Los abogados de oficio suspenderán sus consultas a partir del 1 de febrero.
La Justicia gratuita se impartirá sólo en casos "que no permitan demora",como la pérdida de un derecho por vencimiento de plazo,violencia de género o la alimentación a menores.
GEMMA MALVIDO | A CORUÑA. 16/01/09. Los letrados de oficio del Colegio Provincial de A Coruña -formado por once partidos judiciales- acordaron ayer, casi por aclamación, suspender su labor a partir del 1 de febrero. Y, con esta votación, lo que hacen también es rechazar la propuesta de la Xunta que pretende primar a los profesionales de las siete ciudades gallegas pagándoles 180 euros por cada día de guardia y no por servicio prestado, como pretende mantener en en el resto de partidos judiciales.
Con esta iniciativa, el Colegio de Abogados de A Coruña no designará letrados de oficio para los turnos que vayan más allá del 31 de enero, aunque, según acordaron ayer, en el transcurso de una asamblea general extraordinaria, los defensores garantizan que habrá una "especie de servicios mínimos", que todavía no están concretados.
La atención a las personas que pierdan un derecho porque se les acaba el plazo para reclamarlo, los delitos que entrañen violencia de género o que atenten contra la alimentación de menores o en los que un detenido o un imputado esté en situación de permanecer un largo periodo en la cárcel serán algunos de los casos a los que los abogados no podrán decir que no.
La votación, que se realizó a mano alzada y con cartulinas de colores, arrojó un resultado de 145 votos a favor de la suspensión del servicio y trece abstenciones, once de las cuales formaban parte de los miembros de la junta -que decidieron no tomar partido para no dejar sin representación a los letrados que quisiesen dar su apoyo a las propuestas de la Xunta- y otro pertenecía al secretario delegado del Colegio de Abogados. Ninguna papeleta naranja entre las 158 recogidas, quizá porque los que querían hacer uso de su derecho a dar el no a la suspensión vieron que no eran suficientes como para ganar y no alzaron su mano. Alrededor de 30 personas fueron las que renunciaron a posicionarse en la asamblea.
Ha sido el colegio de A Coruña, el más favorecido por las propuestas de la Xunta, el que se ha negado a aceptarlas. Hasta la revisión de este año, los abogados de oficio cobraban sus servicios a través de un acuerdo que mantiene la Consellería de Presidencia con los colegios de letrados. Pero tenían que ser los profesionales los que, una vez realizasen la asistencia, cubriesen un informe según el que los acusados declaraban los motivos por los que tenían derecho a la asistencia gratuita. Pero el sistema burocrático hacía que, si Vicepresidencia denegaba el servicio o si los usuarios de la Justicia no aportaban los datos necesarios para cubrir este informe de justificación, los abogados de oficio no llegasen a percibir todos los honorarios que les pertenecían, ya que había consultas de las que no quedaba constancia en la Xunta.
Como solución a este problema, Presidencia propuso un plan alternativo que consistía en pagar 180 euros por día de guardia al profesional de oficio, pero esta medida, en principio y a modo de prueba durante este año, se aplicaría tan sólo a los letrados que ejerciesen su función en las siete grandes ciudades gallegas; sin aportar ningún cambio a los abogados de los demás partidos judiciales -como Muros-Corcubión, Carballo, Padrón, Negreira y Ordes-.
Y los letrados, con sus papeletas azules al aire, dijeron que no; que no había "abogados de oficio de primera y de segunda", que la Xunta no podía dividirles en algo que era más que dinero.
"El problema es que no es igual trabajar en A Coruña y en Muros; nosotros tenemos una semana de guardia cada mes y medio y en la ciudad tan sólo es un día; además las distancias que tenemos que recorrer para ir de un juzgado a otro o para ir a ver a un preso a Teixeiro no entran dentro de las propuestas de la Xunta", denunció la delegada de Muros-Corcubión", a la que no le convencía el argumento de Presidencia de que, en los partidos judiciales de los alrededores de A Coruña, el paso de cobrar por servicio a ingresar pro guardia, supondría un incremento del 300%, cuando en la ciudad supone tan sólo un aumento del 22%.
Y si no, huelga de celo
"¿Y por qué no nos damos todos de baja en bloque?", sugirió desde el público el delegado de Ordes. Pero su propuesta fue denegada por la junta, porque nadie puede garantizar que el que se sienta al lado vaya a cumplir con la palabra dada en la asamblea.
"¿Y si nos impugnan la votación?", preguntó una letrada del público después de que se hubiese hecho el recuento.
"Pues nos defendemos, que para eso somos abogados. Además ya sería, que los jueces nos negasen un derecho que reclaman para ellos", respondió el miembro de la comisión del turno de oficio y de la junta del Colegio de Abogados, Roberto Rodríguez, sin dejar de ofrecer otra solución: "Si no ya veremos la manera de hacer una huelga de celo o de agotar las horas de la guardia", proponía el letrado de oficio.
La Consellería de Presidencia asegura que la medida de pagar a los abogados de oficio de las siete ciudades gallegas 180 euros por cada día de guardia es un "plan piloto que se realiza en Galicia por primera vez para ver su éxito o su fiabilidad", según aclaró ayer, una portavoz de la Xunta, y que tiene vigencia sólo durante este año. Pero es, a su vez, un proyecto que, en el caso de A Coruña, ha unido a los profesionales en contra de la iniciativa del Gobierno gallego.
Según la normativa que regía el pasado año, un letrado podía ofrecer sus servicios a un máximo de cinco personas por guardia, con lo que facturaba por número de expedientes abiertos. La reforma establece que, independientemente del trabajo que tengan y de si, finalmente, la Xunta les reconoce o no el derecho a la Justicia gratuita a las personas atendidas, los letrados de la ciudad cobrarán 180 euros. No es así para los que ejercen en los partidos judiciales que no están adscritos a las siete grandes ciudades gallegas, que han de cubrir un informe para que, después, Presidencia le envíe el importe de las asistencias realizadas al colegio al que pertenece el letrado y éste reciba sus honorarios. El único cambio que introduce la Xunta para estos profesionales es un incremento del 3% en las tarifas de cobro; así, por un juicio rápido de violencia de género, los letrados cobrarán 344,58 euros y 20,20 euros por las salidas de prisión.
Fuente: www.laopinioncoruña.es
