Las tres asociaciones que representan a los abogados del turno de Oficio criticaron hoy que los extranjeros en proceso de expulsión se quedarán sin asistencia jurídica gratuita a partir del próximo 16 de febrero por los impagos de la Comunidad de Madrid que adeuda entre 28 y 30 millones de euros a los abogados de oficio en concepto de los honorarios devengados en 2008.
En rueda de prensa en la sede del Parlamento regional, la secretaria general de la asociación de profesionales de abogados de extranjería, Luz Elena Jara, afirmó que "a partir del 16 de febrero los extranjeros que entren a través de fronteras en procedimiento de expulsión carecerán de asistencia jurídica gratuita" y destacó que así, se les "niega el derecho fundamental" a la asistencia jurídica gratuita. "En vez de asistentes jurídicos seremos letrados presenciales", apostilló.
En esta misma línea, se expresó María Jesús Díez de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que se opuso a la privatización de este servicio ya que supone la "vulneración del derecho de defensa a los más desfavorecidos, que es lo que está haciendo la Comunidad". Otra de las reivindicaciones la hizo Almudena Monge de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) que dijo que lo que se pagó a este colectivo fue una "indemnización" y no un pago.
Tras reunirse con ellos, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, explicó que hay varios "problemas " en la región con este sector, ya que los abogados de oficio "no cobran". "El Gobierno de Esperanza Aguirre mantiene una deuda de más de 28 millones de euros con el Colegio de Abogados de Madrid", afirmó y añadió que "el impago corresponde al retraso en la retribución de los honorarios devengados en 2008, del que sólo se ha abonado el 29 por ciento del segundo trimestre". "Esta falta de recursos afecta a 4.500 abogados del turno de oficio en nuestra Comunidad", apostilló.
Gómez dijo que el Ejecutivo regional "ha dado ahora la orden de liberar las cantidades correspondientes a 2008, con lo que en 2009 este servicio queda sin cobertura económica para garantizar este derecho fundamental". Así, tras defender el carácter público de este servicio, Gómez destacó que el Grupo Parlamentario Socialista llevará a cabo iniciativas parlamentarias como una Proposición no de Ley o preguntas al Gobierno.
Fuente: www.europapress.es
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