¿HAS PENSADO EN MEJORAR TU COLEGIO DE ABOGADOS?

GRACIAS A TODOS. NO DESAPARECEMOS NOS MUDAMOS.

2009-07-07T22:19:00.015+02:00

http://noticiasdelturnodeoficio.blogspot.com
http://reivindicacionesdelturnodeoficio.blogspot.com

Podeis comunicar con nosotros en los email:

Estimados compañeros, gracias a todos el apoyo que nos habéis mostrado a los largo de estos más de 6 meses desde que iniciamos nuestra andadura como candidatura. Dejamos aparcado de momento este proyecto, sin que ello implique renunciar a la mejora de nuestro Colegio de Abogados de conformidad con el programa que de común acuerdo un día suscribimos, tenemos el honor de haber sido los primeros, y esperamos que no los últimos, en ofrecer un programa, un ideario que movía nuestras actuaciones, os recordamos que fue el siguiente:

Tarjeta sanitaria pública: Asistencia y recetas médicas.
Turno de oficio conforme a Baremo.
Telefonía móvil a bajo coste para colegiados y familiares.
Defensor del colegiado.
Hemeroteca jurídica especializada de la prensa local.
Bases de datos, software y nuevas tecnologías libres.
Cursos de reciclaje especializados del Turno de Oficio totalmente gratuitos, con entrega de material y legislación (códigos).
Puesta al día on line de legislación y otras publicaciones de interés para abogados.
Publicidad de los criterios colegiales de valoración de impugnaciones y demás asuntos colegiales.
Mejora organizativa en señalamientos y asistencias.
Mayor presencia y participación en los partidos judiciales de la provincia.
Zona Wi-Fi en sede colegial y judicial.
Mayor presencia en la sociedad civil.
Póliza de accidentes por daños materiales y personales por desplazamientos "in itinere".
Supresión de la obligación de asistir al justiciable, en caso de designación de oficio, en el municipio cabeza de partido o en el de residencia de aquél, salvo imposibilidad de desplazamiento debidamente justificada (internamiento involuntario; hospitalización; grandes inválidos, etc.).
Establecimiento de un control interno de cuentas (intervención) o externo (auditoría).
Visión corporativista, de exclusisva defensa de los intereses de los Abogados, de nuestro Colegio, al modo del de Médicos.

Los puntos 14 a 17 fueron añadidos por un comentario anónimo y dada la validez de los mismos los hicimos nuestros. Este ideario al igual que el movimiento de software libre, y su programas, NO TIENE COPYRIGH, de manera que no sólo permitimos, sino que recomendamos su copia y distribución sin restricciones de ningún tipo.

Muchos sois los que nos habéis animado a continuar con nuestra labor, nos habeis sugerido ideas, y nos habeis pedido que no abandonemos. Así que de la misma forma os manifestamos, que no desparecemos, nos vais a seguir encontrando en http://noticiasdelturnodeoficio.blogspot.com/, un blog que continua en la línea ofrecer las noticias del turno de oficio, allí están no sólo las noticias publicadas en este sino todos y cada uno de vuestros comentarios.

A todos gracias, gracias. Nos vemos compañeros.

ANDALUCÍA. La justicia gratuíta crece un 30% por la crisis

2009-06-02T21:01:00.002+02:00

Los abogados andaluces impugnan el reglamento de retribuciones del turno de oficio de la Junta

GINÉS DONAIRE - Jaén - 01/06/2009

La crisis económica está provocando un aumento espectacular de la demanda de asistencia jurídica gratuita. Sólo en lo que va de año ha crecido un 30% la factura que los abogados andaluces han presentado a la Junta de Andalucía como consecuencia del turno de oficio y la asistencia a detenidos y víctimas. Los despidos y procedimientos concursales, por un lado, y el aumento de los detenidos por infracciones penales asociadas a los llamados delitos de supervivencia, por otro, están detrás de esta escalada que está saturando el trabajo de los 7.000 letrados que prestan servicio de justicia gratuita en la comunidad.

En 2008, la Junta destinó 33 millones a pagar el derecho de asistencia jurídica

El Gobierno andaluz destinó el año pasado 33 millones de euros a pagar el derecho a la asistencia jurídica gratuita a casi 125.000 personas, unas cifras que se van a disparar este ejercicio. "Las Salas de lo Contencioso y los Juzgados de lo Mercantil son los órganos más saturados", señala José María Rosales, presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Abogados de Andalucía, que ya ha trasladado el problema a la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez.

Para los abogados andaluces, la sobrecarga de trabajo no se corresponde con un aumento de sus retribuciones, de 89 euros en la asistencia al detenido y de 138 euros en una guardia en el turno de oficio, cifra que pueden duplicar si presta más de seis asistencias. Esta es una de las razones por las que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha recurrido el último reglamento autonómico de asistencia jurídica gratuita. "No estamos de acuerdo con la baremación económica que hace la Junta, pero sobre todo pedimos la dignificación de nuestra función y un reconocimiento del trabajo que realizamos", subraya Rosales, que también es decano del Colegio de Abogados de Granada. El nuevo Reglamento de Justicia Gratuita dispone la existencia de turnos de oficio especializados para colectivos como inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.

El aumento de la carga de trabajo ha motivado que, en provincias como Jaén, en los últimos años hayan abandonado el turno de oficio más de 200 letrados. "Estamos superados", admite Antonio Cabezas, responsable del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Jaén, que ha alertado en un informe de la situación de "desbordamiento". En esta provincia, en el primer trimestre del año se tramitaron 3.100 expedientes de justicia gratuita, frente a los 5.035 de todo el año pasado. Además, en el mismo periodo, se han prestado más de 3.500 asistencias a detenidos, presos o imputados no detenidos desde el turno de oficio frente a las 2.600 del mismo periodo del año pasado.

En los primeros meses del año, el número de detenidos en Jaén se ha incrementado un 35%, en su mayor parte por infracciones vinculados a hurtos. En toda Andalucía, la Delegación del Gobierno sólo maneja los datos del último año, según los cuales la tasa de criminalidad de la comunidad era de 52,1 delitos por cada 1.000 habitantes, de los que el 61% se cometió en la provincia de Málaga. Jaén, en cambio, estaba a la cola, con cerca de 30 delitos por millar de habitantes.

La situación es también complicada en las provincias del litoral, en este caso a consecuencia de la llegada de inmigrantes en pateras. Para prevenir las situaciones de colapso que generan las llegadas masivas de inmigrantes, el Colegio de Abogados de Granada ha creado un grupo de apoyo semanal con ocho abogados más.

La medida contempla la designación de un abogado de oficio que estará de guardia las 24 horas para atender específicamente a los inmigrantes. Este letrado podrá asistir jurídicamente a un máximo de 12 personas en su turno, encargándose de todos los pasos que conlleva una situación de este tipo, como la asistencia al detenido en la propia Comisaría y en el juzgado de guardia e interposición de cuantos recursos sean necesarios. De este modo, entre todos podrán asistir a 108 personas diarias. Sin embargo, los letrados de Motril se han quejado de la "descoordinación administrativa" que ha producido esta medida, puesto que la Policía desconoce esa limitación en el número de asistencias prestadas.

Málaga fue el año pasado la provincia con un mayor número de personas sin recursos económicos (27.913) que utilizaron los servicios de justicia gratuita, seguida de Sevilla (25.997), Cádiz (23.126), Granada (14.443), Almería (10.971), Córdoba (10.484), Huelva (6772) y Jaén (5.035). La Consejería de Justicia defiende el incremento de los fondos para la justicia gratuita en los últimos años, al pasar de seis millones de 1997 a 33 millones en 2008.

Fuente: www.elpais.com

ALMERIA. Los Abogados del Turno se darán de baja masiva el próximo 30 de junio.

2009-05-20T13:31:00.002+02:00

A las cinco de la tarde de ayer estaban convocados, en la sede del Colegio de Abogados de Almería, aquellos juristas adscritos al turno de oficio.

El motivo de la reunión fue debatir sobre las medidas a adoptar en relación a las dos órdenes dictadas por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, por la que se recortan, de forma más que considerable, las retribuciones de estos abogados que ejercen una función pública.

Según ha podido saber IDEAL, los abogados se quejan de que los nuevos baremos, que establecen aparentemente una pequeña subida, en realidad reduce los derechos de cobro por el trabajo realizado.

La orden de la Junta de Andalucía aumenta los requisitos para poder cobrar las actuaciones de los juristas. Concretamente en las áreas de extranjería, asistencia al detenido, violencia de género y derecho penal, las posibilidades de cobro se llenan de trabas que en muchas ocasiones impedirán justificar las retribuciones.

Hasta la aprobación de estas órdenes, el abogado reclamado por la Administración para defender a aquel que no dispone de medios para la contratación de uno particular, no tenía que justificar los ingresos de su 'cliente' para poder cobrar él. De hecho, la propia Administración utilizaba su medios para garantizar la insuficiencia económica del justiciable.

Trabas burocráticas

Sin embargo, en la actualidad, el abogado deberá presentar en la Delegación de Justicia, en el plazo máximo de diez días, los siguientes datos de 'su' cliente: IRPF de 2007 y 2008; fotocopia de sus últimas seis nóminas y el contrato de trabajo o, si no trabaja, certificado que acredite que es desempleado; si cobra pensión, la cuantía de la misma; si es pensionista, certificado que lo acredite; certificado del Catastro; DNI, pasaporte o tarjeta de residencia; y si está casado, todos los anteriores documentos, también de su cónyuge. Si no aportan los propios letrados esta documentación en el plazo de diez días, no cobran.

Los abogados se quejan de que la gran mayoría de las personas a las que prestan sus servicios, como detenidos, emigrantes con orden de expulsión, etc. no facilitan esos documentos y menos en un plazo de diez días.

Por tanto, el más de un centenar de abogados asistentes a la asamblea han acordado, de forma unánime, darse de baja del turno de oficio con efectos a partir del 30 de junio de 2009.

Fuente: www.ideal

CASTILLA Y LEÓN. La crisis desborda a los abogados de Oficio.

2009-05-18T19:29:00.001+02:00

La crisis desborda a los abogados por el aumento de las solicitudes de turno de oficio

Lunes, 18-05-09

F. O.

Para la mitad de los abogados este servicio supone menos del 10 por ciento de la carga del despacho

ISABEL JIMENO

VALLADOLID. El frenético y casi imparable incremento del paro, la caída del consumo, el descenso en la producción, cierres de empresa y despidos... Son las consecuencias de la crisis económica y financiera cada vez más profunda que también tiene sus repercusiones en un mayor incremento de la actividad judicial, que ha provocado que los abogados del turno de oficio -35.000 en toda España, aproximadamente un 30 por ciento de los colegiados- también entren a formar parte de los afectados que engulle esa serpiente de la crisis económica que no para de engordar.

El incremento de la morosidad, una mayor conflictividad laboral y un aumento del número de personas que han visto reducidos los ingresos son los ingredientes de ese caldo de cultivo que ha motivado que se «disparen» las solicitudes de justicia gratuita, garantizada por la Constitución. La crisis ha aumentado los despidos y los impagos y, con ellos, las reclamaciones judiciales. Si a esto se une que la cifra de parados sea mayor y que más personas cuenten con menos ingresos, los potenciales «clientes» de la justicia gratuita también aumentan, ya que hay más que «van entrando en los límites de la concesión de este derecho», apunta Luis Nieto, decano del Colegio de Abogados de Salamanca y letrado del turno de oficio desde hace 19 años, quien señala que más que cambiar el perfil de los beneficiarios, «hay más gente que ha entrado en en él». «Si antes -explica- había alguien que estaba trabajando y recibía un sueldo y ahora está en desempleo, dispone del reconomiento de ese derecho», por lo general concebido para personas que deben demostrar que los ingresos de la unidad familiar no superan el doble del IPREM, es decir, no excede los 14.762 euros al año.

Aún así, advierte, puede haber circunstancias especiales como cargas familiares o minusvalías que permitan contar con abogado de oficio.

200 euros por caso

Este servicio depende del Colegio de Abogados, donde velan especialmente por su calidad. Por él los letrados, en el caso de Castilla y León -donde las competencias de Justicia no están trasferidas- cobran del Estado en torno a 200 euros por caso, cuantía «muy inferior» a la que se percibe por un procedimiento normal, auque «se le atiende de igual manera». De media, cada abogado atiende unos 18 casos al año y recibe aproximadamente 3.800 euros por este servicio que, según destaca Nieto, para casi la mitad de los abogados supone menos del 10% de la carga del despacho y sólo para el 4 por ciento es la parte mayoritaria. Pero a tenor de la evolución de los datos de este año, el número de casos de oficio por letrado se incrementará.

Aunque las cifras varían de una provincia a otra, lo cierto es que las nueve de Castilla y León viven un 2009 que nada tiene que ver con el pasado ejercicio y asisten «desbordados» a unas peticiones que no cesan y se multiplican día a día. Entre los casos más llamativos destaca el del Colegio de Abogados de Zamora, que en el primer trimestre del año ha experimentado un incremento de las peticiones de abogados del turno de oficio del 69,3% al pasar de las 225 del pasado año a las 381 de los tres primeros meses de éste.

También un importante incremento vive Palencia, que hasta abril contabilizó 633 peticiones de asistencia jurídica gratuita, casi doscientas más (un 50 por ciento más) que en el mismo periodo del pasado ejercicio. Similar es la actividad en Ávila, donde las peticiones de justicia gratuita han crecido algo más de un 48% en los tres primeros meses del año hasta llegar a las 545, es decir, 196 más que en el mismo tiempo de 2008.

En Salamanca comenzaban el mes de abril con un nivel de trabajo igual al que el ejercicio pasado alcanzaron en septiembre. Con un incremento del 32 por ciento, en el Colegio de Abogados salmantino las solicitudes de abogados del turno de oficio fueron 979 (740 en 2008).

Aunque en términos relativos Valladolid es una de las que menos incremento ha registrado -aún así el aumento es superior al 28 por ciento-, en términos relativos es el Colegio donde las peticiones de abogados de turno de oficio más han aumentado. Hasta abril se registraron unas 1.800, por lo que, de seguir así la evoción, cerrarán el año con unas 7.000, cuando en el ejercicio pasado se quedaron en las 5.837. El incremento porcentual es similar en Segovia, donde los abogados han pasado de atender un total de 435 solititudes en 2008 a 551 en el primer trimestre de este año.

Donde menos han crecido estas peticiones es en Burgos y aún así, siguiendo la tendencia creciente que esta experimentando como consecuencia de la crisis, se han incrementando algo más de un 16 por ciento (el año pasado se certificaron 871 solicitudes hasta el 30 de marzo y éste 1.012) en uno de los colegios de Castilla y León con mayor peso procesal.

Fuente:www.abc.es

BARCELONA. Elecciones al decanato

2009-05-18T19:25:00.001+02:00

ELECCIONES EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA

Tres candidatos, por ahora, para dinamizar el ICAB

Publicado el 18-05-2009 , por Cristina Fontgivell. Barcelona

Los tres letrados que aspiran por el momento al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) coinciden en la necesidad de impulsar la apertura de la institución a la sociedad de la capital catalana. Màrius Miró, socio fundador del bufete Roca Junyent, competirá con Luis del Castillo, del despacho Del Castillo y Pedro Yúfera, de Yúfera & Giménez Torres, por el puesto que actualmente ostenta Silvia Giménez-Salinas.

De arriba a abajo: Màrius Miró, Luis del Castillo y Pedro Yúfera.

Las elecciones se convocaron oficialmente el pasado 13 de mayo, y los comicios tendrán lugar el 30 de junio. Pese a que Del Castillo, Miró y Yúfera se presentan como los tres únicos candidatos, las listas no se cerrarán hasta el 5 de junio y podrían presentarse nuevos aspirantes al decanato.

El ICAB cuenta actualmente con 19.000 colegiados. La cuota de entrada para los socios asciende a 1.000 euros, a la que hay que sumar una anualidad de 200 euros.

Según Miró (Barcelona, 1948), “el colegio debe ganar visibilidad y prestigio”. El abogado, especializado en derecho procesal y civil considera que “los colegios profesionales acaban siendo una maquinaria ensimismada que se preocupa por su funcionamiento interno y no mira hacia afuera”. El letrado, en ejercicio desde 1972, considera que el órgano de representación de los abogados en Barcelona debe ser más “exigente”. “Echo de menos la presencia cívica del colegio”, señala.

El candidato considera que el ICAB debería realizar más informes y foros de discusión sobre cuestiones legales y económicas. “Están pasando cosas enormes en el sector: la huelga de jueces, la nueva ley de acceso a la profesión de 2010, entre otras medidas, y el colegio no ha sido capaz de posicionarse en ninguno de estos aspectos”.

Según Miró, el ICAB cuenta con el presupuesto necesario para asumir la celebración de más eventos y contar con un departamento de elaboración de estudios. El organismo tiene un presupuesto de 39,66 millones de euros, la mayoría del cual se destina a financiar el turno de oficio. Los colegios de abogacía se encargan de asumir el sueldo de los abogados de oficio, figura necesaria para que la justicia sea gratuita para aquellas personas que no tengan los recursos necesarios para costearles un representante legal.

Continuidad
Frente a las necesidades de cambio planteadas por Miró, Pedro Yúfera (Barcelona, 1957), actual vicedecano del colegio barcelonés, apuesta por una estrategia más continuista. “En 2005 encontramos el colegio en una situación muy complicada y nos centramos en aplicar criterios de austeridad; hay que seguir con la misma estrategia”, advierte. Yúfera ha sido secretario general del Instituto de Estudios Europeos y consejero de la Caixa d’Advocats y de Iuris Segur, entre otros cargos.

Pese a que considera que la labor de Giménez-Salinas ha sido la adecuada, el letrado reconoce que “la profesión se ha modificado por la crisis y el colegio tiene la capacidad para ofrecer los medios que contribuyan a paliar las dificultades”. En este sentido, el actual vicedecano apuesta por ofrecer más formación gratuita y potenciar las relaciones entre socios. “Debemos crear un punto de encuentro para que los abogados hagan networking, encuentren sinergias”, dice. También propone dar un nuevo impulso al servicio de orientación jurídica y de relaciones internacionales, así como fomentar la bolsa de trabajo.

En el sector existe la visión de que el colegio no ofrece la representación necesaria a los abogados. “Se trata de un órgano testimonial poco útil para el sector”, señala un letrado que prefiere no identificarse. “El colegio debe velar más por nuestros intereses”, advierte otro abogado.

El tercer candidato a los comicios del 30 de junio es Luis del Castillo (Madrid, 1934), antiguo decano y vicedecano del ICAB. Del Castillo dice que la campaña electoral será “sosegada”, pero destaca que la principal labor del nuevo decano debe ser la de represtigiar la abogacía. “En otros países europeos, como Francia o Alemania, se ve al abogado como una persona con una función social importante, pero en España la profesión no tiene prestigio”, afirma. El letrado, que vive en Barcelona desde 1959, fundó su propio despacho penalista hace más de 30 años. Se define a sí mismo como un “abogado de a pie que disfruta en los estrados y los juzgados”.

Una de sus ambiciones si resulta electo será la de “imbuir al abogado joven un sentido de la responsabilidad que antes existía y que ahora ha desaparecido”. Para conseguirlo, propone dotar de más recursos al turno de oficio. “La precariedad actual ha llevado a buena parte de los abogados de oficio a visitar a sus representados sólo dos días antes del juicio; así es imposible preparar una buena defensa”, señala.

Entre las novedades de los comicios destaca la posibilidad de votar desde las 11 delegaciones territoriales del colegio profesional.

Los ejes de la campaña

- El pasado 13 de mayo se aprobó la celebración de elecciones en el Colegio de Abogados de Barcelona. Hasta el 5 de junio pueden presentarse candidaturas alternativas a las de Miró, Yúfera y Del Castillo.

- Màrius Miró, socio fundador de Roca Junyent, considera que el Colegio de Abogados debe abrirse a la sociedad con más actos y estudios sobre abogacía.

- Pedro Yúfera, actual vicedecano del ICAB, apuesta por mantener la estrategia de la actual decana, Silvia Giménez-Salinas, basada en la austeridad.

- Luis del Castillo, que ha sido decano y vicedecano, asegura que las prioridades son represtigiar la figura del abogado y mejorar las condiciones del turno de oficio.

Fuente:www.expansión.com

PAÍS VASCO. Abogados de Oficio:¿héroes o Villanos?

2009-05-18T19:21:00.002+02:00

Abogados de oficio: ¿héroes o villanos?

Bea Sever - 18/05/09 | Redacción |

Al contrario de lo que se cree, los abogados de oficio no pueden renunciar a una defensa por razones de conciencia; tampoco se trata de jóvenes inexpertos. Profundizamos en la labor de estos profesionales.

Sala de un juzgado

Aproximadamente un tercio de los abogados en ejercicio en la Comunidad Autónoma vasca componen las listas de turnos de oficio. Formar parte de estos listados es voluntario desde hace 18 años, como recuerda Nazario Oleaga, decano del Colegio de Abogados de Bizkaia: "Cuando yo comencé a ejercer era obligatorio estar en las listas. Por lo menos te pagaban, había una compensación mínima, porque anteriormente, era obligatorio y además no estaba remunerado, era una forma de ayudar al sistema judicial".

Siendo voluntario ¿qué motiva a un abogado a inscribirse en el turno de oficio? Nazario Oleaga opina que las motivaciones son variadas, pero hay dos principales: "Fundamentalmente las económicas y las ganas de ayudar". De todas formas, el hecho de que sea voluntario no ha supuesto ningún problema a la hora de tener abogados suficientes. "Hubo un momento duro con el boom de los casos de violencia doméstica. La gente que llevaba esos casos estaba casi las 24 horas del día dedicada a ello, pero se duplicó el número de abogados y ahora están mejor", dice Oleaga.

Asistencia gratuita

Es importante diferenciar entre turnos de oficio y asistencia jurídica gratuita. Los letrados y letradas que prestan asistencia jurídica gratuita son designados del turno de oficio, pero no siempre que se designa a un abogado de oficio el defendido tiene derecho a asistencia jurídica gratuita. En ocasiones, el procedimiento exige que se designe a un letrado del turno de oficio, pero el cliente debe hacerse cargo de sus honorarios. La asistencia jurídica gratuita sólo se presta a aquellos ciudadanos sin medios económicos para sufragarse la asistencia de un abogado de su elección.

En 2008 se tramitaron en la Comunidad Autónoma Vasca 41 expedientes de justicia gratuita. En esos casos, el Gobierno vasco paga 143 euros por asistencia a un detenido, 228 por tramitar un expediente administrativo de extranjería, 350 euros por un procedimiento penal ordinario o por un juicio rápido de violencia doméstica, 343 euros por procedimientos matrimoniales de mutuo acuerdo y 686 si son contenciosos.

Aún siendo voluntario, la voluntad no es suficiente; cualquier abogado no puede ejercer de oficio. Según explica el decano son necesarios ciertos requisitos: "Debe tener un mínimo de tres años de experiencia y realizar los cursos en la Escuela Práctica Jurídica o justificar que es especialista en esa materia presentando documentación sobre el número de casos que han llevado, etc.".

Hoy en día las listas están divididas en especialidades, de manera que cada letrado sólo se da de alta en las materias que domina: penal, penal especial, civil-mercantil, familia, social, administrativo, menores ó violencia doméstica y agresiones sexuales.

Cuándo se puede renunciar a un caso

¿Y en qué casos puede renunciar un abogado de oficio a la defensa de un cliente? A pesar de lo que pudiera creerse sólo puede renunciar en aquellos supuestos en los que hay una implicación directa del abogado o de sus familiares en el caso. "Si no es una circunstancia personal muy directa no pueden renunciar, no cabe la renuncia por motivos de conciencia", aclara Oleaga. "Hay quienes dicen que no pueden defender, por ejemplo, a violadores; pero el día que les toque, o lo enmascaran de otra manera o se les da de baja del turno de oficio".

Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo se enfrenta un letrado a la defensa de alguien que considera culpable. Iñigo Santxo, abogado del bufete Gaurko asegura que muchas veces no es necesario preguntárselo para saber si el cliente es o no culpable. "Yo trato de conocer la verdad sin preguntarlo directamente, pero si no logro una versión creíble, en ocasiones, lo he preguntado directamente. Hay que tener en cuenta que debes llegar al juicio con una versión que reúna unos mínimos de credibilidad y congruencia".

En el ámbito penal es más sencillo, porque una cosa es la culpabilidad y otra las circunstancias modificatorias de la responsabilidad, los eximentes. "No hay una pena fija, puede haber muchas motivaciones Nosotros siempre hemos defendido que todo el mundo, incluso quien haya cometido el peor crimen, tiene derecho a que le defienda, porque no conocemos sus modificaciones, habrá que descubrirlas en un juicio", afirma Oleaga. "Al fin y al cabo, no es al abogado a quien corresponde hacer justicia", añade Santxo.

El letrado compara la situación con la de un futbolista que viste una camiseta extranjera y tiene que jugar contra su equipo de origen. "Ahí tienes el ejemplo de Aduriz cuando le ha tocado jugar con el Mallorca contra el Athletic. Tú haces tu trabajo y si la administración no logra castigarle, ellos verán en qué han fallado".

Alcanzar acuerdos

De todas formas, Santxo explica que la autoría no lo es todo en un proceso y que muchos juicios se ganan por errores de forma e incluso cabe la transacción entre las partes. "En ocasiones, surge la posibilidad de alcanzar acuerdos con la acusación. En esos casos, lo fundamental suele ser, por un lado, garantizar la indemnización de la víctima y, por otro, que el castigo no sea excesivo, y que, en la medida de lo posible, pueda quedar en suspenso. Al fin y al cabo la cárcel no cumple el objetivo de la reinserción social, por eso, el que un cliente acabe en prisión siempre es un fracaso, aunque repudies su crimen".

Oleaga aclara que el ámbito penal es el mayoritario y el más vistoso, pero no el único. "Puede ocurrir que en cuestiones civiles te corresponda defender a alguien acusado de impago y realmente no haya pagado". En ese ámbito, si las pretensiones son insostenibles, el abogado puede realizar un informe y se le exime de continuar con el cliente. "De todas maneras, si el cliente insiste, se le nombra otro abogado de oficio que no puede eximirse", explica el decano.

Lo que es fundamental es saber diferenciar el ámbito profesional del personal. Santxo asegura que "en ocasiones tienes que trivializar los casos para no volverte loco".

Fuente:www.eitb.com

GALICIA. 180 euros por un divorcio.

2009-05-14T11:12:00.002+02:00

Por un divorcio cobran 180 euros en el turno de oficio, y unos 1.500 a un particular

Fecha de publicación: 14/5/2009

El que quiera un abogado gratuito en Galicia ha de tener ingresos inferiores a 1.200 euros mensuales. A partir de ahí se está fuera de la posibilidad de acudir a un letrado del turno de oficio. Los profesionales no se quejan de ese baremo, sino del suyo.

El abogado Roberto Martínez asegura que «la remuneración en el turno de oficio es la quinta parte de lo que marca el mercado; es decir, que un letrado recibe cinco veces más por la defensa de una persona que le llega a su despacho que en el turno». El mejor ejemplo lo aporta un divorcio. Normalmente, los letrados cobran a un particular alrededor de 1.500 euros si el asunto es de mutuo acuerdo -si es contencioso superará, según qué casos, los 3.000-. Si el divorcio le llega por el turno de oficio, la Administración abona al letrado 180 euros.

La diferencia entre comunidades también es motivo de queja para los letrados gallegos. El presidente del Consello da Avogacía, Jesús Varela, afirma que «con el traspaso de competencias cada comunidad decide el pago por ejercer un derecho fundamental, pero no pueden existir tantas diferencias. En Galicia, por un juicio ordinario, un abogado del turno percibe cerca de 300 euros, mientras que en el País Vasco son 600. Paulatinamente se debería llegar a igualar la cuota en toda España».

Fuente:www.lavozdegalicia.es

GALICIA. Defender casi por amor al arte.

2009-05-14T11:09:00.001+02:00

Defender casi por amor al arte

Los abogados del turno de oficio muestran su enfado. Denuncian que cobran «poco, ?mal y tarde» y piden a la Administración mejores retribuciones por su labor

Autor:Alberto Mahía Fecha de publicación: 14/5/2009

Los abogados del turno de oficio son licenciados en Derecho que, para presentarse voluntariamente y «por vocación» para ejercer la Justicia gratuita, han de contar con tres años de experiencia en los Juzgados. La Administración les dice «a quién deben defender» y «por cuánto dinero». Luego, para percibir sus «irrisorios» honorarios «después de una espera de cinco, seis, siete meses o incluso un año» les obligan a «demostrar con papeles que el cliente no tiene recursos» porque de lo contrario tendrán que «pelearse con él para cobrar». Pero además, les exigen cursos de formación «a cargo de sus propios bolsillos». Para construir esta definición han participado varios letrados del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, los mismos que a principios de febrero, hastiados, decidieron ir a la huelga y semanas después fueron obligados a desconvocarla porque la Fiscalía así lo pidió y el Consello da Avogacía Galega se lo ordenó.

Desde entonces, han vuelto a prestar el servicio del turno de oficio con normalidad. Pero no han callado sus demandas. Básicamente, piden el pago anticipado de sus servicios, el establecimiento de una tabla de tarifas de los servicios acordes a los precios de mercado y la suscripción por la Xunta de un seguro de responsabilidad civil y accidentes que los ampare en su actuación. También solicitan la responsabilidad por parte de la Administración de indagar sobre los ingresos del defendido, aspecto que hasta ahora recae en los letrados y del que se tienen que ocupar cuando presentan la asistencia. En un segundo plano también se quejaban de estar obligados a una formación continua costeada por ellos mismos.

Lo más curioso es que nadie, ni la Administración, ni los jueces, les quitan la razón. Entienden las peticiones y comprenden las quejas. El problema es la solución que pasa, obligatoriamente, por una mayor partida presupuestaria, cuestión muy difícil debido al estado de las arcas de la Consellería de Xustiza. Fuentes judiciales afirman que maneja un presupuesto anual de 72 millones de euros (solo siete se destinan al turno de oficio) y la deuda supera con creces los 50 millones.

No obstante, la Dirección Xeral de Xustiza autorizará el pago «inmediato» de los ingresos que debe a los abogados del turno de oficio, correspondientes al último cuatrimestre del 2008 y que el anterior Gobierno «dejó pendientes». Así lo indicó el Gobierno autonómico días pasados, al asegurar que el pago de la compensación económica a abogados y procuradores es «una de las primeras cuestiones» que abordó el nuevo director xeral de Xustiza, Juan José Martín. Resaltó que se efectuará la transferencia de las cantidades preceptivas a cada colegio de abogados y procuradores de Galicia, que se encargarán del pago directo a cada profesional afectado.

Esa unión existente por parte de los abogados gallegos en cuanto a sus necesidades no se refleja en la camaradería entre los distintos colegios provinciales e, incluso, entre letrados del mismo órgano colegial. Cuando los letrados coruñeses anunciaron la huelga, sus colegas de Santiago no los apoyaron. Y cuando los de Ribeira se retiran del turno de oficio, poco o ningún respaldo recibieron de otros partidos judiciales. «Dejando por sentado que la nuestra es una profesión nada corporativista, con una enorme competencia, a veces rozando la deslealtad, las necesidades de los letrados de unos partidos judiciales y otros es abundante, por lo que cada uno tira para su lado», reconoce un abogado coruñés.

Pesimismo

A pesar de todo esto, hay esperanza. El propio presidente del Consello da Avogacía Galega, Jesús Varela, que a su vez es decano del colegio coruñés, anunciaba el mismo día de su toma de posesión que «los problemas del turno de oficio son una prioridad». Lamentaba el poco porcentaje que el turno de oficio pellizca de los presupuestos de Xustiza. Roberto Martínez, miembro de la junta de gobierno del mismo órgano colegial, no solo habla de las «irrisorias» retribuciones. Denuncia que el sistema de la Justicia gratuita está «obsoleto» y que hay que «reinventarlo».

El penalista coruñés Ramón Sierra lamenta que sean los abogados los que se «tengan que comportar como Hacienda para demostrar que las personas asistidas carecen de recursos económicos». Su pesimismo es total: «No hay dinero para solucionarlo y no lo va a haber». Su colega Manuel Meiriño, que también critica el sistema, saca sin embargo una buena lectura de la huelga, que demostró «unidad».

Fuente:www.lavozdegalicia.es

GALICIA. El consello da Xunta aprueba el pago a los Abogados de Oficio

2009-05-13T12:31:00.004+02:00

El Consello da Xunta aprueba el pago a los abogados de oficio Los 78 letrados que participan en la asistencia gratuita en O Salnés pueden cobrar el último cuatrimestre de 2008.

A.M. - AROUSA La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza comunicó ayer que en el próximo Consello da Xunta, que se celebra mañana, se aprobará un libramiento de fondos para poder pagar una parte de lo que se le debe a los abogados del turno de oficio.
Los 78 profesionales adscritos al servicio de justicia gratuita entre los partidos de Cambados –33– y Vilagarcía –45– no cobran por este trabajo desde septiembre de 2008. Por ello, la Xunta les debe el último cuatrimestre del pasado año, que debería haber sido pagado ya por el bipartito, pero que no lo hizo; y el primer trimestre de 2009.

Fuentes de la Consellería de Presidencia comunicaron ayer que lo más urge es pagar los meses de septiembre a diciembre de 2008, por lo que en el Consello da Xunta de mañana se aprobará un libramiento de fondos a beneficio de los colegios provinciales de abogados, que serán a su vez los que paguen a cada letrado.

La Consellería que dirige Alfonso Rueda señala que ya la semana pasada se dijo que se iban a agilizar los trámites para que los abogados del turno de oficio cobrasen –en algunos casos, cada profesional tiene por cobrar unos 2.000 euros–, y que el nuevo director general de justicia espera reunirse en breve con los abogados, pues quedan todavía algunas otras reclamaciones del gremio que hay que analizar.

En Ribeira los letrados del turno de oficio se dieron de baja en masa –sólo quedan dos–, lo que supone un problema grave para la actividad judicial, pues es necesario requerir a letrados de otras localidades más alejadas para poder tomar declaración a determinados testigos y para poder asistir a personas con escasos recursos.

Fuente: www.farodevigo.es

ENTREVISTA. ROBERTO MARTÍNEZ

2009-05-13T12:26:00.002+02:00

Entrevista | Roberto Martínez . Miembro de la junta de gobierno del colegio de abogados coruñés.

«La remuneración en el turno de oficio es la quinta parte de lo que marca el mercado» La Justicia gratuita «está obsoleta», hay que «reinventarla», claman los abogados.

Autor:Alberto MahíaFecha de publicación:13/5/2009

Para entender la situación de la Justicia gratuita en España, el abogado coruñés Roberto Martínez la explica con un ejercicio figurativo: «Imaginemos que el Estado abre un comedor (la Justicia) y dice que en él puede comer todo el que quiera, pagando y sin pagar. Luego, le dice a los camareros (abogados) que le sirvan igual el plato a los que no tengan recursos y que a cambio les darán un 20% del valor del menú. Luego, de pronto, el Estado descubre que algunos de los que comieron sin pasar por caja sí tenían dinero, por lo que obligan a los camareros a perseguirlos para exigirles el abono de los servicios. Y si no lo logran, el plato lo tienen que pagar los camareros. No solo eso. El Estado, además, les exige hacer cursos de formación en pescado, carne... pagados de su bolsillo». En resumen, que «la Administración debería pagar al abogado y luego entenderse con el administrado». Pero este es solo un problema. Hay muchísimos más «en un sistema obsoleto que es urgente reinventar».

-¿Cuál es la situación en la actualidad del turno de oficio?

-El principal problema es que el servicio lo prestan los letrados, pero también lo sufragan. Una de las situaciones más graves es la de las denegaciones de Justicia gratuita casi sistemáticas en base a la falta de documentación de la persona.

-¿Qué ocurre entonces cuando la Administración estima que el imputado sí tiene recursos o no presentó la documentación oportuna para exigir la Justicia gratuita?

-Le pongo un ejemplo: una persona solicita un abogado del turno de oficio y el letrado está obligado a representarlo obligatoriamente porque así lo dice la ley. Si la persona manifiesta que carece de medios, el letrado eleva una solicitud directamente a la Administración para que abone ese servicio. Entonces, la Administración comprueba los datos de la persona, le pide documentación complementaria de su pareja, sus padres, etcétera, y esa persona no contesta. La conclusión es que el letrado ha hecho el servicio y no lo cobra, porque la Xunta deniega la Justicia gratuita, pero el cliente no paga porque en muchos de los casos es insolvente.

-¿Ocurre mucho?

-El año pasado, el porcentaje de asistencias prestadas no cobradas era de un 60%. La solución es sencilla: la Administración debería pagar al abogado y luego entenderse con el administrado.

-¿Cuánto cobran por una defensa por el turno de oficio?

-En el último proyecto se recogía la intervención de un letrado en un procedimiento administrativo por quince euros. Eso ya no es cuestión de que sea una retribución digna o no, es que es casi insultante. Lo normal está en torno a los trescientos euros. La verdad es que los abogados del turno de oficio somos la mayor oenegé del país. Y eso se explica de manera sencilla: la remuneración en el turno de oficio es la quinta parte de lo que marca el mercado; es decir, que un letrado recibe cinco veces más por la defensa de una persona que le llega a su despacho que en el turno.

-Y los desplazamientos a prisión o a las comisarías...

-La mayor parte de los desplazamientos que hace un letrado no se abonan, ya que están limitados en distancia y en número. Es un tema que afecta especialmente en penal, cuando tienes clientes internos en un centro penitenciario. La competencia del asunto puede ser aquí, pero la persona puede estar en la cárcel de Monterroso.

-De cualquier modo, el turno de oficio es voluntario.

-Es voluntario hasta que deja de serlo. Hay partidos judiciales en los que el turno es obligatorio ante la escasez de letrados.

-Los abogados llegaron a tachar de perverso el sistema de la Justicia gratuita.

-Es que lo es. Fíjese: el Estado es el que nos dice a quién tenemos que defender y por cuánto. Y luego, para cobrar, te ordena que demuestres que el beneficiario no tiene recursos.

-¿Existe una solución a corto plazo?

-Es muy complicado la reforma de la ley. Hay que reinventar este sistema y no será fácil. No obstante, estamos muy esperanzados. Sabemos que en el secretario xeral tenemos una persona comprometida y que entiende nuestras demandas.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

ABOGACÍA. Cuando ser Abogado es sinónimo de muerte

2009-05-13T11:22:00.005+02:00

Grabación dejada por abogado asesinado incrimina a gobierno Colom.

"Mi nombre es Rodrigo Rosenberg Manzano y lamentablemente si usted está viendo o escuchando esta grabación es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom". De esta manera da inicio un video que circula actualmente en la Internet.

Escrito por DPA/ Ciudad de Guatemala, 12 mayo

Martes, 12 mayo 2009 07:56

Una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala advirtió hoy de obstáculos para resolver el asesinato el domingo del abogado que acusó del hecho al presidente Álvaro Colom y su esposa mediante un video que grabó y dejó a personas cercanas a él, con el propósito de hacerlo público, en caso de que fuera asesinado, pues ya había sido amenazado.

Sus temores se hicieron realidad el pasado domingo, cuando fue asesinado por sicarios, según él, contratados por el presidente guatemalteco, su esposa y el secretario general de la presidencia, entre otros colaboradores.

Ayer, el video y la noticia se hicieron circular en los periódicos guatemaltecos, causando revuelo en la sociedad de ese país, mientras la oposición exigió la renuncia del mandatario, según informaron hoy los diarios en amplia cobertura.

"Haremos todo lo que sea necesario pero necesitamos cortes con las manos limpias", advirtió el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -un organismo auspiciado por la ONU-, el jurista español Carlos Castresana, informó el matutino Prensa Libre.

La CICIG está actualmente pugnando, sin éxito visible en el mediano plazo, por una ley que haga transparente la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un organismo frecuentemente cuestionado por su dependencia a intereses políticos.

La CICIG inició desde el lunes un trabajo de apoyo a la fiscalía guatemalteca en la investigación de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, ultimado el domingo cuando practicaba deporte, pero quien dejó un video grabado que compromete a Colom, su esposa Sandra Torres, el secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y a dirigentes de un floreciente banco.

Otto Pérez, un general retirado que es el principal líder de la opocisición, planteó la necesidad de que Colom renuncie al cargo como garantía para no entorpecer las investigaciones.

Colom, a su vez, en medio del escándalo y el asombro de la opinión pública, se reunió en Casa Presidencial con el Cuerpo Diplomático, después de grabar un mensaje a la nación que fue difundido anoche.

En el mensaje, el mandatario rechazó "categóricamente" las acusaciones e instó a la población a no sumarse a "gente que de forma malintencionada está generando hechos para crear ingobernabilidad".

Los diarios dedicaron hoy portada y amplia cobertura en sus principales páginas interiores a las revelaciones hechas por el abogado en el video de 18 minutos de duaración, cuyo envío a los medios de comunicación ayer causó una inmediata conmoción en Guatemala, a todo nivel.

"Culpa a Colom", tituló con gran tipo el matutino "Prensa Libre", insertando como foto central al abogado asesinado en momentos en que dirigía su mensaje en video vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata celeste.

El mismo diario dijo que Rosenberg tenía una "trayectoria intacable", al referir que fue vicedecano de la Universidad Rafael Landívar (URL) y director de la Cámara de Comercio de Guatemala. De 48 años, era socio fundador de la firma de abogados Rosenberg- Marroquín-Pemueller & Asociados desde 1987.

Rosenberg era representante legal de Khalil Musa, prominente empresario de 74 años asesinado a tiros hace tres semanas junto a su hija de 49.

De acuerdo con la versión de la víctima, su muerte está relacionada con una conspiración derivada de oscuros intereses en la disputa por la conducción del floreciente banco Banrural, uno de los más fuertes del país y el de mayor crecimiento en 2008.

Rosenberg fue atacado a balazos por sicarios desde dos vehículos, mientras cumplía su rutina de ejercicios en una exclusiva zona capitalina.

La grabación de audio fue reproducida por la cadena Emisoras Unidas, mientras el video, en el que se observa al propio Rosenberg dando su testimonio, fue subido por los principales diarios, de inmediato, a su edición electrónica.

Rosenberg señaló como "asesinos, ladrones y narcotraficantes" a Colom y a su esposa, junto a otros incriminados: el secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y el empresario vinculado al gobierno Gregorio Valdéz.

Rosenberg afirmó que Alejos lo amenazó de muerte por no cesar con sus averiguaciones por el asesinato de Musa y sostuvo que el presidente Colom y el resto de acusados ordenaron los asesinatos de éste y su hija por una disputa de la dirección del Banrural, cuyo capital es mixto, tras dejar de ser una institución estatal en la década pasada.

Afirmó que como abogado de los Musa, estaba al tanto de la conspiración que existía en contra del empresario asesinado y que la entidad bancaria se convirtió "en una cueva de ladrones" alineada a los proyectos políticos de la Primera Dama, quien -sostuvo- "se encuentra en campaña presidencial" para suceder a su marido.

El fiscal general, Amilcar Velásquez, declaró este día que el Ministerio Público (MP) trabaja "de oficio" en la investigación de los asesinatos de Musa y su hija y de Rosenberg, aunque explicó que no conocía la grabación, por lo que indicó que primero habría que determinar su autenticidad. También explicó que corresponde a un juez detreminar su validez como medio de prueba.

Fuente:www.laprensagrafica.com

GRANADA. El ICA Granada refuerza los Letrados de guardia en la costa

2009-05-13T11:16:00.002+02:00

El Colegio de Abogados refuerza los letrados de guardia en la costa ante la llegada de inmigrantes

GRANADA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Granada ha aprobado una medida extraordinaria que entra hoy en vigor con la que se pretende reforzar el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita en la costa granadina ante la llegada del buen tiempo y en previsión de un aumento del número de inmigrantes que intentan acceder desde el litoral en embarcaciones.

La decisión colegial se adopta para garantizar una asistencia jurídica de calidad al detenido al impedir que el abogado de guardia quede desbordado por el gran número de asistencias, informó el Colegio en una nota.

La resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio de Abogados contempla la designación de un abogado de oficio que estará de guardia las 24 horas del día para atender específicamente a los inmigrantes. Este letrado podrá asistir jurídicamente a un máximo de 12 personas en su turno, encargándose de todos los pasos que conlleva una situación de este tipo (asistencia al detenido en comisaría y en el juzgado de guardia e interposición de cuantos recursos que sean necesarios).

Para prevenir las situaciones de colapso que generan las llegadas masivas de inmigrantes, el Colegio de Abogados de Granada ha creado un grupo de apoyo semanal compuesto por ocho abogados más. Cada uno de ellos podrá atender en el mismo día a un máximo de 12 personas.

De esta forma, en la costa granadina existe desde esta mañana un abogado de guardia específico para asuntos de extranjería y ocho más en el grupo de apoyo. Entre todos, y ante un supuesto extraordinario, podrán asistir judicialmente de forma gratuita --tal y como establece la Constitución-- a 108 personas diarias. En caso de que esta cifra se incrementase en una misma jornada está previsto incluso el traslado desde Granada de refuerzos para impedir que estas personas queden desatendidas.

Fuente:www.europapress.es

GALICIA. El Colegio de Abogados de A Coruña, rechaza la baja masiva de los Abogados de Oficio de Ribeira.

2009-05-12T09:49:00.003+02:00

El colegio de A Coruña rechaza la solicitud de baja de los letrados del turno de oficio de Ribeira. Dos abogados viajan cada día desde la ciudad herculina para prestar el servicio.

Autor:A. Gerpe. Fecha de publicación:12/5/2009

El Colegio Provincial de Abogados de A Coruña ha desestimado la solicitud de baja en el turno de oficio presentada de forma conjunta por 26 de los 28 letrados que prestan asistencia jurídica a las personas sin recursos económicos.

Desde el colegio se apuntó ayer que en casos excepcionales como el suscitado en el partido judicial de Ribeira, según lo establecido en el reglamento que regula esta prestación, puede obligarse a los profesionales al ejercicio de la tutela judicial efectiva.

Fuentes colegiales de A Coruña también recordaron que han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consello da Avogacía Galega, que declaró nula la huelga del turno de oficio acordada de forma unánime en enero pasado. A este respecto, indicaron que mientras no se resuelva el recurso es preciso prestar el servicio.

Ninguno de los letrados de los restantes partidos judiciales de la provincia a los que la decisión del Consello da Avogacía Galega obligó a reincorporarse al turno de oficio han secundado la medida de sus compañeros de Ribeira.

Los ribeirenses adoptaron esta decisión para reclamar la dignificación de los baremos por los que se rigen los honorarios que perciben. Consideran que las cantidades que cobran por esta prestación son «paupérrimas» teniendo en cuenta que prestan un «servicio cualificado».

Carga de trabajo

Según una estadística elaborada por el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, el de Ribeira es uno de los partidos judiciales que mayor carga de trabajo soporta en el área coruñesa. Los datos, que son de carácter estimativo, indican, según un profesional consultado, que semanalmente se prestan entre 20 y 25 asistencias dentro del turno de oficio. La estadística del colegio solo computa la primera asistencia, que se hace en las dependencias policiales, pero los letrados indican que a esta hay que añadir la que se practica en el juzgado.

Los abogados también manifiestan que solo cobran la primera atención y que la segunda la perciben cuando se inicia el proceso penal, si es que lo hay. En la circunstancia concreta de las mujeres que denuncian delitos de maltrato, el abogado que la asiste en la primera declaración queda asignado automáticamente al caso. Esta situación no se da en otro tipo de procesos.

Desde que 26 de los 28 letrados del partido judicial de Ribeira decidieron darse de baja en el turno de oficio, dos letrados de A Coruña viajan diariamente al término ribeirense para atender la posible demanda que pueda surgir. En este momento, uno de los desplazados se ocupa de asuntos vinculados a la violencia machista, y el otro, de la asistencia al detenido.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

GALICIA. La Xunta debe siete meses a los abogados del Turno de Oficio.

2009-05-12T09:45:00.002+02:00

La Xunta debe siete meses a los abogados del turno de oficio. En Cambados y Vilagarcía hay 78 profesionales que prestan la justicia gratuita.

ANXO MARTÍNEZ - O SALNÉS.

Los abogados del turno de oficio de los partidos judiciales de Cambados y de Vilagarcía llevan desde septiembre sin cobrar por sus servicios de justicia gratuita. No es un problema exclusivo de los letrados arousanos –la Xunta de Galicia es la que abona los pagos, por lo que la situación es la misma en toda la comunidad–, pero eso no evita que haya profesionales preocupados por la demora, sobre todo en la actual coyuntura de crisis.

Antes del cambio de gobierno en la Xunta, los abogados cobraban por cuatrimestre vencido, y a partir de ahora lo harán cada tres meses. Pero a día de hoy ni les pagaron por las guardias y asistencias de septiembre a diciembre de 2008 –lo que debería haber hecho la anterior Xunta– ni por las de enero a marzo de 2009, que sería ya responsabilidad del actual gobierno.

Es difícil realizar una media de lo que tiene cada abogado pendiente de cobro, pero se estima que podría rondar los 2.000 euros. No obstante, la falta de puntualidad en los pagos no es el único problema que sufren los abogados del turno de oficio. Hace unos meses, la Xunta de Galicia les obligó a hacerse responsables de justificar que sus clientes podían acogerse a la justicia gratuita.

Esto motivó que la administración autonómica llegase a solicitar a algunos letrados la devolución de una parte del dinero cobrado, después de que sus clientes no acreditasen su falta de medios económicos y de rentas por bienes patrimoniales.

Estas reclamaciones de la Xunta hicieron montar en cólera al sector, hasta el extremo de que en Vilagarcía estuvieron a punto de darse de baja del turno de oficio todos los abogados inscritos en él. Al final, llegaron a un acuerdo con la anterior Consellería de Xustiza, y a día de hoy no se han repetido las reclamaciones a los letrados.

Pero esto no evita que algunos abogados estén preocupados. En la misma ría de Arousa, en el partido judicial de Ribeira se han dado de baja prácticamente todos los letrados del turno de oficio. Y entre los profesionales hay quien sigue reclamando el derecho a huelga.

Pero son conscientes de que una medida de este tipo tendría que ser muy meditada, pues de no establecerse unos adecuados servicios mínimos, la actividad judicial podría verse seriamente trastocada.

Por poner un ejemplo, podría incluso darse el caso de que el juez tuviese que dejar en libertad a un detenido al no poder encontrar en 72 horas a una persona que le defendiese.

78 abogados

Entre los partidos de Cambados y Vilagarcía hay 78 abogados de oficio –45 en Vilagarcía, de un total de 60, y 33 en Cambados, en el área de Penal, de un total de 64– lo que supone el 63 por ciento del total.

Los delegados de esta institución en Cambados y Vilagarcía, Ana Villalustre y Máximo Patiño, respectivamente, entienden que el trabajo del turno de oficio no está todo lo valorado que debería. Ana Villalustre opina que “las administraciones no valoran totalmente el trabajo que hacemos. Todas las semanas hay juicios rápidos o detenidos y al menos en un ochenta por ciento de los casos la primera asistencia a estas personas se la presta un abogado de oficio”.

Incluso en ocasiones se encuentran con que los propios ciudadanos los miran con recelo, al creer que un abogado de oficio no se lo va a tomar tan en serio como si fuese de pago. “Es cierto que hay cosas que se pueden hacer con dinero –cuenta Máximo Patiño– y que no te puedes permitir en el turno de oficio, como contratar a varios peritos distintos para que te hagan un informe o viajar muy frecuentemente por un caso. Pero, fuera de eso, no tiene por qué haber diferencias en el trabajo de un abogado, ya sea de oficio o de libre elección”.

Ana Villalustre, por su parte, afirma que “si yo tengo que defender a alguien, lo voy a defender igual tanto si voy de oficio como si no, porque a mí lo que me interesa es ganar los asuntos. Lo que sabes lo aplicas con independencia de quien te va a pagar, y al final te esfuerzas porque te interesa hacer bien tu trabajo”. Esta letrada admite que en ocasiones es difícil plantear una defensa tan sólida como se daría en un caso de libre elección “porque a veces tienes que asistir a clientes a los que es difícil localizar y ni siquiera se ponen en contacto contigo para interesarse por el caso”.

Patiño y Villalustre coinciden también en que es falsa la percepción de que los abogados del turno de oficio son unos jovenzuelos recién salidos de las facultades de Derecho.

La delegada del Colegio de Pontevedra en Cambados cuenta que en este partido judicial siguen dados de alta en el turno de oficio profesionales con más de quince años de carrera a sus espaldas; y Máximo Patiño cuenta que para poder trabajar en la justicia gratuita es necesario superar antes una serie de cursos y exámenes.

Fuente:www.farodevigo.es

ENTREVISTA. Arturo Fernández. Presidente Conseillo Avogacía Galega

2009-05-11T11:37:00.004+02:00

ENTREVISTA

Arturo Fernández Estévez: ‘Es perverso que la Xunta ponga dinero para los juzgados y no decida dónde deben ir’

Vicepresidente del Consello da Avogacía Galega

Monchi Sánchez - OURENSE - 10-05-2009

La reforma de una caduca ley de justicia gratuita, una mayor proyección social del abogado o la introducción de las nuevas tecnologías son algunas de las cuestiones que preocupan al nuevo vicepresidente del Consello da Avogacía Galega. El también decano de Ourense, Arturo González Estévez, habla de dignidad para el turno de oficio, una condición que pasa inexcusablemente por mayores remuneraciones para los letrados.

Arturo Fernández Estévez (49 años) parece encajar bien con la progresía. Igual que viste un traje sin corbata -’es más moderno’, bromea al comienzo de la entrevista-, defiende la justicia virtual. Si ya podemos rendir cuentas ente el fisco vía online por qué no presentar una demanda civil. El decano del Colegio de Abogados de Ourense acaba de asumir la vicepresidente del Consello de la Avogacía Galega, un cargo que ostentará durante dos años, y en el que espera ver avances más acordes con los tiempos.

¿Se siete más cómodo en la abogacía con uve o con be?

Me siento cómodo en las dos, pero soy castellano hablante. Soy de la vieja escuela y me siento más cómodo hablando castellano, me expreso mejor.

Como vicepresidente del Consello da Avogacía Galega ¿qué retos asume?

Por mi trayectoria lo que más me preocupa es el turno de oficio. Ahora es un momento importante porque entró un nuevo gobierno en la Xunta -hubo problemas con el anterior- y creo que el primer reto será reunirnos con el director xeral de Xustiza para hablar del turno. No sólo de remuneraciones sino de formación, libre designación..., del nuevo reglamento que aprobó el anterior gobierno justo antes de las elecciones. Pero como soy partidario de sumar creo que los siete colegios gallegos con una voz única en el consello podríamos conseguir muchos servicios nuevos para los abogados: seguros de responsabilidad civil u otras prestaciones.

¿Pero no se están pisando competencias entre los colegios profesionales y el Consello?

No debería. El Consello en sus estatutos prevé la idea de aunar, respetando las competencias de cada colegio, para dar una solución a problemas comunes y que el colegiado perciba que hay un consello que le da cosas. Por ejemplo, es importante a nivel de todos los colegios estar preparados para la reforma tecnológica que se nos viene encima y la tramitación online de demandas, por lo que el Consello podría asumir parte de ese desembolso. Ahora nos exigen en el turno de oficio que estemos actualizados en menores, violencia de género y extranjería. Pues bien, ese reciclaje podría asumirlo el Consello: un mismo formato para todos. No nos pisaríamos sino que no completaríamos. Los colegios podríamos hacer otras jornadas. Y también está el tema del uso del gallego, que al presidente le preocupa mucho. Se puede favorecer, promocionar el uso del gallego en escritos judiciales. Pero siempre desde la promoción no desde la imposición.

Usted habla de una justicia virtual. ¿No es ciencia ficción en una Administración que adolece de falta de jueces?

Sí. No podemos olvidar la reivindicación continua frente a la Administración para que dote a la Justicia de personal e infraes tructuras necesarias. En Ourense, por ejemplo, tenemos una necesidad agobiante de un edificio judicial, pero en Ferrol también... Pero con las reformas previstas para la oficina judicial, el concepto que hasta ahora teníamos de juzgado va a desaparecer. Ahora tenemos juez, secretario y funcionario y con la reforma se le sacaría una carga de trabajo grandísima al juez, que se dedicaría a dictar sentencias y resoluciones y todo lo demás recaería en manos del secretario. Esto significa que varios juzgados podrían estar atendidos en una secretaría y se podrían crear más puestos de magistrados. La idea es que si las reformas se llevan a cabo ya podrían tener cabida las tecnológicas. La tendencia es ir hacia el expediente virtual, que desaparezca el papel. Ahora te da la risa, pero se sabe que será bueno en el futuro. Habrá unos años de desbarajustes, pero es a donde hay que llegar.

¿Pero cómo?

Para ello hay que hacer las mismas inversiones que se hacen en otras administraciones y que se convierta en prioridad política. El nuevo ministro se está moviendo en este sentido, pero, claro, aún no tenemos resultados. Yo siempre lo digo: es muy difícil solucionar la administración de justicia porque confluyen tres poderes: Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas. Mandan tres y hay colisión de intereses. En Galicia, hay una paradoja perversa. Quien pone el dinero para la dotación de juzgados es la Xunta pero no tiene poder de decisión para establecer dónde se crean. Y si a esto le añades que los gobiernos autonómicos saben que aunque pongan todo de su parte malamente van a arreglar el problema, pues optan por solucionar otros. La justicia no da votos. Ahora bien, si los políticos se toman en serio un problema, aparece el dinero. Si hay voluntad, se arreglará.

¿La mejora del turno de oficio pasa por más dinero para ustedes?

Hay que hablar de un turno de oficio digno. Y si tu trabajas, quieres cobrar. Pedimos retribuciones que se acerquen a las de otras comunidades históricas. ¿Por qué en el País Vasco un abogado cobra por el turno muchísimo más?

Creo que hasta el doble.

En algunos casos. Hay conceptos en que estamos muy igualados, pero en otros muy por debajo. También nos gustaría un seguro de responsabilidad civil para abogados del turno de oficio... Hablo de dignidad. No puede ser que por asistir a una víctima de violencia, que puede llevarte dos días entre comisaría y juzgado, se cobre 120 euros. Nosotros estaríamos dispuestos a someternos a la libre designación por parte del ciudadano. Sin olvidar que estamos sometidos a distorsiones burocráticas en penal por las que el abogado no llega a cobrar asistencias de gente a la que le viene denegada la asistencia gratuita y que podría solucionarse si se aplicase el nuevo reglamento. La ley de asistencia de justicia gratuita es necesario reformarla y hacerla más coherente. Si en los procesos civiles, contenciosos se restringiera el acceso al abogado de oficio, ese dinero podríamos ponerlo en penal, que es donde la Constitución exige la presencia de un abogado.

¿La crisis beneficia o perjudica al abogado?

Hay más pleitos, pero no se gana más dinero. Hay muchos concursos de acreedores ahora mismo pero si no hay ‘cash’ el abogado tampoco cobra.

¿Llegan muchas quejas al colegio de clientes cabreados?

Somos unos 800 y tenemos unas 40 al año. Un proporción muy digna si tienes en cuenta que en esa cifra están incluidas peticiones de información. Las reclamaciones (siniestros) como tal no llegan a 10 y no son relacionados con el turno.

Fuente:www.laregion.es

ALICANTE. Los Tribunales reciben las primeras demandas relacionadas con la Ley de Dependencia.

2009-05-11T11:20:00.003+02:00

Los tribunales reciben los primeros recursos por la Ley de Dependencia .El Consell rechaza pagar el nuevo turno de oficio para asesorar a perjudicados.Los abogados alicantinos han atendido ya a unos 200 beneficiarios de ayudas.

MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE

Sólo era una cuestión de tiempo. La Generalitat debe comenzar a responder desde ya en los tribunales de sus acciones y omisiones en la gestión de la Ley de Dependencia. El Colegio de Abogados de Alicante (Icali) ha tramitado recientemente dos recursos de lo Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Conselleria de Bienestar Social a reconocer el derecho a la prestación desde el momento de la solicitud, según la responsable del Turno de Oficio, Lydia García Olcina, y la letrada Paloma Cascales.

Éstas son las primeras demandas judiciales que se interponen desde la provincia contra el Gobierno valenciano por la aplicación de dicha ley. Son las primeras por varias razones, pero principalmente porque hasta ahora se habían producido escasas resoluciones. Y las dictadas han sido estimatorias, referidas en su mayor parte a personas que ya cuentan con plazas en residencias privadas o concertadas; ninguna o prácticamente ninguna sobre prestaciones a familiares de dependientes o al reconocimiento del nivel o grado de minusvalía de los beneficiarios.

El Icali cuenta con un turno de oficio especializado en el que una docena de letrados ha prestado asesoramiento legal gratuito a unas doscientas personas en los últimos tres meses sobre esta materia. Estos abogados, auténticos «voluntarios» según Cascales, que les coordina, se están topando con «casos horrorosos», como familias que tienen entre sus integrantes hasta tres personas dependientes y «no han cobrado nada desde hace un año y medio».

En más de un 80% de los casos, la Conselleria no ha resuelto el grado y el nivel de minusvalía que tienen los solicitantes ni les ha comunicado por consiguiente el PIA (Programa Individual de Actuación), la propuesta de servicios (teleasistencia, plaza en un centro de día, etc.) y prestaciones económicas que la Generalitat les ofrece.

Por si eso fuera poco, el Gobierno valenciano sólo reconoce las ayudas a partir de esa declaración del PIA, y no, como se recoge en la Ley de Dependencia, desde la primera solicitud.

Ese polémico criterio ha llevado a los abogados, una vez agotada la vía administrativa, a presentar los primeros contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Lógicamente, dada la juventud de la nueva legislación, no existe jurisprudencia en toda España sobre ella. La habrá probablemente dentro de dos años si antes el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre otra medida del Consell que ha levantado airadas críticas entre los afectados: considerar negativo el silencio administrativo en todas las solicitudes tramitadas a partir del 2008 que no hayan obtenido respuesta. El Defensor del Pueblo ha promovido el recurso de amparo contra esa decisión, incluida por la puerta trasera de la Ley de Presupuestos del pasado año.

La desesperación, mientras tanto, cunde en los beneficiarios de la ley que residen en la Comunidad Valenciana, la que menos la está aplicando junto con Madrid. Las plataformas ciudadanas constituidas para defender estos nuevos recursos sociales han celebrado recientemente concentraciones de protesta y homenaje a los 6.000 dependientes que, según sus cálculos, han fallecido mientras esperaban el reconocimiento de las ayudas.

Cascales opina que existe base jurídica para que sus familiares reclamen ahora esas prestaciones, «pero hay que lucharlo en los tribunales». Además, destaca la colaboración del Icali, su Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y sus delegaciones locales en este turno de oficio especializado, que la Conselleria de Justicia no quiere sufragar con el argumento de que los recursos de alzada no requieren abogado.

«Eso genera indefensión porque es gente lega en derecho y no se puede reclamar de ante un juez lo que no se ha reclamado antes a la Administración», lamenta García Olcina.

LOS DATOS

Fuente:www.laverdad.es

GALICIA. RIBEIRA. Los Letrados del Tuno de Oficio se dan de baja

2009-05-11T11:14:00.001+02:00

Los letrados del turno de oficio de Ribeira se dan de baja en protesta por la pasividad de la Xunta. La delegada colegial dice que la Administración no tiene interés en que funcione.

Autor:A. Gerpe.Fecha de publicación:10/5 /2009

De los 28 letrados del turno de oficio en el partido judicial de Ribeira, 26 se han dado de baja de forma voluntaria y colectiva en protesta, según afirmó la delegada colegial de Ribeira, Fernanda Álvarez, por la pasividad de la Xunta para solucionar los problemas que desde hace tiempo afectan a la prestación de este servicio.

Los abogados barbanzanos han adoptado esta decisión después de que el Consello da Avogacía Galega declarase la nulidad de los acuerdos tomados por el órgano colegial coruñés sobre el mantenimiento de la huelga en el turno de oficio. El Consello da Avogacía Galega ordenó al colegio que reanudase la prestación del servicio porque se estaba vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, los profesionales del partido judicial ribeirense se mantienen firmes en su postura y se niegan a prestar servicio, motivo por el cual presentaron su baja. La delegada colegial en el área ribeirense afirmó que la decisión se toma «en línea coherente con lo sucedido hasta ahora». Además, dice que se trata de una medida con la que se pretende dar una llamada de atención a la Xunta, que es la responsable de garantizar el beneficio de justicia gratuita.

La letrada Fernanda Álvarez subraya: «Existe nulo interés por parte de la Administración en solucionar el problema, cuando es la responsable de que funcione adecuadamente. Nos cargan a nosotros con el peso del servicio y eso no es justo, ni es conforme a derecho».

Los primeros

Los abogados del partido judicial de Ribeira fueron los primeros de la provincia que, hace dos años, se dieron de baja colectiva en el turno de oficio porque no se les pagaban sus honorarios y, además, se les obligaba a investigar la situación patrimonial de los asistidos. Algunos de ellos ya no han vuelto a incorporarse nunca más.

La delegada colegial asegura que la actual situación es insostenible «y nos obligan a reanudar el servicio». Afirma que son las cuotas que pagan los letrados las que permiten mantener los gastos del colegio y califica de «inconcebible» que no se afronte el problema.

Según explicó, los letrados continúan sin cobrar los honorarios correspondientes al último cuatrimestre del pasado año.

Los profesionales se quejan porque con el anterior Gobierno de la Xunta no se adoptaron medidas tendentes a resolver los problemas que tienen los abogados del turno de oficio y porque el actual tampoco ha adoptado ninguna medida tendente a subsanar las deficiencias. Al parecer, los nuevos responsables de la Administración autonómica no han solicitado ningún encuentro con el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, que, por cierto, presentó un recurso contencioso contra el acuerdo del Consello da Avogacía.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

Entrevista al decano del ICA Madrid

2009-05-08T12:40:00.002+02:00

Antonio Hernández-Gil, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Tras algo más de un año al frente del mayor colegio de abogados de España, el decano Antonio Hernández-Gil ha respondido hoy de 12 a 13 horas las preguntas de los lectores del canal Jurídico de Expansión.com. Lea las respuestas

Decano: ¿Qué opinión le merece la transposición de la Directiva de Servicios? ¿Le parece acertada la reforma de la Ley de Colegios Profesionales anunciada?
(13:10 07/05/2009)

Estamos ante un mero Proyecto de Ley respecto del cual el ICAM ya ha hecho llegar su posición a los poderes públicos. Los Colegios de Abogados (no hablo en general de otros colegios profesionales) no representamos un problema de competencia, sino una garantía de calidad, independencia y libertad en una prestación profesional básica para el derecho a la tutela judicial efectiva, además de cumplir otras funciones de interés social que justifican la existencia de nuestros Colegios y deben ser seña de identidad de la abogacía. Después de esta respuesta, quiero dar las gracias a todos por el interés demostrado y darme la oportunidad de utilizar esta vía directa de comunicación para tratar de los problems de nuestra profesión. Muchas gracias a todos.

Sr. Decano ¿A parte del hecho de las tranferencias del Estado a las CCAA en materia de Justicia, existe alguna justificación de algún tipo para el hecho de que los Letrados del Turno de Oficio perciban retribuciones tan acusadamente diferentes en función del territorio donde realicen su trabajo?
(13:03 07/05/2009)

Efectivamente, la única "justificación" es la distribución autonómica de competencias en materia de justicia, lo que afecta no sólo a la remuneración de los abogados del Turno de Oficio. Pero la absoluta desproporción que hay en algunos casos no es admisible con justificaciones "formales" de ese tipo.

Si la Comunidad de Madrid tarda en pagar lo que debe al turno de oficio, ¿cree que irán a la huelga? ¿Qué hará usted en ese caso?
(13:02 07/05/2009)

Esperamos que este año no se reproduzca la situación del año anterior. El Colegio de Abogados lo exigirá por todos los medios para que no se de el supuesto de la pregunta; en cualquier caso, y como ya he dicho respondiendo a anteriores preguntas, la Junta de Gobierno tiene que garantizar la continuidad del sistema de justicia gratuita para que no quiebre en ningún caso el derecho de defensa.

¿Cuando publicará en la WEB del ICAM el organigrama de todos los despachos, nombres y salarios de todo el personal?.
(12:58 07/05/2009)

Tenemos aún mucho que hacer para incrementar la transparencia en la gestión y organización del ICAM, aunque me temo que la transparencia nunca podrá llegar a la publicación de datos protegidos por la LOPD.

Aunque sin duda su gestión está siendo impecable, si es cierto que a día de hoy los abogados jovenes tenemos un papel inexistente en el ICAM. Tengo la sensación que no se promueve una mayor participación en el ICAM del futuro de la abogacía madrileña. ¿Está de acuerdo?
(12:58 07/05/2009)

Estamos tratando de promover la mayor participación de todos los sectores de la abogacía, incluyendo el esencial de los abogados jóvenes, tanto a través de su articulación institucional en el Grupo de Abogados Jóvenes, como de cualquier otro modo. Como de la pregunta resulta una dosis de "insatisfacción", le invito a una interlocución más directa y a trasladarnos propuestas concretas de participación.

¿Ha podido cumplir en este tiempo en el cargo con algunas de las cosas que prometía en su programa o todo ha quedado en agua de borrajas? Mójese decano.
(12:55 07/05/2009)

Hemos incrementado las prestaciones asistenciales más de un 15%, como propusimos en nuestro programa electoral sin subir las cuotas. Hemos creado el Observatorio de la Justicia, como cauce estable de interloción con los órganos judiciales, y en el que ya participan más de 200 abogados, trasladando propuestas concretas. También hemos puesto en marcha el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, que ya ha aprobado un número significativo de proyectos sociales en áreas sensibles como extranjería, formación, mediación, ayuda a personas en situación de desventaja social ... Pero no podemos estar satisfechos, porque quedan demasiadas cosas por hacer y por mejorar.

Hola, quisiera saber si la cuota de incorporacion y cuotas trimestrales para los colegiados van a bajar de precio. Entiendo que son muy caras y tambien en la situación actual de crisis son muy gravosas. Atentamente.
(12:54 07/05/2009)

La Junta de Gobierno que presido lleva ya dos años proponiendo y la Junta general aprobando la congelación de todas las cuotas (incrementando, sin embargo, nuestra actividad). Nuestro compromiso con la economía es máximo. Si en el actual escenario viéramos la posibildad de mantener las prestaciones y reducir de algún modo las cuotas, así lo plantearemos.

¿Cómo podemos tener una mayor identidad como grupo ante las actuaciones de la Administración de Justicia, las ingerencias de asesoramiento de entidades como bancos, notarías, asesorías, gestorías, y demás que delimiten el campo de cada uno?
(12:54 07/05/2009)

Nuestra profesión es cada vez más diversa y la realidad social lleva a que se multipliquen los actos de asesoramiento, una veces especializado y otras no. El "instrumento" para defender la calidad del asesoramiento jurídico prestado por abogados ya existe: los Colegios de Abogados. Entre todos tenemos que dotar de sentido y eficacia a su función.

Sr. Decano. ¿para cuando una reunión nacional de representantes de todos los colegios de abogados de España, a fin de solucionar los problemas de la abogacía? ¿Están los decanos de los colegios domesticados por el poder?
(12:54 07/05/2009)

Para eso está el Consejo General de la Agogacía Española, que es básicamente un órgano de representación plural de los "representantes" (decanos) de todos los colegios. Se trata de que el CGAE cumpla del mejor modo con esa función representativa, en última instancia, de todos los abogados. En ello estamos.

Sr. Decano por qué en el conflicto de los jueces con el ministerio de justicia apenas se ha oído opinión alguna del colectivos de abogados rechazando ese huelga y esas medidas de presión que lo único que hacen es colapsar más el sistema judicial y dilatar aún mas los procedimientos ¿es por miedo a las mas que probables represalias de la judicatura?
(12:53 07/05/2009)

Con ocasión de ese conflicto la Junta de Gobierno del ICAM hizo una declaración institucional (que puede encontrarse en nuestra web) y la Comisión Permanente del CGAE, que integro como Vicepresidente, un comunicado que se difundió a los medios. Yo también tengo la percepción de que estas tomas de posición, en un conflicto que nos afecta día a día a todos, no han tenido la suficente difusión y estamos tratando de reforzar nuestra capacidad de comunicación.

¿un chico de 30 años y tetraplejico que esta en 3º de derecho, debido a que, por cicunstancias, empezo a estudiar la carrera con 28, puede tener futuro en el mundo del derecho?, por cierto, ¿se puede decir que soy su alumno puesto que estoy en la uned?.
(12:50 07/05/2009)

El recurso esencial para el ejercicio de nuestra profesión lo tenemos en nuestro interior. Todo lo demás es superable. Espero que palgun día podamos compartir experiencias profesionales y, como alumno, mucho ánimo.

¿Cree que la trasposición de la Directiva de servicios acabará con la colegiación obligatoria?
(12:49 07/05/2009)

Como ya he dicho anteriormente, creo que en el caso de los Colegios de Abogados debe mantenerse y se mantendrá la colegiación obligatoria.

Sr. Decano como jurista cree que en ese proyecto común que es Europa, ¿los Abogados debemos promover una unificación del derecho europeo? ¿Vamos hacia un derecho civil, mercantil, penal, administrativo etc unificado, salvaldo las diferencias que pueda haber entre distintos ordenamientos jurídicos?
(12:48 07/05/2009)

Creo que los abogados demenos implicarnos más en esa dimensión europea de nuestra vida en común, absolutamente necesaria para afrontar las dificultades de estos momentos. Eso incluye la promoción, allí donde sea posible, de un derecho uniforme.

Señor Decano, que piensa usted acerca del examen de admisión a la profesión de abogado en España? Mejorará esto la calidad de nuestra profesión? No cree Usted que a esta prueba le falta algo fundamental para un abogado, es decir, un examen oral que demuestre las capacidad del futuro colegiado de aguantar la presión y de saber expresarse correctamente delante de un Tribunal?
(12:48 07/05/2009)

La prueba de evaluación es el final del proceso formativo diseñado en la Ley de Acceso. Respecto a su propuesta de desarollo en el primer borrador de Reglamento hay varios aspectos a reconsiderar; entre ellos la falta de toda referencia al conocimiento de las reglas deontológicas y ética profesional, y la ausencia de oralidad. Lo hemos dicho en el Informe de la Comisión de Formación que presido dentro del CGAE.

¿Para cuándo la publicidad de la doctrina de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid en materia deontológica?
(12:44 07/05/2009)

La Junta que presido ha sido contraria a la publicación de las sanciones deontológicas, para no "agravar" la sanción impuesta al colegiado; pero no a la difusión de los criterios generales de resolución de expedientes. Sucede es que nuestra actuación en esta materia extraordinariamente sensible está sometida en estos momentos a un proceso de revisión, que incluye el objeto de su pregunta.

¿Ha pagado la Comunidad de Madrid el primer trimestre de 2009 que adeuda al turno de oficio?
(12:43 07/05/2009)

Aún no, pero esperamos que este año no se repita lo sucedido el año pasado.

¿Cómo valora el trasiego de borradores sobre el Reglamento de la Ley de Acceso?
(12:41 07/05/2009)

Como consecuencia del diseño general de la ley de Acceso, hay dos Ministerios implicados, Justicia y Educación, y me consta que están haciendo un esfuerzo de interlocución con los sectores afectados: Universidades, públicas y privadas, y Colegios Profesionales, haciendo "visible" un proceso de elaboración normativa que otras veces permanece oculto. Luego esa aparente circulación de borradores no es algo malo; siempre que no se demore demasiado el Reglamento definitivo.

¿Que opina del abuso del turno de oficio en la representacion ficticia de extranjeros tal y como ha denunciado el TSJ de Madrid?
(12:41 07/05/2009)

Creo que el problema no es de actuación de los abogados del turno de oficio, aunque siempre pueda haber algún exceso, sino de diseño del régimen legal de la asistencia jurídica gratuita, que data de 1996 y que seguramente no se adecúa a la actualidad realidad social, con un incremento muy importante en la demanda de justicia. Estamos proponiendo su revisión, siempre sin merma del derecho de defensa de los ciudadanos y sin discriminación para los extranjeros.

¿Qué percepción tiene sobre cómo afecta la crisis a los abogados?
(12:38 07/05/2009)

Toda la sociedad está afectada y también la abogacía: hay un incremento de la demanda de justicia y de la conflictividad social que está detras de ella; hay más dificultades en las condiciones materiales de ejercicio de la profesión y en los pagos efectivos. Y esto afecta tanto a los profesionales que ejercen personalmente desde organizaciones modestas como a los grandes despachos.

¿Cómo valora el anteproyecto de Ley de Extranjería sobre cuyos ¿peligros? el que CGAE y otros organismos alertan?
(12:37 07/05/2009)

Hemos participado activamente en la elaboración del Informe de la Subcomisión de Extranjería del CGAE. No sólo asumimos sus postulados críticos, sino que en algunos puntos concretos el ICAM es aún más crítico en la defensa de unos ciudadanos en especial situación de necesidad de justicia, que no pueden verse discriminados negativamente frente a nuestros ciudadanos cuando ven comprometida su libertad o sus derechos constitcionales.

Sr. Decano, porqué los colegios de Abogados tienen menos peso que otros colectivos, tales como el de médicos por ejemplo? No me diga que no porque en ese colectivo no existen los Médicos de Oficio. ¿No le parece que el Consejo General de la Abogacía Española no representa más que a los Srs de corbata y chaqueta, y no a los ABOGADOS CURRANTES DE VERDAD?
(12:35 07/05/2009)

Sinceramente, no creo que los Colegios de Abogados tengan menos peso que otros. Pero es cierto que no tenemos el peso que deberíamos tener y que, al menos en parte, eso sucede por no haber tenido la suficiente convicción en la defensa de los valores que nos corresponden. Me remito a respuestas anteriores.

Sr. Decano ¿cree usted que actualmente los colegios de abogados defienden realmente los intereses generales del colectivo? y si es así porqué existen asociaciones representativas del colectivo del Turno de Oficio creadas al margen del Colegio?
(12:33 07/05/2009)

Los Colegios de Abogados debemos defender los intereses generales del colectivo. Pero eso no significa que no deba haber asociaciones representativas de sectores concretos de la abogacía, porque esta profesión es cada vez más diversa y el movimiento asociativo es lógico. Creo que desde los Colegios debemos organizar cauces de interlocución con esas asociaciones para tener un mejor conocimiento de los intereses reales de los abogados asociados.

Sr. Decano, el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones nos ha definido como colaboradores fundamentales de la Justicia y garantes de la protección de los derechos que consagra nuestro ordenamiento jurídico. ¿Realmente el peso específico frente a la Administración de los Abogados coincide con esta afirmación? ¿o se puede decir que en casa del herrero cuchara de palo?
(12:31 07/05/2009)

Creo que los abogados somos mucho más que "colaboradores" de la Justicia, aunque esa sea la definición legal. Y no; no tenemos el peso que deberíamos frente a los poderes públicos y es tarea de todos revertir esa situación: los abogados y la abogacía institucional tenemos que implicarnos más en la defensa de los valores constitucionales más allá del caso concreto que se nos encomienda y las administraciones "acostumbrarse" a atender la voz de la abogacía que expresa el punto de vista del ciudadano que acde al sistema de la justcia.

Sr. decano de Madrid, ¿qué se pude hacer desde los Colegios para mejorar la mala imagen que tienen los ciudadano de la Justicia española? Un saludo y aplaudo su decisión de exponerse a los preguntas de los lectores.
(12:30 07/05/2009)

Creo que los Colegios podemos y debemos hacer mucho más de lo que hemos venido haciendo no para mejorar "la imagen" de la Justicia, sino para mejorar la Justicia, de la que los abogados somos una parte esencial (representamos y defendemos interés del ciudadano): denunciar los problemas, proponer soluciones concretas y exigir la colaboración de todos los que tenemos alguna participción o responsabilidad en esta materia.

Señor Hernández-Gil, ¿qué opinión le merece el primer borrador del nuevo reglamento para el acceso a la abogacía? ¿Qué cosas añadiría o cambiaría? Muchas gracias.
(12:28 07/05/2009)

Es sólo un primer borrador. La Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía, que presido, ha trasladado al Ministerio de Justicia un informe muy detallado con nuestra opinión y propuestas. En general, pediría una mayor flexibilidad para que Universidades y Colegios de Abogados podamos organizar los cursos y una mayor apertura hacia la realidad social del ejercicio de una abogacía muy plural y especializada.

Sr. Decano ¿Qué piensa usted sobre las declaraciones del presidente de la comisión nacional de la competencia, en las que se pone en duda la obligatoriedad de la colegiación? ¿Van a desaparecer los colegios profesionales?
(12:23 07/05/2009)

El Presidente de la CNC se refiere a los colegios profesionales en general. Yo sólo puedo hablar de los Colegios de Abogados, que cumplimos importantísimas funciones sociales de interés general en la garantía del derecho de defensa, que sólo pueden desempeñarse desde la colegiación obligatoria.

¿No cree que el seguro médico del ICAM es bastante flojo? Me gustaría (con lo mucho que pago y lo poco que lo uso) que se cubra el seguro dental... ¿Esto sería posible?
(12:21 07/05/2009)

De los estudios de opinión que disponemos resulta una buena valoración comparativa del Servicio Médico del ICAM. Pero, como hemos informado en las últimas Juntas, lo estamos sometiendo a un proceso de revisión estructural para garantizar su continuidad en las mejores condiciones (incluyendo una mayor cobertura en la especialidad de la pregunta, donde hoy creo que se cubre sólo la asistencia primaria: urgencias, extracciones y limpieza)

Gracias por atendernos, Sr. Hernández-Gil. ¿No debería organizarse cursos, seminarios y otras actividades jurídicas para los colegiados en un horario que no fuese laboral? Si trabajo en un despacho de sol a sol, los cursos que promocionan (y por muy apetecible que sean) son simplemente inimaginables por motivos de horario. Muchas gracias.
(12:16 07/05/2009)

Tratamos de hacerlo. Una buena propuesta es la de los cursos on-line, virtuales, que con esfuerzo (de tiempo y coste) estamos desarrollando en nuestro Centro de Estudios.Gracias por el interés en nuestra actividad formativa, esencial para la abogacía de hoy.

Sr. Decano, en el Siglo XIX la codificación permitió la reunificación y compilación del derecho en códigos. En la actualidad cree que hemos vuelto a un maremagnun y dispersión legislativa inaceptable para la seguridad jurídica. ¿Cree que los Abogados cono juristas que somos, tenemos voz y opinión en la creación de la normas jurídicas?
(12:11 07/05/2009)

La actual dispersión legislativa es un hecho en todo el mundo y obedece a un proceso de multiplicación de las fuentes de derecho consustancial con nuestros tiempos. Para no comprometer la seguridad jurídica hay que mejorar y elevar el rigor en la fuente normativa. Los Abogados tenemos que alzar más la voz en el proceso de creación del derecho y se tiene que reconocer más peso a nuestra opinión.

¿Cree que debe mantenerse la Ley de Sociedades Profesionales? ¿Es compatible con la Directiva de Servicios?
(12:11 07/05/2009)

Creo que debe mantenerse (desarrollándose adecuadamente por vía reglamentaria) y que es compatible con la Directiva de Servicios.

Sr. Decano, en relación con el movimiento del Turno de Oficio, desarrollado en Galicia, Gijón y Madrid. ¿Conoce sus reivindicaciones, está de acuerdo con ellas?
(12:11 07/05/2009)

Conozco las reivindicaciones y estoy de acuerdo con ellas, siempre que no se comprometa la continuidad del servicio de justicia gratuita afectando al derecho de defensa de los ciudadanos.

Fuente:www.expansión.com

A CORUÑA. Turno de Oficio. Los parias de los parias de la Justicia.

2009-05-08T11:17:00.004+02:00

El turno de oficio, los parias de los parias de la Justicia

Autor:Julio Á. Fariñas Fecha de publicación:8/5/2009

En la India se llaman parias o intocables las personas de la casta más baja, sin derechos civiles ni religiosos.

Aquí en Galicia, que teóricamente forma parte del primer mundo, sus equivalentes son los abogados del turno de oficio. Cada día tienen menos que envidar a sus clientes, esos ciudadanos con derecho a justicia gratuita por carencia de recursos.

Resulta que estos profesionales, al menos en la provincia de A Coruña, son los peor pagados de todo el suelo patrio y cobran tarde y mal. Y eso cuando sean capaces de demostrarle a la Xunta que sus clientes son insolventes. O esto cambia o el derecho de todo ciudadano detenido a la asistencia letrada se quedará en papel mojado.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

A CORUÑA. Los Letrados del Turno de Oficio coruñés acuden al contencioso para defender su derecho a la huelga

2009-05-08T11:10:00.002+02:00

JUSTICIA. Los letrados del turno de oficio coruñés van al contencioso para defender su derecho de huelga.
El colegio provincial recurre el acuerdo del Consello da Avogacía Galega

Autor:A. Mahía. Fecha de publicación:8/5/2009

El Colegio Provincial de Abogados de A Coruña interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consello da Avogacía Galega que declaró el 20 de abril la nulidad de los acuerdos tomados por el órgano colegial coruñés sobre el mantenimiento de la huelga en el turno de oficio. Los letrados habían tomado la decisión en junta general extraordinaria de suspender los servicios de asistencia jurídica gratuita en su circunscripción territorial ante la «grave situación» del turno de oficio. Entre otras cosas, los abogados aún no han recibido sus emolumentos por sus servicios del último cuatrimestre del 2008. Además, denuncian la escasa cuantía de la remuneración. Mientras obtienen alrededor de 200 euros por defensa, los letrados vascos, por ejemplo, alcanzan los 600. Todo ello los ha llevado a la huelga.

Esta medida fue recurrida por la Fiscalía ante el Consello da Avogacía, que estimó el recurso, obligando al colegio coruñés a alzar la suspensión de servicios de asistencia jurídica gratuita. La presentación del recurso ante el tribunal de lo contencioso-administrativo se produce en un momento calificado por uno de los portavoces de los abogados como «curioso», pues el decano del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, Jesús Varela Fraga, también es presidente del Consello da Avogacía. Esta dualidad, aseguran, no supondrá mayores problemas. El consello había obligado al órgano colegial coruñés a suspender la huelga cuando Varela aún no era su presidente -fue elegido el pasado viernes-. Además, el decano coruñés tiene entre sus objetivos solucionar la precariedad del turno de oficio.

Medio millón de euros

Los letrados acordaron pasar a la huelga -nunca quisieron emplear este término, prefiriendo hablar de suspensión del servicio- porque no tienen fondos para mantenerlo. Aseguran que la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas y Xustiza les debe más de medio millón de euros.

Aunque la Administración paga a los abogados unos honorarios por atender el servicio público, el colegio coruñés afirma que desde hace dos años todos los gastos de infraestructura, como transporte, llamadas telefónicas, correo o equipos informáticos, salen de su bolsillo. «Hemos anticipado el dinero, y no podemos seguir adelantándolo», aseguraba el letrado coruñés Roberto Rodríguez.

El paro fue secundado, hasta que el consello obligó a suspenderlo, por los 700 letrados de oficio del partido judicial de A Coruña. El malestar de los abogados por el turno de oficio no es nuevo. Viene de lejos. Desde hace años exigen el establecimiento de una tabla de tarifas acordes a los precios de mercado y las suscripción por la Xunta de un seguro de responsabilidad civil y accidentes que los ampare en su actuación.

También exigen de la Xunta la responsabilidad de indagar sobre los ingresos del defendido, que hasta ahora recae en los letrados y del que se tienen que ocupar cuando presentan la asistencia. Asimismo, se quejan de estar obligados a una formación continua costeada por ellos.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA. Rentabilidad del 6,36%

2009-05-08T11:07:00.001+02:00

La mutua de los abogados, con una rentabilidad neta del 6,36%

La entidad aseguradora de los abogados ha informado hoy en un desayuno con los medios de comunicación que cerró el ejercicio 2008 con un excedente de 13 millones de euros y una rentabilidad neta del 6,36%. Además, en la presentación de los datos, que contó con la presencia del presidente de la mutualidad, Luis de Ángulo, el vicepresidente, José María Antrás Badía, y el director general, José Luis Pérez Torres, la institución confirmó que el número de afiliados creció un 5,99% en 2008, alcanzando los 146.000 mutualistas.

Solidario. Por su parte, Antrás Badía recalcó que el éxito de la aseguradora se debe, en parte, al “carácter solidario” de la misma.

Fuente:www.americaeconomica.com

A CORUÑA. El Colegio de Abogados interpone recurso contencioso contra el acuerdo del Consello de reanudar la prestación del Turno de Oficio.

2009-05-08T11:01:00.002+02:00

El Colegio de Abogados de A Coruña interpone un recurso contra la obligación de reanudar la prestación del turno de oficio

A CORUÑA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio provincial de Abogados de A Coruña ha interpuesto un recurso ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra el acuerdo del Consello da Avogacía Galega, que declaró la nulidad de los acuerdos adoptados por la junta general extraordinaria de esta entidad y obligó a reanudar la prestación del turno de oficio en la circunscripción territorial colegial.

El Consello de la Avogacía Galega adoptó el acuerdo el pasado 17 de abril ante la suspensión de los servicios de asistencia jurídica gratuita en la circunscripción del Colegio de Abogados de A Coruña para exigir a la Xunta mejoras laborales y salariales.

En un comunicado, el Colegio de Abogados de A Coruña aseguró que, pese al nombramiento del nuevo conselleiro de Presidencia y del director xeral de Xustiza, "la nueva Administración no ha iniciado los contactos para solucionar la grave situación del turno de oficio".

Asimismo, señaló que esto implica que hasta la fecha la Xunta "no ha abonado los gastos de infraestructura del 2008", de forma que las corporaciones profesionales están manteniendo "con partidas presupuestarias ajenas al turno de oficio un servicio público".

Según añadió, transcurrida la primera semana de mayo del 2009, se les adeudan también "las cantidades devengadas por los profesionales del tercer cuatrimestre del 2008".

El Colegio de Abogados de A Coruña señaló que en estos momentos no existe "un baremo de compensación económica para las actuaciones profesionales de los letrados en el 2009, por lo que se están prestando servicios desconociendo lo que se percibirá por ellos".

Por otra parte, trasladó el "malestar" existente entre los letrados del turno de oficio en el partido judicial de Ribeira, donde 26 de los 28 abogados adscritos al turno de oficio han solicitado su baja en el servicio de asistencia jurídica gratuita.

Fuente:www.europapress.es

GRANADA. Los Letrados del Turno de Oficio de Granada tienen póliza de accidentes corporales desde el año 1990.

2009-05-06T19:23:00.004+02:00

El Colegio de Abogados de Granada tiene concertada con la mutualidad de la Abogacía DESDE EL AÑO 1990 una Póliza que cubre el riesgo de accidentes corporales que puedan sufrir los letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, durante la prestación del SERVICIO DE ASISTENCIA AL DETENIDO O PRESO, organizado por esa Corporación.

Semanalmente prestan este servicio 13 letrados exclusivamente desde las 24 horas de cada día, hasta las 24 horas del día siguiente, distribuidos de la siguiente manera: 5 letrados en Granada, 2 letrados en Motril, 1 letrado en Orgiva, 1 letrado en Baza, 1 letrado en Loja, 1 letrado en Guadix, 1 letrado en Santa Fé y 1 letrado en Huéscar.

Las garantías de la MUTUALIDAD se limitan exclusivamente a cubrir los accidentes acaecidos a los Letrados durante el desempeño de la asistencia en el centro de detención y primera asistencia en el órgano judicial o fiscalía correspondiente, incluyendo el riesgo "initínere", es decir, queda cubierto también el riesgo de accidente desde que el asegurado se encamina a la prestación del servicio y también su regreso. A los efectos de este Seguro, se entende por accidente la lesión corporal que derive de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca incapacidad temporal o invalidez permanente o muerte.

El 1 de enero de 2009, se ha firmado un nuevo convenio que lo único que aumenta es la cobertura por muerte que pasa de 8.000.000 millones de las antiguas pesetas a 100.000 euros, el resto de prestaciones se mantiene así incapacidad permanente se queda en 100.000 euros, y la incapacidad temporal en 15 euros, con el límite de 90 días.

Fuente: Foro de Abogados indepedientes de Granada.

Esta noticia en principio no sería relevante sino es porque en muchos Colegios de Abogados de España los Letrados que desempeñan el Turno de Oficio no están cubiertos por esta contingencia. Es más son los propios Colegios de Abogados y en definitiva el Colegiado el que con sus cuotas abona este servicio. Tendría que ser la Administración Pública la que cubriera dicha contingencia.

HUESCA. Los procuradores también existen y tienen los mismos problemas que los Letrados.

2009-05-06T19:10:00.002+02:00

Huesca - La Hoya

Quejas de procuradores de los tribunales de la zona oriental de la provincia contra su Colegio profesional en Huesca.

- Se refieren al no percibo de sus remuneraciones en el turno de oficio

FD \ Son numerosas las quejas que vienen escuchándose entre los procuradores de los juzgados de Barbastro y Monzón en relación a las retribuciones “que no perciben” por su intervención en los turno de oficio en los que son designados, es decir en aquellos casos que deben obligatoriamente representar a un ciudadano ante los tribunales, bien porque no ha designado abogado o procurador que los defienda o porque carece de recursos para hacerlo. Una de las procuradoras ha manifestado a este diario: “hasta hace dos años veníamos cobrando esos turnos, pero un buen día dejamos de hacerlo; quizá haya algún acuerdo colegial al respecto, pero aquí en la zona nadie sabe nada”. Lo único seguro, según declara otra procuradora, “es que el Ministerio de Justicia ha venido y viene abonando al colegio la retribución de estos turnos, pero a nosotros no llega el dinero”.

A juicio de los procuradores de estos partidos judiciales, lo denunciado se enmascara en la habirtual actitud oscurantista de su propio colegio, con sede en Huesca capital, ya que anteriormente cuando venían cobrando los turnos de oficio, lo que recibían en realidad era una cantidad netas global, pero que ningún caso discriminaba el monto o número de cada una de sus intervenciones profesionales, ni tampoco las identificada.

Recientemente, al traspasarse las competencias del pago de estos turnos a la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón, estas remuneraciones derivadas de los turnos de oficio se verán incrementadas en un 15% para esta anualidad, y en un 5% más para 2010 y una actualización del IPC, gracias a un acuerdo conseguido entre los colegios de abogados y procuradores y la citada consejería, según publica el Heraldo de Aragón de fecha 5 de mayo. La pregunta que se hacen en este caso los procuradores denunciantes, “ es si estos incrementos serán nuevamente “absorbidas” por su colegio profesional como ocurre con sus remuneraciones actuales, o si todo ello conllevará, de una vez por todas, que vuelva a percibir sus retribuciones en el turno de oficio, discriminándoles además esta vez sus aranceles caso por caso”.

Varios procuradores de los partidos señalados, estudian por otra parte el pedir al colegio las oportunas explicaciones por todos estos hechos, o interesar la convocatoria de una asamblea ante el colegio para aclarar las cosas. “ No puede ser que sigamos trabajando gratis y además soportando gastos, sin que se nos de una explicación”, reafirmó una de las procuradoras entrevistadas.

Fuente:www.franjadigital.com

ABOGACÍA. Cuidado Peligro de muerte.

2009-05-06T18:44:00.004+02:00

Abogados británicos denuncian impunidad en asesinatos de colegas colombianos
EFE/Londres

Más de 400 abogados han sido asesinados en Colombia desde 1991, en unos crímenes que han quedado impunes, según denuncia la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales en un informe elaborado tras visitar el país sudamericano en 2008.

El informe, difundido hoy y realizado por la "Caravana Internacional de Juristas", documenta amenazas, asaltos, asesinatos y desapariciones de defensores de los derechos humanos y la omisión de las autoridades colombianas de investigar estos crímenes.

En agosto del año pasado, 42 abogados del Reino Unido y una treintena de juristas de otros países, participaron en una investigación en Colombia sobre la situación de los abogados en ese país, especialmente de los que trabajan en el área de derechos humanos.

Según explicó hoy la Sociedad de Abogados británica en un comunicado, el objetivo fue hacer las funciones de "escudo humano" a los abogados en riesgo, protestar contra las autoridades e investigar qué se puede hacer para apoyar y proteger a los abogados de derechos humanos en el futuro.

La delegación se reunió con abogados de derechos humanos y grupos de víctimas así como con jueces, policías y fiscales, empleados de la embajada del Reino Unido, y funcionarios públicos.

Sara Chandler, de la Sociedad de Abogados, destaca en el comunicado que "el coraje de los abogados colombianos ha dejado una profunda impresión en todos nosotros".

"Escuchamos terribles y detallados recuentos de testigos oculares del acoso y ataques sufridos. Durante nuestra visita, un abogado fue asesinado en una de las regiones que estábamos investigando", dice.

Chandler denuncia que "los abogados que conocimos durante nuestra visita continúan sufriendo acoso y recibiendo amenazas de muerte" y que las oficinas de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza (ACADEUM), donde se reunieron con sus colegas, ha sufrido robos y asaltos desde entonces.

Además, afirma, "dos abogados han tenido que exiliarse después de recibir amenazas de muerte en febrero y marzo de este año".

En el informe se señala que los sindicalistas "también han sido objeto de esta campaña de terror".

"Desde 1986, 2.700 sindicalistas han sido asesinados. Profesores, trabajadores de salud y empleados y trabajadores de la industria del aceite de palma son los que están en más alto riesgo", se indica.

Fuente:www.adn.es

ENTREVISTA. Presidente del Consello da Avogacía Galega.

2009-05-05T09:48:00.001+02:00

Presidente del Consello da Avogacía Galega «El colapso judicial únicamente se alivia con más dinero»

entrevista | jesús varela fraga | Presidente del Consello da Avogacía Galega

Alberto Mahía. 5/5/2009

El decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Jesús Varela Fraga (Melide, 23 de diciembre de 1936), tiene la intención de estrenar su cargo como presidente del Consello da Avogacía Galega con una reunión con los actuales responsables de Xustiza, en la que les transmitirá lo mismo que han hecho sus antecesores desde tiempos inmemoriales: «El colapso judicial únicamente se alivia con más dinero». Sobre todo, para el turno de oficio, cuya situación queda descrita con el hecho de que los letrados gallegos aún están a la espera de cobrar las asistencias de los últimos ocho meses.

-¿Cómo describiría la situación de la Justicia?

-Como la describiría un colega de hace 50 o 25 años. Hay que recordar que la Justicia estuvo marginada desde siempre. Mientras las autoridades no dediquen más recursos económicos, la solución al colapso es imposible. Son necesarios más jueces, más juzgados, más medios, más funcionarios y unos abogados de oficio mejor pagados. No hay duda alguna de que el colapso judicial solo se alivia con más dinero. Me consta que las autoridades están sensibilizadas y harán un gran esfuerzo.

-¿Cuánto de grande ha de ser el esfuerzo que piden?

-Tal y como está la situación, el esfuerzo ha de ser enorme. Debemos tener en cuenta que en España existen 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media de la Unión Europea es de 20 y en Alemania es de 28. Con esa cifra y el elevado número de pleitos que existen, se concluye que un magistrado ha de dictar entre 8 y 10 sentencias al día, lo que es humanamente imposible.

-¿Por qué entonces el Consejo General de la Abogacía Española se desmarcó y no respaldó la reciente huelga de los jueces?

-En efecto. Reunidos, acordamos desmarcarnos. No obstante, a nivel personal, he de decirle que yo sí estoy absolutamente de acuerdo con sus demandas.

-En esta época de profunda crisis económica, ¿cómo les va a los abogados?

-Es una respuesta que solo se puede dar a nivel individual. No obstante, le diré que somos muchísimos. En Galicia existen alrededor de 5.700 letrados. También es cierto que hay trabajo para todos. Recuerdo que mis inicios eran bien distintos, no ya porque éramos pocos, sino porque también se producían muchas menos demandas o denuncias. Había dos juzgados de lo civil que recibían 120 pleitos al año. Hoy en día hay 12 salas que recibe cada una 1.200. Es impresionante el aumento de pleitos que ha habido en los últimos años, en un país con 350.000 disposiciones legales vigentes, una exageración. Lo peor del caso es que muchas de ellas son contradictorias. Lo que hay que solucionar es el turno de oficio.

-¿Tan mal pagados están los abogados gallegos en el turno de oficio?

-El legislador nos dice a quién debemos defender y nos dice el dinero que vamos a cobrar por ello, que en Galicia ronda los 200 o 300 euros, cuando un letrado del País Vasco cobra 600 euros. Además, los abogados gallegos todavía están a la espera de cobrar las asistencias correspondientes al último cuatrimestre del ejercicio pasado.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

ARAGÓN. Nuevo convenio de asistencia jurídica gratuíta en Aragón.

2009-05-05T09:10:00.001+02:00

ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón ha firmado hoy un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores de Aragón para la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio en el periodo 2009-2011.

Entre los puntos más destacados del acuerdo figura aumentar un 15 por ciento la compensación económica por servicio que reciben estos profesionales. La subida tendrá efecto retroactivo con fecha 1 de enero de 2009, mientras que en 2010 se aplicará un aumento del cinco por ciento y una actualización del Índice de Precio al Consumo (IPC) y para 2011 se actualizará el IPC.

La compensación económica que reciben abogados y procuradores que participan en la asistencia jurídica gratuita no se actualizaba desde diciembre de 2005. El Gobierno de Aragón, que asumió las competencias en Justicia el 1 de enero de 2008, ha trabajado desde entonces para mejorar las condiciones de estos profesionales. El convenio recoge, además, el compromiso de los abogados y procuradores aragoneses para trabajar junto a la administración con el objetivo de mejorar el servicio al ciudadano.

El texto ha sido rubricado por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, el presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Aragón, José Ignacio Gutiérrez Arrudi y el presidente del Consejo del Colegio de Procuradores de los Tribunales, Luis Ignacio Ortega Alcubierre.

Silva ha destacado la colaboración entre los Colegios y el Gobierno de Aragón para firmar un convenio que permite actualizar una compensación "que llevaba desde 2005 sin ser revisada". La "proximidad" lograda con la asunción de competencias de Justicia por parte del Departamento ha sido clave para que este convenio haya salido adelante con el consenso de todas las partes.

Por último, el consejero ha comentado que la asistencia jurídica gratuita es uno de los servicios públicos "mejor valorados por los ciudadanos".

Para ello, los Consejos de los Colegios firmantes presentarán las iniciativas, medidas de corrección que consideren oportunas y, en su caso, las quejas y sugerencias que respecto de la atención a los profesionales y a los ciudadanos puedan formularse en el ámbito competencial de esta comunidad autónoma.

Asimismo, el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior se compromete a adoptar todas las medidas materiales que puedan facilitar el desarrollo de la actividad de abogados y procuradores, en especial, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y aplicativos informáticos de titularidad ministerial o de la propia Comunidad Autónoma, así como la optimización y compatibilización de las herramientas informáticas que estos Colegios puedan tener desarrolladas.

Para el seguimiento de este convenio ambas partes podrán crear una Comisión Mixta integrada por cuatro representantes de la comunidad autónoma designados por el Consejero competente en materia de Administración de Justicia, de una parte, y dos representantes de cada uno de los Consejos de Abogados y Procuradores firmantes.

Fuente:www.europapress.es

SISTEMAS JUDICIALES. Japón

2009-05-04T09:25:00.004+02:00

Japón. Una Justicia con bastante poco trabajo.

Publicado el 31-10-2008 , por Diego Torres. Madrid

El país del sol naciente tiene una de las ratio más baja de casos por habitante entre las naciones desarrolladas. Unos pocos miles de abogados bastan para 130 millones de personas.

“Una reputación de mil años quizá dependa de la conducta de una hora”. Los proverbios japoneses, al igual que los de cualquier otro sitio, dicen mucho de la cultura donde han germinado. El de arriba da cuenta de la importancia que el país del sol naciente concede a la reputación personal. Y fundamentalmente al honor. En Japón, si alguien comete un fraude, un robo o un engaño, queda automáticamente excluido en todos los ámbitos: laboral, familiar, afectivo... Y tal vez por eso no hacen falta muchos jueces.

La segunda potencia económica del planeta tiene un número de casos civiles y penales por habitantes extraordinariamente bajo –ver gráfico–. Las cifras son inferiores al resto de países –Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos– estudiados en esta serie de reportajes de EXPANSIÓN (ver abajo) sobre la Justicia en el mundo. En ambos ámbitos, civil y penal, los datos son sorprendentes, pero es en la jurisdicción penal donde la diferencia con España, por ejemplo, es mayor.

Otros de los aspectos más sorprendentes del sistema legal japonés, ligado con el primero, es el escaso número de profesionales: jueces, abogados y fiscales. Matthias Grupp, letrado de Cuatrecasas que pasó largas temporadas en el país nipón, cifra en unos 25.000 el número actual de abogados que ejercen en Japón. “¡Para 130 millones de personas!”, destaca. En España, con un tercio de la población, hay alrededor de 130.000 colegiados.

En cuanto a los jueces, rondan los 3.400, después de un programa de incremento de personal llevado a cabo en la última década. El número de fiscales es aún ligeramente inferior. En fin, pocos casos, pero pocos profesionales. ¿Cómo repercute esto en el rendimiento de los tribunales?

Haig Oghigian, socio de procesal del bufete Baker & Mckenzie en Tokio, lo explica al citar otro de los puntos clave del sistema judicial japonés: “La lentitud de los tribunales”. Su opinión es compartida por la mayor parte de los expertos consultados. Oghigian calcula que para obtener una resolución en la primera instancia civil hacen falta “alrededor de tres años”. En España, la espera está en torno al año y medio –ver reportajes anteriores de la serie–. Nobutoshi Yamanouchi, socio director de Jones Day en la capital nipona, destaca que están dilaciones están entre las preocupaciones de la Corte Suprema, que está intentando implementar mejoras para “acelerar los procedimientos civiles”.

La escasez de juristas está directamente relacionada con el elitista proceso de selección y formación que deben cumplir con éxito jueces, fiscales y abogados. Tras superar cuatro años de estudios y obtener la licenciatura en derecho, los aspirantes a juristas deben enfrentarse a un examen nacional. Se presentan alrededor de 35.000 personas cada año. Sólo los 1.000 mejores superan la prueba. Oghigian afirma que “los estudiantes necesitan en torno a cuatro o cinco años de preparación para pasar el examen”.

Pero aún después de esto el camino no ha llegado a su fin para los que aprueben: deben pasar dos años más de formación en un instituto de práctica jurídica nacional dirigido por la Corte Suprema, con un nuevo examen final incluido. Sólo tras este último paso, los juristas son destinados a juzgados como fiscales (10%) o jueces (15%) en prácticas, mientras que la mayoría comienza a ejercer en bufetes como abogados.

Un mercado legal atomizado y controlado bufetes locales
La típica estructura legal anglosajona, con grandes firmas de abogados, está aún lejos de la japonesa. Pero ya deja sentir su influencia en el tradicionalmente atomizado mercado nipón. Hasta hace pocos años, sólo unos pocos bufetes superaban la decena de abogados. Hoy en día, el mercado “está dominado por un puñado de grandes firmas locales, pero los despachos internacionales tienen una presencia significativa”, afirma Peter Kilner, socio director de Clifford Chance en Tokio. Según Kilner, la situación está evolucionando mediante procesos de concentración entre los bufetes nipones. Recientemente, algunas firmas internacionales han cerrado sus oficinas en el país, como Simmons and Simmons, mientras que otras están abriendo ahora.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Italia

2009-05-04T09:23:00.003+02:00

Italia. Un sistema lento y lastrado por los anacronismos.

Publicado el 16-07-2008 , por Diego Torres

El país transalpino ha sido condenado en más de 1.000 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a la excesiva duración de los procedimientos.

Fueron dos bombazos. Dos chasquidos metálicos cuya onda expansiva alcanzó a conmover a toda la gente que lucha por la Justicia en el mundo. El 23 de mayo de 1992, Giovanni Falcone, el más célebre de los jueces antimafia, fue asesinado junto a su mujer y tres escoltas al estallar una tonelada de explosivos oculta debajo de la carretera por donde viajaba en su tierra natal: Sicilia. Dos meses más tarde, la Cosa Nostra volvía a dejar claro quién manda en el sur de Italia con el homicidio del también juez antimafia Paolo Borsellino.

Han pasado 16 años desde esos hechos, pero la sombra del crimen organizado todavía marca la fisionomía de la Justicia transalpina. “En el sur, sobre todo en el ámbito penal, todo el mundo sabe quién manda”, admite un abogado con años de experiencia en el país.

Los expertos coinciden en la gran distancia ?en celeridad e independencia? que separa el sistema judicial del norte y el sur de Italia. “Cuanto más vamos al sur, mucho peor”, afirma Claudio Doria, socio responsable del Italian Desk de Garrigues.

Pero más allá de las diferencias norte-sur, la Justicia italiana tiene un problema de excepcional gravedad: la lentitud del sistema. Italia ha sido condenada más de 1.000 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por infracción del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a ofrecer a sus ciudadanos un proceso judicial “en tiempo razonable”.

De hecho, el Tribunal tuvo que crear un nuevo procedimiento estandarizado a partir de 1999 sólo para enjuiciar al Estado italiano debido a la avalancha de demandas que llegaban desde la Península por la misma razón.

“La lentitud en Italia es un problema más grave que en España”, afirma Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero. “En materia civil, se puede hablar fácilmente de tres años en primera instancia, cuatro en apelación y otros tres en casación”, asegura. El resto de expertos coinciden de forma aproximada en estos tiempos, que doblan o triplican la duración de los procesos en España.

¿Cuál es la causa de esta lentitud en uno de los países más industrializados del mundo y que se sienta en el G-8 frente a EEUU, Japón y Alemania? La ley procesal, a ojos de los abogados, es demasiado formalista. Francisco Málaga, socio de Cuatrecasas, explica que, por ejemplo, “un defecto en un poder, puede provocar el sobreseimiento de un juicio. Y vuelta a empezar. El mismo error en España tiene un plazo de subsanación de 10 días”.

Casos parecidos eran comunes en la España de la década de los 70, pero, desde entonces, mucho ha cambiado, sobre todo desde la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que ha resultado un éxito, según la mayor parte de juristas. Sin embargo, Italia, que cuenta con una doctrina judicial más brillante ?el Derecho Procesal es obra, sobre todo, de italianos y alemanes? parece aferrada a anacronismos que lastran la eficacia actual de la Justicia.

A esto se suma la saturación, que podría ser equiparable a la española antes de la creación de los juzgados de lo Mercantil, en opinión de Málaga. Tienen tribunales especializados, como algunos de Propiedad Industrial en Roma o Milán que funcionan muy bien. Pero fuera de las grandes ciudades es diferente, según el letrado de Cuatrecasas. Además, ni rastro de nuevas tecnologías: “Menos aún que en España”, admiten todos los expertos consultados.

A pesar de todos estos defectos, la jurisprudencia goza de una sólida reputación en el resto de Europa. Los juristas reconocen que las sentencias, en especial las de la Corte de Casación, son de muy alta calidad. Ahí, y parece que sólo ahí, Italia aventaja a España en Justicia.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Alemania

2009-05-04T09:20:00.002+02:00

Alemania. Una Justicia sin CGPJ, descentralizada ... y eficiente.

Publicado el 12-06-2008 , por Diego Torres

En un momento vital para la Justicia en España, EXPANSIÓN y Expansión.com inician hoy una serie de análisis comparativos entre los sistemas judiciales de los países vecinos.

Disciplina, eficiencia y organización. Quien conoce Alemania sabe que estas virtudes marcan profundamente el funcionamiento de las administraciones. Y la Justicia no es una excepción.

En Alemania, los casos que entran anualmente en el sistema judicial equivalen a los que se resuelven. Los procedimientos civiles en primera instancia duran entre cuatro y doce meses. En la jurisdicción penal, aún menos: entre cuatro y seis meses, según afirma Sebastián von Thunen, abogado del bufete teutón Hengeler Mueller, socio del español Uría Menéndez.

La duración de los procedimientos en España dista mucho de acercarse a la velocidad teutona, según las fuentes consultadas por este periódico. Nada que ver, por tanto, con las montañas de expedientes acumulados que padecen los juzgados y tribunales españoles. Pero, ¿cuál es el secreto de su sistema?

Alemania dedica el doble de recursos por persona a la Justicia ?ver cuadro adjunto?. Hay más jueces y fiscales por habitante, lo que, lógicamente implica una mayor capacidad de gestión de todos los asuntos.

Estas cifras parecen contradecir las declaraciones del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera comparecencia en televisión tras las elecciones. El jefe del Ejecutivo defendió entonces que el problema de la Justicia en España no es de recursos económicos. Pero el dinero que los países punteros de Europa dedican a la Justicia es superior.

Otra de las dificultades a la hora de hacer más eficiente el sistema que Zapatero enunció en televisión fue la multiplicidad de administraciones y órganos competentes en materia de Justicia: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comunidades autónomas y el Estado.

Y ahí también España podría aprender de los teutones. Alemania es una república federal con un nivel muy alto de descentralización. Como explica Mathias Grupp, abogado alemán de Cuatrecasas, “cada estado federado es competente sobre los tribunales sitos en su territorio y el Estado sobre los tribunales de ámbito nacional”. La descentralización, por tanto, no excusa un funcionamiento deficiente de la Justicia.

Otra de las particularidades alemanas es que no existe ningún órgano similar al CGPJ español. Dependiendo del tribunal, los Länder o el Estado central asumen ese tipo de competencias. “No hay un órgano de gobierno autónomo judicial. El sistema es es administrado por el ministro de Justicia de cada Land o del Bund, dependiendo de la instancia”, explica Von Thunen.
El abogado señala, sin embargo, que desde 2007 las asociaciones profesionales de jueces vienen reclamando un órgano similar al CGPJ. “Pero no creo que esta petición tenga mucha perspectiva de éxito”, sentencia.

Otro punto fuerte del sistema alemán es la utilización de las nuevas tecnologías, después de las reformas que se han emprendido en los últimos años. “Hay un uso muy extenso de las nuevas tecnologías, lo que acaba acelerando los procedimientos, aunque hay diferentes sistemas dependiendo de cada Land”, dice Von Thunen.

A pesar de lo que pueda parecer, el sistema judicial en Alemania no está exento de críticas. Las fuentes consultadas reconocen que no ha habido en los últimos años un escándalo judicial tan dramático como el caso Mari Luz en España. Sin embargo, jueces y fiscales denuncian habitualmente que la carga de trabajo por persona está aumentado, puesto no se sustituye a los funcionarios que se jubilan.

También se quejan los profesionales de su remuneración, que no parece ajustarse a una carrera muy larga y sacrificada ?ver información adjunta?. Von Thunen destaca también el carácter litigioso de los alemanes, que acuden a juicio por cuestiones como la altura de una valla en una finca, lo que lleva a una sobrecarga judicial.

El mismo sistema de acceso a la abogacía y la judicatura
Después de terminar la carrera de Derecho, a cualquier estudiante en Alemania aún le queda mucho camino por recorrer para llegar a ser juez, fiscal o abogado. En primer lugar, debe pasar un Staatsexam, una especie de examen de oposición, en el que se ponen a prueba los conocimientos adquiridos durante la licenciatura.

El procedimiento es común para las tres disciplinas. Tras el Staatsexam, hay un periodo de prácticas en el que el becario pasa por muy diversas situaciones: “Se está un tiempo a las órdenes de un fiscal, luego de un juez, tal vez otro periodo en un bufete de abogados...”, explica Mathias Grupp, abogado alemán de Cuatrecasas. Al final de toda esta experiencia, que dura alrededor de los dos años, más el tiempo que se ha necesitado para preparar el primer examen, viene el segundo Staatsexam.

Ésa es la prueba definitiva, tras la cual el jurista puede solicitar su ingreso como fiscal o juez en un juzgado, o intentar ganarse la vida como abogado. Las intenciones del ministro de Justicia en España, Mariano Fernández Bermejo, para la reforma del acceso a la judicatura parecen copiar en cierta forma el sistema alemán.

En la entrevista publicada en EXPANSIÓN el 6 de junio, Bermejo apostaba por una especie de MIR con un examen final muy similar al alemán. La reciente reforma del acceso a la abogacía, aún pendiente de concretar mediante reglamento, se dirige también hacia un sistema de prácticas y formación adicional después de la licenciatura.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Reino Unido

2009-05-04T09:17:00.002+02:00

Reino Unido.Una Justicia que desincentiva los litigios

Publicado el 26-06-2008 , por Diego Torres.

Los británicos presumen de uno de los sistemas judiciales más prestigiosos del mundo. La clave reside en una baja cantidad de juicios y una judicatura especialmente preparada.

El Lincoln’s Inn es una de las cuatro asociaciones o colegios donde los barristers ?abogados que pleitean ante la corte? deben estar inscritos para ejercer el Derecho en Inglaterra y Gales y cuya sede está en un magnífico edificio en el centro de Londres. “El conjunto es del siglo XII, pero hay una sala que fue construida después, en el siglo XV.

A ésa la llamamos New Hall (la habitación nueva)”. Esta anécdota de Andrew Ward, responsable de Competencia en Cuatrecasas en Madrid y barrister del Lincoln’s Inn durante años, ilustra muy bien la mentalidad y el peso de la tradición que marcan el sistema de Justicia en Reino Unido.

Este país carece de Constitución escrita. Su modelo legal está basado en los precedentes que dictan los jueces. Muchas de las instituciones que aún hoy perviven en Reino Unido datan del siglo XII, como la distinción entre barristers y solicitors ?abogados que no pleitean, al menos hasta hace poco, ante los tribunales?. Y, sin embargo, su sistema parece gozar de plena salud, sobre todo en la jurisdicción comercial, cuyo funcionamiento es calificado como “ágil y rápido” por los expertos consultados por EXPANSIÓN .

“En un tema de deudas muy claro, los tribunales comerciales británicos pueden resolver incluso en 14 días”, afirma Stuart Percival, socio de Clifford Chance responsable del Departamento de Derecho Inglés en Madrid. La dilación de un proceso similar ante los tribunales mercantiles españoles estaría en torno a los seis meses ?ver EXPANSIÓN de 19 de junio?.

¿Cómo consiguen las Islas esta celeridad con instituciones centenarias? La clave está en los pocos asuntos que llevan los tribunales y en la especialización y profundo conocimiento del Derecho de los jueces. Como revelaba esta misma semana un estudio publicado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Reino Unido es el país con menos casos judiciales entre los grandes de Europa ?ver gráfico?, mientras que España es el que más procedimientos tiene.

La propia Justicia incentiva que las partes lleguen a un acuerdo para evitar los juicios. “En la vía civil, el demandado puede ofrecer una cantidad al demandante que luego se consigna ante el juez, por ejemplo, 10.000 euros. Al final, si decide seguir y la indemnización es menor que esos 10.000 euros, aunque gane el juicio, las costas las paga el demandante”, explica Ward. Esta institución es el Payment In.

Otra causa de la tendencia de los británicos a resolver sus problemas lejos de los tribunales es el precio de los abogados. “La Justicia es eficiente pero muy cara”, ratifica Ward.

Mucho tiene que ver también la eficiencia británica, que, según Percival, lleva a que muchas empresas se sometan voluntariamente a su jurisdicción, con el decisivo papel que juegan los jueces en el sistema.

Más 28.000 jueces de paz, que son ciudadanos comunes sin conocimiento del Derecho, dictan sentencia en primera instancia civil y penal en temas de pequeña cuantía (o delitos no muy graves), tal y como aclara Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero.

En cambio, los jueces profesionales, que son pocos en relación con España ?ver gráfico?, acceden a su puesto después de décadas de trabajo en los juzgados como barristers. “Es como el final del cursus honorem del abogado. La edad media para el acceso a la judicatura está en los 48 años”, afirma Checa. Para su elección, se convoca un concurso de méritos, no una oposición, que está a cargo de un órgano independiente: Independent Judicial Appointments Commission.

Ward aporta un ejemplo de la importancia de esta diferencia: “No creo que Emilio Cuatrecasas se sienta impresionado por un joven juez de 30 años en España. Sin embargo, el director de la oficina en Londres de Clifford Chance tratará seguro con muchísimo respeto a cualquier juez británico”. Reino Unido funciona de forma eficiente sin oposiciones a la judicatura, destaca Checa. “Eso implica que el sistema de oposiciones no es de Derecho Natural”, concluye.

El acceso a las ‘dos abogacías’ diferentes del país
Barristers y solicitors. Ésas son las dos modalidades durante siglos antagónicas de ejercicio del Derecho en Reino Unido. Hoy día, las diferencias se han hecho más pequeñas ?un solicitor puede pleitear ante los tribunales, aunque no es común que lo haga?, pero la tradición sigue otorgando a cada uno un papel diverso.

Los solicitors son expertos en leyes que asesoran a sus clientes ?los que trabajan en los grandes bufetes?, mientras que los barristers son los encargados de pleitear. Conocen la corte y son expertos en procesal. Un barrister no puede ser contratado ni pagado por ningún cliente: es el solicitor el que encarga al barrister la defensa procesal de su cliente ante los magistrados.

Lo esencial de esta distinción, con matices por las sucesivas reformas, permanece hasta hoy. El acceso es también diferente. “Los solicitors deben tener una licenciatura; si ésta no es en Derecho, al menos un año de especialización legal. Luego hay que pasar un año en una Law School, que suele ser muy cara, aunque muchos bufetes pagan las tasas a los alumnos a cambio de que después trabajen para ellos. Finalmente, se debe estar dos años de prácticas en un despacho”, explica Andrew Ward.

El camino de los barrister es igual al principio, pero en lugar de ir a una Law School, van a una Bar School. Y deben estar también un año de prácticas en una Barrister’s Chamber. El problema para los barristers es que no tienen bufetes que les bequen los estudios en la Bar School, afirma Ward.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Francia.

2009-05-04T09:15:00.002+02:00

Francia, una Justicia impartida por los propios empresarios.

La serie de análisis comparativos entre la Justicia española y la del resto de Europa continúa hoy con el sistema francés. El país galo parte de un modelo más centralizado y especializado. Pero comparte objetivos con España.

Complejidad. Ésa es la palabra que mejor define un sistema judicial que hunde aún sus raíces en la Revolución de 1789. Empresarios que juzgan a empresarios en temas mercantiles. Trabajadores que dictan sentencias de lo social. La Justicia en Francia es un intrincado laberinto difícilmente comprensible desde el exterior y que, sin embargo, comparte preocupaciones y problemas con el sistema español.

Lo más sorprendente es, tal vez, la importancia de los jueces no profesionales, es decir, que no provienen de la carrera judicial. Hay 185 Tribunaux de Commerce, según los últimos datos del Gobierno galo, que imparten justicia en temas mercantiles mediante magistrados elegidos entre los propios empresarios. Y parece que funcionan bien.

Así opina Nuria Bové, socia directora de la oficina de Cuatrecasas en París, que reconoce que estos juzgados son, por lo general, “más rápidos que la jurisdicción civil en España”. Según la letrada, esto se debe a una fuerte especialización, ?“por ejemplo, en un tema sobre seguros es muy probable que el magistrado ponente sea un empresario del ramo, que conozca bien la materia”?, y a ciertas herramientas procesales para obtener una resolución provisional ejecutoria “en tres o cuatro meses”.

Estos plazos son menores que los de juzgados de lo Mercantil en España que, para los procedimientos más cortos, emplean entre “cuatro y seis meses”, según Íñigo Villoria, socio de Clifford Chance. Pese a esto, Villoria defiende que estos juzgados españoles funcionan más rápido que los civiles y valora positivamente su creación.

La jurisdicción comercial en Francia abarca, además, un abanico competencial muy amplio: “Todo lo que llevarían los juzgados de lo mercantil en España y algunos otros temas de primera instancia”, según Bové.

Otro ámbito donde actúan los jueces no profesionales es el social, con los Conseil de Prudd’hommes, órganos formados por representantes de los trabajadores y de los empresarios, que deciden en temas laborales. A ojos de Bové, sin embargo, la jurisdicción social funciona más rápido en España.

Francia y España parten de un sistema de organización territorial completamente opuesto: centralismo frente al Estado de las autonomías. Pero ambos países afrontan problemas similares. Para ser uno de los Estados más desarrollados del mundo, Francia invierte poco en Justicia en relación con los países de su entorno.

Además, una serie de desgraciados sucesos en los dos últimos años ?violadores o pederastas liberados que reincidieron en sus crímenes? crearon un ambiente parecido al que se vio en España tras el caso Mari Luz: puesta en tela de juicio de la organización judicial, sed de Justicia y un Ejecutivo que se decide por fin a emprender las necesarias reformas.

Tras su elección como presidente de la República, en mayo de 2007, Nicolas Sarkozy ?de la mano de la ministra de Justicia, Rachida Dati? ha puesto en marcha un plan de renovación tecnológica que tratará de facilitar el acceso vía internet a los expedientes judiciales. Además, está en plena reforma la Carte Judiciaire, el equivalente a la Ley de Planta y Demarcación española, que es la que decide en qué lugar se establecen qué tribunales.

Estos dos objetivos ?nuevas tecnologías y racionalización de recursos mediante la reforma de la Ley de Planta? son precisamente los mismos que plantea el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo ?ver EXPANSIÓN del 6 de junio?. Sin embargo, las reformas en España están pendientes de un gran pacto entre el PP y el PSOE, mientras que en Francia ya han comenzado.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Estados Unidos

2009-05-04T09:12:00.004+02:00

EEUU Un sistema caro y extremadamente litigioso.

La complejidad de la Justicia norteamericana la hace demasiado costosa para muchos ciudadanos en la vía civil, al tiempo que la celeridad es similar a la española.

“Díganle a mi familia y a mis amigos que los quiero. Díganle al gobernador que acaba de perder mi voto. Y aceleren todo esto: me muero por salir de aquí”. Tal y como demandaba en sus últimas palabras, Christopher Scott Emmett no tuvo que esperar mucho más para salir de ahí: sólo los minutos que tardó en hacer efecto la dosis letal que le inyectaron en una cárcel de Virginia. Convicto del asesinato de un compañero de trabajo, Emmett es hasta hoy el último de la larga lista de ejecutados por el sistema de Justicia en Estados Unidos.

La pena capital, que se sigue aplicando en más de una treintena de los 50 estados del país, representa la cruz de un sistema judicial enormemente complejo ?hay tantas jurisdicciones como estados, con sus diversos modos de elección de jueces, fiscales y sus propias leyes en todos los ámbitos?, pero que destaca por dos características fundamentales: el alto precio de los procedimientos y la extrema litigiosidad.

Según todos los expertos, la celeridad de la vía civil es similar a la española. Pero, para las empresas, “es inmensamente más costoso litigar en EEUU que en España”, asevera Camilo Cardozo, asociado senior de DLA Piper en Nueva York. Y la clave está en el procedimiento probatorio civil, conocido como discovery. “Cuando presentas una demanda, el demandado está obligado a entregar al demandante todos lo documentos que guarden relación con el sujeto del litigio”, afirma. Esto puede incluir emails internos de la compañía y un sinfín de papeles que cuesta caro obtener. Además, “el demandante tiene derecho a interrogar al demandado o a testigos. Y estas declaraciones tienen valor probatorio durante el juicio”, asegura el letrado, con ocho años de experiencia en litigios en la capital financiera del mundo.

A la complejidad del procedimiento se une el hecho de que gran parte de su peso recae sobre los abogados. “El salario de los letrados por hora facturada es similar o un 20% mayor que en España”, explica Albert Garrofé, socio director de la oficina en Nueva York de Cuatrecasas. Sin embargo, “facturan muchas más horas”, porque son “los abogados los que dirigen el proceso”, subraya.

No es de extrañar, pues, que un porcentaje muy bajo de las demandas acaben en juicio. “Alrededor del 90% de los procesos se solucionan antes de la sentencia, mediante acuerdo.”, indica Garrofé. Como en EEUU no hay condena en costas y, por lo tanto, hay que asumir unos costes legales elevados en cualquier caso, es preferible llegar a “un mal acuerdo que tener un buen juicio”, ratifica el abogado de Cuatrecasas. Antonio Herrera, el socio director de la oficina en Nueva York de otro de los grandes bufetes españoles, Uría Menéndez, se muestra de acuerdo: “Las empresas toman decisiones económicas. Por lo general, llegan a un acuerdo sin asumir ningún tipo de responsabilidad”.

La carestía del acceso a la Justicia es precisamente uno de los aspectos más criticados del sistema estadounidense. En la vía penal, todo acusado goza del derecho a un defensor de oficio, pero no ocurre lo mismo en la vía civil. Sin embargo, hay numerosos letrados que asumen los costes iniciales del procedimiento a cambio de una remuneración elevadísima (de hasta el 30% o más del total) en caso de victoria judicial. Se trata de los abundantes casos por responsabilidad extracontractual ?ver gráfico?, cuyas indemnizaciones pueden ser astronómicas, puesto que el juez puede imponerlas no sólo para resarcir el daño, sino con afán ejemplificador, lo que se conoce como punitive damages.

Pero las principales críticas al sistema norteamericano van dirigidas contra la jurisdicción penal, según Luis García del Río, del bufete homónimo. “Se ve con cierta preocupación la seguridad jurídica en el ámbito penal ya que el número de condenas conseguidas puede actuar como factor de prestigio en la carrera política de los fiscales, como en el caso del ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer”, afirma.

La elección de los jueces: del voto popular al mérito
Desde 1829, el sistema básico de elección de los jueces estatales es el del voto popular: los candidatos ?apoyados por diferentes partidos políticos? compiten en las urnas por la plaza. A partir del siglo XX, se intentó la elección sin que los jueces se identificaran con ningún partido, pero en la práctica resultó difícil.

En 1940, Missouri adoptó un sistema diferente, que fue adoptado por otros estados: el gobernador nombraba al juez a partir de una serie de candidatos presentados por un panel de expertos. Estos sistemas sobreviven hoy, junto al nombramiento directo por el gobernador o el legislativo, que se da en unos pocos estados.

Fuente:www.expansión.com

ARAGON. Aumenta la retribución de Abogados y Procuradores.

2009-05-04T09:00:00.002+02:00


La retribución de los abogados y procuradores de oficio aumentará un 15% este año

En Aragón trabajan cerca de 1.000 abogados y procuradores de oficio. Por ello, el Ejecutivo autonómico y el Colegio de abogados y procuradores han firmado un convenio en el que aumentará un 15% la compensación económica por su trabajo, ya que no se revisaba desde 2005. Esta mejora laboral tiene un coste de 4 millones de euros.

4/5/2009. Zaragoza.- Cerca de 1.000 abogados y procuradores que prestan asistencia jurídica gratuita por el turno de oficio verán incrementados en un 15% sus compensaciones económicas este año. Para 2010 se aplicará una subida de un 5% y una actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC), y para 2011 continuará la actualización del IPC.

Todas estas “mejoras laborales” se encuentran en el acuerdo firmado este lunes por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior de la Diputación General de Aragón, Rogelio Silva, y los presidentes del consejo del Colegio de Abogados y Procuradores de Aragón, José Ignacio Gutiérrez Arrudi y Luis Ignacio Ortega.

El consejero Silva ha señalado que este acuerdo “es muy importante”, ya que la justicia gratuita se venía trabajando con unos módulos de compensación desde 2005 sin ningún tipo de revisión. Por ello, Silva se ha felicitado que “gracias a la proximidad -en relación con la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de Aragón- se ha arreglado esta compensación económica”.

Rogelio Silva ha resaltado que con este acuerdo “se ayuda también a las personas sin recursos económicos que recurren a los abogados y procuradores de oficio porque no pueden remunerar servicios como éstos”. Además, ha puntualizado que dentro del ámbito de la Justicia es “el servicio mejor valorado”.

El presidente del Consejo del Colegio de Abogados ha destacado que un tercio de los abogados se dedica a estas prestaciones judiciales y que la mayoría de ellos tienen una experiencia de 15 y 17 años, por lo que “los 250 euros de retribución media es muy simbólico”.

Además de las cuestiones económicas, el convenio recoge el compromiso de los Consejos de los Colegios de Abogados y Procuradores de Zaragoza, Huesca y Teruel para colaborar en la organización y funcionamiento de los medios al servicio de los distintos juzgados, secciones y salas de la Administración de Justicia en Aragón. A estos efectos, los Consejos de los Colegios firmantes presentarán las iniciativas, medidas de corrección que consideren oportunas y, en su caso, las quejas y sugerencias que respecto de la atención a los profesionales y a los ciudadanos puedan formularse en el ámbito competencial de esta Comunidad Autónoma.

Asimismo, el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior se compromete a adoptar todas las medidas materiales que puedan facilitar el desarrollo de la actividad de Abogados y Procuradores, en especial, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y aplicativos informáticos de titularidad ministerial o de la propia Comunidad Autónoma, así como la optimización y compatibilización de las herramientas informáticas que estos Colegios puedan tener desarrolladas.

Para el seguimiento de este convenio ambas partes podrán crear una Comisión Mixta integrada por cuatro representantes de la Comunidad Autónoma designados por el consejero competente en materia de Administración de Justicia, de una parte, y dos representantes de cada uno de los Consejos de Abogados y Procuradores firmantes.

Fuente:www.aragondigital.es

ANDALUCÍA. Los Juzgados de Menores acumulan trabajo a pesar de la reducción de asuntos pendientes en 2008.

2009-05-04T08:54:00.002+02:00

ABC. GRANADA

Publicado Sábado, 02-05-09 a las 14:16

El número de asuntos pendientes de resolución en los diecisiete Juzgados de Menores existentes en Andalucía, Ceuta y Melilla se redujo en un dos por ciento el año pasado respecto al ejercicio anterior, ya que la pendencia bajó en 130 casos.

Según los datos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al inicio de 2008 los juzgados dedicados a menores acumulaban una pendencia de 5.452 casos penales, mientras que al cierre del año esa cifra fue de 5.322 asuntos.

En total, estos juzgados ingresaron el año pasado 8.451 asuntos penales nuevos, lo que supone un cinco por ciento más que el año anterior mientras que el número de casos resueltos ascendió a 8.577, unos trescientos menos que en 2007.

Se dictaron 5.128 sentencias penales (siete de cada diez de conformidad con el acusado) y 9.166 autos contra 6.811 menores que, según los datos del TSJA, tienen en su mayoría entre 16 y 17 años.

Las medidas impuestas en sentencia fueron mayoritariamente de libertad vigilada, con el 38 por ciento de los casos, mientras que la prestación de servicios en beneficio de la comunidad supuso un 22 por ciento del total y el internamiento en régimen semiabierto, el diez por ciento.

Además, el TSJA recuerda que la recomendación del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el módulo de entrada para estos juzgados en 650 asuntos por año y establece que están al límite cuando, sobre un registro de 650 asuntos, en al menos 450 hay escrito de alegaciones fiscales y en 350 piezas civiles se ha dado pieza formal al procedimiento.

Con estas recomendaciones, el alto tribunal andaluz advierte de que los juzgados de Almería, Córdoba y Cádiz superan la cantidad establecida por el CGPJ "de manera más notable" en un 52, un 33 y un 16 por ciento, respectivamente.

Por encima del 30 por ciento y superando el margen de 450 escritos de alegaciones fiscales y 350 piezas civiles figuran Almería y Córdoba, por lo que se considera necesaria la creación de dos nuevos Juzgados de Menores en estas dos provincias y adelanta que en Córdoba ya está prevista la creación del juzgado número 2 este año.

Por otra parte, se registraron 263 asuntos civiles independientes y quedaron pendientes de resolución un total de 12.658 piezas de responsabilidad civil, de las cuales el veinte por ciento están pendientes en la vía penal y el 66 por ciento, en la civil.

Fuente:abcdesevilla.es

OVIEDO. Se abre un punto de información catastral en la sede del Colegio de Abogados

2009-05-04T08:43:00.003+02:00

El Colegio de Abogados abre un punto de información catastral en su sede.

El decano explica que facilita la labor de los letrados y «descongestiona» la oficina de la dirección general.

04.05.09 -P. ALVEAR| OVIEDO.

Evitar paseos, colas innecesarias y disponer de la información al momento. Éste es el objetivo del nuevo punto de información catastral que ha abierto el Ilustre Colegio de Abogados, en la calle Schultz. Su decano, Enrique Valdés Joglar, ha firmado un convenio con Ángel Manuel Álvarez Capón, director general del Catastro, para que cualquier letrado tenga al alcance la consulta y certificación telemática de la información incorporada a la base de datos nacional del catastro. El punto de información está gestionado por el propio colegio.

«Con este avance, los profesionales podrán disponer de los datos del catastro sin tener que desplazarse a las oficinas centrales. Es sobre todo importante para los colegiados que no residen en la capital y que, a lo mejor, vienen un día por semana al colegio, y aprovechan para sacar la información», explicó Valdés Joglar, quien añadió que la dirección general está interesada en afianzar relaciones con otras entidades para «descongestionar» el trabajo en sus dependencias.

En su quehacer diario, los profesionales del Derecho deben consultar a menudo el catastro, y sobre todo los letrados del turno de oficio. «Es la manera que tienen de acreditar la escasez de recursos de un justiciable, porque a través del catastro se comprueba si tienen terrenos o pisos a su nombre». Estos datos están protegidos, pero la vía está abierta para el colectivo.

De hecho, para la asistencia jurídica gratuita, el colegio recibirá telemáticamente, sin solicitar el consentimiento del titular catastral, la información requerida para la tramitación de la asistencia al turno de oficio.

Los letrados que integran el servicio (más de 700 en Oviedo), en ocasiones se eternizan en cuestiones burocráticas a la hora de afrontar la defensa de un cliente que solicita la justicia gratuita. Con el punto de información catastral, los profesionales sabrán al momento si el justiciable realmente no tiene medios económicos para pagar a un abogado.

Fuente:www.elcomerciodigital.com

TARRAGONA. La crisis económica ingrementa un 20% las demandas de un Abogado de Oficio.

2009-05-02T12:26:00.000+02:00

La crisis hace aumentar un 20% las peticiones de abogado de oficio.

La crisis económica, junto con la promulgación de nuevas leyes que incrementa los casos en que es necesaria la participación de un abogado en el proceso, están provocando un aumento del 20% de las peticiones de justicia gratuita en los juzgados de Tarragona, El Vendrell y Valls

Àngel Juanpere - 02/05/2009 22:00

Actualmente, casi la mitad de los abogados en ejercicio pertenecientes al Col·legi d’Advocats de Tarragona –que da cobertura a los partidos judiciales de Tarragona, El Vendrell y Valls– está apuntado al turno de oficio en alguna de sus modalidades. Y no lo hacen por el dinero. El coordinador de la Comissió del Torn d’Ofici, Celestino Rivera, reconoce que lo que cobra el abogado del turno de oficio es poco, «está bastante alejado de la realidad». El objetivo para él es conseguir algún día que el baremo que marca la Generalitat sea similar a lo que cobra un letrado en su despacho particular.

Rivera asegura que un abogado del turno de oficio cobra la mitad que si lo hiciera por la vía privada. Por un caso de alcoholemia positiva, el letrado recibe 382,78 euros, mientras que un despacho suele cobrar unos mil. «Prestamos un servicio esencial, básico y constitucionalmente garantizado sin que esté retribuido en igual proporción que otros profesionales, como los médicos de la Seguridad Social», asegura el abogado Francesc Fuster.

De la misma opinión es su colega Lourdes Guivernau: «Se tiene que invertir mucho tiempo y trabajo que no se paga ni con los mínimos establecidos en el baremo que aplica el Departament de Justícia». Por ejemplo, los abogados del turno de oficio no cobran las ruedas de reconocimiento, entradas o registros de madrugada y otras diligencias penales. Por ello, Guivernau asegura que la justicia es la hermana pobre de la administración, «con menos recursos y más descuidada».

El responsable del turno de oficio comenta que la Generalitat hace un esfuerzo, pero como mínimo tiene que subir las tarifas igual que el IPC. Actualmente, reconoce Celestino Rivera, la Generalitat paga con bastante celeridad, algo que corroboran los abogados consultados. Algunos pero, creen que de seguir este ritmo, antes de final de año la Generalitat se quedará sin dinero.

Más volumen de trabajo

Durante el año pasado se recibieron un total de 12.284 peticiones para tener un abogado de oficio. En los tres meses de este año han sido 3.350, frente a los 2.788 del mismo periodo de 2008. Ello representa un incremento del 20,2 por ciento, según apunta Carme Queralt, la secretaria técnica del Torn d’Ofici.

Por lo que respecta al número de actuaciones –donde se recoge tanto a los detenidos como por ejemplo a las víctimas de violencia doméstica– el año pasado fueron 8.879, frente a las 7.656 de 2007 o las 7.600. En el primer trimestre de este año ya se han efectuado 2.251, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 2004, un 12,3 por ciento menos.

Fuente:www.diaridetarragona.com

ENTREVISTA. Rubén González

2009-05-02T10:32:00.001+02:00

Cualquier cambio en el ordenamiento jurídico debe hacerse con la cabeza fría y serenidad» «La justicia funciona sólo por inercia y por el tesón de los profesionales que trabajan para ella día a día»

POR: ROMÁN GARCÍA ÁNGEL GONZÁLEZ.

El abogado Rubén González Sierra se está abriendo paso, poco a poco, en el camino de la abogacía. No trabaja en una rama específica del Derecho intentando, de esa forma, dar un servicio completo al cliente particular que acude buscando su ayuda y a quien busca su consejo dentro del servicio de asistencia gratuita del turno de oficio.

-¿Qué es lo que mueve a un joven a empezar la carrera de derecho?

-La inquietud y las ganas de buscar alternativas a los temas que te encuentras en tu vida diaria. Cuando eres joven, surgen esas necesidades de no dar nada por supuesto y de buscar la justicia a través del derecho que te empujan hacia estos estudios. Siempre me ha seducido situarme ante un juez y jugar a ser culpable e inocente, colocarme en todas estas situaciones. La verdad no es una, pueden ser varias, las cosas no son blancas ni negras, hay una amplia gama de grises y en ese ámbito es en el que se mueve el abogado.

-El ministro de Justicia habla de dar más importancia a los fiscales en la investigación de los casos. ¿Se debe dar este paso?

-La intervención de cada una de las partes que conforman el juego jurídico está bien delimitada ya por las leyes procesales en vigor. Cada uno tiene que tener su campo de trabajo. Dar protagonismo a una de las partes en defecto de otras no es para nada apropiado. Las competencias del ministerio fiscal ya están suficientemente fijadas en las leyes actuales, y atribuirles más competencias obedece al intento de ocultar otro tipo de problemas y carencias que no se resuelven de la noche a la mañana.

-¿Es duro con el delincuente el ordenamiento jurídico español?

-La justicia es dura porque todos podemos ser víctimas de la misma. Endurecer las penas es una labor que corresponde a nuestros legisladores. Los abogados, procuradores, jueces y fiscales únicamente se limitan a utilizar o interpretar la ley que se les impone. En todo caso, es preciso distinguir el tipo de delito; quizás algún tipo penal precisara un mayor endurecimiento, por ejemplo los delitos informáticos o los que atentan contra la seguridad en el trafico. Eso sí, cualquier endurecimiento del ordenamiento jurídico debe hacerse con la cabeza fría, sin dejarse llevar por apasionamientos o alarmismos sociales, y desde la serenidad. Las leyes las tenemos, pero precisamos de medios para que el engranaje judicial permita hacerlas mas eficaces. Porque una justicia lenta no es justicia.

-¿Qué le pasa a la justicia, que soporta tantas huelgas?

-La justicia no dispone de medios. El engranaje judicial funciona por inercia y por el esfuerzo personal de los que nos dedicamos a esto. En cualquier caso, Asturias tiene una de las administraciones más eficientes, pero no es sino el resultado del esfuerzo humano, del tesón y de la dedicación de jueces, fiscales , funcionarios, letrados, procuradores y de todos cuantos trabajamos en ella en el día a día. No es posible que un Juzgado esté tramitando un asunto sin saber que el juez de la puerta de al lado tiene un caso similar con el mismo acusado, o que los Juzgados no tengan posibilidad de intercambiar información con otras localidades. Justicia sigue siendo la hermana pobre. Las huelgas, por eso, obedecen a este malestar y a esa falta de entendimiento con la Administración, que hace oídos sordos y que, lamentablemente, de vez en cuando se lleva las manos a la cabeza.

-¿Y las reivindicaciones de los abogados cuáles son?

-Nosotros también hemos protestado durante este año en el que nos hemos puesto de huelga en varias ocasiones para reivindicar mejoras en el turno de oficio. Esas reivindicaciones aún continúan, aunque de otra manera. Hay que dignificar el turno y para ello eliminar las trabas burocráticas que hacen más difícil la atención al ciudadano. Cualquier protesta ha de hacerse desde el respeto mutuo, sin descalificaciones, entendiendo todas y cada una de las posturas. Reivindicamos cobertura sanitaria, mejora de las retribuciones, la eliminación de las trabas burocráticas y una más prontitud en los pagos de los devengos del turno.

-¿Tiene esperanza de lograr algo?

-Confío plenamente en que algo se consiga. Los grandes logros llevan su tiempo, pero con insistencia lo acabaremos consiguiendo, siempre dentro de la cordialidad y del diálogo entre todos los agentes sociales implicados en este problema.

-Se habla mucho del atasco judicial pero, ¿cuáles son las causas que lo han generado y lo mantienen?

-El atasco judicial llega de la mano de la falta de medios, pero también tiene un papel muy importante el proceso judicial, que en ocasiones es muy largo e implica muchísimo papeleo engorroso y dilata los plazos. También es cierto que la justicia, a día de hoy, se lleva gran parte de los aspectos de la vida, de modo que todo se está judicializando. Se hace un uso excesivo e innecesario de las demandas y de las denuncias. Recurrimos a los juzgados para todo, incluso para cosas que se podrían arreglar por medios extrajudiciales como el arbitraje de consumo o la mediación familiar.

-¿Cuál es la imagen actual que tiene del abogado la sociedad?

-Sin lugar a dudas, la profesión de abogado ya no tiene la misma valoración que tenía antes. Las razones no alcanzo a entenderlas. Es obvio que la imagen del abogado se ha deteriorado. «Ser abogado no es saber derecho, sino conocer la vida», como decían los teóricos. Hoy en día el abogado debe ser un obrero del derecho, por y para el cliente; el abogado es para el cliente y no al contrario, y debemos hacer un gran esfuerzo por acercarnos más a los ciudadanos que nos lo demandan. El oficio de abogado, además, no se aprende en las escuelas. El buen abogado se forja de una manera casi autodidacta a base del trabajo diario. No hay una escuela, por así decir, que enseñe a ser abogado ni a comportarse ante un tribunal. La Escuela de Práctica Jurídica ayuda pero, a mi juicio, se pierde mucho en la teoría y no ofrece excesivos ejemplos prácticos.

-¿Qué sintió cuando se puso por primera vez ante un tribunal?

-Respeto hacia mi profesión y admiración hacia las personas que concurrimos al mismo: jueces, fiscales y letrados. Además de consideración hacia mi cliente y hacia mi contrario, dado hay que cumplir objetivos y defender al cliente con todos los medios posibles sin que el enfrentamiento salga de la sala de vistas. No debe dejar de ser un pacto entre caballeros; jamás el victorioso recuerda su triunfo al derrotado.

-¿Se defiende igual al cliente de pago que al de oficio?

-En mi despacho, y seguramente en cualquier otro, se trata por igual a gente que viene con el dinero por delante que a aquellos que carecen de recursos económicos y se ven obligados a acudir al turno de oficio. Si queremos que el turno de oficio se dignifique, tenemos que empezar nosotros mismos por hacerlo.

Rubén González Sierra es abogado. Se licenció en Derecho y cuando acabó sus estudios no tenía excesivamente clara su vocación. A pesar de ello, la pasantía le hizo saborear las ventajas de su trabajo y se enamoró de la abogacía. Sus primeros pasos profesionales los dio en Avilés, en donde conoció los quehaceres diarios de un abogado. Tras cinco años de pasantía y con experiencia bajo el brazo, llegó a Gijón, en donde se estableció en su propio despacho, en el que trabaja a día de hoy.

Fuente:www.lne.es

2009-05-01T08:49:00.002+02:00

Critica el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería

EL Colegio de Abogados de Barcelona denuncia que el Gobierno "desoye" al Constitucional

Foto: CEP

Afirma que el anteproyecto "vulnera los derechos de los menores" y "criminaliza" al conjunto de los extranjeros

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Barcelona ha advertido de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería "desoye el mandato" del Tribunal Constitucional, que en una sentencia sobre la legislación en vigor reconoció el derecho de los inmigrantes en situación irregular a la educación no obligatoria.

En un informe recogido por Europa Press, la Comisión de Defensa de la institución denuncia que "cuando el cumplimiento de esta sentencia es uno de los motivos alegados por el Gobierno para llevar a cabo la reforma que propone", el Ejecutivo "obvia" el mandato y "requiere nuevamente la residencia para los mayores de 18 años en el acceso a la enseñanza no obligatoria".

El trabajo, elaborado con el fin de generar el "necesario debate" sobre la reforma, señala también un "retroceso" en la configuración del derecho a la vivienda, porque mientras la actual Ley de Extranjería garantiza el derecho de acceso al sistema de ayudas públicas de los residentes legales en igualdad de condiciones, el anteproyecto del Gobierno "sólo" lo reconoce para quienes llevan más de cinco años viviendo en España de forma legal y continuada.

Otra de las cuestiones que más preocupan a la abogacía barcelonesa es la modificación planteada en materia de postulación procesal. Con el redactado actual del texto, para recurrir una orden de expulsión el inmigrante deberá comparecer personalmente ante el juez, lo que según el informe, generará "una grave situación de indefensión" para los extranjeros que ya hayan sido expulsados o para quienes no tengan contacto con el abogado que los asistió en comisaría.

En cuanto a la limitación de la reagrupación familiar al ámbito nuclear (cónyuge e hijos menores o "incapaces"), el informe concluye que con esta restricción el legislador "no respeta, entre otros, los principios rectores de la política social y económica y jurídica de la familia recogidos en el Artículo 39 de la Constitución Española". Además, al fijar la incapacidad como requisito para reagrupar a hijos mayores de 18 años, impone el "obstáculo" de requerir una certificación de la misma en el país de origen.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Una de los aspectos del anteproyecto que más críticas suscitan en el informe es la gestión que propone de los menores inmigrantes que llegan a España de forma irregular sin compañía de un adulto. Para el Colegio de Abogados de Barcelona, el texto del Gobierno "vulnera el derecho del menor a que se observe primero su interés superior" al tener como "principal objetivo" la repatriación.

Además, en virtud del anteproyecto, "sólo se tendrá en cuenta el interés superior del menor a los efectos de la repatriación, por lo que la inconstitucionalidad es muy relevante" y "sólo se prevé el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos administrativos de devolución, retorno o expulsión, olvidando las repatriaciones (...) y vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva", señala el informe.

CRIMINALIZACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

El informe describe otros aspectos "preocupantes" derivados de "la criminalización constante de la condición de inmigrantes que inspira todo el texto normativo, en el que se parte de una presunción de culpabilidad respecto al ciudadano no nacional". Así, critica la ampliación del plazo de retención de extranjeros previa expulsión, y las tipificación de "conductas que desde el punto de vista de su propia y específica normativa no son sancionables".

En este sentido, denuncia que el Gobierno ampara "gran parte del régimen sancionador en conceptos sin definición legal que abren la puerta a actuaciones con un gran margen de discrecionalidad que pueden avalar actuaciones arbitrarias de difícil o imposible control".

-. Firma: IVE .-

Fuente:www.europapress.es

CORDOBA. El presidente de la A.P.C. y la junta sectorial de jueces discrepan en el número de Juzgados de nueva creación.

2009-04-29T19:39:00.008+02:00

Baena plantea crear un juzgado de Primera Instancia mientras los jueces reclaman seis

Miércoles, 29-04-09.P. GARCÍA-BAQUERO.

CÓRDOBA. El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, afirmó ayer durante la presentación de la memoria del TSJA correspondiente a 2008, que la Justicia en la provincia no acumula retrasos, sólo fluctúa. Baena sólo reconoció, tal y como refleja el texto publicado el pasado lunes, que sería necesaria la creación de un nuevo Juzgado más de Primera Instancia y un segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Nada que ver con la percepción de la junta sectorial de jueces de Primera Instancia que acordó recientemente instar tanto al TSJA como al Consejo General del Poder Judicial la creación «urgente» de seis nuevos ju zgados de esta materia en la provincia ante la «sobrecarga» de trabajo. De hecho el pasado ejercicio soportaron el doble de la carga de trabajo establecida por el CGPJ. Los jueces de Primera Instancia alertaron entonces que si continuaba el aumento de asuntos, tal y como sucedió en los dos primeros meses de este año, al acabar 2009 se superará el 225 por ciento de la carga de trabajo.

La situación de colapso también salpica al resto de materias como el Juzgado de Menores, pero como adelantó Baena, ya se busca un emplazamiento para la creación de un segundo Juzgado para este año, aunque no será, dij o, antes de verano. Baena avanzó que también está previsto para este año la creación un Juzgado número 3 de Posadas.

Y sería conveniente, apreció el presidente de la Audiencia durante la presentación de la memoria del TSJA, «aunque aún no está decidida, la creación» de dos Juzgados más de lo Social, dada la incidencia de la crisis y uno más de Vigilancia Penitenciaria ya que se prevé uno cada 1.000 internos y en Córdoba hay 1.810.

Sin embargo, el presidente de la Audiencia mantiene que sería «ideal», aunque bajo criterios económicos y optimización presupuestaria, la creación sólo de un nuevo órgano de Primera Instancia, con el objetivo de que el actual Juzgado de lo Mercantil limite su actividad a asuntos jurídicos de esta índole. Sin embargo, aunque se cree un décimo juzgado, al liberal de asuntos civiles el de lo Mercantil, el resto de materia civil ha llegado a engrosar más aún al resto de juzgados. De ellos, dos exclusivos para familia.

«Juzgados aliviados»

De hecho, Baena reconoció que la creación el pasado año del Juzgado de Primera Instancia número 10 «no ha sido suficiente» para paliar esta carga. Sí lo han sido, puntualizó Baena, la puesta en marcha del Juzgado de lo Penal número 5, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, ambos han quedado con un volumen de asuntos por debajo de los módulos recomendados por el CGPJ.

Por otro lado, una de las apuestas de Baena ha sido incrementar con dos magistrados y secretarios más la plantilla de la Audiencia de modo que existan doce jueces que se pueden dividir en cuatro secciones con lo cual se especializarían dos en asuntos penales y otros dos en civiles. Aún así, la Audiencia Provincial registró en 2008 un volumen total de 2.341 asuntos penales y 1.195 civiles un trabajo similar a la de años anteriores resueltos en un 96%.

Fuente:www.abc.es

BALEARES. El Colegio de Abogados de Balerares abre un debate sobre la pena privativa de libertad.

2009-04-29T19:28:00.002+02:00

El Colegio de Abogados aboga por alternativas "más eficaces" que la prisión para solventar los problemas de criminalidad.

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares recalcó hoy la necesidad de aplicar penas alternativas al ingreso en prisión para castigar los delitos relacionados con la criminalidad, al considerar que la privación de libertad "no solventa" los problemas de este tipo de delincuencia sino que su interposición "tiene límites" más allá de los cuales esta medida "deja de ser útil para ser más bien contraproducente".

Así lo manifestó hoy uno de los miembros de la Comisión, Antoni Vicens, en base al informe sobre la 'Orientación actual en materia de política criminal', presentado esta mañana, en el que este órgano del Colegio de Abogados denuncia el aumento "exacerbado" de las penas de cárcel "como única respuesta a los delitos que causan alarma social", sin reflexionar sobre la utilidad "real" de alternativas "más eficaces" en el control de las tasas de criminalidad, tanto en Baleares como en el conjunto del Estado.

Durante su intervención, Vicens, acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Francesc Riera, aludió a otras medidas que "pueden adecuarse mejor a la naturaleza de los delitos cometidos", como la retirada del carnet de conducir, del permiso de armas, los trabajos en beneficio de la sociedad -que "bien gestionados son tremendamente útiles"-, la pena de confinamiento o la mediación de conflictos.

A juicio del letrado, estas penas "tienen poder de expandirse sin miedo de que el Código Penal pierda su eficacia", al tiempo que hizo referencia a los distintos costes que conlleva la privación de libertad, como los económicos directos e indirectos, y los sociales. Tal y como manifestó, decretar una pena "no adecuada" al delito "provoca el peligro de que aumente la criminalidad", al aseverar que "las cárceles quedarán saturadas y las herramientas de rehabilitación de los internos perderán por ello eficacia".

"Es necesario acreditar que la prisión tiene limitaciones y pensar que solventa los problemas de criminalidad es ingenuo", por lo que consideró que esta pena "merece una reflexión mucho más profunda sin contaminaciones ideológicas", toda vez que debe ser reservada para aquellos casos en los que se constate un fracaso de la prevención especial o para los delitos considerados más graves.

"EROSIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES"

En su opinión, la sociedad civil, además, "parece indiferente ante la erosión de derechos individuales" y la opinión pública "se ha instalado el error de que el logro de la seguridad colectiva se encuentra en relación inversa con el respeto a los derechos fundamentales y sus garantías".

Otro de los puntos que criticó Vicens en su discurso es la "idea arraigada" de que el derecho penal de garantías es incompatible con la seguridad ciudadana y de que "no permite alcanzar niveles óptimos de seguridad", al contrario que en 1978, cuando "suponía un espacio de tranquilidad hacia la posible ingerencia sobre los derechos fundamentales de las personas".

En su informe, la Comisión insta asimismo a los poderes públicos a fomentar la investigación científica tanto sobre la delincuencia como sobre la criminalidad, a fin de contar con los modelos teóricos necesarios que permitan diseñar programas de intervención político criminal, sustentados sobre "bases racionales antes que sobre presupuestos ideológicos", y a establecer los medios e incentivos necesarios para implicar activamente a los privados de libertad en su propio proceso de reinserción social.

Fuente:www.europapress.es

CORDOBA. El presidente de la APC a favor de una reforma de los partidos judiciales

2009-04-29T19:02:00.005+02:00

Baena plantea cambiar la normativa para crear un juzgado las 24 horas

El presidente de la Audiencia Provincial propone una "comarcalización" de los partidos judiciales para especializar a los jueces de los pueblos en algunos temas

A. Alba | Actualizado 29.04.2009 - 01:00

Eduardo Baena posa para los fotógrafos con una copia de la memoria anual del TSJA.

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, propuso ayer que la solución para que la ciudad cuente con un Juzgado de Guardia activo durante las 24 horas del día pasa por cambiar la normativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Baena informó de que Córdoba cuenta con siete Juzgados de Instrucción y que la normativa del CGPJ prevé la creación de unas guardias durante las 24 horas una vez que una ciudad cuente con ocho órganos de este tipo. Por eso, y teniendo en cuenta que no está previsto la creación de una Instrucción número 8, Baena planteó cambiar el reglamento del poder judicial para casos especiales como el de Córdoba: una ciudad de más de 325.000 habitantes en la que en determinadas horas no hay un Juzgado de Guardia disponible.

Eduardo Baena coincidió con los sindicatos en que este servicio es necesario en Córdoba, sobre todo para "beneficiar la coordinación" con la Policía Judicial, que también ha mostrado su malestar y problemática para desarrollar su trabajo con eficacia en los momentos en los que la ciudad carece de Juzgado de Guardia. Los sindicatos han convocado una protesta a las 10:00 de hoy en las puertas del Juzgado de Guardia de la Audiencia Provincial para exigir la creación de un órgano durante las 24 horas. La Junta de Personal de los Órganos de la Administración de Justicia asegura que el actual sistema de guardias no se adapta a la realidad actual cordobesa. Según los sindicatos, "la gran actividad judicial desborda a diario el Juzgado de Guardia, con jornadas laborales diarias de una media de 12 horas durante los ocho días de duración de las guardias, se incrementa mucho los fines de semana", ya que este órgano asume la competencia en materia de violencia contra la mujer.

El presidente de la Audiencia Provincial presentó ayer la memoria de actividad que el lunes hizo pública el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y reconoció que la situación es "alarmante" en los juzgados de Primera Instancia por culpa de la crisis económica y analizó la situación en las sedes de los pueblos, con especial saturación en Lucena y Posadas. Eduardo Baena planteó la necesidad de modificar el actual sistema de partidos judiciales y propuso una especie de "comarcalización" con la que algunos juzgados se encargarían y especializarían en temas como violencia contra la mujer o familia. El objetivo de esta propuesta es evitar saturaciones y resolver de una manera eficaz "esas materias comunes". Para el presidente de la Audiencia Provincial, esta nueva demarcación judicial debería llevarse a cabo "a corto plazo" y pensar en una reforma mucho más profunda de los partidos judiciales a largo plazo. Baena reconoció que esta modificación provocará "tensiones políticas" entre municipios.

Fuente:www.eldiadecordoba.es

CORDOBA. Se pide un Juzgado de Guardia 24 horas.

2009-04-29T18:56:00.002+02:00

Más de un centenar de trabajadores de la Audiencia piden un juzgado de guardia 24 horas

29/04/2009 REDACCIÓN.

Más de un centenar de trabajadores de la administración de Justicia en Córdoba se han manifestado hoy para denunciar que el actual sistema de guardias está "obsoleto" y para pedir un juzgado de guardia que establezca un turno de 24 horas con el que ofrecer un mejor servicio y mejores garantías jurídicas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el vicepresidente de la Junta de Personal de Justicia, Vicente Bailina, quien ha explicado que esta concentración responde a la necesidad que tiene Córdoba de contar con un servicio ininterrumpido de guardia para conseguir un sistema público que beneficie a la población y a los trabajadores.

Por ello, ha pedido que se conceda un juzgado de guardia de 24 horas tanto para que las personas detenidas puedan ser puestos a disposición judicial con la debida celeridad como para que los trabajadores de los juzgados puedan disfrutar de una jornada laboral equilibrada.

En ese sentido, ha indicado que Córdoba necesita este servicio, que ya está instalado en Málaga, Sevilla y Granada, ya que una jornada de mañana y tarde es insuficiente para dar cobertura a la gran carga laboral que soportan los juzgados.

Según Bailina, la posibilidad de establecer un turno de guardia de 24 horas es competencia del Ministerio de Justicia, que debe tener en cuenta que tanto Policía Judicial, como jueces, procuradores y abogados coinciden en que esta cuestión ayudaría a conseguir un servicio más eficaz.

"El mayor de los problemas es que el horario de guardia establecido en Córdoba es inadaptable hasta para la propia policía", ya que, una vez acabadas las diligencias policiales, los detenidos pasan a disposición judicial, y esto afecta a los trabajadores que estén de guardia, que pueden ver sobrepasada la jornada laboral que le corresponde.

Por tanto, ha subrayado que la solución pasa por establecer un turno de guardia de 24 horas en el que cada día vaya rotando personal nuevo, y en el que los trabajadores que cubran la noche puedan descansar al día siguiente.

Fuente:www.diariocordoba.com.

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA O VOLUNTARIA. Los colegios profesionales en el punto de mira.

2009-04-29T18:49:00.002+02:00

La 'ley paraguas' no protege de la tormenta a los Colegios Profesionales

Las medidas aprobadas por Economía que reforman el sector servicios abren el debate sobre la colegiación voluntaria

Beatriz Lorenzo.- La conocida como 'ley paraguas' hace honor a su nombre y trata de mantenerse desplegada en medio del temporal. Unión Profesional, la entidad que en España aglutina a más de 1.000 colegios profesionales y casi millón de profesionales liberales, ha arremetido contra el propósito del Ministerio de Economía de introducir la colegiación voluntaria, la voluntariedad de visados y la eliminación de baremos orientativos.

Son tres las leyes a través de las que se quieren reformar los colegios profesionales.

1. Transposición de la directiva de Servicios : Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley Paraguas). Actualmente en fase de proyecto de ley. El Consejo de Ministros del 27 de marzo remitía el texto al Congreso.

2. Ley Ómnibus Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas. Modifica toda la normativa que pueda ser incompatible con la Ley Paraguas.

3. Ley de Servicios Profesionales.

La 'ley paraguas' reconoce que los colegios profesionales son "autoridades competentes" y señala que son imprescindibles para poner en marcha algunas de las obligaciones derivadas de la directiva europea, como la ventanilla única (tramitaciones telemáticas), la cooperación administrativa o el servicio de atención a los ciudadanos.

Además, son los responsables para la elaboración de los códigos de conducta (deontología profesional), son garantía de legalidad para los consumidores y usuarios y son útiles para la resolución extrajudicial de conflictos, entre otros aspectos.

Las principales críticas a esta nueva regulación, no sólo de Unión Profesional, sino de diversos colegios profesionales por separado, vienen motivadas por la colegiación (introducir la voluntariedad); los baremos de honorarios orientativos (su eliminación); los visados (eliminar su obligatoriedad) y la publicidad (eliminar las limitaciones o sus requisitos).

Lo que sin duda ha causado más nerviosismo es la nueva redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales, que en su nueva versión establece que es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al colegio correspondiente. Si la nueva redacción del artículo anula el requisito de la obligatoriedad, podría llegarse, según las voces más alarmistas, a la supresión de los colegios profesionales más pequeños, sobreviviendo sólo los que cuentan ya hoy día con un ingente número de socios. En el caso de los colegios de abogados esto podría causar una merma en los servicios prestados en el turno de oficio o la firma electrónica.

En el lado contrario, los adalides de la reforma fundamentan que un colegio tendría que ser capaz de entusiasmar a los profesionales que representa y esto generaría el deseo, no sólo de la adscripción voluntaria, sino de participar directamente en su actividad, añadiendo que la colegiación voluntaria podría impulsar a estas vetustas instituciones a sacudirse la pereza y fomentar mediante actividades varias la participación e inscripción de los socios.

Sea como fuere, la reforma que se plantea es la más ambiciosa del sector desde 1974. Además de lo mencionado, el Ejecutivo prevé que la 'ley ómnibus' acabe con los baremos orientativos de precios que establecen los colegios profesionales un mecanismo que para sus detractores obstaculiza la competencia y para sus adalides mantiene vivos los prácticos “dictámenes de honorarios”, algo que afecta de lleno a los colegios de abogados que ya no contarían con su clásica herramienta pericial en las reclamaciones judiciales de honorarios. Otro objetivo es acabar con la obligatoriedad de los visados, que pasarán a ser voluntarios, salvo cuando las leyes dicten lo contrario. También se permite a los colegiados hacer publicidad directa de sus servicios.

LOS GUARDIANES DE LA ÉTICA PROFESIONAL

Hasta la fecha, los Colegios Profesionales se han erigido como una especie de pequeño gobierno para los profesionales, salvaguardando la deontología, la ética profesional, y con potestad para sancionar a los colegiados. Una postura algo arcaica, inamovible a lo largo del tiempo, que se ha topado recientemente con el rechazo de organismos como la Comisión Nacional de la Competencia, que recientemente hizo público un informe en el que recomendaba que los Colegios Profesionales fueran desapareciendo, pues estimaba que son una traba para el mercado y los profesionales.

Han sido varios los colegios profesionales que han empezado a movilizarse en contra de la nueva regulación. Ha sido el caso de varios colegios de ingenieros Ha sido el caso de los ingenieros, que desde el Instituto de la Ingeniería de España se han pronunciado en contra del visado voluntario.

Desde los colegios de abogados, las reflexiones han sido más comedidas y prudentes. Mientras desde algunos bufetes aseguran que “lo que hace la futura norma es incorporar a la Ley de Colegios Profesionales la ‘reserva de ley’ en materia de colegiación obligatoria.”, otros se muestran algo más críticos y recomiendan recoger, por razones de seguridad jurídica, la obligación de colegiación en disposiciones legales.

Fuente:www.www.capitalnews.es

COLEGIOS PROFESIONALES. ¿Una especie en peligro de extinción?

2009-04-28T18:56:00.004+02:00

Publicado el 28-04-09 , por José Mª López Agúndez

Las alegaciones de Unión Profesional a la ley ómnibus cargan contra el propósito de Economía de introducir la colegiación voluntaria, la voluntariedad de visados y la eliminación de baremos orientativos.

Se quieren poner en el peor escenario de cara al futuro y sus alegaciones al anteproyecto de ley conocida como ley ómnibus que modificará 46 normas para adaptarse a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios la denominada ley paraguas dejan pocas dudas: Unión Profesional, la entidad que aglutina en España a más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de profesionales liberales, no se fía del Ministerio de Economía. El motivo es que, conscientemente o no, se quieren introducir cambios para modificar la situación jurídica actual de los colegios hacia la liberalización.

Aunque, como informó este periódico, los cambios previstos por Economía permiten sostener que el anteproyecto mantiene el statu quo jurídico actual de los colegios ver EXPANSIÓN del 21 de abril, la lectura meditada que ha hecho Unión Profesional del texto ha provocado en el colectivo incertidumbre y temor a que se esté preparando el terreno de la futura liberalización.

El bufete Ariño & Asociados cree que existe el riesgo de que haya colegiación voluntaria

Las principales objeciones que hace esta entidad en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN, se refieren a la colegiación (introducir la voluntariedad o libre adscripción); los baremos de honorarios orientativos (su eliminación); los visados (eliminar su obligatoriedad) y la publicidad (eliminar las limitaciones o sus requisitos).

Nueva redacción
El problema que se plantea para el principio de colegiación obligatoria es la nueva redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales: Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al colegio correspondiente.

El nerviosismo que ha creado este párrafo se explica en que, como explica Unión Profesional, una vez que la colegiación obligatoria se ha desvinculado de la institución colegial, el resultado potencial a que puede conducir es la supresión de la colegiación obligatoria en todas aquellas corporaciones en las que una norma con rango de ley presumiblemente, la ley sectorial, en la que se incardine por razón de la materia el tratamiento jurídico de la actividad profesional respectiva no sancione expresamente el principio. Esto sucede, puntualiza, con la práctica totalidad de las corporaciones de Derecho Público que conforman el panorama estatal.

Es cierto que esto se puede arreglar con una disposición transitoria que aplique el principio de irretroactividad de la reserva de ley, consagrado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero, de momento, tal redacción del artículo 3.2 da lugar a interpretaciones contradictorias.

Este riesgo lo explican muy bien, aportando otro enfoque, las alegaciones de los ingenieros industriales, realizadas por el bufete Ariño & Asociados: La regulación propuesta conllevará que a pesar de que los colegios han de seguirse creando mediante ley formal, la incorporación al colegio quedaría a la disposición plena de los respectivos titulados (colegio profesional voluntario) si la propia ley de creación, u otra norma con rango de ley, no estableciese lo contrario (obligatoriedad) o nada dispusiera. En otras palabras, la colegiación queda configurada como facultad de disposición voluntaria.

Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN explican que la introducción de la colegiación voluntaria pondría en peligro en la abogacía no a los grandes colegios, sino a los pequeños y provocaría una clara disminución de los servicios que prestan los colegios de abogados en relación con el turno de oficio o la firma electrónica.

La eliminación de los baremos orientativos daría problemas a los 'dictámenes de honorarios'

En relación con los visados, Unión Profesional, ésta alerta de que puede suprimirse su obligatoriedad porque de acuerdo con el anteproyecto, el visado colegial sólo podría practicarse voluntariamente, cuando los destinatarios del trabajo profesional lo soliciten expresamente al colegio, y con carácter obligatorio, cuándo lo impongan las leyes. Esto significa que, si la expresión las leyes se interpreta en sentido estricto, como equivalente a normas con rango de ley, el resultado final es la práctica supresión de la obligatoriedad del visado colegial. Esto ha provocado grandes críticas en el sector.

El anteproyecto también elimina los baremos de honorarios orientativos. Aunque se trata de una cuestión que ha evolucionado desde hace años, esta propuesta afecta de lleno a los abogados, ya que ni siquiera se podrían utilizar como una herramienta meramente pericial en las reclamaciones judiciales de honorarios. Así los ha configurado el Colegio de Abogados de Madrid, que ahora los denomina como dictámenes de honorarios profesionales.

El anteproyecto también toca la publicidad, ya que establece la reserva de ley para establecer limitaciones a las comunicaciones comerciales. Unión Profesional advierte de que esto contradice a la propia Directiva de Servicios.

Ingenieros contra el visado voluntario
Manuel Acero, presidente del Instituto de la Ingeniería de España, una asociación privada que aglutina, como una federación de asociaciones, a más de 100.000 profesionales de las principales ramas de la ingeniería española, explica que hay una insistencia en la reserva exclusiva de la actividad de los colegios, pero esto no es cierto, ya que los ingenieros se encuentran unos con otros en los diferentes proyectos.

Acero cree que tanto desde la Comisión Nacional de Competencia como las reformas legales en marcha existe una concepción equivocada de que los profesionales concentramos poder.

A ello añade por qué es importante la obligatoriedad del visado: Ha existido siempre para que haya una garantía de que no existen riesgos. Si se convierte en voluntario, el ciudadano no la tendrá. Los colegios garantizan que el visado lo hace el profesional cualificado, con arreglo a la normativa específica y con todos los documentos exigidos.

Puntos de debate
- La redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales plantea riesgos legales en el futuro. Los colegios quieren más claridad.

- Los visados se establecen con carácter voluntario, por lo que, según los colegios, se eliminaría un instrumento de seguridad para el ciudadano.

- Con la eliminación de los honorarios orientativos, dice Unión Profesional, se quitaría información a los clientes del contenido del servicio.

- La supresión de barreras a la publicidad en la ley ómnibus plantea discordancias con la propia Directiva de Servicios.

Fuente:www.expansión.com juridico

ALCALA. La Comunidad de Madrid cumple su deuda con el Turno de Oficio.

2009-04-27T20:32:00.003+02:00

Lunes 27 de Abril de 2009.

Escrito por D. Santos

La Comunidad de Madrid ya ha saldado la deuda que mantenía desde el año pasado con los abogados del turno de oficio de Alcalá. Así lo asegura el decano del colegio de abogados complutense, José Luis Doñoro, quien apunta a que a fecha de hoy se han pagado a los letrados todos los atrasos que se les debían desde marzo de 2008. “Actualmente, se acaba de cerrar el primer trimestre y se está tramitando también los pagos del mismo”, afirma Doñoro.

La deuda que la Comunidad mantenía con los abogados de la ciudad complutense desde los primeros meses del año pasado se elevaba a más de tres millones de euros. Cada letrado del turno estaba a falta del pago de una media de 6.000 euros, según aseguraban en el mes de febrero las asociaciones judiciales. Fue entonces cuando, ante el impago de sus honorarios, los profesionales de este sector en toda la Comunidad de Madrid decidieron ir a la huelga y realizaron varios paros. En total, en toda la región, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior adeudaba 24 millones de euros.

Una vez subsanado el impago, desde el Colegio de Abogados de Alcalá no se realizarán nuevos paros en su actividad. Sin embargo, no se descarta que éstos se produzcan si el Gobierno regional continúa con su intención de cambiar el modelo del turno de oficio que, según asegura, privatizará el mismo pues lo dejará en manos del poder ejecutivo regional y de los grandes bufetes privados.

“Si se cambia el modelo que existe actualmente, si volveremos a la movilización. Consideramos que se privatizará el turno y que se vulnerará con el cambio uno de los derechos fundamentales”, apunta Doñoro que considera que los más perjudicados serán los más débiles, los imputados que no tengan recursos para su defensa.

Fuente:www.diariodealcala.es

OVIEDO. El colegio de Abogados reclama mejores honorarios para el Turno de Oficio.

2009-04-27T20:07:00.003+02:00

Los 700 letrados del servicio resisten la situación con toda «la dignidad» posible

23.04.09 -P. A.| OVIEDO.

Mayores retribuciones, incorporación a la Seguridad Social y rebaja de las trabas burocráticas para cobrar los servicios prestados. Esto es lo que piden los abogados del turno oficio. En Gijón, gran parte de los letrados, amparados por el propio colegio, se pusieron en huelga para ser escuchados y lograr los objetivos. En Oviedo, el ambiente está más calmado, pero las reivindicaciones siguen ahí.

Ignacio Cuesta, responsable del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Oviedo, afirmó ayer que los más de 700 profesionales inscritos en el turno deberían «cobrar mejores» honorarios y que «resisten con la mayor dignidad» posible la actual situación. Por su parte, la Agrupación de Abogados Jóvenes considera que en la institución ovetense «debe abrirse un proceso de reflexión sobre este asunto». El colectivo entiende que los compañeros gijoneses hayan llevado a cabo el paro porque «las peticiones son justas y razonables». Lo demuestra «el hecho de que la cobertura de la asistencia sanitaria haya sido asumida en otras comunidades autónomas limítrofes», especificó la agrupación en un comunicado. También pide al Principado que les «descargue del trabajo meramente administrativo» y exige una subida salarial del 70%.

El 30%, conseguido

Poco a poco, hay avances. Los letrados han logrado una actualización de los honorarios del 30%, pero no es suficiente. «No se puede cobrar 200 euros por llevar un procedimiento de divorcio. Hay que equiparar las retribuciones con las tablas de honorarios del colegio», abogaba en 2008 Cuesta.

Si los honorarios «son ahora un 30% menos miserables», los abogados también han avanzado en otro asunto: la puntualidad a la hora del cobro. «La Consejería de Justicia se está esforzando para ello», reconoció Pablo Luque.

Los retrasos a la hora de recibir las pagas del turno de oficio han llegado hasta los seis meses. El Colegio de Abogados, por su lado, también ha mediado en este asunto. El pasado mes de julio, firmó un convenio con Bankinter para la puesta en marcha de una oficina bancaria virtual para los colegiados. Entre otras cosas, permite el deseado anticipo de los honorarios del turno de oficio.

Fuente:www.elcomerciodigital.com

Confundir la dignidad con la corbata

2009-04-27T19:59:00.002+02:00

Confundir la dignidad con la corbata

JOSÉ YOLDI 27/04/2009

Usted, querido lector, que se ve agobiado diariamente por ella, quizá no lo sepa, pero la corbata como símbolo de distinción fue importada directamente de los usos de la guerra. El término procede del italiano cravatta o crovatta, derivado de croata, ya que a mediados del siglo XVII en la guerra contra los turcos los jinetes de la caballería croata, una de las más fieras de Europa, lucían en el cuello unos pañuelos de colores característicos para infundir mayor respeto entre sus enemigos.

No hay que confundirlo con "un corbata", que era un ministro de capa y espada, es decir, un consejero que en los tribunales reales no tenía la condición de letrado. Pero eso es otra historia.

El caso es que el uso de la corbata se extendió como señal de elegancia entre las clases sociales dominantes de Europa, y en el Estatuto General de la Abogacía de 1946 se recogía la exigencia para los letrados de vestir camisa blanca, corbata y zapatos negros cuando se llevara toga en los juicios.

El precepto no fue baladí y algún letrado, como Francesc Arnau, fue sancionado en los albores de la democracia por negarse a llevar corbata en los juicios. Todavía en 2002, los jueces de lo Penal de Málaga acordaron suspender aquellas vistas en las que los abogados acudieran sin esa prenda.

Esa obligatoriedad fue eliminada en el nuevo Estatuto, aprobado como real decreto en junio de 2001, que en su artículo 37 establece: "Los abogados comparecerán ante los tribunales vistiendo toga y, potestativamente, birrete, (...) y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia". Es decir, tirando de sentido común, que no parece adecuado ir con bermudas y chancletas, pero desde luego no es obligatoria la corbata.

Expulsión del edificio

Sin embargo, algunos jueces, con un concepto arcaico de las normas, se empecinan en enseñarnos a todos cómo son capaces de imponer su autoridad al que no lleve corbata. ¡Como si la dignidad, el prestigio y el respeto se llevaran en la corbata!

El 9 de diciembre de 2008, el abogado Juan Moreno, de guardia en el turno de oficio, comparecía ante la Sección Tercera Penal de la Audiencia Nacional para asistir a un procesado en la vista de una prórroga de prisión. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, reclamó al letrado -que sí vestía traje, pero no corbata- que se pusiese esa prenda, a lo que éste contestó que si no se exigía a las mujeres no entendía por qué tenían que ponérsela los hombres. El presidente insistió e indicó a Moreno que si no disponía de corbata se le proporcionaría una en la sala de togas. Pero como el abogado se negó a pasar por tal imposición, fue expulsado de la sala. En el momento de abandonar la estancia, Moreno comentó: "Esto es increíble". Guevara entonces ordenó a la Policía Nacional que se cerciorase de su expulsión no sólo de la sala, sino del edificio de la Audiencia, y el letrado, conducido por los agentes, fue puesto de patitas en la calle. La vista tuvo que ser suspendida hasta el día siguiente pero el acusado ya no fue asistido por el citado letrado, sino por una compañera suya. Moreno denunció lo ocurrido al Consejo del Poder Judicial por estimar que había habido abuso de poder por parte del magistrado.

El 3 de noviembre de 2008, Antonio Morgado comparecía como defensor a una vista en el Juzgado de lo Social número 37 de Madrid. El juez Marcos Ramos impidió subir a estrados al jurista porque no llevaba corbata. Éste alegó que ni la secretaria judicial ni la abogada del Estado la llevaban, pero el magistrado le precisó que por su condición de varón estaba obligado a usarla y que si se negaba a hacerlo podría intervenir como abogado, pero desde los bancos del público.

Para los letrados es una afrenta que los expulsen de los estrados y el artículo 38 del Estatuto de la Abogacía señala que "los abogados tendrán derecho a intervenir (...) sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el tribunal ante quien actúen". Sin embargo, Morgado accedió a actuar desde los bancos del público porque el juicio se había suspendido ya en dos ocasiones anteriores y no quería perjudicar a su cliente. No obstante, el letrado denunció lo que consideró un trato discriminatorio, arbitrario y desconsiderado por parte del juez.

Ahora, el Consejo del Poder Judicial ha ordenado la apertura de sendos expedientes contra Guevara y Ramos por falta leve de "desatención o desconsideración con iguales o inferiores, (...) abogados y procuradores".

"¡Triste época la nuestra!", decía Einstein, "es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". O parafraseando a Oscar Wilde: "Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable". Y usted se preguntará: ¿En qué hemisferio tiene su sede el Ministerio de Igualdad?

Fuente:www.elpais.com

MÁLAGA. Los despedidos recurren a Abogados de Oficio por la falta de recursos.

2009-04-24T19:10:00.003+02:00

El Colegio de Abogados de Málaga asegura que el número de litigios ha aumentado desde que empezó el año y que su celebración se está retrasando Raquel Garrido / Málaga | Actualizado 24.04.2009 - 01:00

Firma del convenio suscrito ayer en el Colegio de Abogados de Málaga.

En una situación de crisis económica como la actual no es de extrañar que a la hora de afrontar un proceso judicial por un despido laboral se recurra a los abogados del turno de oficio en lugar de contratar los servicios de un letrado. Es la consecuencia directa de la regulación de empleo que muchas empresas de la provincia han llevado a cabo en los últimos meses y que ha hecho que aumente considerablemente también el número de litigios que llegan a los distintos juzgados de lo Social de la provincia de Málaga, muchos de ellos saturados por la proliferación de estos casos.

El Colegio Oficial de Abogados de Málaga ha detectado un aumento de las designaciones de los letrados de oficio desde principios de año cuando se recrudeció la crisis que trajo como consecuencia un continuo goteo de despidos de trabajadores de la provincia. Aunque no necesariamente la mayor demanda de este tipo de abogados del turno de oficio implica, según explicó ayer a este periódico el decano de este colectivo, Manuel Camas, un incremento de los juicios "sino más bien que estas personas que acaban de ser despedidas optan por este servicio por cuestiones económicas".

Pero en este caso el incremento de las designaciones de los abogados de oficio sí va en paralelo con la mayor carga que están soportando los juzgados de lo Social para abordar, sobre todo, despidos improcedentes o desacuerdos de los empleados con las condiciones recogidas en los expedientes de regulación de empleo ejecutados por las empresas.

Según el decano de los abogados malagueños, "de momento no se sabe a ciencia cierta las cifras de que avalan esta percepción pero no cabe duda que la litigiosidad y los concursos han aumentado notablemente en estos meses".

Las efectos de esta situación de sobrecarga que sufren los juzgados malagueños para abordar los litigios laborales son el retraso que acumula por lo general la celebración de este tipo de juicios. Si antes el periodo medio de espera solía rondar los dos meses, ahora a raíz de los despidos masivos que se han producido en muchas empresas están tardando hasta seis meses en celebrarse.

Fuente:www.malagahoy.es

GALICIA. El consello da avogacia anula la suspensión del Turno de Oficio.

2009-04-21T12:56:00.003+02:00

Martes, 21-04-09. P. F.

LA CORUÑA. El Consello de Avogacía Galega (CAG) declaró, en el pleno celebrado el pasado viernes, la nulidad absoluta de la suspensión del turno de oficio en La Coruña. El órgano colegial de máxima representación de la profesión a nivel autonómico tomó esta decisión tras estimar el recurso de alzada presentado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el acuerdo de los abogados coruñeses. En dicho pacto, los letrados decidían suspender, el pasado mes de enero, el servicio de turno de oficio como medida de presión ante la Consellería de Presidencia del gobierno del bipartito.

En consideración del CAG, «las justas reivindicaciones del Colegio de Abogados no pueden prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos para los que presta el servicio». A pesar de ese edicto, el Consello de Avogacióa reconoce, en la resolución, la legitimidad de las motivaciones de fondo que llevó al organismo coruñés a tomar la drástica medida de suspender el turno de oficio. Por este motivo, el CAG anunció que adoptará todas las acciones necesarias para lograr el reconocimiento de los derechos de los juristas y alcanzar así un «financiamiento acorde con los estándares de calidad que se esperan en la Asistencia Jurídica Gratuita en un Estado de Derecho».

Un largo conflicto

El conflicto entre los abogados y la Xunta comenzaba en diciembre de 2008 cuando el CAG inició las negociaciones con la Dirección Xeral de Xustiza para mejorar las condiciones de las actuaciones de los abogados de oficio. En enero, el Colegio de Abogados de La Coruña decide suspender, excepto en casos urgentes, este servicio como medida de reclamo de os pagos pendientes a la administración autonómica. Ante los actos de protesta, Presidencia suspende las negociaciones con el colectivo en marzo de 2009, lo que abre una brecha entre ambas instituciones.

Tras la resolución adoptada por el CAG, los servicios de justicia gratuita volverán a la normalidad en toda la provincia de La Coruña, a la espera de la celebración de una entrevista con el nuevo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para retomar las negociaciones.

Fuente: www.abc.es

JURISPRUEDENCIA.

2009-04-20T17:26:00.001+02:00

Absuelto de incumplir alejamiento porque su mujer volvió a casa para cuidarle

El Juzgado de lo Penal número 4 de Santander ha absuelto a un hombre acusado de incumplir una orden de alejamiento de su mujer, a la que había maltratado, porque fue la víctima la que decidió reanudar la convivencia e instalarse en su casa para poder cuidarle de una enfermedad crónica.

El acusado tuvo prohibido acercarse a menos de cien metros de su esposa entre el 14 de enero de 2008 y el 7 de mayo de 2009, de acuerdo con una orden de alejamiento dictada por un juzgado de San Vicente de la Barquera.

Unos días después de que empezara a cumplir esta orden, su mujer se instaló en su casa para prestarle los cuidados que precisaba por su edad y su 'delicado' estado de salud, ya que padece un cáncer y una bronquitis crónica, según se recoge en una sentencia hecha pública hoy.

La mujer fue advertida por la Guardia Civil de que no podía compartir domicilio con su agresor, por lo que se trasladó a casa de su hija y compareció ante el juez para explicarle que había estado viviendo varios días con su esposo para cuidarle, lo que dio lugar a la apertura, de oficio, de la causa penal que ha concluido con la absolución.

El Ministerio Fiscal había solicitado para este hombre una pena de 9 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Santander explica en su sentencia que la conducta de la mujer, que reanudó la convivencia con su esposo por 'motivos afectivos y humanitarios', encontraría incluso justificación en el cumplimiento de los deberes conyugales previstos en el artículo 68 del Código Civil.

Según el magistrado, la conducta de la esposa, que acudió voluntariamente a asistir a su marido y abandonó el domicilio cuando fue advertida de la ilegalidad, sirve de base para afirmar que el hombre actuó 'sin conciencia y voluntad de quebrantar la pena'.

El juez explica que para que se produzca el delito de quebrantamiento de condena el incumplimiento debe ser consciente y voluntario, una circunstancia que no concurre en este caso, en el que 'parece razonable' que el acusado actuó plenamente convencido de la 'licitud de su conducta', porque fue su mujer la que tomó la iniciativa.

Fuente: www. actualidad.terra.es

GRANADA. El Colegio de Abogados de Granada entrega viviendas VPO exclusivas para sus Letrados.

2009-04-20T17:21:00.003+02:00

El Colegio de Abogados comienza a entregar sus viviendas de protección oficial exclusivas para letrados.

GRANADA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Granada entregó ayer las primeras llaves de las viviendas de protección oficial que ha promovido en exclusiva para los abogados de la provincia. En total, se entregaron seis de los 58 pisos que se han construido en la urbanización del Serrallo gracias a un proyecto que ha sido pionero a nivel nacional.

La entrega de las viviendas se hará de forma progresiva, conforme la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía vaya notificando los expedientes personales a cada promotor, que en este caso son los propios abogados, y cada uno de ellos cierre los acuerdos con las entidades financieras que permitan finalizar todos los trámites previos, informó el órgano colegiado en una nota.

La entrega de llaves estuvo presidida por el decano del Colegio, José María Rosales de Angulo, y la secretaria, Nieves Castillo. El decano mostró la satisfacción que supone para el Colegio de Abogados este momento porque "estamos llegando a la meta de una etapa que empezó hace cuatro años y cuyo único fin era que los abogados granadinos pudieran tener acceso a una vivienda digna en una ubicación inmejorable y con un magnífico precio".

La promoción del Serrallo cuenta con 58 viviendas, todas de protección oficial y con calidades de primera categoría. El Colegio promovió otras 62 casas de VPO en la barriada de la Juventud (calle Cádiar), viviendas que se entregaron a los abogados a finales de 2007.

Los propietarios de estas 120 edificaciones accedieron a ellas tras participar en un sorteo celebrado ante notario. Se trata del proyecto social más importante emprendido por el Colegio de Abogados de Granada en las últimas décadas, que se ha convertido de esta forma en la primera institución profesional del país que emprende una iniciativa de este tipo.

Fuente: www.europapress.es

SEGOVIA. Los Abogados piden un espacio propio en el futuro edificio Judicial.

2009-04-20T17:17:00.002+02:00

Los abogados piden un espacio propio en el futuro edificio judicial. El decano del Colegio segoviano, Julio Sanz Orejudo, indica que en el primer trimestre del año se han incrementado los asuntos controlados desde este organismo debido a la crisis

Gonzalo Ayuso - Segovia | 19/04/2009

El Colegio de Abogados de Segovia reivindica un espacio en las instalaciones del futuro centro judicial que el Ministerio de Justicia tiene previsto construir en Nueva Segovia, según ha afirmado su decano, Julio Sanz Orejudo.

La unificación de los distintos órganos judiciales con sede en la capital segoviana es una vieja reivindicación de diferentes colectivos, en especial de los agentes que trabajan en o con la Administración de Justicia en Segovia. La Junta de Castilla y León cedió en octubre del año pasado una parcela de 2.500 metros cuadrados para el futuro edificio pero todavía no se ha producido el anuncio correspondiente para la redacción del proyecto de ejecución.

Sanz Orejudo, que ha atendido a EL ADELANTADO, con motivo de la celebración esta semana de la Fiesta Pascual del Colegio de Abogados, explica que “esperamos que en el desarrollo de esta instalación se nos escuche porque hasta ahora no tenemos un lugar en las sedes judiciales de Segovia y lo necesitamos para hablar con los clientes, para atender a los detenidos o presos que comparecen ante el juez o, alguna vez, para redactar sobre la marcha algún escrito”. La dispersión de los órganos judiciales en distintos puntos de la ciudad “dificulta mucho nuestra labor”, añade.

Por otro lado, el decano de los abogados segovianos asegura que la crisis económica “genera más conflicto y también es crisis para la Abogacía, que se ve inmersa en un mayor trabajo y por la rémora permanente que supone la falta de liquidez en la sociedad en general”.

De acuerdo con los datos que maneja el Colegio, basados en el control de solicitudes de asistencia de justicia gratuita o turno de oficio, el incremento de asuntos civiles, penales y contenciosos se sitúa en torno al 30% en el primer trimestre de este año, respecto a 2008.

Comenta Sanz que, de esta manera, “se produce un retardo importante en la actividad de los juzgados... Y estamos todos a la espera de ver cómo va tomando cuerpo la nueva oficina judicial en su nueva redifinición que esperamos conocer en breve y cómo, desde el Ministerio de Justicia, se aportan los recursos necesarios, que tienen que ser importantes porque sino no van a solventar el problema”.

Refiriéndose a la modernización de la Justicia, señala que “cualquier visita hoy a un juzgado, en cuanto a lo que allí se visualiza, no es distinta a la que pudiera haber hace veinte años: Sigue primando el papel por encima de todo, los legajos, los expedientes... Y los sistemas informáticos por ahora no resuelven de forma eficaz la respuesta de la Justicia al ciudadano”.

En cuanto a la relación de los abogados segovianos con la Justicia, Sanz reclama “el respeto a la dignidad profesional de los abogados; no porque no se realice, pero sí que se tengan en cuenta las circunstancias que acompañan a nuestro trabajo en la puntualidad de las vistas, la tolerancia por las horas de espera en pasillos, o en actos o gestiones desde la oficina judicial”.

Fuente: www.eladelantado.com

Los Abogados en contra de la utilización de la imagen de Marta en determinados medios.

2009-04-20T10:58:00.002+02:00

ABC. SEVILLA

Lunes, 20-04-09

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, considera que la joven desaparecida Marta del Castillo es «la primera menor cuyos derechos a la intimidad y propia imagen se deben proteger», por lo que espera nuevas demandas en su defensa por parte de la Fiscalía de Sevilla.

En declaraciones a Efe, Gallardo ha denunciado «el espectáculo mediático que algunas cadenas televisivas están creando en torno a la desaparición de Marta», una adolescente que «es la única víctima de unos hechos delictivos bajo investigación judicial». «Algunas cadenas de televisión están usando su imagen e intimidad con fines claramente comerciales, que la ley prohíbe, creando productos televisivos en torno a su persona que sobrepasan con mucho el derecho a la información», según el decano de los abogados sevillanos.

En esos programas, otros menores han sido utilizados «como actores secundarios de un drama que desgraciadamente tiene como protagonista fundamental a la joven Marta», por lo que Gallardo confía en que la Fiscalía de Sevilla «actuará de oficio e interpondrá también demandas frente a las televisiones en defensa de su derecho a la intimidad y propia imagen».

El decano de los abogados ha recordado la demanda de 130.000 euros de indemnización presentada el viernes pasado por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, contra Telecinco por entrevistar a la novia del asesino confeso, Miguel C.D., y a una amiga de la joven desaparecida. Ha explicado que «sólo cuando la Fiscalía actúe en defensa de los derechos personales de Marta del Castillo podría entenderse la defensa por esa institución de los derechos de otros menores».

Gallardo ha recordado que «los derechos personales a la intimidad, honor y propia imagen continúan subsistiendo después de la muerte, con las consecuentes indemnizaciones para sus padres en cuanto herederos e incluso con la solicitud de medidas cautelares para que cese urgentemente la utilización ilegítima de la imagen e intimidad de la menor» en las cadenas de televisión.

El decano de los abogados opina que «determinadas cadenas de televisión están creando productos morbosos» en el «caso Marta» que «no pueden quedar amparados por el derecho a la información ya que son programas de entretenimiento fundamentados en un morbo malsano». Es una «utilización claramente comercial de los derechos personales de la víctima, que la ley de protección al honor prohíbe expresamente».

Fuente:www.abc.es

GIJÓN. EL ENEMIGO EN CASA.

2009-04-17T11:06:00.003+02:00

El cierre de la biblioteca colegial altera la crisis de los abogados de oficio.

El grupo de abogados que conforma el colectivo «El Patio de mi Colegio» se encontró ayer con dificultades para acceder a la sede colegial de Prendes Pando, donde tenían previsto celebrar un encuentro para abordar diferentes cuestiones sobre el turno de oficio.

Durante la convocatoria se pretendía valorar el estado de la reclamación de mejora de las condiciones en las que los abogados prestan el servicio de justicia gratuita, la eficacia y vigencia de las diversas medidas adoptadas hasta la fecha y, en su caso, el estudio y consideración de nuevas medidas que permitan la consecución de las que consideran son justas reivindicaciones del colectivo de abogados.

También formaba parte del debate del día, que no llegó a celebrarse tal y como estaba previsto en la biblioteca del Colegio de Abogados, la alegación que una veintena de letrados gijoneses ha realizado ante el Consejo General de la Abogacía de Madrid. Los profesionales que firmaron el documento no consideran apropiada la huelga de celo que fue aprobada en la junta del Colegio al considerar que dificulta el trabajo de jueces y secretarios.

Fuente:www.lne.es

ANDALUCIA. NUEVO BAREMO DEL TURNO DE OFICIO.

2009-04-15T18:19:00.003+02:00

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

ORDEN de 9 de marzo de 2009, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio.

El sistema de justicia gratuita ha sido articulado por la Ley 1/1996, de 10 de enero, en cumplimiento del artículo 119 de la Constitución, desarrollado por Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Así mismo, el artículo 150.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la competencia de la Junta de Andalucía para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación
jurídica gratuita.
En el Capítulo VII del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regula la compensación económica por los servicios de asistencia jurídica gratuita, y en su Disposición final primera se habilita a la Consejera de Justicia y Administración Pública para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de lo previsto en dicho Reglamento.
En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la presente Orden se determinan las bases y módulos de compensación económicas de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio, así como los términos y porcentajes de devengo de las actuaciones profesionales.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos, 9.c) y 11.c) del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el texto de la presente Orden ha sido informado por las Comisiones Mixtas entre la Administración de la Junta de Andalucía y los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación de los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita, referidos a las actividades que se realicen por los profesionales del turno
de oficio correspondientes a la defensa y representación jurídica gratuita que se insertan como Anexos a la presente Orden.

Artículo 2. Propuestas de revisión de baremos y módulos.

En el seno de las Comisiones Mixtas entre la Administración de la Junta de Andalucía y los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y de Colegios de Procuradores de los Tribunales, se podrán realizar propuestas relativas a la revisión de los baremos y módulos que se concretan en la presente disposición normativa.

Artículo 3. Compensación económica por turno de guardia.

Para la compensación económica por turno de guardia, se estará a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No obstante, los efectos económicos derivados de su aprobación se producirán desde el día 1 de enero de 2009.

Sevilla, 6 de abril 2009 BOJA núm. 66 Página núm. 13

ANEXO I. MÓDULOS Y BASES DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA
1.1. ABOGADOS

JURISDICCIÓN PENAL EUROS

Procedimiento con Tribunal del Jurado (1). Delitos contra la vida 630
Procedimiento con Tribunal del Jurado (1). Resto de delitos 515
Procedimiento penal general (1) 368
Procedimiento penal abreviado (1) 280
Procedimiento penal abreviado de violencia de género (1/2) 280
Procedimiento penal abreviado con más de 1.000 folios (1) 25 € por cada 1000 folios más
Procedimiento penal abreviado de violencia de género con más de 1.000 folios (1/2) 25 € por cada 1000 folios más
Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos sin conformidad (1) 280
Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos de violencia de género sin conformidad (1/2) 280
Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos con conformidad (1) 224
Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos de violencia de género con conformidad (1/2) 224
Violencia de género, pieza separada de responsabilidad civil (2) 104
Menores en los que la ejecución de medidas impliquen hasta 2 años 148
Menores, pieza separada de responsabilidad civil L.O. 5/2000 104
Procedimientos de menores en los que la ejecución de las medidas se extienda más allá de los dos años 270
Juicio de faltas, cuando su intervención sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita 95
Juicio de faltas de violencia de género, cuando su intervención sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita (2) 95
Desplazamiento juicio oral (Jurado, penal general, abreviado, menores) para Letrados y Letradas cuyo despacho oficial esté en partido judicial distinto de la sede del Juzgado de lo Penal o de la Audiencia Provincial 30

(1) En estos procedimientos los Letrados y Letradas computarán el baremo hasta un total de cinco días de vistas celebradas. Si éstas superan dicho número, se abonará, por cada día de más, el importe que resulte de dividir por cinco el baremo correspondiente al procedimiento espectivo.
(2) El Letrado o Letrada que asista en estos procedimientos a mujeres víctimas de violencia de género, prestará el asesoramiento necesario a la misma en los procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.

JURISDICCIÓN CIVIL EUROS

Proceso ordinario 295
Tercerías 295
Proceso verbal cuando su intervención sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 200
Procesos sobre capacidad, filiación, paternidad y maternidad (salvo expedientes del art. 763 LEC) 258
Proceso matrimonial contencioso, incluidas la ejecución y la nulidad 331
Proceso matrimonial de mutuo acuerdo 159
Procesos de desamparo, tutela y guarda 332
Medidas previas y coetáneas 89
Modificación de medidas 199
Proceso sobre división judicial de patrimonios cuando no se derive de procesos de nulidad, separación y divorcio 221
Procesos monitorios, cuando su intervención sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita 111
Procesos cambiarios 221
Expedientes de jurisdicción voluntaria y de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico cuando su intervención sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita
221
Otros procedimientos civiles (excluida la ejecución de sentencias) 221

VIA ADMINISTRATIVA

Puntos de entrada masiva: máximo 12 personas extranjeras por Letrado o Letrada y día. Este servicio comprenderá la asistencia propiamente dicha y la interposición de los recursos que fueran pertinentes 150

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Recurso contencioso-administrativo 221
Procedimiento abreviado ante el Juzgado 160
Apelación 124

JURISDICCIÓN SOCIAL

Procedimiento íntegro 165
Recurso de suplicación 120

JURISDICCIÓN MILITAR

Fase sumarial 124
Juicio oral 124
Desplazamiento juicio oral para Letrados o Letradas cuyo despacho oficial esté en partido judicial distinto de la sede del Juzgado de lo Militar 30

RECURSOS

Apelación civil 124
Apelación penal 124
Apelación jurisdicción del menor 124
Apelación faltas 92
Recurso de casación, cuando no se formaliza y hay sólo anuncio 45
Recurso de casación (cuando resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) 287

SUPUESTOS ESPECIALES

Supuestos de segunda opinión previstos en los artículos 29 y 30 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (incluida
insostenibilidad) 34
Transacciones extrajudiciales 75% del módulo del procedimiento principal.
Ejecución de sentencias transcurridos dos años desde la resolución de la instancia 124
Con carácter excepcional, en los procedimientos penales en los que se dicte auto de sobreseimiento o archivo, y siempre que sean de especial complejidad, duración, dificultad o dedicación por razón de la materia, territorio, personas implicadas, múltiples diligencias en órganos jurisdiccionales, o cualquier otra circunstancia similar, previo informe fundamentado del
Colegio de Abogados competente 70%del módulo correspondiente al procedimiento penal de que
se trate.

1.2.PROCURADORES

JURISDICCIÓN PENAL EUROS

Instrucción procedimiento sumario 26
Instrucción procedimiento abreviado 30
Procedimiento abreviado tramitado mediante juicio rápido 30
Procedimiento ante los Jugados de Menores 30
Procedimiento ante el Juzgado de lo Penal 23
Procedimiento ante la Audiencia Provincial 26
Instrucción en procedimiento ante el Tribunal del Jurado 52
Procedimientos Militares 52
Recurso de apelación 14
Juicios de faltas cuando su intervención sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad judicial, de conformidad
con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita 26
Ejecución de sentencias transcurridos dos años desde la resolución de la instancia 23

JURISDICCIÓN CIVIL
Medidas previas y coetáneas/modificación 34
Procedimientos de jurisdicción voluntaria 34
Procedimiento de familia contencioso 52
Procedimiento de familia de mutuo acuerdo 37
Procedimiento ordinario y resto contenciosos cuando su intervención sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad
judicial, de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita 52
Recurso de apelación 23
Ejecución de sentencias transcurridos dos años desde la resolución de la instancia 23

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Procedimiento ante la Sala del TSJA 37
Procedimiento ante el Juzgado cuando su intervención sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad judicial, de
conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita 23
Recurso de apelación cuando su intervención sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad judicial, de conformidad
con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita 23
En procedimientos de extranjería cuando sea preceptiva o se requiera expresamente por la autoridad judicial 14

ANEXO II. MOMENTOS DEL DEVENGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA
2.1. Los Letrados y Letradas devengarán la retribución correspondiente a su actuación en el turno de oficio, cuando así lo acrediten ante su respectivo Colegio Profesional, con arreglo
a los siguientes términos:

- Un 70 por ciento:
• En procesos civiles, incluidos los de familia, con la admisión
de la demanda, con la admisión de la reconvención,
teniendo por contestada la demanda o despachado auto de
ejecución.
• En apelaciones civiles, con la resolución por la que se
admite a trámite el recurso o, en su caso, la personación en
la alzada.
• En procedimientos penales, con la sentencia.
• En apelaciones penales, con la diligencia judicial acreditativa
de la intervención del Letrado o Letrada en el acto de la vista.
• En los recursos de casación formalizados ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con la providencia por la
que se tenga por formalizado el recurso.
• En el resto de procedimientos judiciales, la diligencia
judicial acreditativa de la intervención del Letrado o Letrada.
- Un 30 por ciento:
• En los procedimientos penales, con la acreditación de
la actuación procesal en que intervenga el Letrado o Letrada.
• En apelaciones penales, con la sentencia o resolución
que ponga fin a la instancia.
• En el resto de los procedimientos, con la sentencia o
resolución que ponga fin a la instancia o procedimiento.
- Los Letrados y Letradas devengarán la totalidad de la
retribución:
• En ejecuciones de sentencia transcurridos dos años
desde la resolución de la instancia, una vez dictada la resolución
judicial que ponga fin a la ejecución solicitada.
• En los recursos de casación no formalizados, con la
acreditación de la presentación en el Colegio del informe fundamentando
la inviabilidad del recurso.
• En las transacciones extrajudiciales se devengará la totalidad
de la compensación económica correspondiente con el
documento suscrito por el interesado.
• En la insostenibilidad de la pretensión, se devengará la
totalidad de la compensación económica correspondiente con
la presentación del informe de insostenibilidad.
2.2. Los Procuradores de los Tribunales devengarán el 100
por cien de la compensación económica cuando presenten ante
su respectivo Colegio Profesional la acreditación emitida por el
órgano judicial correspondiente de la intervención del Procurador
o Procuradora como representante procesal en los trámites
detallados en los apartados del punto 1.2, Anexo 1.

Sevilla, 9 de marzo de 2009

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

Fuente: BOJA Nº 66 DE 6 ABRIL 2009.

2009-04-15T10:29:00.002+02:00

En el Colegio de Abogados de Albacete aproximadamente unos 250 profesionales están adheridos al turno de oficio. La adscripción es completamente voluntaria por parte de los letrados, tal y como señalaron desde el organismo colegial.

No obstante, también aquí hay unos requisitos mínimos que cumplir a la hora de poder acceder a este turno.

Así los abogados adscritos deben haber pasado obligatoriamente por unos cursos de formación específica.

De hecho los letrados deben estar en posesión del CAP, es decir la Certificación de Aptitud Profesional que se obtiene tras superar esta prueba que llevan a cabo las escuelas de práctica jurídica.

Además los abogados interesados en formar parte del turno de oficio deben tener al menos tres años de ejercicio efectivo de su profesión.

Pero, ¿cuántos letrados forman parte del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Albacete? Llanos López Vázquez señaló que en la actualidad hay en torno a unos 250 profesionales, aunque el número de efectivos varía dependiendo de cada una de las áreas.

En cuanto a la posibilidad de ampliar el número de profesionales o de incrementar los medios, el decano del Colegio de Abogados afirmó que habrá que esperar a que se produzca el proceso de transferencia de competencia en materia de Justicia.

No obstante, desde el Colegio destacaron el alto nivel de los profesionales que conforman el turno de oficio en Albacete. Y es que precisamente uno de los ámbitos en los que el organismo colegial hace un mayor hincapié es en el aspecto formativo, programando periódicamente cursos específicos sobre las distintas materias.

2009-04-15T10:06:00.004+02:00

PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA
LEY DE ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Capítulo Primero. Requisitos para la acreditación de la formación universitaria.

Artículo 1. Grado en Derecho
El Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios del título de grado en Derecho al que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 34/2006, de 30 octubre, de conformidad con loprevisto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Carácter de la formación universitaria de posgrado.

1. La formación universitaria a la que se refiere el artículo 4 de la Ley, que habilite para presentarse a la evaluación regulada en el artículo 7 de la Ley y, por tanto, para la obtención del título profesional de Abogado, tendrá el carácter de máster oficial del artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
2. Las condiciones establecidas por el Gobierno serán aprobadas a propuestaconjunta de los Ministerios de Justicia y de Ciencia e Innovación y recogerán losrequisitos de duración, contenido y celebración de convenio con un Colegio deAbogados, en los términos establecidos en la Ley y en este Reglamento.

Artículo 3. Duración.
1. El máster tendrá 120 créditos.
2. Al menos 10 horas por crédito tendrán carácter presencial, en formación lectiva o de prácticas, según corresponda, y al menos 40 créditos serán dedicados a prácticas externas con los requisitos regulados en la Ley y en este Reglamento.

Artículo 4. Contenido
1. El máster deberá contemplar, como materias obligatorias, las que se establezcan en el plan de estudios aprobado por orden conjunta de los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Justicia, de conformidad con las condiciones fijadas por el Gobierno.
2. El plan de estudios será actualizado cada dos años y requerirá informe preceptivo del Consejo General de la Abogacía.
3. Las materias obligatorias deberán constituir al menos el equivalente a 50 créditos del máster.
4. La universidad podrá contemplar en el plan de estudios la convalidación justificada de hasta 50 créditos en el caso de que quien curse el máster acredite haber realizado un periodo de formación para la superación de un proceso selectivo para el acceso a la función pública en los casos señalados en la disposición adicional tercera de la Ley. El número de créditos convalidados podrá modularse en función de que se hayan superado o no alguno algunos de los ejercicios del proceso selectivo. Dicha convalidación no podrá afectar a los créditos correspondientes a las prácticas externas.

Artículo 5. Cualificación del profesorado.
Al menos la mitad del profesorado deberá ser abogado que haya estado colegiado como ejerciente durante un plazo mínimo de tres años, en el colegio profesional con el que se haya celebrado el convenio, o en otros si así se acordase en el mismo; o bien funcionarios de los referidos en la disposición adicional tercera de la Ley.

Artículo 6. Habilitación para la evaluación.
La superación del máster, conforme a los procedimientos de evaluación que éste prevea de acuerdo con la normativa educativa en vigor, habilitará para presentarse a la evaluación antes referida en los cinco años siguientes.

Capítulo Segundo. Formación en escuela de práctica jurídica

Artículo 7. Requisitos de la formación.
Para la acreditación de un curso de formación impartido en una escuela de práctica jurídica homologada de conformidad con el artículo 5 de la Ley, que habilite para presentarse a la evaluación contenida en su artículo 7 y, por tanto, para el acceso a la profesión de abogado, será necesario:
a) Que el plan de estudios o programa formativo prevea una duración, en horas lectivas y de tiempo dedicado a prácticas, al menos igual al señalado en el artículo 3, pudiendo preverse una convalidación similar a la prevista en el párrafo 4 del artículo 4.
b) Que se acredite la celebración de un acuerdo con una universidad, pública o privada, del que resulte que al menos la mitad de los profesores que impartan asignaturas obligatorias de conformidad con este Real Decreto, sean profesores titulares o catedráticos de dicha Universidad, o de otras si así se contemplase en el convenio.
c) Que su contenido obligatorio, en la duración mínima señalada en el artículo3, se ajuste al plan de estudios aprobado conjuntamente por orden del Ministerio de Ciencia e Innovación y de Justicia a que se refiere el artículo 4 .
d) Que prevean la realización de prácticas externas con los requisitos establecidos en la Ley y en este Reglamento.
e) Que contemple procedimientos suficientes de acreditación de la asistencia y aprovechamiento de la formación recibida.

Artículo 8. Habilitación para la evaluación
La superación del curso de formación de conformidad con los procedimientos de evaluación que lo regulen, habilitará para presentarse a la evaluación regulada en el artículo 7 de la Ley en los cinco años siguientes.

Capítulo Tercero. Convenio

Artículo 9. Marco general.
(Requisitos generales)

Artículo 10. Obligación de convenir.
1. El colegio profesional, en el caso de los cursos universitarios, o la Universidad, en el caso de las escuelas de prácticas jurídica, no podrá rechazar la celebración de un convenio con, respectivamente, una universidad que tenga sede o delegación docente en su correspondiente ámbito territorial o el colegio de abogados de dicho territorio, y que reúna los requisitos referidos en el artículo precedente, salvo que acredite de forma cumplida la imposibilidad de asumir las obligaciones que éste le impone. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de celebrar convenios con centros o colegios que no estén en el mismo ámbito territorial.
2. En caso de negativa, se remitirán las actuaciones a la Comisión de Acreditación regulada en el artículo 18, que dictará resolución sobre la procedencia del convenio, la cual será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de su posible impugnación judicial.

Artículo 11. Enseñanzas conjuntas.
Las universidades y las escuelas de práctica jurídica podrán acordar por convenio celebrar cursos en colaboración, con título expedido conjuntamente por ambos centros, siempre que éstos se acomoden a lo previsto en el artículo 5 y el capítulo segundo.

Capítulo Cuarto. Prácticas externas

Artículo 12. Prácticas externas.
Las prácticas externas de los cursos que habilitan para el ejercicio de la profesión de abogado, a las que se refiere el artículo 2 de esta norma, se realizarán de acuerdo con los requisitos previstos en este capítulo.

Artículo 13. Tutores.
1. Las prácticas habrán de realizarse en un despacho, individual o colectivo, en el que los abogados titulares de los mismos reúnan las condiciones previstas en la Ley.
2. Los tutores de las prácticas, conforme a lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley, deberán ser abogados con un ejercicio profesional superior a cinco años.
3. Podrán ser tutores los abogados titulares de despachos, así como también los que ejerzan la abogacía por cuenta ajena en el seno de estos.
4. Los colegios de abogados garantizarán que en el ámbito territorial de su competencia puedan ser realizadas todas las prácticas que demanden los alumnos de los cursos de formación. Para ello llevarán a cabo las reformas necesarias en sus estatutos, pudiendo configurar las prácticas como una obligación.
Artículo 14. Designación de los tutores
1. La designación de los tutores de las prácticas del master universitario, corresponde a la universidad organizadora del curso de formación. La elección se realizará sobre el listado de abogados proporcionado por el colegio de abogados con el que tenga suscrito el convenio.
2. La designación de los tutores de las prácticas de los cursos de formación organizados por las escuelas de práctica jurídica se realizará por el propio colegio de abogados entre los abogados adscritos al mismo.

Artículo 15. Programa de prácticas
1. El programa de las prácticas deberá extenderse a todas las materias objeto de estudio teórico comprendidas en la orden conjunta de los Ministerios de Justicia y de Ciencia y Tecnología a la que se refiere el artículo 3 de este Reglamento.
2. Las prácticas deberán consistir en un cincuenta por ciento en asistencia a vistas en tribunales y juzgados.
3. También formarán parte de las prácticas el conocimiento de otras instituciones, públicas o privadas, que por razón de su actividad u objeto estén vinculadas de alguna forma al ámbito jurídico.
Artículo 16. Número máximo de alumnos.
El número de alumnos de que puede ser tutor un abogado en las prácticas externas del curso de formación para abogados no podrá ser superior a dos. Los colegios de abogados podrán modificar este número máximo cuando sea necesario para podercubrir todas las necesidades de prácticas que demanden las universidades con las que tengan convenio y las escuelas de práctica jurídica.

Artículo 17. Mecanismos de control.
1. Los tutores deberán remitir semestralmente al centro organizador del curso de formación una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones de tutoría.
2. Cuando el centro organizador del curso compruebe que el tutor no ha cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio de abogados al que éste corresponda, a fin que se lleve a cabo su exclusión del listado de tutores, sin perjuicio de que además por parte del colegio se inicie, si procede de acuerdo con sus estatutos, el correspondiente procedimiento disciplinario.
3. Cuando por parte de la Escuela de Práctica Jurídica se compruebe que el tutor no ha cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, el Colegio de Abogados procederá a la exclusión del mismo del listado de tutores, sin perjuicio del posible inicio del procedimiento disciplinario.
4. Los centros de formación podrán requerir en cualquier momento al tutor para que les rinda cuentas sobre el estado de las prácticas que tengan encomendadas.
5. Esta obligación de información se entiende sin perjuicio del deber de evaluación continua del alumno que le corresponde en el ejercicio de su función de tutoría.
Capítulo Quinto. Procedimiento de acreditación de los cursos de formación para abogados.

Artículo 18. Competencia para la acreditación de los cursos de formación.
1. La acreditación de los cursos de formación para abogados prevista en el artículo 2.2 de la Ley, corresponde conjuntamente al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del procedimiento previsto en esta norma.
2. En el caso de formación universitaria, dicha acreditación será previa al procedimiento de verificación previsto en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, no condicionará ésta, y se limitará a comprobar la concurrencia de las condiciones exigidas en los artículos 2, 3 y 4 de este Reglamento.
3. En el caso de formación universitaria, la ausencia de acreditación de la formación de conformidad con lo previsto en este artículo no será óbice, en su caso, para la validez del máster como título universitario, sin perjuicio de que no podrá hacer referencia en su enunciado a la Abogacía ni habilitará para presentarse a la evaluación señalada en el artículo 7 de la Ley.

Artículo 19. Comisión mixta interministerial para la acreditación.
1. La competencia para la acreditación corresponde a una comisión mixta del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Ciencia e Innovación, que tendrá seis vocales con rango de subdirector general: tres nombrados por el Secretario de Estado de Justicia entre juristas de reconocida competencia y otros tres por el Secretario de Estado de Universidades.

2. La presidencia de la comisión mixta corresponde por turnos rotatorios cada seis años a los Secretarios de Estado referidos en el párrafo precedente, o personas en quien éstos deleguen, comenzando por el del Ministerio de Justicia.
3. Serán de aplicación a esta comisión las normas sobre el funcionamiento de los órganos colegiados previstas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Las resoluciones de la Comisión de Acreditación agotan la vía administrativa.

Artículo 20. Periodicidad de la acreditación.
Los cursos de formación para abogados organizados por las universidades, públicas o privadas, y por las escuelas de práctica jurídica, habrán de someterse al procedimiento de acreditación cada seis años.

Artículo 21. Procedimiento de la acreditación.
1. La solicitud de acreditación de la formación deberá dirigirse a la Secretaría de Estado de Universidades, si se trata de formación universitaria, o a la Secretaría de Estado de Justicia, en el caso de las escuelas de práctica jurídica, que darán traslado de la misma a la Comisión de Acreditación.
2. Si la Comisión de Acreditación observase la existencia de deficiencias, lo comunicará a la entidad solicitante a fin de que realice las modificaciones oportunas.

Capítulo Sexto. Renovación, modificación y extinción de la acreditación de los cursos de formación.

Artículo 22. Renovación de la acreditación de los cursos de formación.
1. La acreditación de los cursos de formación se mantendrá durante seis años, transcurridos los cuales deberán dirigirse a la Comisión de Acreditación para solicitar la correspondiente renovación.
2. La solicitud de renovación deberá ir acompañada de un informe que analizará el nivel de cumplimiento del plan de estudios inicial.
3. La comisión de acreditación con carácter previo a emitir su resolución podrá requerir a la universidad o a la escuela de práctica jurídica para que aporte cuanta documentación estime conveniente, pudiendo realizar una visita externa a la institución.
4. Cuando la renovación sea solicitada por la universidad, la solicitud se realizará con anterioridad a la prevista en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, siendo de aplicación, en cuanto a los efectos de dicha renovación, lo previsto en el artículo 18 de este Reglamento.

Artículo 23. Modificación de los cursos de formación.
1. Cualquier modificación de los cursos que suponga una alteración de los requisitos previstos en el capítulo primero o segundo de esta norma habrá de ser notificada a la Comisión de Acreditación.
2. Cuando dichas modificaciones supongan un cambio en la naturaleza y objetivos del curso de formación inscrito se considerará una nueva solicitud, dándose traslado a la universidad o a la escuela de práctica jurídica a fin de que inicie el procedimiento previsto en los artículos 17 y 18 de esta norma.
3. En caso contrario dictará resolución aceptando la modificación propuesta.
4. Cuando el Consejo de Universidades deba conocer de la solicitud de modificación, la actuación de la Comisión de Acreditación será previa a la de este organismo y se limitará a comprobar que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos previsto en el capítulo I de esta norma.

Artículo 24. Práctica de oficio de anotaciones en el Registro.
1. El Ministerio de Justicia llevará un registro administrativo, a efectos informativos, en el que se inscribirán las acreditaciones de cursos de formación para la obtención del título profesional de abogado.
2. También serán objeto de inscripción las resoluciones que se adopten en los procedimientos de renovación y de modificación.
3. Las inscripciones se practicarán a instancia de la Comisión de Acreditación.

Artículo 25. Régimen jurídico subsidiario.
La Ley 30/1992, de 24 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común será de aplicación subsidiaria a los procedimientos previstos en esta norma.

Capítulo Séptimo. Evaluación

Artículo 26. Procedimiento de determinación del contenido mínimo de la evaluación.
1. La evaluación será única e idéntica para todo el territorio nacional en cada convocatoria y su contenido versará sobre las materias obligatorias del programa aprobado por orden conjunta de los Ministerios de Justicia y de Ciencia e Innovación a la que se refiere el artículo 4 de este Reglamento.
2. La determinación del contenido de la evaluación se realizará por la Secretaría de Estado de Justicia para cada convocatoria, teniendo en cuenta las propuestas realizadas por el Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogacía. Estas propuestas deben dirigirse al Ministerio de Justicia en el plazo de 3 meses desde la realización de cada una de las pruebas de aptitud, para ser incluidas en la prueba correspondiente a la convocatoria siguiente.
3. La prueba constará de dos ejercicios que versarán sobre las materias fijadas como contenido obligatorio en la orden a la que se refiere el apartado 1 de este artículo. El primero será un ejercicio tipo test eliminatorio compuesto por cien preguntas. El segundo consistirá en la resolución durante cinco horas de un caso práctico relacionado con la actuación consultiva o contenciosa propia del ejercicio de la profesión de abogado. Las preguntas del test se fijarán en cada convocatoriay deberán guardar una proporción adecuada a la importancia de cada orden jurisdiccional, predominando las preguntas atinentes a la función contenciosa sobre la consultiva. La forma de valoración será la fijada en la correspondiente orden de convocatoria.
4. La naturaleza y contenido de las preguntas habrá de denotar la formación y conocimiento práctico para el adecuado ejercicio de la profesión de abogado.
5. La superación de la prueba de aptitud para el acceso a la profesión de abogado habilita automáticamente para el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales.

Artículo 27. Procedimiento de convocatoria de la prueba.
1. La prueba de habilitación será convocada por el Ministerio de Justicia con una periodicidad mínima anual. Se convocará con una antelación mínima de 3 meses a la celebración de la prueba mediante publicación en el BOE.
2. La convocatoria no podrá contener limitación del número de plazas. El lugar y plazo de presentación de las solicitudes para realizar la evaluación se fijará en la correspondiente orden de convocatoria.
3. Los aspirantes deberán ser mayores de edad, acreditar la superación de la formación especializada prevista en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y no estar inhabilitados para el ejercicio de la profesión de abogado o procurador de los tribunales.

Artículo 28. Composición de la comisión de evaluación.
1. Existirá una comisión evaluadora en cada comunidad autónoma, sin perjuicio de que cuando el número de aspirantes u otras circunstancias así lo justifiquen se proceda a la constitución de varias comisiones en el ámbito de una misma comunidad autónoma o una sola para varias, en la forma prevista en la correspondiente orden de convocatoria.
2. Cada una de las comisiones será designada por el Ministerio de Justicia e integrada por los siguientes miembros: Un abogado con más de diez años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogacía, colegiado en alguno de los colegios profesionales que radiquen en el territorio de la comunidad autónoma correspondiente, que la presidirá; Un funcionario del grupo A licenciado o graduado en Derecho, en representación del Ministerio de Justicia; Un representante del Ministerio de Ciencia e Innovación, designado entre los cuerpos docentes universitarios de disciplinas jurídicas a propuesta del Consejo de Universidades; y un funcionario del Estado o de la comunidad autónoma correspondiente, licenciado en Derecho perteneciente al grupo A, propuesto por ésta. La participación como miembro de estas comisiones da derecho a la
percepción de las correspondientes dietas.
3. La puntuación del test se realizará por medios informáticos. La valoración del caso práctico resuelto por los aspirantes que hayan superado el test se obtendrá de la media aritmética de la otorgada por cada uno de los miembros de la comisión de evaluación.

Capítulo Octavo. Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales

Artículo 29. Formación universitaria
1. Los cursos de formación para la obtención del título de procurador de los tribunales tienen la misma naturaleza que los que permiten el acceso a la profesión de abogado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 y 2 de este Reglamento.
2. Las universidades podrán impartir cursos de formación para el acceso a la abogacía, a la procura o a ambas

Artículo 30. Características del máster
1. El máster para el acceso a la procura constará de 60 créditos de los cuales al menos 10 horas por crédito tendrán carácter presencial y al menos 30 créditos versarán sobre asignaturas obligatorias
2. Contemplará como asignaturas obligatorias de su plan de estudios las que se establezcan por orden conjunta del Ministerio de Justicia y de Ciencia e Innovación, previo informe preceptivo del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España. Deberá ser actualizado cada dos años.
3. Al menos 20 créditos estarán dedicados a prácticas externas, para cuya realización deberá concertarse un convenio con un colegio de procuradores. 4. El título de máster no podrá hacer referencia en su enunciado a la Procura, en tanto no se haya superado la evaluación a que se refiere el artículo 7 de la Ley, sin perjuicio del título oficial de que pueda expedirse una vez superada la evaluación que prevea la normativa educativa.
5. El máster oficial deberá ser acreditado en la forma prevista por el capítulo quinto de este Reglamento.
6. Este título habilita durante cinco años para comparecer a la evaluación a la que se refiere el artículo 7 para el acceso a la profesión de procurador.

Artículo 32. Prácticas externas.
1. Se dedicarán 20 créditos a la realización de prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la profesión de procurador de lo tribunales.
2. Las prácticas deben realizarse bajo la tutela de un procurador con más de cinco años de ejercicio profesional, cuya designación corresponde a la universidad sobre listado ofrecido por el colegio con el que haya suscrito convenio.
3. Los estatutos de los colegios profesionales de procuradores, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 6.1 de la Ley, establecerán las previsiones precisas para la existencia de procuradores-tutores en número suficiente para la formación de todos los aspirantes al título.
4. Cada procurador podrá tutelar a un máximo de tres aspirantes.
5. Los tutores remitirán semestralmente una memoria explicativa de las actividadesde tutoría, sin perjuicio de su deber de evaluar al aspirante de manera continua, en los términos del correspondiente convenio.
6. El incumplimiento de las obligaciones que por su condición de tutor asume el procurador dará lugar a la exclusión de la lista de tutores que a estos efectos se llevará en los correspondientes colegios profesionales, sin perjuicio de la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria a que hubiere lugar.

Artículo 33. Prueba de evaluación
Regirá lo dispuesto en el capítulo sexto de este Reglamento, con las siguientes especialidades:
1. La determinación del contenido de la evaluación, que compete al Secretario de Estado de Justicia, tendrá en cuenta las propuestas realizadas por el Consejo de Universidades y el Consejo General de Colegios de Procuradores.
2. Para la resolución del caso práctico, el aspirante dispondrá de tres horas.
3. Todas las preguntas del test versarán sobre la actuación contenciosa propia del procurador de los tribunales.
4. No podrán ser aspirantes quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la profesión de procurador.
5. La comisión será presidida por un procurador con más de diez años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de Colegios de Procuradores, colegiado en alguno de los colegios de procuradores que radiquen en el territorio de la comunidad autónoma correspondiente.
Madrid, 10 de diciembre de 2008.

Fuente: www.expansión.com

BURGOS. 250 euros y después de un año

2009-04-13T19:20:00.000+02:00

Trescientos abogados burgaleses están en el turno de oficio • Cobran una quinta parte que un proceso privado

13/04/2009 I. E. / Burgos

El 80% de los abogados de la provincia, cerca de 300, están apuntados al turno de oficio. Y no lo hacen por razones económicas precisamente. «En los últimos seis años, el Gobierno no ha subido sus emolumentos ni siquiera el IPC», afirma Belén Marticorena, miembro de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Burgos.

Por un procedimiento que en la vía privada un abogado puede cobrar 1.200 euros, en el turno de oficio ganan 250 euros, que ni siquiera saben cuándo van a cobrar. «Antes del año no solemos ver un euro», se queja Marticorena.

¿Y por qué ejercen la justicia gratuita? Por razones económicas, no, asegura Marticorena. Para ella es una forma de estar en contacto con la realidad social, algo que no ocurriría si solo llevara los procesos que llegan a su despacho. «A mí, personalmente, me gusta llevar estos casos, aunque suponga llevarme el trabajo a casa», señala.

Hace cuatro años esta asociación preparó un documento reivindicativo que presentó ante el Ministerio de Justicia para mejorar el funcionamiento del turno de oficio y agilizar la tramitación de la justicia gratuita. Las reclamaciones eran: una retribución digna y a tiempo, un seguro de responsabilidad civil y de accidente, y la mejora de la imagen del abogado del turno de oficio, que está totalmente denostada.

Solo han mejorado en un aspecto, el de la tramitación de los asuntos. Antes eran los propios abogados los encargados de realizar todas las labores administrativas, totalmente alejadas de lo que debe ser realmente el papel del abogado del turno de oficio. En la actualidad lo hace el Colegio de Abogados, que cuenta con un enlace en su web dedicado exclusivamente a la justicia gratuita.

En los demás aspectos, nada ha cambiado. El sueldo sigue siendo el mismo y los desplazamientos siguen corriendo de su cuenta, a pesar de la extensión que tiene la provincia de Burgos.

La situación en Burgos del turno de violencia doméstica es más que delicado. La nueva Ley de Violencia de Género no es del agrado de muchos abogados de oficio, «porque coloca en una situación de indefensión al hombre», según la propia Marticorena. «La ley trata del mismo modo a un hombre que ha tenido una discusión familiar fuerte con su mujer que a un maltratador», argumenta. Y esto crea situaciones «bastante dramáticas en los procesos».

En la agrupación están expectantes ante la negociación para el traspaso de las competencias de Justicia, toda vez que en la mayor parte de las comunidades autónomas que ya las tienen la situación del turno de oficio es mejor. «Castilla y León es de las regiones con menores baremos para el turno de oficio», se queja.

¿Qué servicios concede el turno de oficio?

Antes del proceso. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, cuando tenga por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión. El Colegio de Abogados dispone de un servicio de asesoramiento gratuito a favor de los peticionarios de asistencia jurídica gratuita cuya finalidad es la de orientar y encauzar sus pretensiones.

ayuda. Asistencia del abogado al detenido o preso

juicio. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando su intervención sea preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal.

publicidad. Inserción gratuita en los periódicos oficiales de los anuncios y edictos que deban publicarse en periódicos oficiales.
sin pago. Exención de hacer los depósitos que sean necesarios para la interposición de cualesquiera recursos.

peritos. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales o, en su defecto a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas. Sólo excepcionalmente podrá recurrirse a peritos privados.

material. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.
Rebaja. Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, o de notas, certificaciones, anotaciones, asientos o inscripciones de cualesquiera Registros públicos, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. Aunque estos derechos no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional.

Fuente: www.diariodeburgos.es

CÓRDOBA. Los Abogados de Oficio asistieron a más de 10.400 personas en el último año.

2009-04-12T18:27:00.000+02:00

Los abogados de oficio asistieron a más de 10.400 personas en el último año. Las solicitudes para optar a la justicia gratuita aumentan un 22% desde 2005 por el maltrato o los asuntos de tráfico.

Ángel Robles | Actualizado 12.04.2009 - 11:24

Los robos se disparan, los casos de malos tratos llenan los archivos de los juzgados, los problemas relacionados con la extranjería no desaparecen, las alcoholemias y las conducciones temerarias se multiplican y las estafas son cada vez más frecuentes relacionadas con la picaresca para hacer frente a la crisis. Esta tendencia no se refleja sólo en el número de casos que a diario llega a los bufetes por iniciativa de los propios clientes, sino también en las personas que han de recurrir al turno de oficio para solucionar sus problemas. En el último año, un total de 10.484 ciudadanos acudieron a los servicios de la justicia gratuita, lo que equivale a una media de 28 asuntos cada día.

Desde 2005, además, los procedimientos resueltos a través de este ser vicio organizado entre la Junta de Andalucía, el Colegio de Abogados y la Fiscalía han aumentado un 22%, al pasar de 8.534 casos de hace cuatro años a los actuales, según recoge la memoria anual de la Delegación de Justicia y Administración Pública. La entrada en vigor, en el año 2002, de los turnos de oficio relativos a la violencia de género y la extranjería es una de las causas que explica el aumento imparable de este servicio, según fuentes de la Junta.

No en todos los casos se puede solicitar la asistencia gratuita de un abogado. Para decidir en qué supuestos se concede la ayuda, existe una reunión quincenal en la que participan procuradores, abogados, fiscales y técnicos de la Delegación. Si el solicitante reúne los requisitos que la ley detalla, se le concede este beneficio, explicaron fuentes de la Consejería. Uno de los aspectos que la comisión tiene en cuenta es la renta, ya que los ingresos económicos no pueden superar el doble del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem).

La comisión, no obstante, analiza caso por caso y establece excepciones atendiendo a las circunstancias personales, al número de miembros de la familia o al estado de salud. En todo caso, los ingresos nunca pueden superar los 26.300 euros, el equivalente a cuatro veces la renta básica. El año pasado, la comisión denegó la asistencia a 1.241 personas.

Los letrados de oficio tienen la posibilidad de intervenir en causas que se tramitan tanto por la vía civil como por la penal. Estos últimos procedimientos, sin embargo, siguen acaparando la mayoría de las solicitudes. Los sectores de población más desfavorecidos -como los extranjeros, los internos en centros penitenciarios o las mujeres que no poseen recursos económicos- suelen ser los colectivos que más se benefician de este servicio. En el ámbito de lo civil, uno de los mayores aumentos se registró en las causas sobre extranjería, algunas de las cuales se tramitan a través de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Los inmigrantes pueden recurrir a este servicio, entre otros supuestos, para evitar su expulsión.

Fuente:www.eldiadecordoba.es

JAEN. El Turno de Oficio proporcionó Abogado gratis a más de 5.000 personas.

2009-04-07T19:26:00.001+02:00

La Junta de Andalucía ha facilitado asistencia jurídica gratuita a 124.741 personas durante el pasado año, de las que más de 5.000 corresponden a la provincia de Jaén, según ha informado la Oficina del Portavoz del Gobierno. Este servicio, que la Consejería de Justicia y Administración Pública abona a los once colegios de abogados y a los nueve de procuradores de Andalucía, supuso para la administración autonómica un gasto de 33.072.000 euros.

Málaga fue la provincia con un mayor número de personas sin recursos económicos (27.913) que utilizaron este servicio, seguida de Sevilla (25.997), Cádiz (23.126), Granada (14.443), Almería (10.971), Córdoba (10.484), Huelva (6772) y Jaén (5.035). Asimismo, durante 2008 se llevaron a cabo en toda Andalucía 32.285 guardias de asistencia letrada al detenido y 47.383 individualizadas.

Más medios

Con el fin de ofrecer un mejor y más eficiente servicio, la Junta ha ido incrementando progresivamente los fondos para la justicia gratuita, llegando a quintuplicar las partidas presupuestarias dirigidas a este turno de oficio, al pasar de seis millones de 1997 a 33 millones en 2008.

Asimismo, para reforzar este servicio en julio del pasado año se aprobó el nuevo Reglamento de Justicia Gratuita, que estableció la composición y funciones de las comisiones de asistencia con sede en cada una de las capitales de provincia.

Este reglamento dispone la existencia turnos de oficio especializados para colectivos como inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.

La asistencia gratuita, dirigida a los ciudadanos que no disponen de recursos económicos suficientes para costearse su defensa ante los tribunales, es uno de los servicios públicos incluidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucí.

Desde el Colegio de Abogados de Jaén siempre se ha defendido la calidad del servicio que ofrece el turno de oficio, en el que están implicados muchos letrados de la provincia. Para acceder a él hay que superar unos cursos y además los que aspiran a formar parte de alguna de las secciones especializadas tienen que recibir formación específica al respecto. El Colegio controla así la calidad del servicio, pese a que las reivindicaciones sobre la insuficiencia de las retribuciones son históricas.

Fuente: www.ideal.es

GIJÓN, Un grupo de Abogados recurre la huelga de celo por "ilegal".

2009-04-03T10:36:00.003+02:00

Un grupo de abogados recurre la huelga de celo por "ilegal".

01.04.09 -OLAYA SUÁREZ| GIJÓN

La huelga de celo de los letrados gijoneses está en tela de juicio. Un grupo de colegiados ha presentado un recurso ante el Consejo General de la Abogacía Española al considerar «ilegal» la medida de presión adoptada por el Colegio de Abogados de Gijón en la última asamblea general ordinaria del 6 de marzo. Los denunciantes persiguen que se declare nulo el acuerdo por «no ajustarse a los parámetros legales» y por «redundar negativamente en los propios clientes».

El recurso fue presentado con la firma de diez colegiados, aunque, según se desprende de los apoyos recibidos durante los últimos días, es secundada por más asociados, muchos de los cuales se manifestaron en contra de la huelga de celo durante la votación. La iniciativa fue aprobada por 144 votos a favor y 76 en contra y su objetivo es hacer valer las reclamaciones del turno de oficio a la Administración: mayores retribuciones, incorporación a la Seguridad Social y rebaja de las trabas burocráticas para cobrar los servicios prestados.

Instrucciones

La propia entidad colegial ha remitido a los letrados unas instrucciones en las que explica el proceder de los profesionales en lo relativo a la huelga de celo. Pretenden que todas las declaraciones y comparencias en los juzgados de Instrucción se desarrollen con la presencia del juez y el secretario judicial, cosa que no se realiza habitualmente.

Se trata de cumplir a rajatabla todo lo estipulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en ocasiones no se ejecuta para agilizar los procedimientos. «Al final, el peor parado es el cliente, que tiene que esperar innecesariamente durante horas y acaba pagando las consecuencias a pesar de no tener la culpa», explican fuentes del sector crítico.

La huelga de celo comenzó a notarse en los juzgados la semana pasada. Los abogados tienen que cubrir una hoja y entregarla al Colegio para que lleven un control de los asociados que están ejecutando la medida de protesta. «La junta directiva tiene un gran interés por saber quién está siguiendo la huelga y quién no», denuncia un grupo de opositores.

Las movilizaciones por la mejora del turno de oficio comenzaron en mayo del pasado año. Desde entonces, se han sucedido las manifestaciones, los encierros en la sede del Colegio de Abogados y los intentos de llegar a un acuerdo con la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Rechazo a negociar

Durante estos diez meses de reivindicaciones el decano del órgano colegial gijonés, Sergio Herrero, se ha reunido en una ocasión con representantes del Gobierno regional, quienes han manifestado una rotunda negativa a negociar sobre las condiciones económicas de los letrados y su incorporación en las prestaciones sanitarias.

Las posturas se han acercado en lo que respecta a la agilización de los trámites burocráticos. El Colegio de Abogados espera una nueva reunión con la consejera para llegar a un acuerdo.

Fuente:www.elcomerciodigital.com/oviedo/20090401/gozon-carreno/grupo-abogados-recurre-huelga-20090401.htmlb

MADRID.La crisis incrementa los casos del Turno de Oficio un 19%.

2009-04-03T10:31:00.001+02:00

La crisis incrementa los casos del turno de oficio en un 19%

Publicado el 31-03-2009 , por M. Serraller. Madrid

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha presentado esta mañana su Memoria 2008. El decano, Antonio Hernández-Gil, ha analizado el aumento de designaciones de turno de oficio en 2008, un 19,8% global. Las jurisdicciones que más han notado el incremento han sido Penal y Contencioso-administrativo.

Hernández-Gil ha asegurado que el colegio se compromete a garantizar este servicio. Los abogados del turno han dado una tregua al decano, que consiguió aprobar sus presupuestos con una amplia mayoría la semana pasada. Sin embargo, el incremento de los casos y la coyuntura económica plantean dudas sobre el pago de las partidas de 2009.

El decano achacó el incremento de las solicitudes de abogado de oficio -un 11% más que el aumento que experimentó el servicio de 2006 a 2007- a la coyuntura económica, el incremento del número de despidos, y al aumento de los expedientes incoados por la Administración frente a extranjeros en situación irregular.

El incremento porcentual más importante, de 2008, se produjo en materia social, un 32% más que en el ejercicio anterior. En 2007, el Colegio de Abogados de Madrid designó a 6.091 abogados de oficio para estos asuntos, mientras que en 2008 se alcanzaron las 8.096 designaciones.

Por su parte, el turno de extranjería, dentro de la materia contencioso administrativa, sufrió un incremento del 37 por ciento, respecto al ejercicio 2007. En 2007, se designaron 33.397 y en 2008, la cifra alcanzó las 43.847 designaciones.

En materia penal, que se incrementó sólo un 16 por ciento, respecto a 2007, sigue siendo en donde más trabajan los abogados de oficio. En 2007, hubo 62.132 abogados de oficio que defendieron a ciudadanos en esta materia y, en 2008, la cifra alcanzó los 72.145 abogados de oficio designados.

Los pagos
El decano del Colegio de Abogados de Madrid garantizó que a día de hoy la Comunidad de Madrid ha liquidado todas las cantidades pendientes, de 2008, para abonar los salarios de los abogados del turno de oficio que amenazaron con paralizar la asistencia jurídica gratuita en Madrid si no se les pagaba.

Fuente: www.expansión.com

MADRID. La crisis provoca una subida de casi el 20% en la demanda de la Justicia Gratuita

2009-04-01T11:27:00.001+02:00

C. F. | MADRID. Miércoles 1, abril 2009.

Para algunos la coyuntura económica significa más trabajo. Es el caso del turno de oficio, que en total ha visto incrementadas las solicitudes de asistencia gratuita en un 17,35 por ciento en 2008 respecto al año anterior. Según Antonio Hernández-Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid, la mayor subida en las designaciones diarias de abogados de oficio (un 32%) se ha producido en los procedimientos de material social, en lo referente a los despidos laborales, lo que según el decano podría ser un «efecto» de la crisis económica.

Junto a este significativo dato, Hernández-Gil afrontó ayer también la polémica de los retrasos en el pago de estos profesionales, que amenazaron con paralizar la asistencia gratuita en Madrid si no se les pagaba. Así, el decano de los abogados confirmó que a día de hoy la Comunidad de Madrid ha liquidado todas las cantidades pendientes de 2008 para abonar los salarios de los abogados del turno de oficio. Eso sí, reconoció que «sólo queda pendiente de pago el cuarto trimestre de 2008 por parte del Ministerio de Justicia».

Además, el decano de los abogados madrileños aseguró que Esperanza Aguirre se ha comprometido a revisar los baremos económicos para pagar el servicio del turno de oficio, que no se actualiza desde 2003. Respecto a la posibilidad de privatización del servicio que denunciaba el colectivo, el decano insistió en que «tanto los servicios de orientación jurídica a mayores e inmigrantes como el propio turno de oficio continuarán siendo gratuitos».

Superávit del Colegio

Hernández Gil expuso asimismo el balance del primer año de gestión del mandato de la nueva directiva, marcado por las dificultades económicas. Pese a ello, Hernández-Gil subrayó que el Colegio de Abogados de Madrid cerró 2008 con un superávit de casi 2 millones de euros.

Sobre las iniciativas puestas en marcha, el decano del ICAM destacó la creación del Observatorio de la Justicia como instrumento estable de participación en la Abogacía. Este servicio canaliza las incidencias que cada día se dan en los órganos jurisdiccionales y cuenta ya con la colaboración de 300 colegiados. La intención del decano es que se convierta, concluyó, en un «órgano de interlocución permanente con los juzgados y los tribunales».

Fuente: www.abc.es

PAIS VASCO. Un millón de euros para asistencia legal a mujeres maltratadas.

2009-04-01T11:18:00.004+02:00

Un millón para la asistencia legal a mujeres maltratadas

EL PAÍS - Vitoria - 01/04/2009

Los colegios de abogados de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa recibirán un millón de euros este año del Gobierno vasco para financiar el servicio de asistencia jurídica y turno de oficio para las mujeres víctimas de malos tratos y de agresiones sexuales.

Al Colegio de Abogados de Alava se le ha concedido por este concepto una subvención de 180.579 euros; al de Vizcaya, 531.746 euros y al Colegio de Abogados de Guipúzcoa, 369.873 euros. Todas estas ayudas se derivan del Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas del Maltrato Doméstico y Agresiones Sexuales, firmado en 2001 por los tres Colegios de Abogados de la comunidad autónoma y por el Departamento de Justicia, dirigido por Joseba Azkarraga, de EA.

En el mes de febrero de 2007 se suscribió un nuevo convenio, que incluía otra organización del servicio. Así, los colegios dispondrían de ocho letrados titulares y siete más de refuerzo para cubrir el turno y atender jurídicamente las necesidades de las mujeres que sufren la violencia doméstica.

Fuente: www.elpais.com

El secreto

2009-03-31T21:37:00.001+02:00

MADRID. Los abogados de Madrid hacen un llamaniento sobre la situación de la Justicia.

2009-03-31T11:35:00.000+02:00

Los procedimientos judiciales han aumentado, sobretodo en lo relativo a lo social debido a la crisis económica. Garantizan la asistencia jurídica gratuita a pesar del aumento de designaciones y al estancamiento de los recursos por parte de las administraciones

Belén Ibáñez de la C. - 31-03-09

Pocos recursos y los procedimientos judiciales en aumento. Sobretodo en lo concerniente a lo social, es decir, despidos, impagados y todo aquello que sobreviene a una situación de crisis económica. No hay datos sobre el incremento de asuntos que llevan los abogados en general pero si del turno de oficio, que ha aumentado en 2008 un 32% en materia social, un 37 en lo contencioso administrativo y un 16 por ciento en lo penal. El decano del colegio de abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil hace un llamamiento a todas las administraciones para que tengan en cuenta no solo la situación de la Justicia sino la figura del letrado.

El colegio de abogados garantiza la asistencia jurídica gratuita, a pesar de que los asuntos aumentan y los baremos que destina de la Comunidad y el Ministerio no hayan variado desde el año 2003. Cada día se designan 750 abogados de oficio que a veces tienen incluso que adelantar su dinero.

Ha descartado rotundamente que vaya a haber una privatización del turno de oficio porque hay una ley estatal que lo impide y se ha referido a la tensión con la que están viviendo los letrados los procedimientos relativos a los despidos.

Fuente: www.cope.es

OVIEDO.GIJÓN. Los Abogados de Oficio piden estar presentes en el momento de interponer la denuncia.

2009-03-30T19:36:00.001+02:00

El representante del Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta Areces, y el decano de Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero, destacaron hoy la necesidad de que los abogados del turno de oficio del servicio especial de atención a las mujeres víctimas de violencia de género estén presentes en el momento de interponer la denuncia.

Ambos letrados participaron hoy en la comisión de Presidencia, Justicia e Igualdad que acogió diversas comparecencias informativas acerca del Programa del Principado de Asturias de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Este Plan fue aprobado en Consejo de Gobierno en el mes de abril del pasado 2008. Los principales objetivos del mismo pasan por mejorar la respuesta frente a la violencia y conseguir un cambio en el modelo de relación social.

Ignacio Cuesta manifestó que entre las disfunciones detectadas por los abogados en el funcionamiento del servicio es precisamente la "tardía incorporación" del abogado de oficio que es llamado pocos minutos antes de que la mujer víctima de violencia de género interpone la denuncia, mientras que consideran "fundamental" que el abogado pueda asesorar a la mujer a la hora de interponer la denuncia.

En el caso de Gijón, Herrero manifestó que "poco a poco" parece que esta situación se va subsanando y cada vez son más los casos en los que el abogado de oficio se incorpora antes al proceso.

Otra de las deficiencias detectadas tiene que ver con la remuneración económica, ya que según indicó Herrero, los abogados de turno de oficio de este servicio cobran 85 euros frente a los 150 que cobra un letrado de turno de oficio de otra materia, lo cual a su juicio "no tiene ningún sentido".

No obstante Cuesta Areces manifestó que a día de hoy el servicio funciona "bastante bien" con los 277 abogados destinados a este servicio especial y los siete abogados de guardia en cada turno de oficio específico en materia de violencia de género que les permite efectuar el servicio con cierta eficacia.

"Seguimos con áreas geográficas distantes, pero entendemos que la reorganización ha permitido que el servicio funciona razonablemente bien", dijo y añadió que ahora mismo no es una "necesidad imperiosa contar con mayor número de abogados".

Tampoco consideró que la falta de intérpretes sea otro de los problemas del servicio, e indicó que aunque es cierto que a veces hay que esperar "el interprete suele llegar siempre", en cuanto al número de policías dedicados a esa tarea, indicó que "desconoce si son o no suficientes".

Por su parte, el fiscal especial de Violencia de Género del Principado de Asturias, Gabriel Bernal, reiteró su rechazo a la obligatoriedad de imponer una orden de alejamiento en todas las condenas por violencia familiar, tal y como exige la ley. Según explicó el fiscal hay ocasiones en las que esta medida no está plenamente justificada y aseguró que, en la práctica, acarrea múltiples problemas, como quebrantamientos de condena constantes.

Bernal recordó que la imposición de las órdenes de alejamiento en todas las condenas por maltrato es obligatoria desde la modificación del artículo 57 del Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003, por la que se eliminó el carácter facultativo de esta medida. Antes, su imposición se dejaba al arbitrio del juez.

"En la práctica diaria vemos casos en los que se hecha de menos el ámbito discrecional esta medida. Son casos concretos que ponen de manifiesto que no es desdeñable devolver el carácter facultativo de la pena", dijo Bernal, que añadió que no es mera opinión personal sino que está generalizada y la comparte también la propia fiscal de la sala de violencia contra la mujer. "No se cuestiona la pena, la necesidad de la pena es obvia, sino que lo que se cuestiona es el carácter imperativo", afirmó.

Preguntado por el grado de quebrantamiento de las penas de alejamiento, Bernal indicó que el alto número es "un problema diario al que se enfrentan los órganos judiciales de violencia de género". Dijo además que está constatado estadísticamente que un importante número de quebrantamiento en cierto sentido está consentido o tolerado por la víctima, lo que nos sitúa a los juristas en un problema. "La cuestión era complicada, pero quiera o no la víctima el incumplimiento de la pena de alejamiento es delito", dijo.

También comparecieron en la comisión la coordinadora de la Red Regional de Casas de Acogida del Principado, Ivana Magdalena Benavente, que destacó la importancia de las acciones de formación como una de las principales del programa y afirmó que el mayor conocimiento del programa hace que el funcionamiento del mismo sea cada vez más positivo.

Fuente:www.europapress.es

REPORTAJE. Cuando los Abogados del mal hacen el bien.

2009-03-29T20:45:00.003+02:00

Cuando los abogados del mal hacen el bien. Hasta el peor acusado merece un letrado - No todos aceptan defender a algunos criminales.

PERE RÍOS 29/03/2009.

De la misma manera que un médico no debe dejar de operar a un enfermo para salvarle la vida, un abogado no puede dejar de defender a un cliente acusado de un delito. Pero la relevancia pública que pueda tener un pleito, la gravedad y hasta monstruosidad del delito imputado o los cambios en la declaración del cliente provoca en ocasiones la renuncia del abogado. Frente al derecho constitucional de defensa se levanta el interés profesional de huir de un caso que puede perjudicar el interés y la imagen del letrado.

La complicación de Miguel Carcaño, el asesino confeso de la joven sevillana Marta del Castillo, por encontrar quien le defienda, pone sobre la mesa las dificultades deontológicas con las que han de convivir en ocasiones algunos abogados del diablo.

"A los letrados nos repugnan los crímenes y las violaciones como a cualquier ciudadano, pero nosotros no defendemos diablos, sino personas acusadas de hechos diabólicos, que es distinto. Y, en todo caso, ya se verá en el juicio si los cometieron o no". Así de claro se expresa José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla desde hace más de 14 años y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española. Esta semana Gallardo ha designado a una mujer del turno de oficio, para defender a Carcaño. Será la tercera defensa en menos de dos meses y en esta ocasión parece que será definitiva.

El primero, Antonio Jiménez era de libre designación y eso le permitió dejar el caso sin más. El código deontológico de la abogacía española prevé "cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente". Para que el abogado pueda renunciar han de "concurrir circunstancias que puedan afectar a su plena libertad o independencia de la defensa o en la obligación de secreto profesional". En este caso, parece que el motivo de la renuncia fue el cambio de declaración de Carcaño, que primero negó los hechos y después confesó el crimen.

La segunda defensora que renunció a la defensa del supuesto asesino de Marta fue Presentación Rosendo, y era del turno de oficio. La jurisdicción penal es la única en la que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permite la renuncia del abogado. "Para ello deberá concurrir un motivo personal y justo", dice la norma. Como esa expresión puede generar diversas interpretaciones, la ley también añade que quien deberá decidir si existe o no ese motivo será el decano del Colegio correspondiente. "Siempre he dicho que sí cuando me lo han pedido, porque hay que defender a ultranza la confianza con el cliente", dice Garrido. "Confianza recíproca". Esa es la expresión en la que debe fundarse la relación del abogado con el cliente, según el código deontológico.

La tercera y última abogada de Carcaño, también del turno de oficio es Paloma Pérez Sendino, quien confesó al decano que no tenía ningún reparo en asumir la defensa.

Las razones que llevan a un abogado de oficio a renunciar son muy diversos: la dificultad para afrontar el pleito, el posible perjuicio a la marcha del despacho al tratarse de una causa muy compleja o una enfermedad o depresión. Y también por motivos personales. En el caso de las abogadas se dan muchas renuncias cuando se trata de un acusado de violación, aunque los hombres también ponen objeciones.

El decano de Sevilla recuerda que antes de designar al tercer abogado de Carcaño, un compañero le pidió que no pensara en él porque tiene una hija de la misma edad que la joven asesinada y que, además, guarda cierto parecido con ella. Pero, también recibió llamadas de abogados anónimos ofreciéndose para llevar el caso por si se producía una nueva renuncia, al igual que llamadas de abogados mediáticos ofreciéndose para llevar el asunto pensando más en el rédito personal que pudieran obtener antes que en articular una buena defensa.

En 2007 había en España 118.775 abogados ejercientes, de los cuales 34.583 estaban apuntados en el turno de oficio. Somos uno de los países europeos donde hay una mayor densidad de abogados (2,63 por cada mil habitantes) y, curiosamente, uno de los que cuenta con menos proporción de jueces (0,1 por cada mil habitantes). En 2007 se tramitaron en España 629.405 expedientes de justicia gratuita y se atendieron a 583.089 personas, más otras 54.241 mujeres víctimas de violencia doméstica. Los casos de la jurisdicción penal fueron el 63% del total y todo eso costó a los diversos organismos públicos 200,3 millones de euros.

Con los abogados de pago ocurre en ocasiones que es el propio cliente el que pide el relevo al entender que no se le está defendiendo bien, pero otras veces es el letrado el que constata que así no se puede seguir porque se ha quebrado la confianza. Y el desencuentro no siempre se produce al cabo de unos días, sino a veces tras uno o dos años de estar defendiéndole. Las cifras sobre renuncias no constan en las memorias, pero lo que sí puede afirmarse es que en los 83 colegios de abogados que hay en España se reciben más quejas contra los abogados de libre designación que contra los de oficio.

"Un abogado de oficio o de pago nunca debería negarse a defender a nadie, y es igual que lo hayan designado o que cobre del cliente, por muy horrible que sea el delito imputado. Defender no es asumir los hechos, porque entonces el abogado se convierte en juez y esa no es su función", explica Mateu Seguí, con 38 años de ejercicio y que ha defendido a decenas de clientes difíciles. Entre ellos, José Cuevas, al que la justicia consideró autor de la colocación de una bomba en la sala de fiestas Scala de Barcelona en 1978, que mató a cuatro personas. O a unos anarquistas italianos que acabaron condenados por la muerte de dos mujeres de la Policía Municipal de Córdoba en 1996, durante un tiroteo iniciado a raíz de un atraco con el fin de costear la causa anarquista.

Ningún abogado consultado sostiene que al cliente se le deba preguntar si cometió o no el delito del que se le acusa, pero sí coinciden en que es bueno tener cuanta más información. "Si lo que llevas es una demanda de divorcio al abogado no le importa porqué se rompió el matrimonio y si alguno era infiel, sino que el cliente salga lo mejor parado, pero en otros casos es importante conocer todas las circunstancias para evitar problemas que perjudiquen la línea de defensa", afirma Fuster-Fabra, abogado con 22 años de ejercicio y profesor de la Universidad de Barcelona. "Y si el cliente no te lo cuenta y no le puedes defender, pues peor para él, porque el abogado no va a ir a la cárcel", zanja Fuster-Fabra.

"A veces ocultan parte de la verdad, otras dicen que no saben qué paso y alguno lo explica todo, pero eso es una decisión suya. El abogado ha de valorar si puede construir una línea de defensa sólida con lo que sabe y debe instruirse hasta donde quiera saber, explica el decano de Sevilla. "Hay que crear un clima de confianza y no preguntar lo que no se debe. El cliente tiene derecho a mentir y yo no conozco a ningunos padres que admitan que su hijo es culpable. El abogado defensor no puede preguntar si ha matado porque no es esa su función", añade Seguí.

Enfrentada casi siempre a las defensas se sitúa la fiscalía. Y no sólo en sentido físico, por la distribución de cada cual en la sala de vistas, sino por los intereses contrapuestos que defienden cada uno en la tramitación del proceso y en el juicio oral. "El fiscal se siente especialmente motivado cuando reúne pruebas para que el tribunal condene a un delincuente grave, porque la función del abogado, respetando siempre la buena fe procesal, es crear dudas a los jueces sobre la responsabilidad penal de su cliente", dice Emilio Sánchez Ulled, presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

A veces esas dudas acaban en absolución. "Eso es lo peor que nos puede pasar como fiscales si estábamos acusando. Nos queda una sensación de disgusto porque quiere decir que no hemos hecho bien nuestro trabajo y que debemos corregirlo, añade Sánchez Ulled. "A veces no es fácil ser fiscal, pero somos un estricto cumplidor de la legalidad que intenta proteger a las víctimas.

En el otro lado de la balanza, los abogados interpretan una absolución como un éxito profesional. Con todo, en alguna ocasión ha ocurrido que se les remueve el estómago al comprobar que, aunque el tribunal les diera la razón, su cliente les engañó. Uno de esos casos ocurrió hace más de 20 años en una ciudad andaluza, cuando fue asesinada una niña de cinco años en Semana Santa. El defensor hizo un buen trabajo y logró una sentencia absolutoria del acusado, un desarraigado que durmió en su casa a la salida de la prisión preventiva porque no tenía dónde ir. Cinco años después visitó al letrado para confesarle el crimen del que le habían absuelto y que le impedía dormir.

Sánchez Ulled ha perseguido desde la fiscalía anticorrupción varios delitos de cuello blanco y se ha enfrentado a la crema selecta de los abogados penalistas. Esos procesos han servido para comprobar que los ricos también se pelean con sus defensores. El caso más ilustrativo es el del financiero Javier de la Rosa, uno de los máximos exponentes de la cultura del pelotazo que imperó en España en los noventa y que le reportó varios procesos y condenas.

Una de las más sonadas actuaciones de lo que también se denominó ingeniería financiera fue la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo. De la Rosa tuvo cuatro abogados durante los 12 años que duró la investigación de la causa y acabó defendiéndose él mismo, ayudado por su hija. Alguno de aquellos letrados renunciaron voluntariamente y otros lo hicieron instigados por el cliente.

"Nunca me acuesto sin hablar con mi abogado", se vanagloriaba De la Rosa hace 15 años, en una época en la que Jordi Pujol llegó a definirle como un "empresario modelo". Años después, el financiero acabó, precisamente, en la cárcel Modelo. Su abogado de cabecera, Joan Piqué Vidal, de 75 años, y que había defendido al ex presidente de la Generalitat en el caso Banca Catalana, también acabó entre rejas en septiembre de 2006. Y allí sigue, cumpliendo una condena de siete años de cárcel a raíz del caso Estevill de sobornos a empresarios, probablemente el caso más grave de corrupción judicial que ha habido nunca en España. Y es que nunca como hasta entonces se habían conchabado un abogado y un juez -Luis Pascual Estevill, que llegó a ser vocal de CiU a propuesta del Consejo General del Poder Judicial- para exigir dinero a empresarios a cambio de no meterlos en prisión o de excarcelarlos.

Javier Melero fue uno de esos abogados que tuvo De la Rosa y tiene clara una cosa. "Hay gente a la que no defendería ni por todo el oro del mucho porque es para probar y no repetir más". Melero comparte las reflexiones de sus colegas acerca de que los abogados suelen renunciar a un cliente por las discrepancias con la estrategia de defensa, en el fondo y en las formas. "¡Y el dinero!", admite sin complejos, ya que en algunos casos los clientes más acomodados pagan tarde y mal.

Otras veces es simplemente la falta de empatía. El decano de los abogados de Sevilla recuerda que hace años fue a una prisión a visitar a un cliente que estaba acusado de homicidio. Al salir renunció al caso porque en aquella breve conversación no paró de insultar al difunto.

"Yo defiendo a policías y acuso a terroristas", afirma de manera taxativa Fuster-Fabra, quien admite abiertamente que "cada uno se marca los límites profesionales de acuerdo con sus principios". Con la misma sinceridad explica que "jamás defendería a un violador si no estuviera plenamente convencido de su inocencia". Y para lograr esa certeza, él insiste en que el abogado ha de conocer los detalles del caso.

Fuster Fabra es uno de esos abogados minoritarios en España -el 24% de los colegiados- que llevan más de 20 años ejerciendo. En ese tiempo ha defendido a clientes tan singulares como el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 30 años de cárcel por ordenar en 1984 los secuestros y asesinatos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Pero también ha ejercido la acusación popular en decenas de juicios por terrorismo en nombre de las víctimas. Su última intervención sonada fue en el caso del 11-M, donde representó a la asociación de víctimas que preside Pilar Manjón. Entre los casos actuales se cuentan varias querellas en representación de la policía contra el locutor de la Cope, Federico Jiménez Losantos.

Para él no existe ninguna incompatibilidad en defender en algunos casos y acusar en otros, más que la que determina el propio código deontológico, que prohíbe defender a alguien en un proceso en el que se puede actuar contra un anterior cliente. O bien, aceptar la defensa de intereses contrapuestos con otros que esté defendiendo en otro proceso. Y si se produce ese conflicto de interese, la norma les obliga a renunciar a ambos. A no ser que uno de los acusados les permita seguir llevando la defensa del otro.
La abogacía española en cifras

- Más de 150.000 letrados. Al acabar 2007,los 83 colegios de abogados que hay en España tenían registrados 118.775 letrados ejercientes y otros 38.006 no ejercientes.

- Experiencia. El 40% de los abogados tiene menos de 10 años de experiencia; el 36%, entre 10 y 20; y sólo el 24% supera los 20 años de ejercicio.

- Las mujeres, casi la mitad. Las mujeres representan ya el 47% de la población de abogados, pero en los últimos dos años han sido el 60% de las nuevas colegiadas, muy similara lo que ocurre en la carrera judicial.

- Una de las tasas más altas de Europa. La tasa de abogados por cada 1.000 habitantes es de 2,63, una de las más altas de Europa y sólo superada por Liechtenstein (3,55), Grecia (3,24), Italia (3,06) y Luxemburgo (2,75). En Francia, el porcentaje es de 0,73; en Portugal, de 1,19, y en Alemania, de 1,68.

- Madrid. La Comunidad de Madrid es la que tiene mayor densidad de abogados (5,14), casi el doble que la segunda, que es Cataluña (2,63). Extremadura (1,45) y Castilla y León (1,76) son las que menos.

- Justicia gratuita. Más de un millón de españoles pasaron el año 2007 por los servicios de justicia gratuita; 542.409 pasaron por los servicios de orientación jurídica para saber si tenían derecho o no a un abogado de oficio; 465.432 acabaron con asistencia en los juzgados y otros 583.089 fueron asistidos en comisaría. Las mujeres atendidas por violencia de género fueron 54.241.

- Turno de oficio. En España había en 2007 un total de 34.583 abogados inscritos en el turno de oficio, el 29% de los ejercientes. El promedio de lo que ingresan por expediente judicial es de 209 euros. La presencia en comisaría se paga a una media de 87 euros y los ingresos por este motivo al final de año son de 1.525 euros.

Fuente: www.elpais.com