I. Moreno. 15/03/09
El Colegio de Abogados de Madrid, con Antonio Hernández-Gil a la cabeza, ha hecho pública una declaración institucional en la que recoge las reivindicaciones de la abogacía madrileña y denuncia la actual situación de la Justicia de la Comunidad, criticando de soslayo la falta de formación de la judicatura.
El escrito, compuesto por doce apartados, dedica uno de ellos a la formación de acceso al servicio de la Administración de Justicia, que según demanda la Junta de Gobierno del Colegio, “debería generalizarse y comprender a jueces y fiscales sustitutos, no siempre con experiencia y preparación técnica suficientes”. Además, considera “esencial” apostar por el reciclaje de estos profesionales: “Deben establecerse exigencias de formación continuada y evaluación que aseguren la idoneidad de jueces y funcionarios para el desempeño de sus plazas, y mejoren la gestión de su mantenimiento y cambios de destino”.
Más reprimendas
Pero no sólo la judicatura es objetivo de las reprobaciones de la abogacía madrileña. Las instituciones públicas también reciben su particular reprimenda. El Colegio denuncia las carencias de la Justicia madrileña, reclamando que se escuche su voz en la toma de decisiones: “La falta de medios personales, materiales y organizativos es prácticamente general en todos lo órdenes y órganos jurisdiccionales implantados en nuestra Comunidad, agraviada comparativamente respecto a otras”. Tales carencias, según esta corporación, “además de dilaciones indebidas en los procesos, producen una justicia de calidad inferior a la exigible, con merma del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, por lo que hay que exigir de las Administraciones Públicas su remedio con medidas urgentes que tengan en cuenta la opinión de los abogados”.
Tras estas criticas, el documento vuelve a reivindicar el papel de la abogacía, afirmando que “para mejorar la ineficaz gestión del tiempo en los procedimientos, con injustificables retrasos en el inicio y curso de los actos señalados, o suspensiones imprevistas, es imprescindible disponer de mejores herramientas de organización, recabando la colaboración de los abogados”. Y, por ello, el Colegio de Abogados de Madrid ofrece protocolos de actuación para el buen orden de los señalamientos, el control de las citaciones y la puntualidad que incluyan pautas de buena praxis “exigibles también a los propios abogados”, matiza. En esta misma línea, la Junta de Gobierno afirma con contundencia que “una administración de Justicia imparcial y eficaz sólo es posible si se reconoce y respeta la dignidad del abogado y el ejercicio libre e independiente de su función por los órganos jurisdiccionales”.
Como último alegato, pide con tono conciliador la “leal cooperación institucional para abordar conjuntamente los problemas y proponer soluciones, que abarquen desde la mejor gestión de los recursos disponibles hasta profundas reformas orgánicas y legislativas”.
Fuente:www.gaceta.es
