MADRID. Nota de prensa distribuida por el ICAM.

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEFIENDE
CATEGORICAMENTE EL MODELO ACTUAL DEL TURNO DE OFICIO

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desea expresar su posición sobre la situación del Turno de Oficio de Madrid con arreglo a los siguientes puntos:

• Es prioridad de la Junta de Gobierno la defensa del modelo actual de Turno de Oficio La Junta de Gobierno mantiene como prioridad la defensa del modelo actual de Turno de Oficio cuya gestión y organización encomienda a los Colegios de Abogados la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, como garantes de la calidad, libertad e independencia de la prestación profesional a cargo de los letrados designados para esta función social de servicio a la justicia.

• Exigimos de las Administraciones Públicas la justa atención a las condiciones materiales del ejercicio de la defensa La defensa de este modelo implica exigir de las Administraciones Públicas, Ministerio de Justicia para órganos judiciales centrales y Comunidad de Madrid para los demás,

la justa atención a las condiciones materiales del ejercicio de la asistencia y defensa por los abogados. Así como el justo reconocimiento a la encomiable y eficaz labor que vienen desempeñando los abogados del Turno de Oficio de Madrid.

• La Junta de Gobierno no puede compartir la suspensión de las designaciones del Turno de oficio como medida de presión. Los colegiados deben recordar la observancia de los valores y principios a que se orienta su actuación, indisociablemente ligada al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos más necesitados, razón por la cual esta Junta de Gobierno no puede compartir la posibilidad de suspender las designaciones de los abogados el Turno de Oficio como medida de presión en favor de las justas reivindicaciones de los abogados, que así fue aprobado en Junta General celebrada el día 11 de diciembre de 2008.

• La Junta de Gobierno está obligada a garantizar el servicio público del Turno de Oficio. El consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, a solicitud de la Junta de Gobierno en el recurso de alzada interpuesto, ha acordado en fecha 30 de enero de 2009 la suspensión cautelar de la propuesta del acuerdo aprobado en dicha Junta General, amparando la posición de esta Junta de Gobierno sobre su obligación de garantizar la continuidad de este servicio público esencial, en línea con los acuerdos del Consejo General de la Abogacía Española y múltiples resoluciones jurisdiccionales.

• Esperamos la materialización urgente del pago acordado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid Al día de hoy, y según acuerdo del 29 de enero pasado, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dispuesto el pago a este Colegio, con cargo al presupuesto 2009, de las cantidades aún pendientes del ejercicio 2008, que comprenden el 72%

del segundo trimestre y el 100% del tercer y cuarto trimestre, por un total de 27.233.102 euros. Se espera la materialización urgente de dicho pago en los próximos días.

• Es inaceptable la demora que vienen sufriendo los pagos de la Comunidad de Madrid. No podemos aceptar la demora que vienen sufriendo los pagos por la Comunidad de Madrid de las prestaciones profesionales efectivamente realizadas. El Colegio trata de paliarla esa situación con la líneas de confirming que tiene concertadas con distintas entidades de crédito, asumiendo el Colegio el riesgo del impago por la Administración y soportando el abogado que hace uso de esta posibilidad el coste financiero que le carga el Banco por el anticipo.

• Es muy preocupante que la previsión económica para 2009 quedará agotada con el pago de las cantidades debidas de 2008.La previsión para este año 2009 es aún más preocupante, toda vez que los pagos del ejercicio 2008 que acaba de ordenar la Comunidad dejan prácticamente agotado su presupuesto para 2009, idéntico al presupuesto del ejercicio 2008 pese a los continuos aumentos registrados estos años en la demanda de asistencia jurídica gratuita.

• El Colegio ha mantenido y mantiene la permanentemente reivindicación de la actualización de los baremos Los baremos con los que se remuneran las distintas prestaciones y se hacen las liquidaciones datan de 2003, sin que desde entonces hayan sido objeto de ninguna revisión, pese a las continuas reivindicaciones de actualización hechas desde este Colegio.

• Denunciamos la interrupción y la convocatoria pública de la prestación de Servicios de orientación Jurídica. Queremos denunciar la interrupción por la Comunidad de Madrid a fines de 2008 del convenio mediante el cual este Colegio organizaba el Servicio de Orientación Jurídica

para Mayores y la posterior convocatoria, en enero de 2009, de concurso para su prestación por licitadores públicos o privados. Así como la adopción de acuerdos por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita que, sin convenio con el Colegio u otras medidas complementarias, podrían implicar una merma en el derecho a la defensa de los extranjeros.

• Recursos en vía administrativa y contencioso- administrativa. Este Colegio ya ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo procedente contra los mencionados acuerdos de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, para asegurar el derecho de defensa de los extranjeros que tienen comprometida su situación de libertad, en frontera o en territorio, por razón de actuaciones administrativas. La Junta de Gobierno ha mantenido y mantendrá por todos los medios legales a su alcance, incluidos los recursos en vía administrativa y contencioso-administrativa, para que los servicios de orientación jurídica sean organizados por esta corporación, tal y como venimos haciendo a través de convenios con las Administraciones Públicas.

Aunque en algunos casos, como sucede con el Servicio de Orientación Jurídica para Reclusos, se hace con cargo exclusivamente a los propios recursos colegiales en ejercicio de la función social del Colegio.

• Máxima lealtad institucional con las Administraciones Públicas para mejorar el sistema de Justicia Gratuita. La Junta de Gobierno es consciente de la necesidad de mejorar y racionalizar nuestro sistema de asistencia jurídica gratuita, para adecuarlo a la actual realidad social y evitar aquellas situaciones en que no se cumpla eficazmente el derecho a la tutela judicial efectiva. Para ello, ha ofrecido siempre a las Administraciones Públicas, desde la máxima lealtad institucional, su colaboración para acometer tanto reformas normativas como reformas organizativas, mediante procedimientos acordados o convenios de cooperación, pero siempre asegurando que no se comprometan principios y valores constitucionalmente protegidos, ni la dignidad del abogado en el ejercicio de su derecho y deber de defensa.

Madrid, 5 de febrero de 2009.

Fuente: www.expansión.com