Los funcionarios de Justicia y abogados de oficio comienzan los paros
17 Febrero 09 - R. M.Madrid- La huelga iniciada por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña obligó ayer a suspender más de 1.200 actuaciones judiciales en la región. La Consejería de Justicia cifró el seguimiento del paro en un 40.9 por ciento, mientras los sindicatos lo fijaron en un 81,32. Los empleados públicos alternaron desde ayer quince días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión, y que irá acompañada de concentraciones diarias. Por su parte, los abogados del turno de oficio se encerraron ayer por la tarde en el Colegio de Abogados de Madrid para reivindicar el pago de los atrasos por el trabajo realizado en 2008. Los trabajadores de la Justicia protestan por la mala situación de la administración en Madrid que achacan directamente a la gestión de la Comunidad de Madrid que, sin embargo, asumió las competencias en materia de justicia no hace demasiado tiempo, en julio de 2003. El titular de la Consejería de Justicia de Madrid, Francisco Granados, se comprometió ayer a que los funcionarios recuperen «en el futuro» la pérdida económica que sufran este año con motivo de la rebaja de la oferta salarial, ajustada a la crisis económica, que realiza su departamento respecto a los acuerdos firmados en diciembre de 2007. Granados adelantó que hoy tiene previsto reunirse con los sindicatos para desbloquear las movilizaciones. «El Gobierno regional ha hecho una oferta un poco inferior con la acordada. La oferta es razonable. «Los funcionarios deben tomar conciencia de la situación gravísima de crisis económica que atraviesa España y del descenso de la recaudación que se ha producido», recalcó Granados, quien garantizó que «la pérdida que se produzca este año de lo inicialmente pactado se recuperará en el futuro». Esta semana se presenta complicada para la Justicia ya que a los paros de los funcionarios y los abogados del turno de oficio hay que sumar la jornada de huelga que los jueces madrileños han fijado para mañana, en este caso contra el Ministerio de Justicia.
Fuente:www.larazon.es
Resulta indiscutible, como punto de partida, que la Administración del Principado es la competente en esta materia, una vez asumidas las competencias por el Real Decreto 966/2006, y, por tanto, aquella a quien corresponde atender las reivindicaciones planteadas por los abogados. En efecto, las retribuciones de los profesionales que atienden el servicio del turno de oficio han sido determinadas por el Principado, mediante el Decreto 273/2007, de 28 de noviembre, y, claro está, es la propia Administración autonómica quien puede revisarlas para adecuarlas a lo que en cada momento considere justo y adecuado. También la incorporación o no de los abogados del turno de oficio a la atención sanitaria de la Seguridad Social es algo que puede decidir o rechazar la propia Administración autonómica, tal y como, por ejemplo, se ha hecho en Galicia en el mes de marzo de 2008. Por último, de la Consejería de Justicia depende orgánicamente la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado, como se establece en el artículo 3.1 del mencionado Decreto autonómico 273/2007.
