MADRID. Las asociaciones convocan una concentración.

Las asociaciones convocan concentración el 3 de marzo frente a la consejería

EFE Madrid | 17/02/2009

Las asociaciones ALA, APAEM y ALTODO han convocado una concentración para el próximo día 3 frente a la consejería de Presidencia, Justicia e Interior para reivindicar el pago de los atrasos acumulados por los abogados del turno de oficio en 2008 y contra la privatización de este servicio.
Según ha informado a Efe el portavoz de ALTODO, Isidro Moreno, los abogados del turno de oficio decidieron ayer, en una asamblea celebrada durante el encierro que protagonizaron anoche en el Colegio de Abogados de Madrid, continuar con las movilizaciones y convocar la citada concentración para el día 3 a las 13.00 horas frente a la consejería, ubicada en la Plaza Marqués de Pontejos.
El motivo es que "se ha producido algún avance" en las negociaciones, "pero no lo suficiente como para poner fin a las movilizaciones", según ha detallado Moreno.
Los abogados esperan "que se pase de las palabras a los hechos y se pongan por escrito" las "buenas palabras" del consejero de Justicia, Francisco Granados, y del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, de manera que los trabajadores puedan reclamar si no se cumple lo prometido.
Granados se comprometió ayer, tras reunirse con Hernández-Gil, a pagar lo que debe a los abogados del turno de oficio "en breve" y a establecer los mecanismos necesarios para que cobren regularmente este año, y aseguró que el Gobierno regional no tiene intención de privatizar este servicio.
El portavoz de ALTODO ha destacado que "Granados dijo que no se va a privatizar el Servicio de Orientación Jurídica de Mayores", que continuará así en manos del Colegio de Abogados.
El turno de oficio cuenta con dos áreas: el turno de oficio propiamente dicho, dedicado a la asistencia jurídica, y los servicios de orientación jurídica, destinados a orientar a las personas que lo soliciten, y aclararles si pueden optar a asistencia jurídica gratuita.
La Comunidad de Madrid elaboró un Decreto por el que uno de estos servicios, el de orientación a mayores, se sacaba a concurso y se adjudicaba a una empresa privada, lo que para ALTODO "sería una experimento que, si sale bien y no tiene oposición, se trasladaría al resto de los servicios de orientación, y luego al propio turno de oficio".
El portavoz de esta asociación ha recordado que las tres asociaciones que comenzaron a movilizarse ayer están recogiendo firmas para la renuncia colectiva a las guardias, algo que se llevará a cabo "si hay firmas suficientes para que sea operativo".
Las asociaciones esperan reunir 1.000 firmas, una cifra a partir de la cual "no se podrían cubrir las guardias con los abogados que no secunden la iniciativa".

CORUÑA. Los Letrados se mantienen en su acción de protesta.

Los letrados mantienen la restricción en el turno de oficio. El Colegio de Abogados reunido ayer en asamblea computó 43 votos a favor y 119 en contra de paralizar la acción de protesta.


ANA RODRÍGUEZ A CORUÑA. 19/02/2009.

Los abogados del turno de oficio en los juzgados de A Coruña prosiguen la batalla. Y con una balanza claramente desequilibrada: 119 cartulinas naranjas para el sí y sólo 43 azules para el no. Los letrados que atienden a los que carecen de medios para pagar su defensa continuarán con la restricción de sus servicios, que comenzaron el 1 de febrero. La nueva propuesta de la Xunta sigue siendo, para ellos, insuficiente, tal y como manifestaron y votaron en la asamblea general celebrada ayer en la sede del Colegio de Abogados. Reproches para la consellería de José Luis Méndez Romeu y para la junta directiva del organismo colegial, que, aunque considera "frustrante" la oferta del Gobierno autónomo, aboga por aceptar y suspender de forma temporal las restricciones. Lamentaron los representantes de los letrados que se les haya acusado de "connivencia" con el poder político. "Hemos llegado hasta donde hemos podido llegar", sostuvieron desde la mesa presidencial ante los casi dos centenares de abogados allí congregados. Propusieron "el alzamiento con un condicional" de la restricción de forma temporal. ¿Dicho condicional? Que la Xunta acepte una comisión de seguimiento que vele por el acuerdo y nuevas mejoras para poder así aplazar hasta fin de año posibles nuevas acciones. Algunos de sus argumentos, la crisis (murmullos, muchos murmullos del auditorio), las inminentes elecciones y los posibles cambios en el Gobierno. Alegaron que en ninguna otra parte de España se había conseguido lo que en la provincia y que, en comunidades en las que se había decidido mantener la batalla, se había llegado a situaciones poco favorables para los letrados del turno de oficio. En Gijón, explicaron, las autoridades habían prescindido de sus servicios y contratado directamente a una veintena de abogados. "Ya ha habido quejas ante el Valedor do Pobo, denuncias contra el Colegio", alertaron desde la junta. Según el organismo colegial, su trabajo ha recibido "más zancadillas" que apoyos, ya que los otros colegios y el Consello Galego de Avogacía no comprenden la negociación directa e individual entre la entidad y el conselleiro Méndez Romeu. Por lo bajini, algunos de los asistentes comentaban que la junta intentaba, con tales argumentos, "coaccionar" el voto. "Si decimos que sí seríamos el único colectivo que después de una huelga habría perdido dinero", reprobó en el turno de palabra una de las participantes en la reunión. Una amplia mayoría de letrados optó por el no: las restricciones continuarán porque la Xunta no ha atendido a las solicitudes consensuadas. Así ha sucedido con una de las principales peticiones de los abogados del turno de oficio en torno al pago de las guardias. La Xunta mantiene los 180 euros por cada día de guardia, cuando lo que piden los abogados es que se les tenga en cuenta el número de servicios. Aunque con una cantidad que consideran ínfima para la carga de trabajo -420 euros por cada semana de guardia-, los partidos judiciales se han visto al fin insertos dentro de un acuerdo del que antes la Consellería de Xustiza les excluía por completo. Otro de los problemas que continúa en la vida de los letrados del turno de oficio es el cobro. Son ellos los que tienen que justificar si verdaderamente el defendido tiene o no posibilidades de pagar el servicio. Una "misión imposible", dicen, aunque, a partir de ahora, la Xunta vaya a tener acceso a los datos económicos de los clientes con supuesta insolvencia. Como telón de fondo del debate, la reforma de la asistencia gratuita, que quieren abordar con Gobierno autónomo y central.

Fuente: www.laopinioncoruña.es

CASTELLÓN. Malestar de los Letrados por el retraso en los pago y la posible privatización del servicio.

Malestar entre los letrados del turno de oficio por el retraso en los pagos y la posible privatización. El presupuesto se reduce de 20 a 16 millones para la Comunitat pese a subir las peticiones.

PUERTA CERRADA. El decano impidió la entrada de cámaras a la reunión. vicent gamir L. E., Castelló.

La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Castelló logró reunir ayer a una parte importante de los letrados del turno de oficio para informarles sobre la situación del servicio, así como las perspectivas de futuro dado el temor de algunos juristas a que se privatice. Frente a esos comentarios, el decano, Manuel Badenes, fue tajante al pedirles que "no hagan caso de bulos". Fue una reunión multitudinaria, como en pocas ocasiones sucede en Castelló, puesto que el salón de actos se llenó, e, incluso, otros abogados siguieron el desarrollo desde otra dependencia. Pese a ello no fue posible obtener una imagen dado que el decano de los letrados impidió la entrada del redactor gráfico de Levante de Castelló, y lo hizo argumentando que se trataba de una reunión interna con los abogados del turno de oficio. Entre los letrados y, especialmente, entre los más jóvenes, hay " mucho malestar" por el retraso en cobrar un servicio que consideran que está mal pagado y que se enfrenta a un futuro incierto. Por eso están dispuestos a ejercer alguna medida de presión. Incluso, alguno de los presentes llegó a plantear una hipotética huelga, "aunque el decano no quiere ni oír hablar de huelga", apuntó un abogado.Ese servicio, según reconoció Badenes, siempre se ha cobrado con retraso, hasta el punto que ahora los letrados han recibido el 35% que les faltaba del tercer trimestre de 2008. Además, para 2009 el presupuesto se ha reducido de los 20 millones asignados a la Comunitat a 16- a la provincia le corresponde entre un 9 y un 10%-, mientras crecen las peticiones de ciudadanos solicitando abogados de oficio. El decano, que explicó las gestiones que se están haciendo el colegio, trasladó la preocupación de la junta a la reducción del presupuesto así como el retraso en el cobro, aunque dejó muy claro que los letrados cobrarán los servicios pese a que las cantidades son las mismas desde 2005. Intentó tranquilizar los ánimos asegurando que no se va a privatizar el servicio. Cabe recordar que el turno de oficio siempre ha sido motivo de quejas de los abogados, que hace ya 15 años plantearon la posibilidad de una huelga.

Fuente: http://www.levante-emv.com/

CORDOBA. LA JUSTICIA SE DEFIENDE

La Justicia se defiende

Cualquier jornada en los tribunales transcurre entre cerros de expedientes que se acumulan sobre escritorios, estanterías y sillas · Una visita sirve para entender los motivos que han impulsado la huelga

Ángel Robles / córdoba | Actualizado 15.02.2009 - 12:41

A la Justicia no le salen las cuentas: citaciones cada cinco minutos, juicios cada 15, miles de expedientes apilados en los armarios, cientos de sentencias en ejecución... Las jornadas de trabajo se consumen en los juzgados entre pilas de legajos y pasillos abarrotados de ciudadanos. Los documentos devoran estanterías y escritorios, sillas y archivadores. No es raro toparse con funcionarios que transportan decenas de expedientes multicolores en carros de supermercado: de una oficina a otra, de una mesa a otra. Hay papeles con una vida breve y otros que, por el contrario, encallan en los escritorios con citaciones interminables, recursos agotadores, informes forenses clave y pruebas periciales irrenunciables. Todo se plasma en papel, y cada puede llenar unos cuantos folios o varios tomos.

“Nos hemos convertido en meros despachadores de papeles, no en investigadores”, resume el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Armando García Carrasco. El miércoles, por primera vez en la historia reciente de España, los magistrados pararán su trabajo durante 24 horas para exigir a las administraciones una apuesta decidida por modernizar esta administración. La huelga se ha gestado en los últimos meses de despacho en despacho, en el correo interno, en las juntas de trabajo convocadas para analizar una situación que va a más. Los jueces, por fin, se defienden:“Este año llegaremos a las 10.000 diligencias. Cada día resolvemos una media de cuatro recursos. Algunos son simples, pero otros tienen gran complejidad procesal, con varios tomos. Y a veces, claro está, te arriesgas”, reconoce el magistrado, por cuyas manos pasan todo tipo de delitos, desde homicidios hasta complejas estafas o falsificaciones de documentos.

Cada día, a las 09:30, comienza el desfile de declaraciones en el despacho de García Carrasco. La agenda es apretada y se confecciona con precisión matemática: un testimonio cada cinco minutos. El vaivén de ciudadanos, letrados, procuradores y fiscales se repite, a la misma vez, en los otros seis juzgados de instrucción de la capital. “No tienes tiempo suficiente para estudiar los asuntos y hay que solucionar cuestiones complejas en pocos minutos. Se trata de decidir sobre la libertad de las personas en el acto. Y hay que hacerlo ya porque, de lo contrario, el trabajo se acumula. Lo que quieren es productividad. Y, en el caso de que haya un error, encima te exigen responsabilidad”, lamenta García Carrasco. La jornada finaliza, teóricamente, a las 15:00. En teoría, claro, porque “muchos asuntos” terminan en casa.

A la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8, Cristina Mir, no le gusta hablar de números, “sino de personas”. Pero al entrar en su despacho es inevitable desviar la mirada hacia los tomos que se apilan sobre su mesa de trabajo. Entonces surge, inevitablemente, la retahíla de datos: es 10 de febrero y junto a su ordenador estudia el asunto 249. Los números, en su caso, esconden desahucios de familias, denuncias de empresas golpeadas por la crisis económica, complejas querellas, minuciosas, de despachos de arquitectos. “Todo el mundo espera una respuesta de calidad después de cinco meses de espera –reflexiona–. Pero cuando llega el momento de la vista oral me veo obligada a decir abrevie, letrado, por favor. Y es su tiempo, el tiempo que tiene el ciudadano para exponer su situación”.

El jueves pasado, la magistrada afrontó dos audiencias previas, cinco juicios verbales y dos ordinarios. La maratón de leyes comenzó a las 10:00: accidentes de tráfico, problemas de constructoras, pleitos de comunidades de vecinos, embargos preventivos... “Ojalá pudiera conciliar la vida laboral con la familiar. Pero casi todos los días me quito de trabajar a las 21:00”, confiesa Mir, que entró en la carrera judicial en el 91.

“Es imposible desconectar, porque los ciudadanos no pueden esperar para conocer una sentencia. La inmediatez es fundamental”, defiende.
“El sentido del deber está por encima de todo”, insiste la titular del Juzgado de lo Penal número 1, Ascensión Miranda. A tan sólo unos pasos del despacho de Mir, los casos –ya instruidos– esperan su turno para sentarse en el banquillo. Pueden pasar meses, incluso años, lustros, una década entera para que procesados y víctimas sean llamados a la sala de vistas. Y eso a pesar de que cada juzgado penal dedica dos jornadas enteras, a veces más, a la celebración de juicios. “Voy a ir a la huelga pero con tristeza, porque es la única manera de decir que estamos hartos de trabajar por encima de nuestras posibilidades”, reflexiona la magistrada ante una columna de expedientes pendientes de resolución. De las paredes de su despacho cuelgan recortes de prensa, novedades legislativas y directrices que hay que acatar y que, en los últimos años, han convertido los penales en bombas a punto de estallar. “Estamos en las trincheras. A los jueces ahora nos tildan de subversivos, pero no existe ninguna ley que prohíba que hagamos huelga. No somos ninguna panda de locos. Somos como un funcionario más, y en base a eso estamos supeditados a las administraciones y podemos ejercer medidas de presión”, reflexiona.

Cuando Miranda ingresó en la carrera judicial tenía que rociar raticida en latas de conserva para impedir que los roedores dañaran los legajos. De eso han pasado 25 años: “España ha avanzado. Y los ciudadanos, por este motivo, reclaman más. Pero los jueces de base, en órganos unipersonales, estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Somos un servicio público que no se presta en condiciones de calidad”, asevera.

En su caso, el trabajo también se traslada a casa después de ocho horas en la oficina:“Difícilmente se desconecta. Sobre todo, si tienes casos que te preocupan. Un día de la semana pasada salí a las cinco menos veinte del juzgado. Estaba caput. Y por la noche me desperté soñando con el caso”, confiesa la magistrada. “A veces pides permisos por asuntos propios y, en realidad, los aprovechas para poner al día las sentencias. Y la mayoría de los sábados por la mañana tienes que venir. No hay otra forma de organizarte”, dice.

La semana laboral del titular del Juzgado de lo Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, también tiene seis días: “Hay que aprovechar el sábado”. A diario, a las 09:00 llega al despacho, donde permanece hasta las 15:30. “Y, por la tarde, mínimo de tres horas en casa, porque por la mañana hay que celebrar juicios, atender dudas, recibir...”, dice. “Es imposible desconectar. La vocación es grandísima, y a veces crea ansiedad. Cuando estoy celebrando un juicio no me acuerdo absolutamente de nada, tengo la sensación de que no pasa el tiempo. Pero cuando vuelvo a la realidad cotidiana y compruebo las horas que han pasado, siento impotencia y pido disculpas. En parte me siento mal, pero hay que hacerlo por el bien del ciudadano”, confiesa.

Fuente:www.eldiadecordoba.es

GIJÓN. Reivindicación de la asistencia sanitaria para los Abogados.

JESÚS VILLA VICEDECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN. Sabido es que los abogados de Gijón estamos en situación de conflicto desde el mes de mayo del pasado año 2008, pero lo que quizá no se sepa adecuadamente son las razones del mismo. Se oye que esto puede causar perjuicios en los usuarios de la Justicia, fundamentalmente en los beneficiarios del derecho a la Justicia Gratuita, pero escasamente de cuáles son los motivos para la indignación de los letrados, ni la respuesta que la Administración ha dado a los mismos.

Una de nuestras reivindicaciones, recientemente negada por el director general de Justicia del Principado, es que los abogados tengamos derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que la casi totalidad de españoles y extranjeros residentes en nuestro país. Puede parecer sorprendente, pero lo cierto es que en España, a día de hoy, existen escasamente 200.000 personas que no tienen ese derecho, de los cuales unos 65.000 son abogados en ejercicio, es decir, trabajadores en defensa de derechos e intereses ajenos ante los tribunales de justicia. O, en términos estadísticos, que quizás asuste más aún, una de cada tres personas que integran el colectivo del 0,5% de españoles sin derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país es abogado. Abogados que no se podrán poner enfermos y ser debidamente asistidos por el sistema público de salud, salvo afiliación voluntaria a la Seguridad Social o que lo paguen de su bolsillo. Llega a darse la paradoja de que, si su cliente resulta condenado a trabajos en beneficio de la comunidad, tendrá derecho a esa asistencia por el mero hecho de estar cumpliendo dicha condena, independientemente de que tenga o no cubierta tal contingencia por otra cualquier causa. Su abogado no.

¿Qué explicación, o justificación, puede existir para semejante discriminación, no sólo con el anterior ejemplo, que es un mero botón de muestra, sino con la inmensa mayoría de la sociedad española? Lo cierto es que, a día de hoy, y pese a lo que se nos quiere hacer seguir creyendo desde la Consejería de Justicia, ninguna.

Es verdad que los 65.000 abogados en toda España antes referidos no cotizan al sistema de previsión social nacional. Pero no lo es menos que ello no responde a una voluntad suya rebelde a la integración, sino simplemente a que, hasta el año 1996, los abogados y procuradores estaban expresamente excluidos, por ley, de la posibilidad de pertenecer a la Seguridad Social, siendo obligatorio que sus cotizaciones para la jubilación lo fuesen a sus respectivas mutualidades. Solo tras esa fecha, y en virtud de una sentencia judicial, se nos permitió optar entre seguir en la mutualidad o cambiar a la Seguridad Social, a través de su régimen especial de trabajadores autónomos, bien que perdiendo todo lo que ya llevásemos cotizado a nuestro sistema.

Y esta supuesta vida al margen de la Seguridad Social es la que se utiliza por parte de la Administración para negarnos un derecho universal y gratuito del que, como decía, gozan prácticamente todos los españoles y muchos extranjeros que viven en nuestro país. Se nos dice que, puesto que no cotizamos al INSS ni somos asalariados de la Administración, no tenemos derecho a beneficiarnos de sus prestaciones, por lo que nuestra protección de la salud debemos gestionarla privadamente.

Artero argumento este que, utilizado demagógicamente, ha calado en la opinión pública, que lo sigue dando por bueno, pues parece de una lógica aplastante: quien no contribuye, no tiene derecho a beneficiarse.

Ahora bien, si se nos permite detenernos mínimamente en él, veremos con facilidad que, además de artero y demagógico, es rotundamente falso, puesto que, en primer lugar, no es cierto que los abogados estemos al margen de la Seguridad Social, ya que, como todos los españoles y extranjeros asentados en España que trabajan, estamos obligados a proveer nuestra futura jubilación. Lo único que sucede es que, por una excepción legal, sobre la que nadie nos preguntó nunca nada, nuestras aportaciones no podían ir a la caja común, sino a una especial. Ni somos ni fuimos los únicos, ni se nos puede tachar por ello de insolidarios o de estar fuera del sistema. Además, y fundamentalmente, por cuanto hace ya mucho tiempo que ese discurso carece de argumentario legal que lo sustente pues, como veremos a continuación, el derecho a la salud y a la asistencia médica, recogido ya en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el art. 43 de nuestra Constitución, se asienta sobre dos pilares básicos, la universalidad y la gratuidad, tal cual se recoge en las leyes que lo desarrollan:

La Ley General de Sanidad de 1986, cuyo art. 12 dispone que «Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio español...».

La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que en su art. 2 recoge, como principios generales que la han de informar, entre otros, los siguientes: «1. La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias. 2. El aseguramiento universal y público por parte del Estado, y 5. La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica». Y su art. 3 dice que «Son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria los siguientes: 1. Todos los españoles...».

Y aquí está, sin duda, el quid de la cuestión. Resulta que, legalmente, hace ya tiempo que en nuestro país se ha deshecho el binomio «Seguridad Social = Asistencia Sanitaria», tratándose hoy en día de dos instituciones que corren claramente separadas.

¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que la sanidad pública, a la que todos los españoles han de tener derecho (por ser universal), no se financia de la caja común de la Seguridad Social, sino «de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica» -art. 10 de la antes citada ley 16/2003- (por ser gratuita). Es decir, con los impuestos de todos los españoles, entre ellos esos 65.000 abogados que están excluidos de ese derecho. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el céntimo sanitario por litro de gasolina? Pues también lo pagamos los abogados asturianos. Y si todavía hay alguien que pueda albergar incertidumbre al respecto, debería bastar con citar el art. 86, 2 de la Ley General de la Seguridad Social y el 39 de la Ley 1/1992 del Servicio de Salud del Principado. ¿Aún no se lo creen? Pues espero que esto les convenza ya definitivamente: «A medio plazo podría contemplarse perfectamente modificar los impuestos del tabaco, el alcohol y los hidrocarburos para incrementar los fondos que se destinan a la sanidad pública, ya que lo razonable para un sistema que se financia con impuestos es que esa financiación venga también de mayores impuestos, en el ejercicio de una mayor corresponsabilidad fiscal de las administraciones territoriales», según declaraciones realizadas en agosto de 2004 por doña Elena Salgado Méndez, a la sazón ministra de Sanidad.

¿Alguien nos puede decir ahora qué argumento existe para que los abogados no tengamos igual derecho que el resto de asturianos y extranjeros que en nuestra comunidad residen al uso y disfrute del sistema público de salud?

Usted tiene la palabra, señora consejera. Permítame recordarle, eso sí, aunque sé que ya lo sabe, que nuestra vecina Comunidad Autónoma de Galicia ya ha incorporado a los abogados que prestan el servicio del turno de oficio a su servicio de salud. ¿Están cometiendo una ilegalidad?

Fuente:www.lne.es

CÓRDOBA. El ICA Córdoba apoya la huelga de los jueces

CÓRDOBA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Córdoba informó hoy de que apoya las demandas de jueces y su decano, José Rebollo Puig, manifestó que la situación en los juzgados es "insostenible a la vista de la falta de medios humanos y materiales".

En un comunicado, señaló que estas carencias "afectan a quien acude a los tribunales y también a quienes en ellos trabajan". Dijo que "basta comparar los medios con que cuenta la administración de justicia con los de otras administraciones públicas para apreciar que aquellos son notablemente inferiores y manifiestamente insuficientes para prestar un servicio público de calidad que garantice la tutela judicial efectiva de los ciudadanos".

Según Rebollo, "la lamentable situación actual de la justicia es el resultado de muchos años de desidia y abandono por parte de los poderes públicos, y no podrá paliarse sino a través de una reforma en profundidad que implique la dotación de medios estructurales, personales y económicos suficientes para su éxito".

Desde hace muchos años la abogacía institucional ha venido denunciando los déficits y carencias de la administración de justicia y, en consecuencia, "el grave perjuicio que a diario sufre la ciudadanía por la deficiente prestación de este servicio público".

Por otro lado, para el decano de los abogados es claro que cualquier reforma que se adopte "no deberá realizarse exclusivamente con base en las propuestas que formulen los jueces, sino que deberán tenerse muy en cuenta la opinión de los abogados, como partícipes de la administración de justicia y sufridores directos de los graves problemas que le acucian".

Fuente:www.europapress.es

Gijón. Los Abogados crean un blog.

Los abogados crean un foro para protestar por el turno de oficio «El patio de mi colegio» sirve para poner en común ideas y protestas.

http://elpatiodemicolegio.blogspot.com/

R. G.

Los letrados gijoneses han dado un nuevo paso dentro de la protesta que mantienen contra la Administración regional por las condiciones que sufren los trabajadores del turno de oficio. Más de 50 de los pleiteantes gijoneses han puesto en marcha dos plataformas cibernéticas -un blog y un foro de reunión- que bajo el título «el patio de mi colegio» pretenden convertirse en un nexo de unión entre los profesionales. La idea es reunir ideas y propuestas gracias a las que conseguir la «dignificación» del turno de oficio.

El proyecto internauta tiene futuro. Los administradores ya han propuesto a través de la red la oficialización de «El patio de mi colegio». Pretenden que los abogados que giran en torno a esta plataforma virtual se puedan convertir con el tiempo en una agrupación incluida dentro del Colegio de Abogados de la ciudad.

Los abogados gijoneses llevan peleando con la Administración regional desde el mes de mayo del pasado 2008. Entre sus actividades ha habido manifestaciones, comunicados e incluso encierros nocturnos en la sede colegial. Unos actos que han evidenciado la tenacidad de estos profesionales ante unas propuestas que definen como «justas». De momento la Consejería de Justicia no ha dado respuestas ni se ha reunido con el decano del Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero.

Los letrados pretenden aumentar las tarifas que cobran por la asistencia a justificables que carecen de recursos económicos. Entre sus reivindicaciones también figura la necesidad de la incursión de los profesionales que trabajan para la Administración dentro del servicio de la Seguridad Social y la de disminuir el papeleo al que se ven abocados los profesionales que trabajan dentro del turno de oficio.

«El patio de mi colegio» lo conforman un grupo de abogados que se expresan a través de un blog y un foro. Los letrados pretenden oficializar la propuesta. En el blog los administradores ya han hablado de la posibilidad de crear, a raíz de la plataforma, una agrupación que se incluya dentro del Colegio de Abogados de la ciudad.

Fuenete:www.lne.es