MADRID. El decano del Colegio de Abogados de Madrid comparecerá mañana.

MADRID, 4 Feb. 2009 (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, comparecerá mañana para informar sobre la postura del Colegio ante la previsión del Turno de Oficio de renunciar en bloque a las guardias penales y su intención de presentar una moción de censura contra él por el descontento del colectivo debido al "fiasco" de su gestión.

El malestar de los abogados de oficio se debe a la decisión de Hernández-Gil de impugnar el acuerdo que se aprobó el pasado 11 de diciembre en una Asamblea General para respaldar la suspensión del servicio de oficio si la Comunidad no pagaba los 24 millones que adeuda.

El decano adelantó entonces que la Junta de Gobierno no acataría esa medida de presión, lo que hizo que pasara de ser su interlocutor a "un cómplice" del Gobierno regional. También le recriminan haber pactado con la Comunidad un acuerdo que obligará a partir del 16 de febrero a los extranjeros documentar su situación económica como requisito para recibir asistencia jurídica gratuita.

Hasta ahora, el decano no se ha pronunciado sobre el revuelo montado por sus colegiados, quienes están dispuestos a emprender en breve un calendario de movilizaciones que incluyen manifestaciones y encierros. El colectivo se queja del "mutis por el foro" hecho por Hernández-Gil, según denunció a Europa Press Santiago Luengo, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).

Las medidas de presión pactadas por las tres asociaciones de abogados del Turno de Oficio tomarán la próxima semana forma al iniciarse la recogida de firmas de los asociados para que prospere la renuncia masiva a las guardias penales a partir de marzo y la propuesta de moción de censura contra Hernández-Gil.

RECOGIDA DE FIRMAS

Las asociaciones que representan al colectivo celebrarán el próximo jueves una Asamblea en el Colegio de Abogados de Madrid para plantear de manera formal las propuestas que se aprobaron la pasada semana en la reunión celebrada en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza de Castilla.

A la renuncia de las guardias se suma un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones, encierros y una posible unión a la huelga convocada para el próximo 18 de febrero por los jueces de Madrid, en sintonía con la carrera judicial de otros territorios. La primera manifestación se prevé para finales de mes.

El motivo de la renuncia, que requiere de 900 firmas para paralizar el servicio, es la deuda de 24 millones de euros contraída por la Comunidad de Madrid al deber los honorarios devengados en 2008. La Consejería que dirige Francisco Granados aprobó la semana pasado un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del Turno de Oficio. El colectivo denuncia que se les pagará la deuda con el dinero presupuestado para este año.

La principal medida de presión que barajan es renunciar a las guardias penales de detenidos y de extranjería a partir del próximo marzo. Esto supondría que los detenidos sin recursos económicos quedarían en libertad a las 72 horas al no recibir asistencia letrada. En el caso de extranjería, no se podrían abrir expedientes de expulsión y se bloquearía en el aeropuerto de Barajas el retorno de los inmigrantes a su país.

Las asociaciones aspiran también a reunir 4.300 firmas para presentar una moción de censura contra Hernández-Gil, quien ostenta este cargo desde diciembre de 2007, para adelantar elecciones. El colectivo cree que su gestión ha sido "un fiasco" debido a que su llegada al Decanato del ICAM generó muchas expectativas. "El pasado año ha sido el peor para los abogados de oficio por la deuda acumulada y las pretensiones de privatizar este servicio público", denunció Luengo.

PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO

El primer paso para privatizar el servicio ha sido entregar a manos privadas el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM. Igualmente, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos.

Luengo acusó al decano de engañar al colectivo al pactar con la Comunidad el acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, de 28 de noviembre de 2008, que establece que los ciudadanos extranjeros gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando sea evidente que carecen de medios para sufragar gastos de defensa.

Este acuerdo entrará en vigor el próximo 15 de febrero y supondrá que si no tienen los documentos para acreditar su situación económica no podrán recibir asistencia letrada gratuita. Las asociaciones interpretan este convenio como "una trampa" para "freír a los extranjeros de burocracia".

Fuente: www.europapress.es

MADRID. El Turno de Oficio recoge firmas para la renuncia colectiva a las guardias.

MADRID, 3 Feb. 2009 (EUROPA PRESS) -

Las medidas de presión pactadas por las tres asociaciones de abogados del Turno de Oficio tomarán la próxima semana forma al iniciarse la recogida de firmas de los asociados para que prospere la renuncia masiva a las guardias penales y la propuesta de moción de censura contra el decano Antonio Hernández-Gil por "engañar" a los colegiados.

Las tres asociaciones que representan al colectivo celebrarán el próximo jueves una Asamblea en el Colegio de Abogados de Madrid para plantear de manera formal las propuestas que se aprobaron la pasada semana en la reunión celebrada en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza de Castilla.

A la renuncia de las guardias se suma un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones, encierros y una posible unión a la huelga convocada para el próximo 18 de febrero por los jueces de Madrid, en sintonía con la carrera judicial de otros territorios. La primera manifestación se prevé para finales de mes.

El motivo de la renuncia, que requiere de 900 firmas para paralizar el servicio, es la deuda de 24 millones de euros contraída por la Comunidad de Madrid al deber los honorarios devengados en 2008. La Consejería que dirige Francisco Granados aprobó la semana pasado un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del Turno de Oficio. El colectivo denuncia que se les pagará la deuda con el dinero presupuestado para este año.

La principal medida de presión que barajan es renunciar a las guardias penales de detenidos y de extranjería a partir del próximo marzo. Esto supondría que los detenidos sin recursos económicos quedarían en libertad a las 72 horas al no recibir asistencia letrada. En el caso de extranjería, no se podrían abrir expedientes de expulsión y se bloquearía en el aeropuerto de Barajas el retorno de los inmigrantes a su país.

DESALOJO DEL DECANO

Las asociaciones aspiran también a reunir 4.300 firmas para presentar una moción de censura contra Hernández-Gil, quien ostenta este cargo desde diciembre de 2007, para adelantar elecciones. El colectivo cree que su gestión ha sido "un fiasco" debido a que su llegada al Decanato del ICAM generó muchas expectativas.

"El pasado año ha sido el peor para los abogados de oficio por la deuda acumulada y las pretensiones de privatizar este servicio público", denunció a Europa Press Santiago Luengo, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).

El primer paso para privatizar el servicio ha sido entregar a manos privadas el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM. Igualmente, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos.

Luego acusó al decano de engañar al colectivo al pactar con la Comunidad el acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, de 28 de noviembre de 2008, que establece que los ciudadanos extranjeros gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando sea evidente que carecen de medios para sufragar gastos de defensa.

Este acuerdo entrará en vigor el próximo 15 de febrero y supondrá que si no tienen los documentos para acreditar su situación económica no podrán recibir asistencia letrada. Las asociaciones interpretan este convenio como "una trampa" para "freír a los extranjeros de burocracia".

Por otro lado, los representantes de las tres asociaciones se reunieron hoy en la Asamblea de Madrid con el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, para trasladarle la problemática que sufre el colectivo. Gómez les informó de que el Grupo Parlamentario Socialista impulsará una serie de iniciativas parlamentarias, como una Proposición no de Ley o preguntas al Gobierno regional.

GIJÓN. La opinión del Director General de Justicia respecto de los Abogados.

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA Director general de Justicia del Principado

Oviedo, Idoya RONZÓN

José Manuel Fernández García es el nuevo director general de Justicia. No pisa terreno desconocido: como ex director general de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos, la negociación de la transferencia de los medios personales de Justicia se llevó a cabo desde la dirección de la que él era titular.

-Llega en un momento en que llueve en todas las direcciones. Primera queja: medios informáticos.

-Aunque es un tema que depende de la Consejería de Administraciones Públicas, la Administración es única y se actúa coordinadamente. En esta materia hay carencias evidentes. Es una situación heredada, y es complicada. Pero este año vamos a afrontar un gasto considerable y vamos a proceder a la renovación completa del parque informático del Principado. El coste estimado que tiene la dirección de informática ronda los 2.400.000 euros, y el año que viene se pretende un esfuerzo similar: renovación completa de todos los ordenadores, incluidos servidores. En estos dos años vamos a tener absolutamente renovado un parque que tiene muchas carencias.

-En verano, la juez del Social 3 de Oviedo pagó un escáner de su propio bolsillo para el Juzgado.

-Esos supuestos son anecdóticos. Estamos metiendo recursos, pero no disponemos en este momento de una cantidad tan elevada para afrontar todo lo que es necesario hacer.

-¿Estarán por fin los Juzgados conectados entre sí?

-Todos los Juzgados de Asturias tienen banda ancha. Otra cosa distinto son las aplicaciones. Unas dependen únicamente de nosotros, como es el sistema de grabación de vistas, que se acabará pronto de implantar en toda Asturias y, en meses, habrá expendedores para que los abogados puedan sacar sus propias copias a través de una llave USB en Oviedo, Gijón y Avilés. Pero hay otras que no dependen de la Administración regional. El Poder Judicial acaba de presentar un plan de modernización y en eso estamos todos.

-¿La modernización de la Justicia se queda sólo en titulares?

-Creo que la voluntad del Principado de invertir en la Justicia es evidente. Este año tenemos un presupuesto de 26.950.000 euros. La transferencia de medios materiales fue de 26,4 millones. Estamos hablando de diez millones más que el Principado está poniendo encima de la mesa, sin contar el presupuesto de Informática, que está en la Consejería de Administraciones Públicas.

-Segunda queja: edificios.

-Es una situación complicada, heredada, con una serie de sedes judiciales que no están en buenas condiciones. Hay temas que ya han ido hacia adelante y que, a principios de 2011, tendremos acabados: el Instituto de Medicina Legal, el edificio nuevo de Gijón o la sede de Villaviciosa. Se han hecho también otras obras necesarias, en la Fiscalía de Oviedo, Menores, Camposagrado y Valdecarzana... y otras menores pero que también son importantes. Y es cierto que hay otras sedes judiciales que necesitan una reforma. Estamos en negociaciones con ayuntamientos y unas van más avanzadas que otras.

-Las obras en Camposagrado y Valdecarzana, sede del TSJA, no solucionaron los problemas de espacio. ¿Fue «chapa y pintura»?

-Estamos hablando de dos palacios que son bienes de interés cultural que están protegidos y que tienen singularidades, y la adecuación es difícil. Las obras han quedado bien, responden a la finalidad y han sido más que la mera «chapa y pintura». ¿Que a lo mejor se podía haber hecho algo más? Puede, pero no soy conocedor de quejas generalizadas.

-¿Qué sedes están en peores condiciones?

-Langreo, Valdés, Piloña, Cangas de Onís y Pravia.

-Los archivos de Avilés se han calificado de «insalubres».

-Se han limpiado y únicamente nos resta realizar obras de ventilación forzada. En dos o tres meses se cumplirá estrictamente con lo requerido por Inspección de Trabajo.

-¿Oviedo sigue en la mesa?

-El problema de la dispersión de las sedes, agravada con la creación de nuevos Juzgados, requiere una reflexión prudente. Cualquier decisión que adoptemos en Oviedo tiene que partir de un criterio fundamental, que es el económico. Estamos trabajando en ello, pero a un plazo medio. No sé si en la parcela del Cristo (la que dejará el Hospital Central) o en otro lado, pero lo lógico es que se unifique todo en una sola sede. Deberíamos ir a una solución única y no volver a caer en lo mismo.

-¿Pondrán a fichar a los funcionarios de Justicia?

-Todos los funcionarios fichan, Justicia no será una excepción.

-¿Qué le parece la amenaza de huelga de los jueces?

-Sin entrar en la legitimidad jurídica de la huelga (no nos corresponde opinar sobre eso), creemos que es una huelga innecesaria. La huelga debe ser el último argumento en una negociación y parece que aquí no lo es. Esperamos que no se produzca, no sería buena para nadie. Con respecto a los planteamientos, por nuestra parte estamos intentando poner todos los medios para responder a la modernización que reclaman.

-Queja número tres: el turno de oficio del Colegio de Gijón.

-Es una situación peculiar. La asistencia está encomendada a los Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía. En ese caso, la no prestación de la asistencia, o el intento, no deja de ser un incumplimiento de esas obligaciones por parte del Colegio de Abogados de Gijón. Al Principado lo que le corresponde es la supervisión y el abono de las indemnizaciones.

-Los abogados se quejan de que cobran poco, mal y nunca.

-En el Colegio hubo un acuerdo por el que dio de baja a todos los letrados a fecha 31 de diciembre, excepto aquellos que manifestaron su voluntad de permanecer en el turno, que fueron 24. Son suficientes. Cualquier otro acuerdo que se pueda adoptar que cercene la voluntad de estos letrados será atacado por el Principado y me imagino que también por la Fiscalía. Y con respecto a las reivindicaciones, decir dos cosas: el decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en Asturias se aprobó en noviembre de 2007 y entró en vigor en enero de 2008 y supuso un incremento del 30 por ciento de las indemnizaciones. Se pasa prácticamente de tres millones de euros a cuatro. No se va a producir otra subida más esta legislatura.

-¿Qué hay de la reclamación de la asistencia sanitaria?

-Tampoco estamos de acuerdo. Estamos hablando de un personal que está en el turno de oficio porque es abogado, no es abogado porque está en el turno de oficio. Su actividad es la de colegiado independiente, y el turno de oficio es algo que presta porque se le obliga a prestar, es una obligación que asume como colegiado. Con lo cual, entendemos que no nos corresponde esa indemnización. Como colegiados independientes deberían ser ellos los que se costeasen esa asistencia.

-¿Qué ocurriría si también se borrasen esos 24 letrados?

-Tendríamos un problema. Pero el Principado sólo tiene una función de supervisión y abono de indemnizaciones, nada más. Quien primero debe buscar una solución es el propio Colegio de Abogados. Es el que debe buscar soluciones y no amparar problemas.

-¿Es cierto que pagan tarde?

-Cualquier problema que sea de gestión, no sólo estamos de acuerdo en arreglarlo, sino obligados a arreglarlo. De todos modos, son problemas muy puntuales y escasos.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo.

Abogado y funcionario de carrera del cuerpo superior de administradores del Principado, fue secretario general técnico de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo (legislatura 1999-2003); secretario general del Consejo Consultivo del Principado (2005-2007), y director general de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos (desde agosto de 2007 hasta su nombramiento como director general de Justicia).

Además, desempeñó distintos cargos en las direcciones regionales de Medio Ambiente, Servicios, Urbanismo y Promoción de Empleo.

«La voluntad del Principado de invertir en Justicia es evidente; en dos años renovaremos el parque informático completo»

Fuente: www.lne.es

GIJÓN. Justicia acusa de "pasividad" al Colegio de Abogados de Gijón.

El Principado reprueba la "pasividad" del Colegio de Abogados de Gijón por "coacciones" a al turno de oficio.

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Justicia remitió esta mañana una comunicación urgente al Consejo General de la Abogacía para que adopte las medidas oportunas ante la "pasividad" del Colegio de Abogados al "no prestar la tutela que legalmente debiera dispensar a los abogados inscritos en el turno de oficio y servicio de guardias".

Según informó el Principado en una nota de prensa, esta enérgica comunicación se produce tras haber tenido constancia de que esta mañana se han distribuido por las distintas sedes judiciales de Gijón carteles en los que se califica de "esquiroles" a los letrados que actualmente se encuentran inscritos en el turno de oficio.

Como se explica en la comunicación, la Dirección General de Justicia considera que estos hechos constituyen "una forma de presión que atenta contra la libertad e independencia que por definición deben tener los abogados en el ejercicio de su profesión, y muy particularmente cuando cumplen con el deber de prestar la asistencia jurídica gratuita y de servicio de guardia".

Según el Gobierno asturiano, en los carteles, bajo una especie de lema que dice textualmente "¿Abogados? No, sólo esquiroles" aparece la lista de los letrados que voluntariamente continúan inscritos en el turno de oficio. Uno de los afectados, según ha tenido constancia la Dirección General de Justicia, ha remitido un escrito al Juzgado Decano instándola a actuar y proceder a la retirada de los carteles.

En el comunicado del Principado, se expone que la situación reviste la "suficiente gravedad para que aquellos que tienen la obligación de prestar el servicio den garantías plenas de que se preste sin que se produzcan perturbaciones de todo punto reprobables en un Estado de Derecho".

Desde la Dirección General de Justicia se considera "sorprendente la pasividad que, ante hechos tan graves, está manteniendo el Colegio de Abogados de Gijón, y le recuerda que su responsabilidad es buscar soluciones y no amparar con su silencio actos tan reprochables como los acaecidos esta mañana en distintos juzgados de Gijón".

Fuente: www.europapress.es

GIJÓN. Justicia cree que las demanadas de los Abogados "resultan incompresibles".

El Colegio de Abogados pide que se inicie un diálogo y recuerda que la última reunión con la consejería fue el 23 de diciembre.

04.02.09 -I. V.| GIJÓN.

Después de que más de cuarenta letrados gijoneses -42 según señaló ayer su decano, Sergio Herrero- se encerraran el lunes por la noche en la sede del Colegio de Abogados de Gijón, en el edificio judicial de la calle del decano Prendes Pando, el Gobierno regional respondió ayer que considera «bastante incomprensibles» sus reivindicaciones, al entender que la situación del turno de oficio experimentó «importantes mejoras» a partir de la asunción de las competencias de asistencia jurídica gratuita por parte del Principado.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad señaló que tras el traspaso de competencias «la primera preocupación del Gobierno fue actualizar el baremo de las subvenciones» que reciben los colegios de abogados de Oviedo y Gijón, «entidades a las que les corresponde la organización y gestión del servicio». Para acordar las nuevas cantidades «se mantuvieron múltiples y periódicas reuniones» con ambos colegios, a partir de las cuales el 28 de noviembre de 2007 el Principado aprobó el nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

«Se simplificó la gestión»

El cambio de normativa supuso, siempre según el Gobierno regional, un incremento medio del 30% de las cuantías satisfechas a los colegios de abogados por los servicios del turno de oficio, así como una mejora «sustancial» en los plazos de abono de las indemnizaciones -que se redujeron desde los 8 ó 9 meses que tardaba en abonarlas el Ministerio de Justicia a tan sólo 3 ó 4 meses-. Desde la consejería destacaron además la «simplificación de la gestión» para determinar la idoneidad de un solicitante de justicia gratuita, así como el hecho de que «el abogado obtiene información inmediata de las decisiones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita», que es la que determina si se le concede o no ese derecho al solicitante.

El Principado considera que, a la vista de estas mejoras, «resultan bastante incomprensibles las reivindicaciones del Colegio de Abogados de Gijón», y recuerda que «el turno de oficio no es la actividad principal del abogado». En una posible alusión a la reclamación de los letrados de entrar en el régimen de prestaciones sanitarias de la Seguridad Social, la consejería apunta que «el ejercicio de la abogacía es una profesión liberal, con todo lo que ello conlleva».

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, Sergio Herrero, insistió en que están a la espera de poder iniciar un diálogo con la consejería con respecto al turno de oficio y recordó que el último contacto entre ambas instituciones fue el 23 de diciembre «sólo para conocer al nuevo director general de Justicia».

Fuente: www.elcomerciodigital.com

MADRID. Los extranjeros se quedarán sin asistencia jurídica gratuíta a partir del 16 de febrero.

MADRID, 3 Feb. 2009 (EUROPA PRESS) -

Las tres asociaciones que representan a los abogados del turno de Oficio criticaron hoy que los extranjeros en proceso de expulsión se quedarán sin asistencia jurídica gratuita a partir del próximo 16 de febrero por los impagos de la Comunidad de Madrid que adeuda entre 28 y 30 millones de euros a los abogados de oficio en concepto de los honorarios devengados en 2008.

En rueda de prensa en la sede del Parlamento regional, la secretaria general de la asociación de profesionales de abogados de extranjería, Luz Elena Jara, afirmó que "a partir del 16 de febrero los extranjeros que entren a través de fronteras en procedimiento de expulsión carecerán de asistencia jurídica gratuita" y destacó que así, se les "niega el derecho fundamental" a la asistencia jurídica gratuita. "En vez de asistentes jurídicos seremos letrados presenciales", apostilló.

En esta misma línea, se expresó María Jesús Díez de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que se opuso a la privatización de este servicio ya que supone la "vulneración del derecho de defensa a los más desfavorecidos, que es lo que está haciendo la Comunidad". Otra de las reivindicaciones la hizo Almudena Monge de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) que dijo que lo que se pagó a este colectivo fue una "indemnización" y no un pago.

Tras reunirse con ellos, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, explicó que hay varios "problemas " en la región con este sector, ya que los abogados de oficio "no cobran". "El Gobierno de Esperanza Aguirre mantiene una deuda de más de 28 millones de euros con el Colegio de Abogados de Madrid", afirmó y añadió que "el impago corresponde al retraso en la retribución de los honorarios devengados en 2008, del que sólo se ha abonado el 29 por ciento del segundo trimestre". "Esta falta de recursos afecta a 4.500 abogados del turno de oficio en nuestra Comunidad", apostilló.

Gómez dijo que el Ejecutivo regional "ha dado ahora la orden de liberar las cantidades correspondientes a 2008, con lo que en 2009 este servicio queda sin cobertura económica para garantizar este derecho fundamental". Así, tras defender el carácter público de este servicio, Gómez destacó que el Grupo Parlamentario Socialista llevará a cabo iniciativas parlamentarias como una Proposición no de Ley o preguntas al Gobierno.

Fuente: www.europapress.es

GIJÓN. Conflicto entre la Administración y los Abogados

Justicia afirma que el Consejo de la Abogacía pidió parar las protestas. Los letrados dicen que sólo se les recordó la necesidad de respetar los derechos de los ciudadanos «y lo estamos cumpliendo»

03.02.09 -I. V.| GIJÓN

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias volvió a mostrar ayer su desacuerdo con las movilizaciones de los abogados de Gijón y recordó que la entrada en vigor, el 1 de enero de 2008, del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, supuso hace un año un incremento medio del 30% en las retribuciones abonadas por la prestación de servicios en el turno de oficio. «Por mucho que digan que son los peor pagados, en Asturias nos movemos en un baremo medio. No son los que más cobran, pero tampoco los que menos», señalaron desde la Consejería.

Las mismas fuentes apuntaron que en los últimos 13 años las tasas abonadas por el turno de oficio han aumentado un 75% y criticaron que desde Gijón se consideren insuficientes unas cantidades «con las que en Oviedo, donde son más abogados, sí están satisfechos». Justicia destacó además que desde que el Principado asumió las competencias «la transferencia de los pagos se realiza cada tres meses, menos tiempo del que que tardaba antes el Estado en pagar sus servicios».

Por otra parte, desde el Gobierno regional señalaron que, en respuesta a una carta remitida por el Principado a finales de 2008, la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía, órgano ejecutivo superior de los colegios de abogados, acordó por unanimidad «instar al Colegio de Abogados de Gijón para que reanude el funcionamiento ordinario del servicio de asistencia letrada al detenido y turno de oficio». Según la Consejería, esta decisión fue adoptada el pasado 22 de enero y comunicada al Principado con fecha de salida del 26 de enero. «Pide a la junta de Gobierno del colegio que garantice la continuidad del turno de oficio en cumplimiento de la Ley de Asistencia Gratuita».

Sergio Herrero, decano del Colegio de Abogados, señaló sin embargo que el Consejo General de la Abogacía «sólo nos ha recordado la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos, aspecto que estamos cumpliendo».

Fuente; www.lavozdeavilés.es