da cuenta de la importancia que el país del sol naciente concede a la reputación personal. Y fundamentalmente al honor. En Japón, si alguien comete un fraude, un robo o un engaño, queda automáticamente excluido en todos los ámbitos: laboral, familiar, afectivo... Y tal vez por eso no hacen falta muchos jueces.

La segunda potencia económica del planeta tiene un número de casos civiles y penales por habitantes extraordinariamente bajo –ver gráfico–. Las cifras son inferiores al resto de países –Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos– estudiados en esta serie de reportajes de EXPANSIÓN (ver abajo) sobre la Justicia en el mundo. En ambos ámbitos, civil y penal, los datos son sorprendentes, pero es en la jurisdicción penal donde la diferencia con España, por ejemplo, es mayor.

Otros de los aspectos más sorprendentes del sistema legal japonés, ligado con el primero, es el escaso número de profesionales: jueces, abogados y fiscales. Matthias Grupp, letrado de Cuatrecasas que pasó largas temporadas en el país nipón, cifra en unos 25.000 el número actual de abogados que ejercen en Japón. “¡Para 130 millones de personas!”, destaca. En España, con un tercio de la población, hay alrededor de 130.000 colegiados.

En cuanto a los jueces, rondan los 3.400, después de un programa de incremento de personal llevado a cabo en la última década. El número de fiscales es aún ligeramente inferior. En fin, pocos casos, pero pocos profesionales. ¿Cómo repercute esto en el rendimiento de los tribunales?

Haig Oghigian, socio de procesal del bufete Baker & Mckenzie en Tokio, lo explica al citar otro de los puntos clave del sistema judicial japonés: “La lentitud de los tribunales”. Su opinión es compartida por la mayor parte de los expertos consultados. Oghigian calcula que para obtener una resolución en la primera instancia civil hacen falta “alrededor de tres años”. En España, la espera está en torno al año y medio –ver reportajes anteriores de la serie–. Nobutoshi Yamanouchi, socio director de Jones Day en la capital nipona, destaca que están dilaciones están entre las preocupaciones de la Corte Suprema, que está intentando implementar mejoras para “acelerar los procedimientos civiles”.

La escasez de juristas está directamente relacionada con el elitista proceso de selección y formación que deben cumplir con éxito jueces, fiscales y abogados. Tras superar cuatro años de estudios y obtener la licenciatura en derecho, los aspirantes a juristas deben enfrentarse a un examen nacional. Se presentan alrededor de 35.000 personas cada año. Sólo los 1.000 mejores superan la prueba. Oghigian afirma que “los estudiantes necesitan en torno a cuatro o cinco años de preparación para pasar el examen”.

Pero aún después de esto el camino no ha llegado a su fin para los que aprueben: deben pasar dos años más de formación en un instituto de práctica jurídica nacional dirigido por la Corte Suprema, con un nuevo examen final incluido. Sólo tras este último paso, los juristas son destinados a juzgados como fiscales (10%) o jueces (15%) en prácticas, mientras que la mayoría comienza a ejercer en bufetes como abogados.

Un mercado legal atomizado y controlado bufetes locales
La típica estructura legal anglosajona, con grandes firmas de abogados, está aún lejos de la japonesa. Pero ya deja sentir su influencia en el tradicionalmente atomizado mercado nipón. Hasta hace pocos años, sólo unos pocos bufetes superaban la decena de abogados. Hoy en día, el mercado “está dominado por un puñado de grandes firmas locales, pero los despachos internacionales tienen una presencia significativa”, afirma Peter Kilner, socio director de Clifford Chance en Tokio. Según Kilner, la situación está evolucionando mediante procesos de concentración entre los bufetes nipones. Recientemente, algunas firmas internacionales han cerrado sus oficinas en el país, como Simmons and Simmons, mientras que otras están abriendo ahora.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Italia

Italia. Un sistema lento y lastrado por los anacronismos.

Publicado el 16-07-2008 , por Diego Torres

El país transalpino ha sido condenado en más de 1.000 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a la excesiva duración de los procedimientos.

Fueron dos bombazos. Dos chasquidos metálicos cuya onda expansiva alcanzó a conmover a toda la gente que lucha por la Justicia en el mundo. El 23 de mayo de 1992, Giovanni Falcone, el más célebre de los jueces antimafia, fue asesinado junto a su mujer y tres escoltas al estallar una tonelada de explosivos oculta debajo de la carretera por donde viajaba en su tierra natal: Sicilia. Dos meses más tarde, la Cosa Nostra volvía a dejar claro quién manda en el sur de Italia con el homicidio del también juez antimafia Paolo Borsellino.

Han pasado 16 años desde esos hechos, pero la sombra del crimen organizado todavía marca la fisionomía de la Justicia transalpina. “En el sur, sobre todo en el ámbito penal, todo el mundo sabe quién manda”, admite un abogado con años de experiencia en el país.

Los expertos coinciden en la gran distancia ?en celeridad e independencia? que separa el sistema judicial del norte y el sur de Italia. “Cuanto más vamos al sur, mucho peor”, afirma Claudio Doria, socio responsable del Italian Desk de Garrigues.

Pero más allá de las diferencias norte-sur, la Justicia italiana tiene un problema de excepcional gravedad: la lentitud del sistema. Italia ha sido condenada más de 1.000 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por infracción del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a ofrecer a sus ciudadanos un proceso judicial “en tiempo razonable”.

De hecho, el Tribunal tuvo que crear un nuevo procedimiento estandarizado a partir de 1999 sólo para enjuiciar al Estado italiano debido a la avalancha de demandas que llegaban desde la Península por la misma razón.

“La lentitud en Italia es un problema más grave que en España”, afirma Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero. “En materia civil, se puede hablar fácilmente de tres años en primera instancia, cuatro en apelación y otros tres en casación”, asegura. El resto de expertos coinciden de forma aproximada en estos tiempos, que doblan o triplican la duración de los procesos en España.

¿Cuál es la causa de esta lentitud en uno de los países más industrializados del mundo y que se sienta en el G-8 frente a EEUU, Japón y Alemania? La ley procesal, a ojos de los abogados, es demasiado formalista. Francisco Málaga, socio de Cuatrecasas, explica que, por ejemplo, “un defecto en un poder, puede provocar el sobreseimiento de un juicio. Y vuelta a empezar. El mismo error en España tiene un plazo de subsanación de 10 días”.

Casos parecidos eran comunes en la España de la década de los 70, pero, desde entonces, mucho ha cambiado, sobre todo desde la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que ha resultado un éxito, según la mayor parte de juristas. Sin embargo, Italia, que cuenta con una doctrina judicial más brillante ?el Derecho Procesal es obra, sobre todo, de italianos y alemanes? parece aferrada a anacronismos que lastran la eficacia actual de la Justicia.

A esto se suma la saturación, que podría ser equiparable a la española antes de la creación de los juzgados de lo Mercantil, en opinión de Málaga. Tienen tribunales especializados, como algunos de Propiedad Industrial en Roma o Milán que funcionan muy bien. Pero fuera de las grandes ciudades es diferente, según el letrado de Cuatrecasas. Además, ni rastro de nuevas tecnologías: “Menos aún que en España”, admiten todos los expertos consultados.

A pesar de todos estos defectos, la jurisprudencia goza de una sólida reputación en el resto de Europa. Los juristas reconocen que las sentencias, en especial las de la Corte de Casación, son de muy alta calidad. Ahí, y parece que sólo ahí, Italia aventaja a España en Justicia.

Fuente:www.expansión.com