Fuente:www.elcomerciodigital.com
lunes, 4 de mayo de 2009
OVIEDO. Se abre un punto de información catastral en la sede del Colegio de Abogados
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sábado, 2 de mayo de 2009
TARRAGONA. La crisis económica ingrementa un 20% las demandas de un Abogado de Oficio.
La crisis económica, junto con la promulgación de nuevas leyes que incrementa los casos en que es necesaria la participación de un abogado en el proceso, están provocando un aumento del 20% de las peticiones de justicia gratuita en los juzgados de Tarragona, El Vendrell y Valls
Àngel Juanpere - 02/05/2009 22:00
Actualmente, casi la mitad de los abogados en ejercicio pertenecientes al Col·legi d’Advocats de Tarragona –que da cobertura a los partidos judiciales de Tarragona, El Vendrell y Valls– está apuntado al turno de oficio en alguna de sus modalidades. Y no lo hacen por el dinero. El coordinador de la Comissió del Torn d’Ofici, Celestino Rivera, reconoce que lo que cobra el abogado del turno de oficio es poco, «está bastante alejado de la realidad». El objetivo para él es conseguir algún día que el baremo que marca la Generalitat sea similar a lo que cobra un letrado en su despacho particular.
Rivera asegura que un abogado del turno de oficio cobra la mitad que si lo hiciera por la vía privada. Por un caso de alcoholemia positiva, el letrado recibe 382,78 euros, mientras que un despacho suele cobrar unos mil. «Prestamos un servicio esencial, básico y constitucionalmente garantizado sin que esté retribuido en igual proporción que otros profesionales, como los médicos de la Seguridad Social», asegura el abogado Francesc Fuster.
De la misma opinión es su colega Lourdes Guivernau: «Se tiene que invertir mucho tiempo y trabajo que no se paga ni con los mínimos establecidos en el baremo que aplica el Departament de Justícia». Por ejemplo, los abogados del turno de oficio no cobran las ruedas de reconocimiento, entradas o registros de madrugada y otras diligencias penales. Por ello, Guivernau asegura que la justicia es la hermana pobre de la administración, «con menos recursos y más descuidada».
El responsable del turno de oficio comenta que la Generalitat hace un esfuerzo, pero como mínimo tiene que subir las tarifas igual que el IPC. Actualmente, reconoce Celestino Rivera, la Generalitat paga con bastante celeridad, algo que corroboran los abogados consultados. Algunos pero, creen que de seguir este ritmo, antes de final de año la Generalitat se quedará sin dinero.
Más volumen de trabajo
Durante el año pasado se recibieron un total de 12.284 peticiones para tener un abogado de oficio. En los tres meses de este año han sido 3.350, frente a los 2.788 del mismo periodo de 2008. Ello representa un incremento del 20,2 por ciento, según apunta Carme Queralt, la secretaria técnica del Torn d’Ofici.
Por lo que respecta al número de actuaciones –donde se recoge tanto a los detenidos como por ejemplo a las víctimas de violencia doméstica– el año pasado fueron 8.879, frente a las 7.656 de 2007 o las 7.600. En el primer trimestre de este año ya se han efectuado 2.251, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 2004, un 12,3 por ciento menos.
Fuente:www.diaridetarragona.com
ENTREVISTA. Rubén González
El abogado Rubén González Sierra se está abriendo paso, poco a poco, en el camino de la abogacía. No trabaja en una rama específica del Derecho intentando, de esa forma, dar un servicio completo al cliente particular que acude buscando su ayuda y a quien busca su consejo dentro del servicio de asistencia gratuita del turno de oficio.
-¿Qué es lo que mueve a un joven a empezar la carrera de derecho?
-La inquietud y las ganas de buscar alternativas a los temas que te encuentras en tu vida diaria. Cuando eres joven, surgen esas necesidades de no dar nada por supuesto y de buscar la justicia a través del derecho que te empujan hacia estos estudios. Siempre me ha seducido situarme ante un juez y jugar a ser culpable e inocente, colocarme en todas estas situaciones. La verdad no es una, pueden ser varias, las cosas no son blancas ni negras, hay una amplia gama de grises y en ese ámbito es en el que se mueve el abogado.
-El ministro de Justicia habla de dar más importancia a los fiscales en la investigación de los casos. ¿Se debe dar este paso?
-La intervención de cada una de las partes que conforman el juego jurídico está bien delimitada ya por las leyes procesales en vigor. Cada uno tiene que tener su campo de trabajo. Dar protagonismo a una de las partes en defecto de otras no es para nada apropiado. Las competencias del ministerio fiscal ya están suficientemente fijadas en las leyes actuales, y atribuirles más competencias obedece al intento de ocultar otro tipo de problemas y carencias que no se resuelven de la noche a la mañana.
-¿Es duro con el delincuente el ordenamiento jurídico español?
-La justicia es dura porque todos podemos ser víctimas de la misma. Endurecer las penas es una labor que corresponde a nuestros legisladores. Los abogados, procuradores, jueces y fiscales únicamente se limitan a utilizar o interpretar la ley que se les impone. En todo caso, es preciso distinguir el tipo de delito; quizás algún tipo penal precisara un mayor endurecimiento, por ejemplo los delitos informáticos o los que atentan contra la seguridad en el trafico. Eso sí, cualquier endurecimiento del ordenamiento jurídico debe hacerse con la cabeza fría, sin dejarse llevar por apasionamientos o alarmismos sociales, y desde la serenidad. Las leyes las tenemos, pero precisamos de medios para que el engranaje judicial permita hacerlas mas eficaces. Porque una justicia lenta no es justicia.
-¿Qué le pasa a la justicia, que soporta tantas huelgas?
-La justicia no dispone de medios. El engranaje judicial funciona por inercia y por el esfuerzo personal de los que nos dedicamos a esto. En cualquier caso, Asturias tiene una de las administraciones más eficientes, pero no es sino el resultado del esfuerzo humano, del tesón y de la dedicación de jueces, fiscales , funcionarios, letrados, procuradores y de todos cuantos trabajamos en ella en el día a día. No es posible que un Juzgado esté tramitando un asunto sin saber que el juez de la puerta de al lado tiene un caso similar con el mismo acusado, o que los Juzgados no tengan posibilidad de intercambiar información con otras localidades. Justicia sigue siendo la hermana pobre. Las huelgas, por eso, obedecen a este malestar y a esa falta de entendimiento con la Administración, que hace oídos sordos y que, lamentablemente, de vez en cuando se lleva las manos a la cabeza.
-¿Y las reivindicaciones de los abogados cuáles son?
-Nosotros también hemos protestado durante este año en el que nos hemos puesto de huelga en varias ocasiones para reivindicar mejoras en el turno de oficio. Esas reivindicaciones aún continúan, aunque de otra manera. Hay que dignificar el turno y para ello eliminar las trabas burocráticas que hacen más difícil la atención al ciudadano. Cualquier protesta ha de hacerse desde el respeto mutuo, sin descalificaciones, entendiendo todas y cada una de las posturas. Reivindicamos cobertura sanitaria, mejora de las retribuciones, la eliminación de las trabas burocráticas y una más prontitud en los pagos de los devengos del turno.
-¿Tiene esperanza de lograr algo?
-Confío plenamente en que algo se consiga. Los grandes logros llevan su tiempo, pero con insistencia lo acabaremos consiguiendo, siempre dentro de la cordialidad y del diálogo entre todos los agentes sociales implicados en este problema.
-Se habla mucho del atasco judicial pero, ¿cuáles son las causas que lo han generado y lo mantienen?
-El atasco judicial llega de la mano de la falta de medios, pero también tiene un papel muy importante el proceso judicial, que en ocasiones es muy largo e implica muchísimo papeleo engorroso y dilata los plazos. También es cierto que la justicia, a día de hoy, se lleva gran parte de los aspectos de la vida, de modo que todo se está judicializando. Se hace un uso excesivo e innecesario de las demandas y de las denuncias. Recurrimos a los juzgados para todo, incluso para cosas que se podrían arreglar por medios extrajudiciales como el arbitraje de consumo o la mediación familiar.
-¿Cuál es la imagen actual que tiene del abogado la sociedad?
-Sin lugar a dudas, la profesión de abogado ya no tiene la misma valoración que tenía antes. Las razones no alcanzo a entenderlas. Es obvio que la imagen del abogado se ha deteriorado. «Ser abogado no es saber derecho, sino conocer la vida», como decían los teóricos. Hoy en día el abogado debe ser un obrero del derecho, por y para el cliente; el abogado es para el cliente y no al contrario, y debemos hacer un gran esfuerzo por acercarnos más a los ciudadanos que nos lo demandan. El oficio de abogado, además, no se aprende en las escuelas. El buen abogado se forja de una manera casi autodidacta a base del trabajo diario. No hay una escuela, por así decir, que enseñe a ser abogado ni a comportarse ante un tribunal. La Escuela de Práctica Jurídica ayuda pero, a mi juicio, se pierde mucho en la teoría y no ofrece excesivos ejemplos prácticos.
-¿Qué sintió cuando se puso por primera vez ante un tribunal?
-Respeto hacia mi profesión y admiración hacia las personas que concurrimos al mismo: jueces, fiscales y letrados. Además de consideración hacia mi cliente y hacia mi contrario, dado hay que cumplir objetivos y defender al cliente con todos los medios posibles sin que el enfrentamiento salga de la sala de vistas. No debe dejar de ser un pacto entre caballeros; jamás el victorioso recuerda su triunfo al derrotado.
-¿Se defiende igual al cliente de pago que al de oficio?
-En mi despacho, y seguramente en cualquier otro, se trata por igual a gente que viene con el dinero por delante que a aquellos que carecen de recursos económicos y se ven obligados a acudir al turno de oficio. Si queremos que el turno de oficio se dignifique, tenemos que empezar nosotros mismos por hacerlo.
Rubén González Sierra es abogado. Se licenció en Derecho y cuando acabó sus estudios no tenía excesivamente clara su vocación. A pesar de ello, la pasantía le hizo saborear las ventajas de su trabajo y se enamoró de la abogacía. Sus primeros pasos profesionales los dio en Avilés, en donde conoció los quehaceres diarios de un abogado. Tras cinco años de pasantía y con experiencia bajo el brazo, llegó a Gijón, en donde se estableció en su propio despacho, en el que trabaja a día de hoy.
Fuente:www.lne.es
viernes, 1 de mayo de 2009
EL Colegio de Abogados de Barcelona denuncia que el Gobierno "desoye" al Constitucional
| Foto: CEP |
Afirma que el anteproyecto "vulnera los derechos de los menores" y "criminaliza" al conjunto de los extranjeros
MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Abogados de Barcelona ha advertido de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería "desoye el mandato" del Tribunal Constitucional, que en una sentencia sobre la legislación en vigor reconoció el derecho de los inmigrantes en situación irregular a la educación no obligatoria.
En un informe recogido por Europa Press, la Comisión de Defensa de la institución denuncia que "cuando el cumplimiento de esta sentencia es uno de los motivos alegados por el Gobierno para llevar a cabo la reforma que propone", el Ejecutivo "obvia" el mandato y "requiere nuevamente la residencia para los mayores de 18 años en el acceso a la enseñanza no obligatoria".
El trabajo, elaborado con el fin de generar el "necesario debate" sobre la reforma, señala también un "retroceso" en la configuración del derecho a la vivienda, porque mientras la actual Ley de Extranjería garantiza el derecho de acceso al sistema de ayudas públicas de los residentes legales en igualdad de condiciones, el anteproyecto del Gobierno "sólo" lo reconoce para quienes llevan más de cinco años viviendo en España de forma legal y continuada.
Otra de las cuestiones que más preocupan a la abogacía barcelonesa es la modificación planteada en materia de postulación procesal. Con el redactado actual del texto, para recurrir una orden de expulsión el inmigrante deberá comparecer personalmente ante el juez, lo que según el informe, generará "una grave situación de indefensión" para los extranjeros que ya hayan sido expulsados o para quienes no tengan contacto con el abogado que los asistió en comisaría.
En cuanto a la limitación de la reagrupación familiar al ámbito nuclear (cónyuge e hijos menores o "incapaces"), el informe concluye que con esta restricción el legislador "no respeta, entre otros, los principios rectores de la política social y económica y jurídica de la familia recogidos en el Artículo 39 de la Constitución Española". Además, al fijar la incapacidad como requisito para reagrupar a hijos mayores de 18 años, impone el "obstáculo" de requerir una certificación de la misma en el país de origen.
MENORES NO ACOMPAÑADOS
Una de los aspectos del anteproyecto que más críticas suscitan en el informe es la gestión que propone de los menores inmigrantes que llegan a España de forma irregular sin compañía de un adulto. Para el Colegio de Abogados de Barcelona, el texto del Gobierno "vulnera el derecho del menor a que se observe primero su interés superior" al tener como "principal objetivo" la repatriación.
Además, en virtud del anteproyecto, "sólo se tendrá en cuenta el interés superior del menor a los efectos de la repatriación, por lo que la inconstitucionalidad es muy relevante" y "sólo se prevé el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos administrativos de devolución, retorno o expulsión, olvidando las repatriaciones (...) y vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva", señala el informe.
CRIMINALIZACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
El informe describe otros aspectos "preocupantes" derivados de "la criminalización constante de la condición de inmigrantes que inspira todo el texto normativo, en el que se parte de una presunción de culpabilidad respecto al ciudadano no nacional". Así, critica la ampliación del plazo de retención de extranjeros previa expulsión, y las tipificación de "conductas que desde el punto de vista de su propia y específica normativa no son sancionables".
En este sentido, denuncia que el Gobierno ampara "gran parte del régimen sancionador en conceptos sin definición legal que abren la puerta a actuaciones con un gran margen de discrecionalidad que pueden avalar actuaciones arbitrarias de difícil o imposible control".
-. Firma: IVE .-Fuente:www.europapress.es
miércoles, 29 de abril de 2009
CORDOBA. El presidente de la A.P.C. y la junta sectorial de jueces discrepan en el número de Juzgados de nueva creación.
CÓRDOBA. El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, afirmó ayer durante la presentación de la memoria del TSJA correspondiente a 2008, que la Justicia en la provincia no acumula retrasos, sólo fluctúa. Baena sólo reconoció, tal y como refleja el texto publicado el pasado lunes, que sería necesaria la creación de un nuevo Juzgado más de Primera Instancia y un segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Nada que ver con la percepción de la junta sectorial de jueces de Primera Instancia que acordó recientemente instar tanto al TSJA como al Consejo General del Poder Judicial la creación «urgente» de seis nuevos ju zgados de esta materia en la provincia ante la «sobrecarga» de trabajo. De hecho el pasado ejercicio soportaron el doble de la carga de trabajo establecida por el CGPJ. Los jueces de Primera Instancia alertaron entonces que si continuaba el aumento de asuntos, tal y como sucedió en los dos primeros meses de este año, al acabar 2009 se superará el 225 por ciento de la carga de trabajo.
Fuente:www.abc.es
BALEARES. El Colegio de Abogados de Balerares abre un debate sobre la pena privativa de libertad.
El Colegio de Abogados aboga por alternativas "más eficaces" que la prisión para solventar los problemas de criminalidad.
La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares recalcó hoy la necesidad de aplicar penas alternativas al ingreso en prisión para castigar los delitos relacionados con la criminalidad, al considerar que la privación de libertad "no solventa" los problemas de este tipo de delincuencia sino que su interposición "tiene límites" más allá de los cuales esta medida "deja de ser útil para ser más bien contraproducente".
Así lo manifestó hoy uno de los miembros de la Comisión, Antoni Vicens, en base al informe sobre la 'Orientación actual en materia de política criminal', presentado esta mañana, en el que este órgano del Colegio de Abogados denuncia el aumento "exacerbado" de las penas de cárcel "como única respuesta a los delitos que causan alarma social", sin reflexionar sobre la utilidad "real" de alternativas "más eficaces" en el control de las tasas de criminalidad, tanto en Baleares como en el conjunto del Estado.
Durante su intervención, Vicens, acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Francesc Riera, aludió a otras medidas que "pueden adecuarse mejor a la naturaleza de los delitos cometidos", como la retirada del carnet de conducir, del permiso de armas, los trabajos en beneficio de la sociedad -que "bien gestionados son tremendamente útiles"-, la pena de confinamiento o la mediación de conflictos.
A juicio del letrado, estas penas "tienen poder de expandirse sin miedo de que el Código Penal pierda su eficacia", al tiempo que hizo referencia a los distintos costes que conlleva la privación de libertad, como los económicos directos e indirectos, y los sociales. Tal y como manifestó, decretar una pena "no adecuada" al delito "provoca el peligro de que aumente la criminalidad", al aseverar que "las cárceles quedarán saturadas y las herramientas de rehabilitación de los internos perderán por ello eficacia".
"Es necesario acreditar que la prisión tiene limitaciones y pensar que solventa los problemas de criminalidad es ingenuo", por lo que consideró que esta pena "merece una reflexión mucho más profunda sin contaminaciones ideológicas", toda vez que debe ser reservada para aquellos casos en los que se constate un fracaso de la prevención especial o para los delitos considerados más graves.
"EROSIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES"
En su opinión, la sociedad civil, además, "parece indiferente ante la erosión de derechos individuales" y la opinión pública "se ha instalado el error de que el logro de la seguridad colectiva se encuentra en relación inversa con el respeto a los derechos fundamentales y sus garantías".
Otro de los puntos que criticó Vicens en su discurso es la "idea arraigada" de que el derecho penal de garantías es incompatible con la seguridad ciudadana y de que "no permite alcanzar niveles óptimos de seguridad", al contrario que en 1978, cuando "suponía un espacio de tranquilidad hacia la posible ingerencia sobre los derechos fundamentales de las personas".
En su informe, la Comisión insta asimismo a los poderes públicos a fomentar la investigación científica tanto sobre la delincuencia como sobre la criminalidad, a fin de contar con los modelos teóricos necesarios que permitan diseñar programas de intervención político criminal, sustentados sobre "bases racionales antes que sobre presupuestos ideológicos", y a establecer los medios e incentivos necesarios para implicar activamente a los privados de libertad en su propio proceso de reinserción social.
CORDOBA. El presidente de la APC a favor de una reforma de los partidos judiciales
Baena plantea cambiar la normativa para crear un juzgado las 24 horas
El presidente de la Audiencia Provincial propone una "comarcalización" de los partidos judiciales para especializar a los jueces de los pueblos en algunos temas
A. Alba | Actualizado 29.04.2009 - 01:00Fuente:www.eldiadecordoba.es