MADRID. Los abogados del Turno de Oficio de Alcalá a punto de tirar la toalla.

Escrito por Xavier Colás 10/02/2009

Hay un detenido sin recursos, sucede cada día en Alcalá. Un abogado de oficio se hace cargo de su caso. ¿Gratis? Los paga el Estado, la Comunidad en este caso. Pero el pago lleva pendiente desde el año pasado. En Alcalá hay 450 abogados inscritos, y una parte de ellos está dispuesta a dejar de arrimar el hombro como medida de presión. El problema entonces no será sólo para el justiciable. Los que no abandonen el barco tendrán mucho más trabajo, algunos detenidos podrían salir en libertad y determinados ámbitos de nuestro engranaje judicial podrían colapsarse. La culpa la tienen 24 millones de euros. Es la cantidad que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior debe a los abogados del Turno de Oficio de todo Madrid desde el segundo trimestre de 2008, que a finales de enero celebraron una asamblea. Resultado: si no consiguen acuerdos con el departamento de Francisco Granados en un mes y cobran su deuda, renunciarán a todas sus guardias –penales, extranjería y asistencia a detenidos– en marzo y abril. La cuenta atrás ya ha empezado, aunque la partida presupuestaria aprobada antes de que acabase el mes por el Consejo de Gobierno aplacó los ánimos. De momento no se ha ingresado ni un euro y el Colegio de Abogados de Alcalá ya negocia un crédito para poder pagar a sus profesionales. Para José Luis Doñoro, decano de los abogados de la demarcación de Alcalá, se trata de un problema de subsistencia pero sobre todo de “dignidad profesional”. De los cuatro trimestres de 2008, les deben el segundo casi entero y los otros dos completos. “Puede llegar un momento en el que los abogados inscritos voluntariamente en el turno de oficio se nieguen a prestar ese servicio”, avisa Doñoro, que pone por delante el sentido de la responsabilidad de sus asociados. La deuda suma dos millones de euros, “pero la demanda de este servicio se ha duplicado en cuatro años sin que cambie el presupuesto”, se queja. Eso les hace temer que aunque les paguen, volverán a estar sin dinero en cuestión de meses. Pagan poco y muy tarde “De momento nadie ha abandonado el barco, pero hay mucha gente pensando en hacerlo”, dice un letrado. Trabajar en el turno de oficio es una manera fácil de ganar dinero, pero no es ningún chollo. Los precios que se pagan están por debajo de la mitad de lo que se paga en el mercado. El servicio, que es necesario para preservar las garantías procesales, incluye guardias y asesorías jurídicas. La CAM ha dicho que pagará. Pero no ha dicho cuándo.

Fuente: www.diariodealcala.es

ÓRDAGO A LOS JUECES.

El CGPJ decide que los jueces no tienen derecho a la huelga.

Publicado el 10-02-09 , por C. García-León / Agencias

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó anoche por unanimidad una resolución en la que afirma que la huelga convocada para el próximo 18 de febrero "no tiene cobertura legal", por lo que los magistrados "tendrán que estar en sus puestos de trabajo el día fijado para el paro".

Pleno extraordinario del CGPJ. (EFE)

Tras casi tres horas de reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señaló que el órgano de gobierno de los jueces ha decidido "no tener por anunciada la convocatoria de huelga" y "no fijar servicios mínimos" al entender que los escritos presentados por los convocantes de la huelga no tienen "ni competencia ni base legal".

Los vocales han tenido que analizar el artículo 28 de la Constitución, que reconoce el derecho a la huelga de "todos los trabajadores" sin limitar su ejercicio a los jueces, como si ocurre en el caso, por ejemplo, del derecho a sindicarse.

El máximo órgano de gobierno de los jueces decidió "no tener por anunciadas" las convocatorias de huelgas que han sido remitidas a este órgano por parte de distintos órganos judiciales de toda España así como de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y de Foro Judicial Independiente.

"Rechazamos el ejercicio de huelga de los jueces porque no hay base normativa para su ejercicio", señaló Bravo, quien dijo que, por lo tanto, "los jueces y magistrados tienen que estar el día 18 en sus puestos de trabajo".

Aquellos jueces que desoigan al Consejo y decidan finalmente acudir a la huelga el próximo 18 de febrero se enfretarán a posibles expedientes disciplinarios. "Valoraremos cada caso concreto y actuaremos conforme a las normas", dijo la portavoz

Por último, preguntada sobre si la decisión del Consejo ha estado motivada por algún tipo de indicación por parte del Ministerio de Justicia, Bravo quiso dejar claro que los vocales no necesitan "sugerencias" de nadie para tomar sus decisiones.

Contra el acuerdo adoptado anoche, después de tres horas de debate, cabe interponer recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El recurso se tendrá que resolver antes del miércoles 18 de este mes.

Las asociaciones mantienen el paro
Tras conocerse la noticia del CGPJ ha habido reacciones de las asociaciones convocantes de la huelga. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) mantienen "en principio" la convocatoria de huelga para el próximo día 18 pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado ayer que los jueces puedan ejercer este derecho.

Así lo han anunciado los portavoces de estas dos asociaciones, Marcelino Sexmero, de la AJFV, y Conrado Gallardo, del FJI. Sexmero ha dicho que la postura "intermedia" del CGPJ era "la esperada", sin cuestionar el derecho de los jueces al derecho a la huelga y sin fijar los servicios mínimos. Para este portavoz, lo que ha hecho el Consejo es "pasar la pelota" a las asociaciones, ya que ahora son ellas las que tienen que decidir si recurren esa decisión al Tribunal Supremo y llegado el caso, al Constitucional.

Por su parte, el portavoz del FJI, Conrado Gallardo, ha calificado de "solemne estupidez" el argumento empleado por el CGPJ, que ha rechazado el ejercicio del derecho de huelga de los jueces por la ausencia de "cobertura legal", y ha considerado que, de ser así, tampoco los funcionarios podrían hacerla, ya que no está previsto por la ley.

Fuente: www.expansión.com

OPINIÓN. POR SER DE JUSTICIA.

10.02.09 -JOSE MARÍA ROSALES DE ANGULO DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS.

SABIDO es por las gentes del Foro, hoy llamados operadores jurídicos, que los abogados solemos terminar nuestros escritos judiciales con esta frase: por ser de Justicia.

En estos momentos, vistas las circunstancias concurrentes, «por ser de Justicia» hay que ubicarlo en primer lugar para solicitar, de una vez por todas, la profunda y esencial reforma de la Administración de Justicia.

Por ser de Justicia, hay que exigir a los poderes públicos que desarrollen y cumplimenten ese gran 'Pacto por la Justicia' y a los partidos políticos, de todos los colores democráticos, que obvien disputas banales al ser la Justicia tema de Estado, sentando en esa gran mesa del acuerdo a todos cuantos sectores intervienen en el mundo de la Justicia, debiendo ser todos ellos abiertos, generosos y proclives a buscar el consenso, a sentar las bases comunes, nunca a orquestar reinos de taifas, de protestas y reclamaciones, particulares e insolidarios.

Evidentemente hay al menos dos frentes en el espacio geopolítico en esta materia: la Administración Central, con sus competencias generales en materia de Justicia, y la Administración Autonómica, con sus competencias asimismo en su día traspasadas y asumidas. No olvidemos que aquí concurren simultáneamente ambas administraciones y, además, existen otros implicados: Jueces, Fiscales, Secretarios, Funcionarios (Oficiales, Auxiliares y Agentes), Forenses, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Peritos, así como otras profesiones jurídicas, Notarios, Registradores, Abogados del Estado, Letrados de la Administración Autonómica, y no obviaría a los restantes Funcionarios Públicos ni, por supuesto, a los teóricos y docentes del Derecho.

Por ser de Justicia hacen falta más órganos judiciales, con la dotación del personal correspondiente, y, por ser de Justicia, es imprescindible otorgar mayores medios materiales, tecnológicos, informáticos y telemáticos, a la Administración de Justicia. Por supuesto, en los espacios adecuados, intentando esa beneficiosa concentración de los órganos judiciales.

Para paliar problemas ahora y procurar evitarlos en el futuro, hay que pensar en cambios legislativos, especialmente en temas procedimentales, en potenciar el arbitraje, la mediación y la conciliación como métodos a utilizar, en el seno del sistema y como fórmulas alternativas, en usar los llamados tercer y cuarto turnos para el acceso a cargos judiciales, al menos como apoyo o ayuda a los titulares hasta una normalización deseada, con juristas de prestigio que coadyuven en los procesos; y todo ello, entre otros extremos en los que, en general, hay coincidencias en la mayoría de los sectores y profesionales afectados, y, por supuesto, contando con todos.

Por ser de Justicia, hay que reiterar que la Justicia no son sólo los jueces. Y que solos no van, ni vamos, a ninguna parte. Pienso que toda persona, en cuanto trabajador, tiene derecho a la huelga, incluidos funcionarios, incluidos jueces. El problema es cómo. Cómo se desarrolla ese derecho. Asimismo considero que esta propuesta de huelga de un sector de la judicatura no es muy procedente ahora. Se protesta, se pide, se exige, se plantea; luego, si se incumple, se actúa. En su caso y en sus casos. Y se suman voluntades. Aquí sigue estando la Abogacía.

Todos los profesionales del Derecho tenemos justas reivindicaciones. Unas, para la oportuna mejora del sistema; otras, específicas para el propio colectivo. Igualmente legítimas. Y todas hay que reclamarlas: por su orden, en su respectivo procedimiento. Por ejemplo, los abogados reclamamos ya las prestaciones médico-farmaceúticas de la Seguridad Social, que ahora y todavía no tenemos, ni siquiera los que trabajan los turnos de oficio y de asistencia al detenido y a la víctima, aún constituyendo un esencial servicio público, lo que constituye nuestra mayor exigencia en estos momentos a los poderes públicos y un enorme y prioritario reto en el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Por ser de Justicia tendremos que convenir que la Justicia somos todos. Los que intervenimos en ella y los que no. Y la Justicia, dicho sea con ironía y con total seriedad, también son los justiciables. O sea, la sociedad. Y a ella nos debemos. En un Estado Democrático de Derecho todos debemos estar a la altura de las circunstancias que nuestras obligaciones nos imponen, abiertos y solidarios, con la mayor dosis de humanismo posible, por ser de Justicia.

Fuente: www.ideal.es

ICACORDOBA

A continuación publicamos carta de felicitación dirigida a los miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Abogados de Córdoba, que han tomado recientemente toma de posesión del cargo. No obstante, también queremos que nuestras propuestas no queden en saco roto, y sean tenidas en cuenta, recogidas e impulsadas por la Junta de Gobierno, por entender que las mismas lejos de ser partidista, son justas, acerdadas y benefician a todo nuestro colectivo, debiéndo considerarnos por esto, no como opositores sino como colaboradores de a Junta.

Manuel Rodríguez Hidalgo – Pedro Cantos Luque –Víctor de Prado Alcalá – Alfredo Povedano Molina – Pedro Herrera Cuevas – Mariano Ramírez Ayala

A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ICA CÓRDOBA

Córdoba, 2 de febrero de 2009.

Estimados compañeros:

En primer lugar, queremos felicitar a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno tras su aplastante victoria en las elecciones del pasado mes de diciembre, y –especialmente- una vez que han hecho toma de posesión del cargo. Os deseamos un buen y fructífero trabajo.

Por otra parte, queremos que recordéis que hemos hecho una serie de propuestas que, más allá de intereses de candidaturas, entendemos que son válidas y redundan en beneficio del colectivo. Tal vez sería bueno estudiarlas y ver las posibilidades de realidad que tienen. No dudéis en contar con nuestra colaboración.

Uno de los temas que nos preocupa bastante es que estamos asistiendo a incipientes movimientos de protesta de los abogados de oficio de diferentes Colegios de España, entre otros motivos porque se les paga poco, tarde y mal, o bien porque pretenden mejoras en el servicio de asistencia letrada, que no deja de ser un servicio público, o bien porque quieren verse beneficiados sanitariamente precisamente por ello. Es por eso, como una de las razones, y porque entendemos que esas reivindicaciones van en beneficio de todo el colectivo, este grupo de letrados no pretende otra cosa que proponer y prestarse para colaborar a conseguir tales mejoras, así como otras que iremos planteando paulatinamente.

Seguimos manteniendo nuestro blog, si bien con algunos ajustes y con reseñas de actualidad de nuestro colectivo a nivel nacional, noticias y artículos de interés. Por eso queremos contar con vuestro apoyo para asentar esta iniciativa y pedimos vuestras colaboraciones a fin de que no se vea como un arma de ataque o de competencia desleal a nada ni a nadie. Nuestro blog lo definimos como un espacio donde todos los letrados tienen su oportunidad para participar y colaborar. Por eso, creemos que nuestra Junta de Gobierno tiene paso preferente para intervenir y dar ejemplo al resto de compañeros.

Esperando la colaboración interesada, recibid nuestro más cordial saludo.

GIJÓN. La Administración califica: erráticas decisiones y desproporcionades acciones mediaticas.

08.02.09 -

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA DEL PRINCIPADO

DESDE octubre de 2008, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gijón ha venido adoptando, desde mi punto de vista, erráticas decisiones y desproporcionadas acciones mediáticas que pueden estar generando confusión entre la población sobre la prestación de este servicio. Persigue esta tribuna delimitar las responsabilidades de cada cual y explicar a la ciudadanía las garantías existentes para la prestación de la asistencia jurídica gratuita, que es lo que realmente nos compete como administración pública. Este derecho está reconocido en nuestra Constitución, concretamente en los artículos 17.3, 24 y 119, y su prestación está perfectamente regulada por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, que deja claro que la organización del servicio de asistencia gratuita y de guardias recae en el Consejo General de la Abogacía y en los respectivos colegios. Lo que viene a confirmar el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se Aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, que encomienda a los Colegios de Abogados «organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse». En idéntico sentido se expresa la normativa interna del Colegio de Abogados de Gijón, en concreto el artículo 5.1 letra d) de su Estatuto de 27 de septiembre de 2002.

La responsabilidad de la Administración del Principado en esta materia, una vez asumidas las competencias por el Real Decreto 966/2006, se limita a la regulación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, a los procedimientos de reconocimiento del derecho de asistencia y a la gestión de las indemnizaciones a los Colegios de Abogados y Procuradores (que no retribuciones a los colegiados), tanto por la defensa de abogado y representación por procurador de los tribunales en turno de oficio como a la asistencia letrada al detenido o preso.

Asumidas las competencias en esta materia, una de las primeras preocupaciones de este Gobierno fue actualizar el baremo de indemnizaciones. Las cantidades resultantes, así como otras mejoras profesionales, fueron negociadas con los representantes de los colegios afectados y comenzaron a aplicarse el 1 de enero de 2008. A modo de síntesis, el incremento medio de las cuantías fue del 30% respecto a las que venían percibiendo de la Administración del Estado. Como es lógico, este sustancial aumento llevó aparejado un mayor gasto del erario público (un millón de euros, aproximadamente). A esto hay que sumar que se redujeron a la mitad los tiempos de tramitación de las indemnizaciones y que también se aprobó una actualización económica, a 1 de enero de cada año, igual al incremento que se aplique al conjunto de los empleados públicos, previsión que aparte de Asturias sólo contempla Canarias.

Expuestos los antecedentes, paso a centrarme en las reivindicaciones planteadas por el Colegio de Abogado de Gijón. Se alega, en primer lugar, insuficiencia de las condiciones retributivas. Frente a esto debe reiterarse que nos encontramos ante una subvención, que el Principado de Asturias ni es el empleador ni retribuye a los colegiados. Resulta sorprendente el hecho de que el conflicto se produzca precisamente cuando entra en vigor el decreto, que incrementa notablemente el importe de las compensaciones y sitúa a Asturias en una posición intermedia entre todas las comunidades. La vocación de estabilidad y continuidad temporal de tal norma excluye cualquier ajuste que no sea la revisión anual.

El segundo argumento utilizado para justificar la suspensión del turno es la incorporación automática y gratuita de los abogados y procuradores que prestan el servicio público del turno de oficio al sistema de prestaciones públicas de la Seguridad Social. Así formulada, esta petición precisaría una modificación legislativa, en concreto del artículo 7 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Distinto es que se pretenda tener derecho a la prestación sanitaria de modo gratuito y automático, tal como se ha acordado únicamente en Galicia, a cuyo ejemplo se remiten. Esta petición tampoco es aceptable, dada la naturaleza de la prestación de la que estamos hablando y la relación existente entre los colegiados incorporados al turno y la Administración.

La última de las reivindicaciones es la eliminación de trabas burocráticas. Algo difícil de entender, ya que el Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita contempla una gran simplificación de la gestión, con un impreso único y que permite tener en cuenta el criterio de los profesionales acerca de la idoneidad del solicitante. Si a esto añadimos que las decisiones de la Comisión se comunican de forma inmediata, resulta aún más complicado entender determinados planteamientos.

Por tanto, estamos hablando de tres reivindicaciones, que, a excepción de las trabas burocráticas, no son ni van a ser asumidas por el Gobierno regional, al menos durante esta legislatura, tal y como ya se le ha expuesto al decano del Colegio de Abogados de Gijón. Como quiera que mantiene el conflicto -ni siquiera ha manifestado su intención de hablar de las pretendidas trabas burocráticas-, a esta Administración no le queda otra potestad que la del «control y vigilancia» sobre la correcta prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita y guardias.

Y actuaremos, tal como hemos venido haciendo hasta la fecha, ejercitando esa responsabilidad. Lo hemos hecho trasladando, entre otros, a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias y al Consejo General de la Abogacía Española los Acuerdos de las Juntas de Gobierno del Colegio de Abogados de Gijón de los días 28 y 31 de octubre de 2008, así como el acuerdo de 23 de diciembre relativo a la tramitación de la baja de todos los colegiados inscritos en el turno.

Parece imponerse, de momento, la sensatez y el estricto respeto a la legalidad y se encuentran suspendidos por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón los Acuerdos del Colegio de Abogados adoptados en el mes de octubre, y, a raíz de nuestro último traslado, el Consejo General de la Abogacía Española ha acordado por unanimidad «instar al Colegio de Abogados de Gijón para que reanude el funcionamiento ordinario del servicio de asistencia letrada al detenido y turno de oficio y para que la Junta de Gobierno de la citada Coporación garantice la continuidad del mismo, en cumplimiento con lo establecido por el art. 22 párrafo 1 de la LAJG 1/1996».

Para finalizar, y dado que la gestión y organización del turno de oficio es responsabilidad exclusiva del Colegio de Abogados de Gijón y éste debería ser el primer interesado en garantizar su prestación, creo necesario recordar a sus responsables, en especial a su decano, la obligación de respetar la decisión y amparar el legítimo derecho de aquellos colegiados que aún siguen inscritos en el turno y que permiten que pueda seguir prestándose. En consecuencia, el Colegio debería repudiar determinadas formas de presión llevadas a cabo durante estos días. De no hacerlo, tendría que entenderse que ampara actuaciones tendentes a impedir la correcta prestación del turno, incumpliendo de un modo evidente sus obligaciones.

Fuente: www.elcomerciodigital.com

MADRID. El Colegio de Abogados de Madrid contra la privatización de la atención legal a mayores.

Contra la privatización de la atención legal a mayores.

• A. López| 06/02/2009
  

Hay caso. El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) salió el miércoles en defensa de el Servicio de Orientación Jurídica para Mayores, y recurrió la decisión de la Comunidad de Madrid de interrumpir el convenio mediante el que los letrados del Turno de Oficio prestaban este servicio gratuito.

El Decano del ICAM, Antonio Hernández-Gil, se desvinculó ayer de la medida del Gobierno regional de sacarla prestación a concurso público. "Es una interpretación errónea de la Ley de Contratación", señaló. La norma establece que los convenios con los colegios requieren un concurso público. "El servicio no se presta a la Comunidad sino a los ciudadanos", insistió. El Turno de Oficio cree que el Colegio respaldó la privatización del servicio.

Fuente: www.adn.es

CORUÑA. Varios detenidos quedan en libertad por el paro del Turno de Oficio

Varios detenidos quedan en libertad sin declarar por el paro del turno de oficio El colegio de abogados insiste en que todos los sospechosos liberados sin exponer su versión de los hechos quedarían en la misma situación si estuviesen asistidos de letrado.

Junta general extraordinaria del colegio de abogados en la que se decidió suspender los servicios. / juan varela

MARÍA PARDO | A CORUÑA. 07/02/2009. La restricción del turno de oficio aprobada por los abogados para forzar a la Xunta a fijar un nuevo sistema compensatorio por este servicio está ralentizando el trabajo en los juzgados de la ciudad, sobre todo en los de instrucción. El juzgado de guardia, de cuyas funciones se encarga desde el martes el Juzgado de Instrucción número 3, está dejando en libertad a algunos detenidos sin que antes hayan prestado declaración. Además, la ausencia de letrados imposibilita la celebración de juicios rápidos.

La titular de esta unidad ha optado por soltar a los arrestados ante la imposibilidad de encontrar asistencia para los sospechosos que no tienen recursos económicos para contratar a un abogado. Según el colegio que defiende los intereses de estos profesionales, en sus tres primeros días de guardia, el Juzgado de Instrucción 3 no reclamó la presencia de ningún letrado, pero sí lo hizo la Policía Nacional y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

De todas las peticiones recibidas, el colegio consideró urgentes cinco, una para asistir a un acusado de robo y las otras cuatro relacionadas con asuntos de malos tratos. Roberto Rodríguez, diputado tercero de la organización colegial, insiste en que "todas las personas que están quedando en libertad sin prestar declaración iban a estar en la misma situación aunque la juez hubiese escuchado su versión de los hechos".

Explica este miembro de la junta directiva del colegio de abogados que en caso de que el sospechoso pueda ir a prisión sí se envía a un letrado de oficio, pues se considera un caso urgente. La restricción del servicio está teniendo diferente incidencia en los juzgados de Instrucción que no se hacen cargo de la guardia. En algunos indican que son pocas las declaraciones que han tenido que posponer hasta el momento por la falta de letrado, mientras que en otras unidades sostienen que la suspensión del servicio les está causando serios inconvenientes, pues no pueden continuar con la tramitación de muchos casos, lo que supondrá un retraso irrecuperable.

También han llegado al colegio peticiones de asistencia de juzgados de lo Civil, pero ninguna de estas reclamaciones ha sido considerada urgente. Con esta medida, los letrados pretenden lograr que la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza asuma sus reivindicaciones sobre la asistencia jurídica gratuita a personas con pocos recursos.

Tras meses de amenazas con paralizar este servicio, la Xunta aceptó abonar a los letrados una cantidad por día de trabajo. De esta manera, los colegiados ya no tendrían que pedir datos a sus clientes para poder cobrar. Los afectados se mostraron de acuerdo con esta oferta, pero la Consellería sólo estaba dispuesta a pagar de esta manera a los letrados de las siete grandes ciudades gallegas, pero no a los profesionales que prestan sus servicios en los llamados juzgados de pueblo. Por este motivo, los letrados decidieron en una junta general extraordinaria celebrada en enero restringir el turno de oficio a partir del 1 de febrero.

Según los letrados, la mayor parte de los clientes a los que tienen la obligación de asistir no les facilitan los datos necesarios para que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita les pague por sus servicios, lo que les impide cobrar gran parte de las asistencias.

Fuente: www.laopinióncoruña.es